Hasta seis feminicidios ocurren cada semana en el estado, denuncia defensora de mujeres

Karla Galarce Sosa

Cada semana ocurren de dos a seis feminicidios en la entidad, dijo Rosa Icela Ojeda Rivera, investigadora de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y directora del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres Hanna Arendt.
Señaló que la impunidad es la violencia institucional más grave contra las mujeres que han sido asesinadas y de quienes se tiene registro.
Destacó el feminicidio de la niña originaria de Coyuca de Benítez, Marifer Arroyo Ríos, que fue secuestrada y posteriormente encontrada muerta en un basurero de Xaltianguis esta semana.
Sin embargo, advirtió que los asesinatos de niñas presentan una clara señal de que se trata de homicidios por misoginia.
“Hay todos los elementos para pensar que se trata de homicidios por misoginia, de feminicidios, esta resistencia que hay de algunas autoridades y algunas funcionarias, es simplemente una justificación para dejar de asumir su responsabilidad. Si no pueden que renuncien, seguramente habrá otras personas que pueden hacerlo mejor, estamos formando profesionistas en todas las áreas y seguramente por uno que se vaya, habrá cinco más que lo pueden hacer mejor”, expresó la catedrática.
En entrevista previa a su participación en el foro “Violencia institucional y participación política de la mujer en México”, convocado por la organización Vivir en Acción, la cofundadora del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano (IIEPA-IMA) de la Universidad Autónoma de Guerrero dijo que el panorama para este 25 de noviembre “es nuevamente alarmante”.
“Produce enojo y también produce mucha impotencia a personas como yo, que estamos en la academia y que estamos en la sociedad civil, y que no tenemos posibilidades de influir más que a través de la denuncia”, alertó la especialista en temas de violencia de género.
Nos vamos a encontrar este año, expresó, con cifras que no han bajado, pero además con una violencia cada vez más reiterada y más grave. “Yo quiero hablar del caso de Marifer, Marifer Arroyo. ¿Qué puede hacer decir a las autoridades que no es un feminicidio, que es un niñicidio? No sé. Cada vez buscan una nueva forma de evadir la responsabilidad y eso es violencia institucional”, dijo.
“Hay un protocolo para el feminicidio que se debe aplicar, porque el protocolo se ha aprobado y es una exigencia del movimiento feminista para que se pudiera aprobar, es justamente para tomar todas las medidas, para guardar todas las pruebas, para hacerse de todos los elementos que permitan la investigación de los delitos y el castigo de los culpables”, señaló.
Advirtió que “cuando no se siguen de manera puntual estos procedimientos, estamos muy probablemente ante un nuevo caso de impunidad”, en referencia a la interrupción de la sepultura de Marifer Arroyo en Coyuca de Benítez por parte de un agente del Ministerio Público.
Señaló que Guerrero es una entidad que se ha distinguido desde siempre por la impunidad, por la corrupción en la justicia. E hizo referencia a los casos más dramáticos respecto de niñas asesinadas, como el de Merle Yuridia Mondain Segura, vecina del fraccionamiento Costa Azul, que generó marchas y protestas de la ciudadanía en Acapulco para exigir justicia en los años ochenta.
Continuó: “no podemos dejar pasar y hacer de cuenta que este asunto no existe, no sólo son las mujeres las que son asesinadas y de una forma cada vez más grave, sino el caso de las niñas, estas niñas que son asesinadas”.
Convocó a no seguir hablando en cada 25 de noviembre de que los fenómenos no sean invisibilizados.
“Yo quiero empezar con este caso, Marifer Arroyo Ríos, tiene que ser un caso, no más de impunidad, sino tiene que ser un caso que restituya todo lo que se ha dejado de hacer hasta dar con los culpables y hasta imponer un castigo que sea ejemplar”, dijo Ojeda Rivera.
Exclamó que la única forma de que Guerrero tenga una imagen diferente, es que haya justicia para las mujeres asesinadas, de lo contrario se seguirá hablando de un terreno donde se ha roto el Estado de derecho.
Hizo referencia a que desde la fundación del Observatorio de Violencia contra la Mujer, hace diez años, comenzó a hacer un conteo de dos asesinatos por semana: “ahora tenemos cuatro y hasta seis asesinatos por semana, ha aumentado el número de feminicidios y no tenemos un número de sentencias, de información puntual, lo que tenemos son disculpas, lo que tenemos son pretextos de funcionarios y funcionarias  que dicen ‘este no es ese fenómeno”, que dicen ‘esto no es un feminicidio’, ‘esto está vinculado a actividades del crimen organizado’; pero lo dicen cuando no tienen una investigación, y lo dicen para evadir una responsabilidad que no pueden evadir”.
Mencionó que al sólo dar una cifra de cuántas mujeres han sido asesinadas, se convierte a las mujeres en números.
“Así como la prensa ha publicado la foto de Marifer, creo que debemos tener presente siempre la cara de cada una de ellas, debemos tener presente el derecho que tenían a vivir una vida libre, a estar vivas hoy, conviviendo con nosotros, a estar con su familia, a estar dentro de la sociedad; y hoy son seres que han perdido la vida de la peor manera, en muchísimos casos han dejado hijas e hijos en la orfandad; y esto no lo está asumiendo el Estado de la manera que tendría que asumirlo”, reclamó la directora del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres Hanna Arendt.
Cuestionó: “¿Quién manda?, ¿quién gobierna?, ¿quién imparte justicia?, ¿hay justicia para las mujeres? No la hay. No la hay ni para las que han sido asesinadas, ni para sus familiares, que pedimos desde la academia justicia e investigación en estos delitos”.
Lamentó que los reclamos de justicia por los homicidios no sean generalizados. “Ojalá tuviéramos la sensibilidad, pero parece que poco a poco nos hemos ido acostumbrando y en lugar de ser una sociedad cada vez más civilizada, parece que estamos siendo una sociedad que nos vamos embruteciendo e insensibilizando, casos como el del Marifer no nos mueven, no nos motivan, conocemos a muchas menores de edad que no tienen derecho a circular, cuando hay una ley aprobada en 2007, que es la Ley General del Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sólo queremos que se vuelva realidad, no que sólo sea un papel que nadie entienda”.
Al final, remarcó la necesidad de aplicar la ley y preguntó si el gobernador, los funcionarios de gabinete la conocen o si los propios policías la aplican: “¿la entiende el gobernador?, ¿la conoce la secretaria de la Mujer?, ¿la conoce el procurador?, ¿la conocen los MP?, ¿la aplican? Hoy no tengo respuestas, sólo tengo preguntas”.