Frenan antimotines a un contingente del Movimiento Popular Guerrerense

Carmen González Benicio

Tlapa

La visita del presidente Enrique Peña Nieto ocasionó la movilización de Movimiento Popular Guerrerense  Montaña (MPG), los normalistas, cetegistas, estudiantes de la UPN y preparatorianos de la Universidad Autónoma de Guerrero, la cual fue frenada en el puente vehicular de Atlamajac por antimotines de la Policía Estatal.
El integrante del MPG, Ubaldo Segura, dijo vía telefónica que el contingente  de cerca de 150 personas intentó  hablar con Peña Nieto ya que varios tienen pliegos petitorios que no se han cumplido y también para comentar lo que ocurre con los luchadores sociales en el estado y la liberación de Nestora Salgado y Gustavo Molina y otros integrantes de la CRAC-PC.
Dijo que otra de sus preocupaciones era manifestar la represión que hay en el estado y su postura sobre las reformas que impulsa Peña Nieto, pero “nos pararon los policías y ya no pudimos seguir, lo que demuestra la política autoritaria y represiva de los gobiernos federal y estatal y lo que viene”.
Mencionó que por parte del gobierno les ofrecieron diálogo y los invitaron a que formaran una comisión de cuatro personas para hablar, a lo que se negaron, porque ellos pedían 10 y luego los funcionarios destinados para la atención eran de bajo nivel.
“No hubo desde arriba flexibilidad para dialogar, se cerraron y eso es autoritarismo, que puede derivar en problemas sociales”, dijo.
Mencionó que estuvieron en el lugar por más de tres horas y luego se retiraron. Y que en ese tiempo no se permitió el paso a vehículos por esta carretera federal que comunica al estado de Puebla.
De acuerdo con información recabada con otras personas, hubo un momento de tensión cuando el contingente caminaba por el puente que de inmediato fue cerrado por los policías, que portaban sus escudos y contra los cuales chocaron los manifestantes pintándolos con aerosoles con leyendas contra Peña Nieto.
Después se dejó pasar a las personas que venían de las escuelas que están por la zona y los que se dirigían al acto, éstos durante el camino se encontraron con vallas de granaderos a cierta distancia.
A lo largo del camino hubo tres filtros con vallas, en el penúltimo colocaron detectores de metales y de ahí paso al lugar del acto.
Por su parte, el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, dijo que estuvo como observador de derechos humanos en la movilización que hicieron los estudiantes, porque sus demandas son justas y no los atienden y por eso hicieron público su malestar.
Lamentó que eso demuestre que los jóvenes indígenas estén relegados de todos los servicios básicos.
Sobre el anuncio de la Ciudad Mujer opinó que “es un anuncio que lamentablemente no cuenta con la participación de la mujer” y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recomendó que todas las acciones que se emprendan deben ser en consulta y acompañamiento de quienes han sido agraviadas, “lo que sé es que no las tomaron en cuenta, ni a las mujeres en general”.
Lo calificó de acciones excluyentes sin visión de género ni étnicas, porque están ausentes las beneficiarias y titulares de los derechos, ya que reparar el daño significaba escuchar las voces de las mujeres y hasta ahora nadie conoce el proyecto, pero están a tiempo de enmendar.
Dijo que la Corte recomendó una visión con perspectiva indígena, desde su cultura y cosmovisión, y que espera no sea un elefante blanco, con servicios y sin mujeres.
Criticó que los funcionarios hagan juicios sumarios sobre la cultura de los pueblos indígenas al descalificar, señalar y condenar el manejo de la dote en las familias con hijas en edad de casarse, cuando ésta se practica también en los mestizos y con eso se descontextualice la cultura indígena.
Criticó que la construcción se planee en medio de dos instituciones violatorias de los derechos humanos, como los militares y la policía estatal, pues eso no alienta el empoderamiento de las mujeres. refirió a que este proyecto estará orientado para atender a las víctimas de los diferentes tipos de violencia física, emocional, sexual, patrimonial o económica, ofreciendo así un modelo de atención especializado en delitos de género que proporcione ayuda integral y oportuna; incluyendo también los servicios de albergue temporal, apoyo psicológico, jurídico, así como de salud, educativo y sobre todo social.