Hay hasta seis feminicidios cada semana en el estado, denuncian

*Prevalece la impunidad por inacción de las autoridades, afirma Rosa Icela Ojeda, del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres

*Guerrero es el segundo estado con más asesinatos femeninos, documenta el Inegi

*Acusan y detienen al padre de la niña asesinada de Coyuca de Benítez

*Hallan a una mujer ejecutada y maniatada en Tunzingo, cerca de Acapulco

*Hoy, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Hasta seis feminicidios ocurren cada semana en el estado, denuncia defensora de mujeres

Karla Galarce Sosa

Cada semana ocurren de dos a seis feminicidios en la entidad, dijo Rosa Icela Ojeda Rivera, investigadora de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y directora del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres Hanna Arendt.
Señaló que la impunidad es la violencia institucional más grave contra las mujeres que han sido asesinadas y de quienes se tiene registro.
Destacó el feminicidio de la niña originaria de Coyuca de Benítez, Marifer Arroyo Ríos, que fue secuestrada y posteriormente encontrada muerta en un basurero de Xaltianguis esta semana.
Sin embargo, advirtió que los asesinatos de niñas presentan una clara señal de que se trata de homicidios por misoginia.
“Hay todos los elementos para pensar que se trata de homicidios por misoginia, de feminicidios, esta resistencia que hay de algunas autoridades y algunas funcionarias, es simplemente una justificación para dejar de asumir su responsabilidad. Si no pueden que renuncien, seguramente habrá otras personas que pueden hacerlo mejor, estamos formando profesionistas en todas las áreas y seguramente por uno que se vaya, habrá cinco más que lo pueden hacer mejor”, expresó la catedrática.
En entrevista previa a su participación en el foro “Violencia institucional y participación política de la mujer en México”, convocado por la organización Vivir en Acción, la cofundadora del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano (IIEPA-IMA) de la Universidad Autónoma de Guerrero dijo que el panorama para este 25 de noviembre “es nuevamente alarmante”.
“Produce enojo y también produce mucha impotencia a personas como yo, que estamos en la academia y que estamos en la sociedad civil, y que no tenemos posibilidades de influir más que a través de la denuncia”, alertó la especialista en temas de violencia de género.
Nos vamos a encontrar este año, expresó, con cifras que no han bajado, pero además con una violencia cada vez más reiterada y más grave. “Yo quiero hablar del caso de Marifer, Marifer Arroyo. ¿Qué puede hacer decir a las autoridades que no es un feminicidio, que es un niñicidio? No sé. Cada vez buscan una nueva forma de evadir la responsabilidad y eso es violencia institucional”, dijo.
“Hay un protocolo para el feminicidio que se debe aplicar, porque el protocolo se ha aprobado y es una exigencia del movimiento feminista para que se pudiera aprobar, es justamente para tomar todas las medidas, para guardar todas las pruebas, para hacerse de todos los elementos que permitan la investigación de los delitos y el castigo de los culpables”, señaló.
Advirtió que “cuando no se siguen de manera puntual estos procedimientos, estamos muy probablemente ante un nuevo caso de impunidad”, en referencia a la interrupción de la sepultura de Marifer Arroyo en Coyuca de Benítez por parte de un agente del Ministerio Público.
Señaló que Guerrero es una entidad que se ha distinguido desde siempre por la impunidad, por la corrupción en la justicia. E hizo referencia a los casos más dramáticos respecto de niñas asesinadas, como el de Merle Yuridia Mondain Segura, vecina del fraccionamiento Costa Azul, que generó marchas y protestas de la ciudadanía en Acapulco para exigir justicia en los años ochenta.
Continuó: “no podemos dejar pasar y hacer de cuenta que este asunto no existe, no sólo son las mujeres las que son asesinadas y de una forma cada vez más grave, sino el caso de las niñas, estas niñas que son asesinadas”.
Convocó a no seguir hablando en cada 25 de noviembre de que los fenómenos no sean invisibilizados.
“Yo quiero empezar con este caso, Marifer Arroyo Ríos, tiene que ser un caso, no más de impunidad, sino tiene que ser un caso que restituya todo lo que se ha dejado de hacer hasta dar con los culpables y hasta imponer un castigo que sea ejemplar”, dijo Ojeda Rivera.
Exclamó que la única forma de que Guerrero tenga una imagen diferente, es que haya justicia para las mujeres asesinadas, de lo contrario se seguirá hablando de un terreno donde se ha roto el Estado de derecho.
Hizo referencia a que desde la fundación del Observatorio de Violencia contra la Mujer, hace diez años, comenzó a hacer un conteo de dos asesinatos por semana: “ahora tenemos cuatro y hasta seis asesinatos por semana, ha aumentado el número de feminicidios y no tenemos un número de sentencias, de información puntual, lo que tenemos son disculpas, lo que tenemos son pretextos de funcionarios y funcionarias  que dicen ‘este no es ese fenómeno”, que dicen ‘esto no es un feminicidio’, ‘esto está vinculado a actividades del crimen organizado’; pero lo dicen cuando no tienen una investigación, y lo dicen para evadir una responsabilidad que no pueden evadir”.
Mencionó que al sólo dar una cifra de cuántas mujeres han sido asesinadas, se convierte a las mujeres en números.
“Así como la prensa ha publicado la foto de Marifer, creo que debemos tener presente siempre la cara de cada una de ellas, debemos tener presente el derecho que tenían a vivir una vida libre, a estar vivas hoy, conviviendo con nosotros, a estar con su familia, a estar dentro de la sociedad; y hoy son seres que han perdido la vida de la peor manera, en muchísimos casos han dejado hijas e hijos en la orfandad; y esto no lo está asumiendo el Estado de la manera que tendría que asumirlo”, reclamó la directora del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres Hanna Arendt.
Cuestionó: “¿Quién manda?, ¿quién gobierna?, ¿quién imparte justicia?, ¿hay justicia para las mujeres? No la hay. No la hay ni para las que han sido asesinadas, ni para sus familiares, que pedimos desde la academia justicia e investigación en estos delitos”.
Lamentó que los reclamos de justicia por los homicidios no sean generalizados. “Ojalá tuviéramos la sensibilidad, pero parece que poco a poco nos hemos ido acostumbrando y en lugar de ser una sociedad cada vez más civilizada, parece que estamos siendo una sociedad que nos vamos embruteciendo e insensibilizando, casos como el del Marifer no nos mueven, no nos motivan, conocemos a muchas menores de edad que no tienen derecho a circular, cuando hay una ley aprobada en 2007, que es la Ley General del Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sólo queremos que se vuelva realidad, no que sólo sea un papel que nadie entienda”.
Al final, remarcó la necesidad de aplicar la ley y preguntó si el gobernador, los funcionarios de gabinete la conocen o si los propios policías la aplican: “¿la entiende el gobernador?, ¿la conoce la secretaria de la Mujer?, ¿la conoce el procurador?, ¿la conocen los MP?, ¿la aplican? Hoy no tengo respuestas, sólo tengo preguntas”.

