Torturan física y psicológicamenta a Nestora Salgado en el penal de Tepic, denuncia su esposo

Torturan física y psicológicamenta a Nestora Salgado en el penal de Tepic, Nayarit, denuncia su esposo

*Está encerrada las 24 horas en una celda con la luz encendida, tiene que beber agua sucia y no le permiten platicar con ninguna otra reclusa, informa. Sus familiares en Guerrero son hostigados y amenazados, afirma

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El esposo de Nestora Salgado García, José Luis Ávila Báez denunció tortura física y psicológica a la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá en el penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit.
Agregó que incluso le tienen prohibido hablar con las demás prisioneras del módulo en que está recluida.
Se quejó de que a su esposa sólo le permiten hablar cada nueve días un momento con su hija por teléfono y cada 12 con su hermana Cleotilde después de mucho papeleo para que le autorizaran las visitas en la prisión, lo que representa trasladados de 40 horas desde Olinalá a Nayarit.
Denunció que Nestora está encerrada las 24 horas al día en la celda con la luz encendida, “ella no sabe si es de noche o es de día”, y aunque se compra agua embotellada para su consumo la directora del penal se la quita y tiene que beber el agua sucia de las instalaciones.
Dijo que distinto a las demás detenidas, a Nestora la traen vestida con ropa y zapatos de hombre que ni siquiera le quedan.
En una consulta telefónica declaró que ella sabe que pone en riesgo su vida al hacer la denuncia, que también publica la prensa de Estados Unidos, pero es para que todo el mundo conozca la descomposición del sistema penitenciario y de justicia en México.
Agregó, “Nestora sabe que su castigo puede ser más severo pero quiere que el mundo sepa lo que está pasando adentro del penal”.
Recordó que hace unos días los simpatizantes y familiares de la comandanta comenzaron una campaña de medios en la Unión Americana para denunciar las arbitrariedades del gobierno mexicano, y él estuvo en una reunión con representantes sindicales que se van a movilizar el Día Internacional de los Derechos Humanos el 10 de diciembre por diferentes causas, entre éstas la de la libertad de Nestora Salgado, del promotor de Policía Comunitaria en Tixtla, Gonzalo Molina y demás integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) encarcelados.
En dicha campaña están denunciando la persecución del gobierno federal en contra de todos los activistas de Guerrero y señalando los asesinatos a luchadores sociales y defensores de derechos humanos del gobierno de Ángel Aguirre Rivero, de los cuales no hay investigaciones en progreso.
La ley, consideró, está dirigida a reprimir a los dirigentes que se movilizan por su gente, lo que llama mucho la atención de las organizaciones de derechos humanos de Estados Unidos, que también han sufrido persecución.
Informó que están enviando la información de estos casos a los organismos internacionales de derechos humanos en Ginebra con los acuerdos que firmó el gobernador de Guerrero Ángel Aguirre y la coordinadora de Olinalá, Nestora Salgado de que se iba a respetar al sistema de seguridad y justicia de Olinalá perteneciente a la CRAC, y sustentado en la Ley 701 del estado, donde se reconoce a la institución comunitaria.
La intención, explicó, es que al analizar los procesos de represión en Guerrero los organismos se pronuncien “sobre todo el desastre que los funcionarios están ocasionando en este gobierno”.
En los documentos que han entregado, agregó, demandan seguridad para la familia de Nestora que se encuentra en Guerrero porque también están siendo hostigados y amenazados.
Dijo que se ingresaron los casos en la Unidad de Protección y Defensa de Derechos Humanos de la Presidencia de la República en México para exigir la libertad inmediata de su esposa, o en su caso, urgieron que sea removida del penal del máxima seguridad a la prisión más cercana a Olinalá, donde su familia pueda estar más atenta de su situación.
Advirtió que cualquier daño a la integridad física y sicológica de Nestora Salgado será responsabilidad del presidente Enrique Peña Nieto y del gobernador Aguirre Rivero porque no había necesidad de enviarla tan lejos.
Aseguró que con el aislamiento al que la sometieron sólo están entorpeciendo el proceso de su defensa en todos los aspectos.

