No reporta el procurador avance alguno en la investigación de los asesinatos de dirigentes sociales

Ningún avance en la investigación de los asesinatos de dirigentes sociales

*Cita el procurador Iñaki Blanco a conferencia de prensa y sólo reitera lo que dijo hace quince días. Asegura que muchos asesinatos de mujeres no son feminicidios sino homicidios

Daniel Velázquez

El procurador de Justicia del estado, Iñaki Blanco Cabrera, hizo un recuento de cuatro casos “resueltos” y justificó una orden de aprehensión para zanjar el compromiso que había hecho de que en esta fecha presentaría un informe sobre las investigaciones de asesinatos de luchadores sociales.
En una conferencia de prensa en las oficinas de la Promotora Turística (Protur) de Acapulco, Blanco Cabrera no informó de avances en ningún caso de los que siguen pendientes, como el de Armando Chavarría, Arturo Hernández Cardona ni de los ocurridos recientemente como el de Rocío Mesino y Luis Olivares.
En la conferencia reiteró lo que ya había informado del caso de Raymundo Velázquez, del caso de Marcial Bautista y Eva Alarcón, y reiteró los delitos por los que están acusados los coordinadores de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, y de Tixtla, Gonzalo Molina González.
El pasado 11 de noviembre, cuando informó sobre la detención de Daniel Ruano García, Uriel Ruano García, Rey David Galeana Pastrana y Salvador del Carmen Vázquez como probables responsables del asesinato del dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (Larsez), Raymundo Velázquez, y sus compañeros Miguel Ángel Solano Barrera y Samuel Vargas Ramírez, el procurador dijo que en 15 días daría un informe de las investigaciones que la dependencia a su cargo tenía sobre los asesinatos de los luchadores sociales.
De acuerdo con cifras de organismos no gubernamentales defensores de derechos humanos, en lo que va de la administración de Ángel Aguirre Rivero han sido asesinados por lo menos 13 luchadores sociales.
Acompañado por el vocero del gobierno del estado, José Villanueva Manzanarez, el procurador dijo que la investigación y persecución de los delitos se ejerce con “legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos”.
Del caso de la desaparición los dirigentes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, Marcial Bautista Valle y Eva Alarcón, insistió que está en la Procuraduría General de la República (PGR) y que hay dos detenidos.
Eva Alarcón y Marcial Bautista desaparecieron el 7 de diciembre de 2011 en Tecpan de Galeana, cuando se dirigían al Distrito Federal en autobús. En ese entonces Iñaki Blanco era el delegado de la PGR en el estado.
Reiteró que por la desaparición de los campesinos ecologistas están detenidos César Arcadio Espinoza Palma, alias El Ganso, y José Jhony López Galván, alias El Güero Calabaza, y están pendientes de cumplir otras órdenes de aprehensión.
Blanco Cabrera dijo que la Procuraduría del estado seguirá con la investigación en el ámbito de su competencia y colaborará con las instancias federales.
De la detención del coordinador de la Policía Comunitaria de Tixtla, Gonzalo Molina, el procurador dijo que fue detenido por los delitos de lesiones agravadas, privación de la libertad personal, robo especifico, terrorismo y secuestro agravado, además de que la PGR emitió órdenes de aprehensión en su contra por los delitos de terrorismo, portación de arma de fuego sin licencia, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, amenazas y ejercicio indebido de la función pública, delitos cometidos contra servidores públicos.
Dijo que según las declaraciones de quienes acusan a Nestora Salgado y Gonzalo Molina, los sometían a trabajos forzados y de cultivo en terrenos de la Policía Comunitaria, y se les amenazaba con que no se les daría de comer si no trabajaban, además de que permanecían encerrados en lugares “insalubres” y “hacinados”.
Pidió no olvidar a las víctimas que han sufrido daño físico o emocional o el menoscabo de sus derechos elementales, en referencia a los detenidos por la Policía Comunitaria.
Al procurador se le preguntó por las investigaciones sobre los asesinatos del líder de la Unidad Campesina Emiliano Zapata (UCEZ), Arturo Hernández Cardona, y del dirigente de la Organizacion Popular de Productores de la Costa Grande, José Luis Olivares Enríquez, pero no dio ningún avance, sólo dijo que “están en trámite” y que en uno de ellos había “un grado de avance” pero que no podía especificarlo.
Indicó que Luis Olivares no estuvo implicado en el asesinato de Raymundo Velázquez, porque si así hubiera sido lo habrían informado con anterioridad.
Dijo que Nestora Salgado y Gonzalo Molina están recluidos en cárceles fuera del estado porque “requieren de medidas especiales de seguridad o vigilancia”, y la decisión de enviarlos a cárceles a otros estados fue de la Secretaría de Seguridad Pública “en razón de que se ponía en riesgo a las instalaciones penitenciarias, a la población ahí recluida, a quienes laboran y los probables responsables”.
Otro de los casos que mencionó es el de Juventina Villa Mojica y su hijo Reynaldo Santana Villa, ocurrido el 28 de noviembre de 2012 en el poblado de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán; Iñaki Blanco dijo que hay órdenes de aprehensión que no se han cumplido.
Iñaki Blanco indicó que hay órdenes de aprehensión contra Homero Gallegos García, quien falleció el 7 de julio en Ayutla cuando intentó atacar a los desplazados que se habían refugiado en Ayutla.
Dijo que el asesinato de Juventina Villa y su hijo “se suscitaron en un marco de acontecimientos violentos en la región Tierra Caliente debido a pugnas entre distintos grupos de la delincuencia organizada, que se disputan el espacio territorial en el que se desarrollan actividades ilícitas, particularmente de siembra, cultivo, trasiego y venta de narcóticos, lo cual propicio el desplazamiento de distintas familias de sus comunidades”.
También reiteró la detención de cinco personas como probables responsables del asesinato del dirigente de la Larsez y sus acompañantes, y dijo que los acusados no fueron torturados porque así lo especifican los certificados médicos que elaboró la Procuraduría y los exámenes psicofísicos de las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos.
Iñaki Blanco también habló del caso de la niña Marifer Arroyo Ríos, pero no mencionó la falta del Ministerio Público de Coyuca de Benítez, de no querer iniciar la averiguación previa por la desaparición de la niña, y sólo se limitó a decir que el padre de la menor, César Arroyo Martínez, confesó que el homicidio de la niña “lo hizo por resentimiento debido a las exigencias económicas que debía cumplir para con su familia”, en compañía de su amigo Andrés Osvaldo Ríos Romero.
Abundó que los dos están detenidos y a disposición del juez décimo Adolfo Vanmenter Roque.

