Exige la Red de Defensoras la libertad de Nestora Salgado y que cese el hostigamiento a la CRAC

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México exigió ayer la libertad de la comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García y el cese a las agresiones y la criminalización de los gobiernos federal y estatal a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
La exigencia fue en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el organismo está integrado por 135 defensoras de derechos humanos de 20 estados de la República que, además, denunció la persecución en contra de quienes participan en el sistema de seguridad y justicia comunitaria.
“La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México se suma a la demanda por la liberación de la defensora comunitaria Nestora Salgado, comandanta de la Policía Comunitaria en Olinalá, Guerrero, así como de los otros 12 defensores de la justicia comunitaria e integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) que actualmente se encuentran presos”, manifestó ayer la organización.
El organismo reconoció “la invaluable” labor de la CRAC-PC que desde 1995 construyó un modelo de justicia comunitaria que ha demostrado su legitimidad y eficacia para reducir los niveles de la delincuencia, casi en su totalidad, en el territorio comunitario de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero.
Denunció que desde agosto, “se incrementaron las acciones gubernamentales en contra de los sistemas de justicia comunitaria en el estado”, y acusó que desde entonces el gobierno estatal ha detenido a más de 40 integrantes de la Policía Comunitaria, de los cuales 12 se encuentran encarcelados.
Mencionó que la detención de Nestora Salgado, “ha estado plagada de acciones que se instruyen en una abierta violación del debido proceso y otros derechos humanos, entre los que destaca la presentación de cargos con pruebas insuficientes y contradictorias”.
Agregó que al igual que el promotor de la CRAC en Tixtla, Gonzalo Molina González, “fueron injustamente trasladados a penales federales de alta seguridad, tratándoles como criminales de alta peligrosidad”.
La Red denunció que con ello se observa la falta de acceso a la justicia de las y los familiares de defensoras que han sido asesinadas en los últimos meses, como es el caso reciente de Rocío Mesino, asesinada el 19 de octubre y de Ana Lilia Gatica, asesinada junto a su compañero Luis Olivares el 10 de noviembre, pues en ninguno de los casos se ha identificado ni procesado a los responsables.
El organismo manifestó por ello su preocupación por “la violencia estructural, la discriminación de género que viven en Guerrero las defensoras de derechos humanos, así como la? violencia política y la criminalización contra las y los defensores de derechos humanos y los diversos movimientos sociales en el estado, quienes activamente continúan la defensa del legítimo derecho a la protesta y a la defensa de los derechos humanos”.
En este contexto hizo un llamado a las autoridades de Guerrero para brindar garantías de seguridad a las y los defensores de derechos humanos “y demandamos el cese a la impunidad de los asesinatos y desapariciones de defensoras y defensores”.
(Zacarías Cervantes / Chilpancingo).