Pide la Cámara de Diputados a la CNDH investigar la detención de Nestora Salgado y Gonzalo Molina

*A ellos y a los demás policías comunitarios presos les fueron violadas sus garantías, denuncia en la tribuna Ricardo Monreal. El punto de acuerdo plantea a la Suprema Corte atraer y pronunciarse sobre esos casos

Agencia Proceso

Ciudad de México

La Cámara de Diputados exhortó ayer a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que, en uso de sus facultades, inicie una investigación exhaustiva por presuntas violaciones a las garantías de diversos integrantes de las policías comunitarias de Guerrero.
En un punto de acuerdo considerado de urgente resolución y aprobado en votación económica, se menciona que existen fuertes indicios de violación a las garantías procesales de Nestora Salgado García y Gonzalo Molina González desde el momento de su detención, pues hasta hoy se les mantiene incomunicados de sus familiares en centros de readaptación social de alta seguridad en los estados de Nayarit y Oaxaca, respectivamente.
También se pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer y acumular los expedientes de Nestora Salgado, Gonzalo Molina, Bernardino Gar-cía Francisco, Ángel García Gar-cía, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Flo-rentino García Castro, Benito Morales Bustos, Rafael García Guadalupe, José Leobardo Maxi-mino, Antonio Cano Morales, Samuel Ramírez Gálvez y Ángel David Chanita Molina, a los cuales se les violentó el debido proceso establecido en la Carta Magna.
A la Secretaría de Goberna-ción se solicitó revisar el carácter y estatus jurídico de los inculpados, y a los gobiernos federal y estatal continuar la investigación de anomalías.
En especial, al gobierno de Guerrero que encabeza Ángel Aguirre se le exhortó a cesar el clima de persecución y violencia contra las comunidades y organizaciones y privilegiar el diálogo y los acuerdos planteados en las mesas de negociación del 20 de marzo y 19 de agosto pasados.
Al fundamentar el punto de acuerdo, el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Monreal, consideró el clima de inseguridad que se vive en el país y en Guerrero como “inadmisible.
“Tan es así que hay presos de conciencia, políticos, hombres y mujeres que, siendo dirigentes de sus comunidades, están siendo procesados fuera de su domicilio por delitos como terrorismo y otros”, denunció.
Monreal recordó que en Gue-rrero hay una ley que regula la actuación de la Coordinadora Re-gional de Autoridades Comunita-rias, la cual tiene más de 18 años, y actualmente aglutina a aproximadamente 20 mil habitantes de diversas comunidades.
Este tipo de organizaciones, abundó el legislador del MC, se rigen por los usos y costumbres y surgen por la necesidad de agruparse, defender sus intereses y a la comunidad.
En los últimos meses, acusó, estas instancias han sufrido persecución, hostigamiento, violencia, por lo que “es justo que se plantee una investigación de lo que está pasando en Guerrero con este tipo de organizaciones”.
El petista Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara dijo que ningún grupo se ha rebelado contra las autoridades del Estado, sino contra la complicidad y corrupción de los cuerpos de seguridad, “quienes han sido colaboradores en actos criminales”.
También resaltó que el propósito de las autodefensas no es la revolución, sino exigir seguridad en su vida cotidiana y no pagar derecho de piso a las bandas del crimen organizado.
A su vez, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de MC, subrayó que estas organizaciones surgen como respuesta “ante la incapacidad de las policías para poder salvaguardar los derechos más elementales, como la protección de la vida, de las propiedades y de la familia”.
Es adecuado, apuntó, evitar la satanización, criminalización y persecución de dirigentes sociales y cuerpos comunitarios.
Además, reprobó que en las últimas semanas se haya presentado una serie de asesinatos contra diversos dirigentes en Guerrero.