Una propuesta para redefinir el feminicidio

Iñaki Blanco adelantó que la Procuraduría enviará “en días” al Congreso local una propuesta para redefinir el concepto de feminicidio, porque “muchos de estos asuntos (asesinatos de mujeres) que son dados en llamar feminicidios no son tales, son homicidios”.
Explicó que “para que se dé el feminicidio como tal se requieren de ciertos elementos en lo particular y la descripción que contempla actualmente nuestro código no es la mejor”.
“El problema aquí es de terminología, que no necesariamente se trata de feminicidios y que muchos de estos homicidios de mujeres también devienen de aspectos, de hechos que tienen que ver con la delincuencia organizada”, dijo.
“Tenemos el problema siguiente, me parece que la descripción típica del delito de feminicidio que actualmente contempla el código penal para el estado de Guerrero no es la mejor, la Procuraduría General de Justicia está trabajando en una propuesta de reforma, la cual estamos en días de enviarla al Congreso del estado para que se discuta”, agregó.
Adelantó que la Procuraduría presentará un informe sobre los feminicidios en el estado, en el que ya está trabajando.
Sobre el rescate de los cuerpos de las personas que fueron sepultadas por un derrumbe en La Pintada, municipio de Atoyac, Blanco Cabrera dijo que la Procuraduría tiene el registro de que se recuperaron 40 cadáveres porque son los casos en los que se dio parte al Ministerio Público.