Aún no hay castigo para los responsables a un año del asesinato de Juventina Villa

*Dos días antes de que la mataran la líder de los desplazados de La Laguna solicitó resguardo al entonces secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez para poder salir junto con 45 familias en riesgo por la violencia, pero los militares y policías llegaron tarde, recuerda el secretario técnico de la Redgro, Manuel Olivares Hernández

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El 26 de noviembre del 2012, dos días antes de que la mataran, Juventina Villa Mojica, líder de los desplazados por la violencia de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, rogó, suplicó e imploró ayuda al entonces secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, para que pudiera salir junto con otras 45 familias de esa comunidad, en donde estaban siendo asesinados y amenazados por una banda del crimen organizado.
Pero el funcionario le falló, los militares, policías estatales y las camionetas que le prometió para el desplazamiento no llegaron antes de las 13 horas del 28 de noviembre, cuando entre 30 y 40 pistoleros la masacraron junto con su hijo, Reynaldo Santana Villa, de apenas 12 años de edad.
Hoy, a un año del doble crimen, que terminó con la cadena de asesinatos que se venían sucediendo en esa comunidad por parte de la misma banda criminal, el caso sigue impune. No sólo no hay resultados de las investigaciones y castigo a los responsables del doble asesinato, sino que tampoco hay sanción a los responsables de la negligencia que motivó la llegada tarde del resguardo policiaco y militar para que se realizara el traslado de las familias en riesgo.
“Recuerdo las lágrimas por la angustia de doña Juventina ante el secretario Humberto Salgado el día de la reunión. Tenía mucho miedo”, comentó al reportero el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Redgro), Manuel Olivares Hernández, uno de los asistentes al encuentro ese 26 de noviembre en el Centro Cultural Acapulco, en donde la líder de los desplazados gestionó el respaldo gubernamental para el desplazamiento hacia Puerto las Ollas.
En la reunión con Salgado Gómez, éste ofreció que efectivos militares y policías estatales llegarían con camionetas de redilas desde la noche del 27 de noviembre a La Laguna para realizar el traslado de las 45 familias en riesgo por la violencia hacia un lugar más seguro.
El funcionario y la dirigente convinieron que la salida sería a las 8 de la mañana del 28 de noviembre, pero los militares, los policías y las camionetas no llegaron ni el 27 ni antes de las 8 de la mañana del 28. Arribaron después de las 13 horas, ya cuando doña Juventina y su hijo habían sido masacrados.
La mañana del 28 de noviembre, doña Juventina se levantó temprano para organizar la partida de las 45 familias. La noche anterior, todos habían preparado las pocas pertenencias que se llevarían y solamente esperaban la llegada de las camionetas para abordarlas y partir.
Días después del episodio trágico su sobrina Leonor Segura contó que después de las 12 del día se comenzó a preocupar por la tardanza de los militares y los policías que resguardarían el desplazamento, “si quiera las camionetas que nos manden”, le escucharon decir.
Minutos después su impaciencia llegó al límite y partió al monte acompañada de dos de sus hijos; Reynaldo de 12 años y una menor de siete. Los tres se montaron en una cuatrimoto, conducía Reynaldo.
Doña Juventina iba a buscar un lugar donde hubiera señal de telefonía celular para llamarle al dirigente del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), Bertoldo Martínez Cruz, o al secretario técnico de la Redgro, Manuel Olivares para que éstos, a su vez, informaran al secretario Salgado Gómez que el resguardo militar y policiaco y las camionetas no habían llegado. De paso por el cementerio aprovecharía para  “despedirse” de sus familiares muertos, entre ellos su esposo, Rubén Santana Alonso, asesinado el 16 de febrero del 2011.
Un comando de entre 30 y 40 hombres ya le habían preparado una emboscada y apenas había avanzado unos 3 kilómetros cuando fueron rafagueados. Doña Juventina cayó primero y su hijo Reynaldo, ileso, saltó de la cuatrimoto e intentó escapar corriendo pero fue alcanzado por los pistoleros, lo hincaron y después le dispararon, según fue el testimonio de la menor sobreviviente, a quien le “perdonaron” la vida.
A petición de organismos de derechos humanos, en La Laguna había un grupo de la Policía Estatal para resguardar a los habitantes ante los constantes ataques del grupo armado. Sin embargo, los ocho agentes que acompañaron ese día a doña Juventina se rezagaron  y llegaron ya cuando los pistoleros emprendían la huida.
Dos días después, el entonces secretario de Gobierno, Salgado Gómez, culpó a Juventina Villa de su propia muerte, pues declaró en conferencia de prensa que la líder se expuso porque “se salió del perímetro del resguardo policiaco”.