Guerrero, el segundo estado con más homicidios de mujeres, documenta el Inegi

*El primero es Chihuahua con 22.7 casos por cada cien mil mujeres, y le sigue Guerrero con 10.4. Sesenta y tres de cada 100 mujeres de 15 años y más han padecido algún incidente de violencia

Karla Galarce Sosa

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que Guerrero se ubica entre las entidades con las tasas de homicidios de mujeres más altas del país, por encima de Tamaulipas, Sinaloa, Nuevo León, Nayarit y Morelos.
De acuerdo con cifras difundidas por el organismo a través de su portal de internet por la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra hoy  desde 1999, 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más han padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja o de cualquier otra u otras personas.
Detalla que 47 de cada 100 mujeres de 15 años y más que han tenido al menos una relación de pareja o matrimonio o noviazgo, han sido agredidas por su actual o última pareja lo largo de su relación.
Las tasas de homicidios de mujeres que se encuentran por encima de la media nacional, establecida estadísticamente en 4.6 muertes por cada cien mil mujeres, se registran en Chihuahua –22.7–, Guerrero –10.4–, Nayarit –9.7–, Nuevo León –9.5–, Sinaloa –7.9–, Durango –6.9–, Baja California –6–, Morelos –4.7– y Tamaulipas –4.6–.
Se advierte que la prevalencia de violencia de pareja más alta es entre las mujeres que trabajan, donde alcanza al 52.1 por ciento de todas las mujeres en esta condición.
“Se estima que 1.2 millones de mujeres actual o anteriormente casadas o unidas enfrentaron violencia física muy grave o extrema y cuya vida estuvo en riesgo; además, que el 85 por ciento de las mujeres que enfrentaron violencia física y/o sexual infligida por su pareja, fue violencia grave y muy grave, alcanzando a 5.1 millones de mujeres de 15 años y más, actual o anteriormente unidas”, ahonda el documento oficial.
Se informa que el 21 por ciento de las mujeres que sufrieron violencia física y/o sexual ha pensado en suicidarse o lo ha intentado; mientras que 2.2 por ciento de entre quienes sólo sufrieron violencia emocional, también tuvieron ideas o intento de suicidio.
“Una cuarta parte del total de las mujeres asalariadas (26.3 por ciento) que trabajaron durante 2010, enfrentaron actos de discriminación laboral, por parte de sus empleadores”, se informa.
Los actos de violencia en contra de las mujeres se manifiestan en todos los ámbitos y son ejercidos por diversos sujetos con quienes establecen diversas relaciones, desde las más cercanas como la pareja, hasta por desconocidos, pero también directivos o compañeros de trabajo, directores, maestros o compañeros de escuela y por diversos familiares.
La violencia homicida tuvo un aumento constante en la década pasada.
“En el año 2000 se registró un total de 437 mil 667 defunciones en el país (244 mil 302 hombres y 193 mil 253 mujeres), de las cuales 10 mil 788 fueron muertes por agresiones intencionales o muertes por homicidio, lo que representó el 2.5 por ciento de las defunciones registradas en aquel año.
Se menciona que en 2011, el total de defunciones registradas en todo el país ascendió a 590 mil 693 personas (332,646 hombres y 257,448 mujeres y 579 sin especificar el sexo de la persona).
En el caso de las muertes por homicidio, éstas ascendieron a 27 mil 213 (24 mil 257 hombres y 2 mil 693 mujeres); es decir, el 4.6 por ciento de las defunciones del país fueron por esta causa y en un lapso de 12 años la proporción de homicidios en el conjunto de defunciones, casi se duplicó.
El año pasado a nivel nacional se registraron 40.3 muertes por homicidio por cada 100 mil hombres y 4.6 por cada 100 mil mujeres.
Se observa una ligera disminución respecto de la tasa de 2011 entre los hombres, pero no ocurre lo mismo entre las mujeres, donde la tasa se mantiene en el mismo nivel, el máximo alcanzado de 2000 a 2011.
“La tendencia en la tasa de defunciones por homicidio en el periodo 2000-2011, muestra que entre los años 2000 a 2006 es más o menos estable, aun cuando en 2007 se aprecia una disminución moderada. Sin embargo, a partir de 2008 y hasta 2011 el aumento es rápido y sostenido, manteniéndose con esa tendencia al alza hasta 2010”, abunda el documento.