Justicia para las luchadoras sociales asesinadas y libertad para Nestora, pide diputada perredista

*El gobernador debe desistirse de las acusaciones contra la cooordinadora de la CRAC, plantea Abelina López. “Sería un mejor regalo que encontraran al asesino de Rocío Mesino, que Eva Alarcón aparezca con vida”, agrega

Hugo Pacheco León

Chilpancingo

La tarde ayer en la sesión del Congreso del Estado se estableció que para poder conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer se debe de liberar a la comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado, presa en una cárcel de máxima seguridad en Nayarit, desistiéndose de las acusaciones que le hizo el gobierno de Angel Aguirre Rivero.
Además se exigió esclarecer los asesinatos de las luchadoras sociales, como la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Rocío Mesino y la dirigente de los desplazados por la violencia de la Laguna, Coyuca de Catalán, Juventina Villa Mojica.
También se demandó presentar con vida a la desaparecida dirigente de los campesinos ecologistas Eva Alarcón Ortiz.
La eliminación de la violencia contra la familia fue un tema en la que se anotaron las diputadas Julieta Fernández del PRI, Ana Lilia Jiménez Rumbo, Delfina Concepción Oliva del PAN y Abelina López Rodríguez del PRD.
Abelina López se refirió a la violencia política contra las luchadoras sociales de Guerrero: “¿Vamos a conmemorar el Día de la Eliminación de la Violencia con Nestora Salgado en la cárcel? ¿Vamos a conmemorar el asesinato de Rocío Mesino? ¿Vamos a conmemorar que desaparecieron de Eva Alarcón?”, preguntó.
“¿Qué conmemoramos?”, insistió la diputada perredista. No hubo respuestas.
La diputada mandó un mensaje al gobernador Ángel Aguirre Rivero: “lo mejor que podemos decir en tribuna de la conmemoración, y es muy oportuno, que como un buen regalo el gobernador debe desistirse de las acusaciones contra Nestora Salgado”.
“Sería un mejor regalo que encontraran al asesino de Rocío Mesino; que Eva Alarcón aparezca con vida”, dijo.
Lamentó que “los compañeros de la izquierda en el discurso son buenos, pero estamos perdidos cuando de la realidad se trata”.
Pidió a los diputados mostrar voluntad para aprobar la reforma electoral para obligar a los partidos a otorgar el 50 por ciento de las candidaturas de elección popular a las mujeres guerrerenses.
“Hago un llamado a quienes encarcelaron a Nestora Salgado, a la PGJE a que la deje libre, porque eso fue una estocada contra el movimiento social en donde la mujer participa activamente”, agregó.

La violencia contra la mujer es una realidad innegable: Ana Lilia Jiménez

Otra de las diputadas que intervinieron y se ocupó del tema de la violencia política fue la perredista Ana Lilia Jiménez Rumbo, quien pidió a los diputados “no quedarse pasivos ante este flagelo de la violencia contra la mujer”.
“Es urgente que el gobernador Ángel Aguirre Rivero se avoque de inmediato al cumplimiento de sus atribuciones, evitando que la violencia contra las mujeres se agrave por la irresponsabilidad de quienes procuran e imparten justicia”, consideró.
Añadió, “no es posible que se mantengan en la absoluta impunidad los casos de asesinatos de mujeres como Rocío Mesino, Eva Alarcón (desaparecida), Juventina Villa entre otras. Se necesita actuar en lugar de buscar justificaciones absurdas para no hacer nada”.
La diputada que pertenece al Grupo Guerrero (GG), que dirige su hermano el ex senador David Jiménez Rumbo, lanzó a la secretaria de la mujer Rosario Herrera Ascencio y también dirigente de la corriente perredista Nueva Izquierda (NI), “es una injusticia por ejemplo que se niegue a priori la configuración del delito de feminicidio argumentando la falta de definición del concepto”.
Ilustró a Rosario Herrera: “no nos equivoquemos, la violencia contra las mujeres no es una cuestión conceptual sino una realidad innegable, es una situación criminal que al dejarse sin castigo nos exhibe como un Estado fallido. No perdamos la brújula, la sociedad no nos permitirá esos excesos”.
“Otro de los casos que debe ser investigado con la mayor diligencia es la actuación del Ministerio Público de Coyuca de Benítez que recientemente se negó a iniciar la averiguación previa por la desaparición de la niña Marifer Arroyo Ríos, quien posteriormente fue asesinada”, resaltó.
“Hago un exhorto a quienes procuran e imparten justicia, a quienes tienen la responsabilidad de instrumentar programas y políticas públicas para eliminar la violencia en contra de las mujeres, a que apliquen las leyes que este congreso ha promulgado. Una sociedad sin violencia es posible, pero empecemos desde ahora a construirla”, agregó la diputada perredista.