Denuncian activistas que no hay justicia para las dirigentes Rocío Mesino, Eva Alarcón, Juventina Villa

*Piden la libertad de Nestora y de Gonzalo Molina. Convocan a los organismos de derechos humanos a que volteen a Guerrero, porque las autoridades le apuestan al silencio y abandono

Activistas de organizaciones civiles demandaron la libertad de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, y justicia para las defensoras de derechos humanos y líderes sociales, asesinadas en los últimos años, en el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
La consejera de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Felícitas Martínez, recordó que en 1999 se decretó la conmemoración de esta fecha por Naciones Unidas, pero en México el Estado no ha dado una respuesta eficiente a las mujeres asesinadas.
Anunció que las organizaciones civiles se unieron a la causa de las mujeres, como la la libertad inmediata de Salgado García, pero también del promotor de la CRAC en Tixtla, Gonzalo Molina González, en prisión por manifestarse por la libertad de su compañera, así como de los integrantes presos de la institución de seguridad y justicia.
Respaldaron la demanda de justicia de Norma Mesino, hermana de la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) Rocío Mesino Mesino, y de la coordinadora de la Casa de Justicia de Zitlaltepec, Beatriz Gálvez Macario, que exige la libertad de hijo Samuel, en prisión en Chilpancingo, después que en funciones de Policía Comunitario, participó en una operación para detener a una persona en Cochoapa El Grande.
En representación de las mujeres de la Policía Comunitaria de Olinalá, Brisa Jiménez Cantú, ratificó que la violencia afecta a muchas mujeres y daña a todos como humanidad, por eso en su municipio decidieron organizarse en asamblea para protegerse, y se constituyeron en una Policía Comunitaria que encabeza Nestora Salgado.
Sin embargo, fue detenida el 21 de agosto por un amplio operativo militar, como si se tratara de peligrosa delincuente, y en poco más de tres meses se le han violado todos sus derechos humanos. Llamó a los tres órdenes de gobierno a que liberen de inmediato a Nestora Salgado, a Molina González y demás integrantes de la CRAC en prisión, porque no son delincuentes, son activistas que se organizaron por cuestiones de inseguridad.
Asimismo, Norma Mesino declaró que Rocío Mesino alzó la voz por la masacre de Aguas Blancas (1995), y fue implacable en esta exigencia de justicia que incomodó a muchas personas en el poder, y por eso fue perseguida y calumniada por el Estado.
Señaló que su vida era vulnerable, por la campaña de exterminio de luchadores sociales de Guerrero, que se había agudizado más en las últimas fechas.
Recordó que antes de ser detenida acusada de secuestro en marzo pasado, denunció que fue amenazada de muerte, y después de unos días en prisión fue liberada sin ningún cargo, “porque todas las acusaciones fueron ficticias. El asesino de mi hermano la acusó de ser la jefa” de una banda de secuestradores.
Como activista y hermana demandó una investigación imparcial y castigo no sólo al autor  material del homicidio, también a los intelectuales, porque fue asesinada por una orden, porque después de que le dieron balazos, le dieron el tiro de gracia, cuando ya estaba en el suelo.
Señaló que la justicia también tiene pendiente la desaparición de la coordinadora de la Organización de Campesinos Ecologistas Eva Alarcón, (desaparecida con el presidente de la organización Marcial Bautista) y el asesinato la dirigente de los desplazados de la sierra de Coyuca de Catalán, Juventina Villa Mojica, asesinada con uno de sus hijos, menor de edad.
Coincidió en que las detenciones de representantes e integrantes de la CRAC, es la estrategia que siempre han utilizado los gobernantes para calumniar a los dirigentes, “como hoy, concretamente el caso de Nestora”.
Convocó a las Naciones Unidas y a los organismos de derechos humanos a que volteen los ojos a Guerrero, porque las autoridades le apuestan al silencio y al abandono.
En su intervención, María Salgado, hermana de Nestora Salgado García, declaró que “el gobierno se hace sonso, porque (sabe que) ella solamente luchó por el pueblo, sí se alzó con la gente del pueblo porque había muchos asesinatos, secuestros y dijimos ¡basta!”
Responsabilizó de la estrategia de criminalización de su hermana, al alcalde, Eusebio González Rodríguez, porque desde la constitución de la Policía Comunitaria de Olinalá, los ha hostigado con la Policía Municipal, la Estatal, incluso el Ejército.
También la hermana del promotor de la CRAC de Tixta, Teresa Molina González, denunció que por la ineptitud de los gobiernos, los ciudadanos se organizaron como Policías Comunitarias, y  Gonzalo, fue encarcelado por defender la libertad de Nestora García.
Recordó que la Policía Comunitaria de Tixta tomó de manera simbólica el Ayuntamiento, que derivó en una confrontación con policías municipales, y motivó la orden de aprehensión de su hermano, pero  insistió en que la única intención de Molina, ha sido luchar por su pueblo. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).