Señala que en 2011 las tasas específicas de defunciones por homicidio por sexo y entidad federativa de ocurrencia del deceso, muestran una amplia variación entre los hombres ya que oscilan de 231 por cada 100 mil habitantes en Chihuahua a 4.6 en Yucatán.
En 2010 la tasa de defunciones por homicidio en Chihuahua estaba por encima de los 334 por cada cien mil, y aun cuando muestra una disminución de 2010 a 2011, todavía se mantiene por encima de la tasa observada en el resto de las entidades para este último año.
Las entidades con tasas mayores a la media nacional, además de Chihuahua, son Guerrero, Sinaloa, Durango, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Colima, Morelos y Baja California.
La violencia homicida tiene una característica central, que según algunos historiadores se mantiene casi similar desde hace siglos en el mundo occidental, alcanzando su máxima intensidad entre los hombres jóvenes de 20 a 29 años, y también entre las mujeres, aunque con tasas más bajas, es en estas edades donde existe un mayor riesgo de morir por causas violentas.
“En México persiste este patrón, ya que las tasas más altas de muertes por homicidio se observan entre los jóvenes. La violencia cobra más vidas entre la población joven, particularmente entre quienes tienen de 15 a 30 años. En 2011, entre las mujeres jóvenes la tasa más alta se ubica entre quienes tienen 25 a 29 años, donde cerca de ocho de cada cien mil mueren por agresiones intencionales, y entre los hombres de 25 a 29 años, lo que asciende a 84.6 por cada cien mil”, dice el Inegi.
A finales del año 2011, el Inegi en colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) llevó a cabo el levantamiento de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH-2011, y obtuvo información de una muestra de 152 mil 636 mujeres de 15 años y más; 87 mil 169 de ellas se encontraban casadas o unidas (cifra que representa un 62.4 por ciento), 27 mil 203 (que representa un 17.8 por ciento) estaban separadas, divorciadas o viudas; mientras que el 25.8 por ciento restante fue de mujeres solteras, que nunca se han casado o unido.
Se destaca que 45 de cada cien mujeres de 15 años y más, han experimentado actos de violencia, de agresores distintos a la pareja. Mientras que el ámbito laboral se ubica como el tercer espacio donde se violentan los derechos de las mujeres; un cuarto del total de las asalariadas (que representa al 26.3 por ciento de las mujeres) que trabajaron durante 2010, enfrentaron actos de discriminación laboral, tales como: despido, reducción de salario o no re-contratación por su edad o estado civil; menor salario, prestaciones u oportunidades para ascender que aquellas que tuvieron los hombres en sus centros de trabajo; otro acto de discriminación es la solicitud de prueba de embarazo como condicionante para su ingreso o permanencia.
Los datos que dan cuenta de la violencia ejercida por el actual o último esposo o pareja, indican que las agresiones más ampliamente experimentadas por las mujeres son las de carácter emocional, ya que el 43.1 por ciento ha sido sometida –al menos una vez a lo largo de su relación– a insultos, amenazas, humillaciones, intimidación y otras ofensas de tipo psicológico o emocional.
A éstas les siguen las de tipo económico, tales como el control o el chantaje, mientras que las agresiones corporales y sexuales se ubican muy por debajo de aquellas.
Aproximadamente el 64 por ciento de las mujeres casadas o unidas y las anteriormente unidas que han enfrentado violencia física a lo largo de su relación de pareja (11.6 y 33.2 por ciento, respectivamente), reconocen que han sufrido dos o más actos violentos, desde los menos severos como un empujón, pasando por haber sido amarradas o pateadas, o les han aventado algún objeto, hasta las más severas como los golpes o bien aquellas que directamente han puesto en riesgo su vida, como los intentos de asfixia o las agresiones con arma blanca o arma de fuego.

