Urge Tlachinollan al Senado a reformar el Código de Justicia Militar; presenta un informe

*Se necesitan controles civiles sobre las fuerzas armadas y éstas no deben de  conducir investigaciones penales, afirma. La extensión de la jurisdicción castrense es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos, recuerda

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández destacó ayer el aporte de las víctimas de violaciones a sus derechos humanos por militares en Guerrero para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) se pronunciara en contra de extensión de la jurisdicción militar a civiles, por ser contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos.
Añadió que “lamentablemente”, aunque se hizo público un proyecto de dictamen de reforma al Código de Justicia Militar (CJM), a la fecha no se ha materializado y el Poder Legislativo no ha priorizado este tema.
El director de Tlachinollan intervino ayer durante la presentación del informe Jurisdicción Militar Derechos Humanos: Elementos para las Reformas Pendientes, que se realizó en el Museo de Memoria y Tolerancia de la ciudad de México.
Allí citó los casos que dieron cauce al acotamiento del fuero militar, entre ellos el del campesino detenido-desaparecido en 1974 Rosendo Radilla Pacheco, las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, violadas por soldados del Ejército Mexicano en el 2012. Así como el del indígena asesinado en un retén cerca de Huamuxtitlán, Bonfilio Rubio Villegas.
En el panel estuvieron Javier Hernández, representante en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas; Santiago Cantón, director ejecutivo del Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos; Carlos Pérez, coordinador de Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Jaqueline Sáenz Andujo, del Programa de Derechos Humanos del Centro de Análisis e Investigación Fundar.
Barrera Hernández expuso que desde su fundación, hace más de 19 años, Tlachinollan ha documentado casos de violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas y dijo que éstos, “como sucedió en todo el país, se multiplicaron conforme incrementó la participación de las fuerzas castrenses en tareas de seguridad”.
Destacó la “valerosa determinación de las personas agraviadas por estos abusos”, pues dijo que esto permitió que algunos de estos casos fueran ventilados en las instancias nacionales e internacionales de justicia.
Citó los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, “cuya búsqueda de justicia llegó hasta la Corte Interamericana y continúa hoy”.
Manifestó que uno de los obstáculos estructurales que impedían a las víctimas acceder a la justicia era la subsistencia de una jurisdicción militar amplia que, basada en el artículo 57 del Código de Justicia Militar, permitía a las instancias castrenses de procuración e impartición de justicia investigar y juzgar incluso aquellos casos relacionados con violaciones a derechos humanos contra civiles.
Añadió que la Coidh determinó que esa extensión de la jurisdicción militar era contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos en los casos Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú y Campesinos Ecologistas, todos relacionados con hechos ocurridos en Guerrero, “donde las violaciones a los derechos humanos han sido y son hasta el día de hoy sistemáticas”.
Barrera Hernández agregó que las violaciones a derechos humanos cometidas por militares continuaron, “y siguieron siendo investigadas en el fuero militar”.
Añadió que así ocurrió en el caso de Bonfilio Rubio Villegas, indígena nahua de La Montaña de Guerrero que fue asesinado por soldados del 93 Batallón de Infantería que abrieron fuego indiscriminadamente contra el autobús de pasajeros en el que viajaba.
“La familia de Bonfilio acudió a la justicia federal para impugnar la inconstitucional extensión de la jurisdicción militar y su demanda llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y fue resuelta junto con otros doce casos similares en agosto del año pasado, siendo el caso de Bonfilio el primero en el que el máximo Tribunal determinó que el artículo 57 fracción II del Código de Justicia Militar contravenía la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos”, recordó y recalcó que ésta resolución “marcó un hito sin precedentes”.
Reconoció que el Poder Judicial de la Federación “ha cumplido con buena parte de su tarea” y que es tiempo de que el Congreso de la Unión haga lo propio.
Pero añadió que “lamentablemente aunque se hizo público un proyecto de dictamen de reforma al Código de Justicia Militar, a la fecha no se ha materializado la reforma y el Poder Legislativo no ha priorizado este tema”, dijo.
Manifestó que está por concluir el actual período de sesiones del Senado y que “el momento es propicio para presentar este informe que ya ha sido enviado a las y los integrantes de todas las Comisiones involucradas en el proceso de dictaminación”.
Barrera Hernández agregó que después de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tras las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “la reforma de la jurisdicción militar es impostergable”.
Explicó que de lo que se trata es de restablecer controles civiles sobre las fuerzas armadas porque “hoy, en los hechos, éstos se encuentran desdibujados”.
Dijo que el Congreso de la Unión también tiene obligaciones internacionales qué cumplir y que por eso no sólo preocupa que el dictamen hasta ahora no haya sido votado, sino y sobre todo, que se reactiven en la agenda pública, “como aparente moneda de cambio frente al posible acotamiento de la jurisdicción militar, propuestas que no tienen cabida en un Estado mínimamente democrático como facultar a las fuerzas armadas para conducir investigaciones penales”.
El director de Tlachinollan terminó su intervención remarcando que casos como el de Rubio Villegas, el de Inés Fernández, Valentina Rosendo, Rosendo Radilla, Rodolfo Montiel, Teodoro Cabrera y muchos más, “con su inquebrantable tenacidad nos permiten comentar hoy recomendaciones, sentencias y resoluciones que señalan la ruta para ensanchar un poco más la puerta de la justicia a favor de las víctimas”.