Acuerdan formar un frente para exigir justicia por el asesinato de dos normalistas de Ayotzinapa

Estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y representantes de organizaciones sociales anunciaron la realización de un foro el 10 y 11 de diciembre, a partir del cual definirán un plan de acción para exigir justicia por los asesinatos de los luchadores sociales en lo que va del gobierno de Ángel Aguirre Rivero, en el contexto del segundo aniversario del asesinato de dos normalistas.
Este domingo en la Normal, organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos, se reunieron con los estudiantes durante varias horas; el encuentro de acercamiento fue para conocerse y buscar objetivos en común y establecer un frente de exigencia de justicia.
Acordaron que realizarán un foro los próximos 10 y 11 de diciembre, en los que relatarán experiencias y exigir a los tres órdenes de gobierno aclarar los por lo menos 30 asesinatos de líderes e integrantes de organizaciones, porque afirmaron que son más de 30 los luchadores sociales asesinados, aunque sólo se habla de quienes estaban al frente de las organizaciones.
También pedirán la liberación de los presos políticos, entre ellos los integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), el desistimiento a las acciones penales que hay contra activistas a partir de sus acciones para manifestar sus inconformidades, así como cese al hostigamiento.
Lo anterior, en el contexto del segundo aniversario de los asesinatos extrajudiciales de los estudiantes normalistas Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, el 12 de diciembre de 2011, durante un desalojo violento en la Autopista de El Sol donde policías ministeriales y federales detonaron sus armas.
El normalista Guillermo Hernández Castro invitó a las organizaciones sociales en el estado “a unificar ideas, porque nos preocupa lo que está pasando: la persecución a la protesta social, las ejecuciones y los asesinatos políticos, debemos buscar la manera de detener todo esto”.
La regidora de Iguala, Sofía Lorena Mendoza, viuda de quien presidía esa organización, Arturo Hernández Cardona, asesinado junto a otros dos compañeros en junio pasado, ella llamó también a todas las organizaciones a unirse en un gran frente, aunque reconoció que tiene miedo por las agresiones y asesinatos contra los dirigentes, llamó a “vencer el miedo, porque si no nos van a acabar, este debe ser el momento de que nos organicemos para no decaer”.
Por su parte, el secretario técnico de la Red Guerrerense de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández, explicó que también buscarán comunicación y coordinación con Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), el Movimiento Popular Guerrerense (MPG) de La Montaña, también como parte del 65 aniversario de la declaración universal de los derechos humanos.
Adelantaron que después de los dos días de foros tienen planteado dar a conocer un manifiesto, que entregarán al gobierno del estado; “no es posible que todos los asesinatos, persecuciones contra luchadores sociales se mantengan en la impunidad; no hay castigo para los responsables”.
Recordó que el Congreso local sigue un juicio de revocación de mandato contra el alcalde de Iguala, el perredista José Luis Abarca Velázquez, acusado de ser el autor intelectual de los asesinatos Hernández Cardona y sus compañeros.
El representante del Movimiento Obrero Campesino Pedro Ascencio de Alquisiras, que integra los municipios de Taxco, Pilcaya y Tetipac, Rubén González Vázquez, se sumó a la demanda popular, “para exigirle a los tres órdenes de gobierno que ya le paren, no nos van a doblar tan fácilmente para que nos callemos y mermar la lucha social”, también acudió un representante de la CRAC, Arturo Campos Herrera, quien es consejero de la Casa de Justicia de El Paraíso, Ayutla.
También de la comunidad Emperador Cuauhtémoc, Bladimir Hernández Juárez; el dirigente del Consejo General Francisco Villa, Nicolás Guerrero González; todos coincidieron en que “unidos, podrán lograr mejores resultados en su camino de exigencia de justicia, porque todos son víctimas de lo que parece ser, una nueva línea federal contra los movimientos sociales”. (Rosalba Ramírez García / Ayotzinapa).