Acusan de feminicidio al padre de la niña asesinada de Coyuca de Benítez y a un amigo suyo; se declara inocente

*César Arroyo y Andrés Osvaldo Ríos la mataron por problemas familiares, dice la Procuraduría. Fue torturado y por eso inculpó a su compañero, acusa. Una mujer lo amenazó con una pistola y lo obligó a llevar a la menor a Xaltianguis, ella pediría un rescate, asegura

Carlos Moreno A.

Los presuntos responsables del homicidio de la niña de 9 años Marifer Arroyo Ríos de Coyuca de Benítez, son su padre Julio César Arroyo Martínez y Andrés Ríos Romero, amigo del primero, quienes fueron trasladados al penal el viernes por la tarde.
Uno de los inculpados, Julio César Arroyo no ratificó su declaración ministerial y presentó su declaración preparatoria en el Juzgado Décimo Penal, se dijo inocente del homicidio de su hija; su abogado defensor solicitó una ampliación de término constitucional para presentar pruebas de inocencia a favor de los acusados, el cual vence el jueves.
Mientras que el otro acusado, Andrés Ríos se negó a ratificar su declaración ministerial y no presentó su declaración preparatoria y el término normal de su proceso vencerá el martes.
Julio César Arroyo de 27 años y Andrés Osvaldo Ríos son acusados por el “homicidio (doloso) en su calidad de feminicidio” bajo la averiguación previa TAB/COY/02/0222/2013 y la causa penal, 191/2013 con el expediente 214-2/2013.
Ambos hombres fueron detenidos el jueves en Coyuca de Benítez en una operación de la Policía Ministerial y Estatal; fueron trasladados al Ministerio Público de Renacimiento, consignados e ingresados al reclusorio el viernes a las 7 de la noche.
En la rejilla de presentación, a Arroyo Martínez se le veían vendas en las muñecas de ambas manos y al moverse se quejaba de dolores en el cuerpo de manera frecuente.
A está audiencia se presentó un agente del Ministerio Público de Acapulco en compañía de dos persona más, a quién la agente del MP adscrito al Juzgado Décimo Penal le entregó una copia de la declaración preparatoria de Julio César Arroyo.