A un año de ese doble asesinato, sigue sin haber resultados de las investigaciones y, por consecuencia, tampoco hay castigo a los responsables, a pesar de que en su momento la hija de Juventina Villa, Martha Santana Villa proporcionó los nombres y la ubicación de algunos de los posibles responsables, no sólo del asesinato de su madre, sino también el de su padre Rubén Santana y una docena de sus familiares asesinados en los últimos 6 años.
En conferencia de prensa en Acapulco, el lunes 25 de noviembre pasado, el procurador de Justicia Iñaki Blanco Cabrera, informó que en el caso de Juventina Villa y su hijo Reynaldo Santana Villa, hay órdenes de aprehensión pero que éstas no se han cumplido.
Mencionó que una de ellas era en contra de Homero Gallegos García, pero que éste falleció el 7 de julio en Ayutla, cuando intentó atacar a un grupo de los desplazados que se encuentran refugiados cerca de la cabecera municipal.
Declaró, también, que los asesinatos de Juventina Villa y su hijo “se suscitaron en un marco de acontecimientos violentos en la región Tierra Caliente debido a pugnas entre distintos grupos de la delincuencia organizada, que se disputan el espacio territorial en el que se desarrollan actividades ilícitas, particularmente de siembra, cultivo, trasiego y venta de narcóticos, lo cual propició el desplazamiento de distintas familias de sus comunidades”.
El asesinato de doña Juventina Villa y el de su hijo, fue precedido de una cadena de asesinatos de sus familiares y de habitantes de La Laguna, por un grupo de hombres armados de comunidades vecinas, según venía denunciado la propia líder de los desplazados.
La historia de crímenes comenzó en el 2007 con la incursión en La Lagua de agentes ministeriales y policías estatales presuntamente para ejecutar órdenes de aprehensión en contra de secuestradores. Después de esta irrupción policiaca el líder de la comunidad, Rubén Santana Alonso, denunció abusos cometidos por estas corporaciones que catearon viviendas y amedrentaron a la población. Por la acción policiaca, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) emitió una recomendación al Secretario de Seguridad Pública en el Estado.
Después, en los años 2008 y 2009 las familias de La Laguna denunciaron las acciones de amedrentamiento y amenazas por elementos del Ejército mexicano, pues denunciaron que después de la irrupción policiaca en el 2007 eran constantes los operativos militares, que de acuerdo a la versión oficial, se debían a que en la región operaba un grupo guerrillero.
También se dijo que el Ejército señalaba a Rubén Santana como miembro de Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), y también lo acusaban por el delito de secuestro.
El 16 de febrero de 2011 Rubén Santana fue asesinado por personas desconocidas cerca de la comunidad de La Laguna y desde entonces la violencia se recrudeció.
Tras la muerte de Rubén Santana, doña Juventina retomó su lucha en defensa de los bosques y comenzó a denunciar a los talamontes y a los grupos de la delincuencia organizada que, denunciaba, están coludidos con policías.
Al asesinato de Rubén Santana siguió el de su hijo Sergio Santana Villa, el 17 de abril de ese mismo año junto con dos de sus amigos. Asimismo, el 5 de mayo fue asesinado Jorge Delgado Salgado, yerno de  Rubén Santana y Juventina Villa.
Las esposas y viudas abandonaron la localidad, en una primera vez, el 21 de abril del 2011 y se trasladaron a Puerto de las Ollas, de donde regresaron en noviembre de ese año.
Pero la cadena de crímenes continuó; el 1 de septiembre de 2012 fue asesinado cerca de La Laguna, Damián Díaz Hernández. Los pistoleros actuaron a pesar de que en la localidad ya había la presencia de 16 elementos de la Policía Estatal.
El 25 de septiembre de 2012, Juventina Villa Mojica y Catalina Pérez Duque, viuda de Damián Díaz Hernández, se reunieron por primera vez con el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez en el Palacio de Gobierno, donde pidieron garantías de seguridad y la detención de la banda criminal que los estaba atacando y matando.
En esa reunión, Villa Mojica acusó de los asesinatos a una banda criminal de la comunidad de Los Ciruelos, encabezada por José Rauda y Saqueo Peñaloza, y pidió que se les investigara y detuvieran para que cesara la ola de crímenes. Dijo que el móvil de las agresiones era expulsar a los habitantes de la Laguna para que pudieran continuar con el saqueo de la madera.
Sin embargo la violencia no cesó y el 11 de noviembre de 2012, fueron asesinados los sobrinos de doña Juventina; Celso Chávez Segura y Fortino Méndez Segura y las amenazas fueron más insistentes en contra de la líder de La Laguna.
Tras estos dos nuevos asesinatos, Villa Mojica, buscó nuevamente  otra entrevista con el secretario Salgado Gómez, misma que se realizó el 26 de noviembre en la Casa de la Cultura de Acapulco. Allí la mujer, entre lágrimas, suplicó, imploró y rogó de varias formas al funcionario para que le ayudara a salir lo más pronto posible junto con las 45 familias de la Laguna.
Presentía su muerte, pero el funcionario le falló. No envió a tiempo el apoyo que le pidió para salvar su vida.