Ningún avance en la investigación de los asesinatos de dirigentes sociales

*Cita el procurador Iñaki Blanco a conferencia de prensa y sólo reitera lo que dijo hace quince días. Asegura que muchos asesinatos de mujeres no son feminicidios sino homicidios

Daniel Velázquez

El procurador de Justicia del estado, Iñaki Blanco Cabrera, hizo un recuento de cuatro casos “resueltos” y justificó una orden de aprehensión para zanjar el compromiso que había hecho de que en esta fecha presentaría un informe sobre las investigaciones de asesinatos de luchadores sociales.
En una conferencia de prensa en las oficinas de la Promotora Turística (Protur) de Acapulco, Blanco Cabrera no informó de avances en ningún caso de los que siguen pendientes, como el de Armando Chavarría, Arturo Hernández Cardona ni de los ocurridos recientemente como el de Rocío Mesino y Luis Olivares.
En la conferencia reiteró lo que ya había informado del caso de Raymundo Velázquez, del caso de Marcial Bautista y Eva Alarcón, y reiteró los delitos por los que están acusados los coordinadores de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, y de Tixtla, Gonzalo Molina González.
El pasado 11 de noviembre, cuando informó sobre la detención de Daniel Ruano García, Uriel Ruano García, Rey David Galeana Pastrana y Salvador del Carmen Vázquez como probables responsables del asesinato del dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (Larsez), Raymundo Velázquez, y sus compañeros Miguel Ángel Solano Barrera y Samuel Vargas Ramírez, el procurador dijo que en 15 días daría un informe de las investigaciones que la dependencia a su cargo tenía sobre los asesinatos de los luchadores sociales.
De acuerdo con cifras de organismos no gubernamentales defensores de derechos humanos, en lo que va de la administración de Ángel Aguirre Rivero han sido asesinados por lo menos 13 luchadores sociales.
Acompañado por el vocero del gobierno del estado, José Villanueva Manzanarez, el procurador dijo que la investigación y persecución de los delitos se ejerce con “legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos”.
Del caso de la desaparición los dirigentes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, Marcial Bautista Valle y Eva Alarcón, insistió que está en la Procuraduría General de la República (PGR) y que hay dos detenidos.
Eva Alarcón y Marcial Bautista desaparecieron el 7 de diciembre de 2011 en Tecpan de Galeana, cuando se dirigían al Distrito Federal en autobús. En ese entonces Iñaki Blanco era el delegado de la PGR en el estado.
Reiteró que por la desaparición de los campesinos ecologistas están detenidos César Arcadio Espinoza Palma, alias El Ganso, y José Jhony López Galván, alias El Güero Calabaza, y están pendientes de cumplir otras órdenes de aprehensión.
Blanco Cabrera dijo que la Procuraduría del estado seguirá con la investigación en el ámbito de su competencia y colaborará con las instancias federales.
De la detención del coordinador de la Policía Comunitaria de Tixtla, Gonzalo Molina, el procurador dijo que fue detenido por los delitos de lesiones agravadas, privación de la libertad personal, robo especifico, terrorismo y secuestro agravado, además de que la PGR emitió órdenes de aprehensión en su contra por los delitos de terrorismo, portación de arma de fuego sin licencia, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, amenazas y ejercicio indebido de la función pública, delitos cometidos contra servidores públicos.
Dijo que según las declaraciones de quienes acusan a Nestora Salgado y Gonzalo Molina, los sometían a trabajos forzados y de cultivo en terrenos de la Policía Comunitaria, y se les amenazaba con que no se les daría de comer si no trabajaban, además de que permanecían encerrados en lugares “insalubres” y “hacinados”.
Pidió no olvidar a las víctimas que han sufrido daño físico o emocional o el menoscabo de sus derechos elementales, en referencia a los detenidos por la Policía Comunitaria.
Al procurador se le preguntó por las investigaciones sobre los asesinatos del líder de la Unidad Campesina Emiliano Zapata (UCEZ), Arturo Hernández Cardona, y del dirigente de la Organizacion Popular de Productores de la Costa Grande, José Luis Olivares Enríquez, pero no dio ningún avance, sólo dijo que “están en trámite” y que en uno de ellos había “un grado de avance” pero que no podía especificarlo.
Indicó que Luis Olivares no estuvo implicado en el asesinato de Raymundo Velázquez, porque si así hubiera sido lo habrían informado con anterioridad.
Dijo que Nestora Salgado y Gonzalo Molina están recluidos en cárceles fuera del estado porque “requieren de medidas especiales de seguridad o vigilancia”, y la decisión de enviarlos a cárceles a otros estados fue de la Secretaría de Seguridad Pública “en razón de que se ponía en riesgo a las instalaciones penitenciarias, a la población ahí recluida, a quienes laboran y los probables responsables”.
Otro de los casos que mencionó es el de Juventina Villa Mojica y su hijo Reynaldo Santana Villa, ocurrido el 28 de noviembre de 2012 en el poblado de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán; Iñaki Blanco dijo que hay órdenes de aprehensión que no se han cumplido.
Iñaki Blanco indicó que hay órdenes de aprehensión contra Homero Gallegos García, quien falleció el 7 de julio en Ayutla cuando intentó atacar a los desplazados que se habían refugiado en Ayutla.
Dijo que el asesinato de Juventina Villa y su hijo “se suscitaron en un marco de acontecimientos violentos en la región Tierra Caliente debido a pugnas entre distintos grupos de la delincuencia organizada, que se disputan el espacio territorial en el que se desarrollan actividades ilícitas, particularmente de siembra, cultivo, trasiego y venta de narcóticos, lo cual propicio el desplazamiento de distintas familias de sus comunidades”.
También reiteró la detención de cinco personas como probables responsables del asesinato del dirigente de la Larsez y sus acompañantes, y dijo que los acusados no fueron torturados porque así lo especifican los certificados médicos que elaboró la Procuraduría y los exámenes psicofísicos de las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos.
Iñaki Blanco también habló del caso de la niña Marifer Arroyo Ríos, pero no mencionó la falta del Ministerio Público de Coyuca de Benítez, de no querer iniciar la averiguación previa por la desaparición de la niña, y sólo se limitó a decir que el padre de la menor, César Arroyo Martínez, confesó que el homicidio de la niña “lo hizo por resentimiento debido a las exigencias económicas que debía cumplir para con su familia”, en compañía de su amigo Andrés Osvaldo Ríos Romero.
Abundó que los dos están detenidos y a disposición del juez décimo Adolfo Vanmenter Roque.