La audiencia

Ayer, poco después del medio día, los dos acusados estaban en la rejilla de presentación y la secretaria de acuerdos les leyó las acusaciones que formuló el Ministerio Público en su contra y las declaraciones de Vianey Ríos, madre de la niña Marifer Arroyo.
Ambos acusados se presentaron rapados a la rejilla del juzgado, informaron que trabajan como choferes repartidores de la empresa Nestle. Según sus declaraciones Julio César Arroyo tenía siete años separado de su esposa Vianey Ríos.
En su declaración ministerial, el jueves pasado la esposa Vianey Ríos expresó sus sospechas contra su esposo, declaró que la desconfianza en Julio César Arroyo se acrecentó porque minutos después de que no aparecía la menor ese día, él no contestó el teléfono celular, el padre y la madre viven en casas separadas ubicados a una cuadra de distancia una de la otra, en la cabecera municipal de Coyuca de Benítez.
La madre declaró que el sábado 16 de noviembre por la mañana, Julio César Arroyo le llamó para que mandara a la niña a recoger el dinero que le daba semanalmente (500 pesos) y la niña salió en su bicicleta negra en la colonia Panteón de la cabecera municipal y después ya no la encontraron.

La declaración ministerial del padre

A Julio César Arroyo le fue leída la declaración ministerial que hizo ante el Ministerio Público cuando estuvo detenido, ahí acepta haber cometido el asesinato de la niña junto a su amigo Andrés Ríos, quienes abusaron sexualmente de la menor y la asfixiaron con bolsas de plástico en la cara, luego abandonaron el cuerpo en el poblado de Xaltianguis en el municipio de Acapulco.
El móvil del asesinato fueron los problemas que sostenía continuamente Julio César Arroyo con su esposa Vianey Ríos y que era para “darle un escarmiento”. Esa declaración coincide con la de su esposa en que él le llamó para que mandara a la menor a recoger el dinero de la semana y la niña salió de su casa.
Según la declaración, él se llevó a la niña en su camioneta de trabajo y junto con Andrés se dirigieron hacia el poblado de Xaltianguis, (ruta de trabajo del padre Coyuca-Kilometro 30-Xaltianguis) y en esta comunidad la asesinaron.
La bicicleta negra que conducía la menor fue presentada en el Juzgado Décimo como prueba de las acusaciones en contra de los inculpados. Según la declaración ministerial de Julio César Arroyo esta bicicleta fue vendida a una señora que atendía una miscelánea en Xaltianguis, por 50 pesos.
La declaración preparatoria

Julio César Arroyo, no ratificó su declaración ministerial y presentó su declaración preparatoria en el Juzgado Décimo en presencia de su abogado defensor, se declaró inocente del homicidio.
Pidió ser cambiado de reclusorio por las amenazas que ha recibido dentro del penal y denunció que fue torturado por los policías ministeriales en su detención.
Dijo que fue amenazado por otra persona que lo obligó con una pistola a subir a su hija a la camioneta que él manejaba. Aceptó que hizo una llamada a su esposa ese sábado 16 de noviembre para que mandara a la niña a recoger el dinero de la semana y le entregó el dinero a la menor.
“Al irme en la camioneta pude ver por el espejo retrovisor que mi hija se quedó platicando con una mujer de falda amplia y floreada, entonces unos tres minutos después le hable a su mamá y le dije que no permitiera que la niña hablara con extraños y sí le di dinero”, declaró.
Contó que recibió una llamada a su teléfono celular, donde lo amenazaron y le ordenaron que regresara y al llegar a la calle Michoacana, estaba la misma señora con su hija y que con pistola en mano le ordenó que saliera del municipio y “manejé mi ruta y a mi hija la tenía agachada donde ponemos los pies, yo obedecí por temor”.
Dijo que “la señora sólo me dijo que iban a pedir dinero” y agregó que la bicicleta que tenía la niña fue vendida a una señora por 50 pesos.
Dijo que ingresaron a Xaltianguis y que ahí la señora le ordenó que la dejará ahí con la niña y él se regreso a Coyuca de Benítez, “con la esperanza de que nada le pasara y confiado de que sólo pedirían dinero, así que al ver que no hablaban empecé a buscar y yo mismo fui al MP a presentar la denuncia por desaparición”.
Julio César Arroyo se declaró inocente del homicidio de su hija, dijo que la dejó viva en Xaltianguis, que él no la asesinó.
Confirmó que Andrés es su amigo y que apenas tenía un año de conocerlo y lo deslindó de responsabilidad, “no es mi cómplice y nunca fue mi intención hacerle pasar por esto que está pasando” y agregó que lo acusó porque fue torturado y amenazado para que culpara a alguien y que al tener temor señaló a su amigo como cómplice.
Denunció que cuando acudió al MP de Coyuca a presentar la denuncia por desaparición el sábado pasado,  “no me levantaron la denuncia porque tenían un detenido y estaban ocupados”.
Al terminar, el abogado defensor de oficio que estaba de guardia que fungió como defensor de Julio César Arroyo solicitó una ampliación de término constitucional para presentar pruebas de inocencia a favor de los acusados, el cual vence el jueves.
Andrés Osvaldo Ríos se negó a ratificar la declaración ministerial que hizo en el MP y se negó a presentar su declaración preparatoria. Su abogado defensor no solicitó ampliación del término constitucional, y el plazo para dictarle prisión o libertad  vence el martes.