Guerrero carece de políticas públicas para erradicar el problema: Julieta Fernández

Por el PRI la diputada Julieta Fernández recordó que el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, establecida en los calendarios oficiales de muchos países por resolutivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas desde 1999.
“Lamentablemente en nuestro país, como en otras partes del mundo, más que recordar con satisfacción esta fecha nos llama a hacer una reflexión sobre los altos índices de violencia que se siguen presentando en contra de las mujeres y sobre todo por el gran número de delitos graves que se cometen todos los días en su contra”, dijo.
Consideró que es muy preocupante que en pleno siglo XXI, “se pueda considerar que por el solo hecho de nacer mujer se suponga un factor de riesgo para la propia vida. Pero la realidad nos dice que la mujer sigue siendo violentada todos los días y mucho se ha dicho que esto obedece a patrones culturales y que es parte del proceso histórico de construcción social”.
Expuso que en Guerrero cada semana mueren seis mujeres en promedio a causa de la violencia y que 7 de cada 10 mujeres han manifestado haber sufrido violencia alguna vez en su vida, mayormente doméstica, la que “es la violencia perpetrada por un pariente casi siempre por un hombre de la familia sobre la mujer o una hija”.
“Guerrero ocupa el segundo lugar a nivel nacional en homicidios en contra de la mujer. Una mujer violentada de manera grave y persistentemente durante más de la mitad de su vida en pareja, una niña que vive la violencia desde que nace, violentada por su padre o por sus hermanos afecta su vida para siempre, sufre depresión, deseos de morirse, baja autoestima y generalmente no encuentra quien la ayude”, informó.
Explicó que se violenta a la mujer, “porque se le considera frágil, vulnerable, que no se puede defender. La estructura social y cultural marca la vulnerabilidad y dependencia del hombre”.
Señaló que el hombre no ha aprendido a amar a la mujer como a su propio cuerpo, “es inverosímil que el hombre en todas las regiones venda a su hija como esclava doméstica y sexual porque sabe que su hija va a sufrir, va a ser golpeada. No tiene compasión o amor por ella, es su hija y hacer esto es como lastimarse así mismo, es autodestructivo, no sabe que dañar a la mujer es como dañarse a sí mismo”.
Consideró que la violencia contra la mujer, “no se trata de leyes, aunque éstas sean perfectibles, sino que no existen verdaderas políticas públicas enfocadas a terminar con la desigualdad y la violencia contra las mujeres”.
Argumentó que “el problema es cultural, por lo tanto, la política pública debe tomar en cuenta en primera instancia lo cultural”.
Criticó que, “es increíble que aún no se haya implementado, por ejemplo, la Alerta Amber en el estado de Guerrero. Este mecanismo es algo muy sencillo que no requiere de grandes inversiones y es para alertar en el caso de la desaparición de niños y niñas, involucrando a las instancias de gobierno, empresarios y medios de comunicación”.
Terminó, “otra política es capacitar a los padres para que aprendan a cuidar a sus hijas, para que aprendan a valorar a sus hijas”.
Al final intervino la diputada del PAN Delfina Concepción Oliva para hacer un recuento de las conquistas de las mujeres y las reformas constitucionales que han logrado.