Una propuesta para redefinir el feminicidio

Iñaki Blanco adelantó que la Procuraduría enviará “en días” al Congreso local una propuesta para redefinir el concepto de feminicidio, porque “muchos de estos asuntos (asesinatos de mujeres) que son dados en llamar feminicidios no son tales, son homicidios”.
Explicó que “para que se dé el feminicidio como tal se requieren de ciertos elementos en lo particular y la descripción que contempla actualmente nuestro código no es la mejor”.
“El problema aquí es de terminología, que no necesariamente se trata de feminicidios y que muchos de estos homicidios de mujeres también devienen de aspectos, de hechos que tienen que ver con la delincuencia organizada”, dijo.
“Tenemos el problema siguiente, me parece que la descripción típica del delito de feminicidio que actualmente contempla el código penal para el estado de Guerrero no es la mejor, la Procuraduría General de Justicia está trabajando en una propuesta de reforma, la cual estamos en días de enviarla al Congreso del estado para que se discuta”, agregó.
Adelantó que la Procuraduría presentará un informe sobre los feminicidios en el estado, en el que ya está trabajando.
Sobre el rescate de los cuerpos de las personas que fueron sepultadas por un derrumbe en La Pintada, municipio de Atoyac, Blanco Cabrera dijo que la Procuraduría tiene el registro de que se recuperaron 40 cadáveres porque son los casos en los que se dio parte al Ministerio Público.