Una mujer y dos hombres fueron las víctimas de la violencia de ayer

*Julio César Montova Salmerón fue acribillado en la colonia Ampliación Santa Cecilia; en Tunzingo fue hallado el cádaver de una mujer, y Manuel Garcés Radilla fue liquidado al salir de una tienda Oxxo frente a la unidad deportiva Vicente Suárez

Redacción

Tres personas asesinadas fue el saldo de la violencia de ayer en la ciudad.
Dos fueron hombres, uno de ellos en la colonia Ampliación Santa Cecilia, el otro en la gasolinera que se ubica en la avenida Constituyentes, frente a la unidad deportiva de futbol Vicente Suárez, además de una mujer que estaba maniatada en el poblado de Tunzingo.
El primer crimen ocurrió poco después de las 10 de la mañana en la colonia Ampliación Santa Cecilia en la parte alta de la ciudad, donde fueron reportadas detonaciones de arma de fuego.
Los agentes policiacos se trasladaron a la avenida Pueblo Nuevo de la colonia referida y hallaron el cuerpo de Julio César Montova Salmerón de 42 años, tirado en la tierra, boca abajo y heridas en la cabeza.
La zona fue resguardada por los agentes policiacos, mientras un perito de la Procuraduría del Estado y un agente del Ministerio Público realizaban las diligencias correspondientes y hallaron dos casquillos percutidos calibre 9 milímetros.
Montova Salmerón presentó un disparo en la cabeza. Vestía un pantalón de mezclilla con una playera blanca. De acuerdo con los agentes policiacos, Julio César vivía en la colonia Jardín.
Por la tarde, fue reportado el segundo asesinato, en el poblado de Tunzingo, donde fue hallado el cádaver de una mujer.
De acuerdo con el informe policiaco, poco después de las 3 de la tarde fue hallado el cuerpo de una mujer de unos 35 años, a un costado de la carretera que conduce del poblado de El Salto a San Isidro Gallinero, atrás del panteón del poblado referido.
La víctima estaba tirada boca abajo en un barranco a unos tres metros de la carretera, y tenía las manos atadas hacia atrás y una bolsa de plástico en los pies y la cabeza estaba tapada con una franela azul.
Vestía una blusa rosa y un pantalón de mezclilla azul que lo tenía hasta las rodillas.
Unas dos horas y media después, un hombre fue asesinado a balazos cuando salía de comprar de la tienda de auto servicio Oxxo, en la gasolinera de la plaza Constituyentes ubicado en la avenida del mismo nombre.
Los agentes policiacos se trasladaron a la plaza comercial referida frente a la unidad deportiva Vicente Suárez y se percataron que el cuerpo de un hombre estaba tirado boca abajo con disparos en el cuerpo, entre los pasillos de la gasolinera.
De acuerdo con los agentes policiacos, la víctima se llamó Manuel Garcés Radilla de 30 años y según testigos que informaron del asesinato, el hombre salía de la tienda de autoservicio y fue interceptado por un hombre armado que le disparó a la cabeza y huyó en un vehículo que ya lo esperaba.
Durante las diligencias hechas en el lugar, los agentes policiacos informaron que la víctima presentó disparos en la cabeza y cuerpo y fueron hallados unos cinco casquillos percutidos calibre 9 milímetros que estaban esparcidos en el lugar.
Trascendió que Garcés Radilla trabajaba como velador o intendente en la Preparatoria Número 17 de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y vivía en la colonia Santa Cruz.
Los tres cuerpos de las víctimas fueron levantados y trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense para realizarles la necropsia de ley.