Piden a Aguirre promover ya la remoción del alcalde de Iguala

*La demanda, en una carta firmada por el obispo de Saltillo Raúl Vera por el caso del asesinato de Hernández Cardona

*Solicita además protección para Nicolás Mendoza Villa, quien en un testimonio acusa a Abarca Velázquez del homicidio

*Da a conocer que este martes fue allanada en esa ciudad la casa del testigo

*Se comprometió el gobernador a investigar las acusaciones, afirma el dirigente del PRD Carlos Reyes

*La PGJE debe tomar en cuenta el relato del sobreviviente, plantea Martínez Garnelo

*La intervención de Peña Nieto y que la PGR atraiga la investigación, propone la regidora Sofía Mendoza

*Jiménez Rumbo recuerda que la víctima era un perredista fiel y pide a las corrientes no proteger al señalado y que éste se separe del cargo

El obispo Raúl Vera solicita a Aguirre promover la remoción inmediata de Abarca Velázquez

*Firma el prelado una carta enviada  al gobernador por la Red Solidaria Década Contra la Impunidad por el asesinato de Hernández Cardona. Pide también protección para Nicolás Mendoza Villa, quien en un testimonio acusa al alcalde de Iguala del homicidio. Da a conocer que este martes fue allanado en esa ciudad la casa del testigo

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Red Solidaria Década Contra la Impunidad demandó ayer, en una carta enviada al gobernador Ángel Aguirre Rivero y firmada por su presidente el obispo de Saltillo Raúl Vera, que “como un acto de voluntad política” gestione de manera inmediata y pública ante el Congreso del estado la revocación del mandato de manera inmediata del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.
Asimismo, responsabilizan al gobernador por la vida del sobreviviente Nicolás Mendoza Villa y su familia, así como de la vida y seguridad de las y los defensores de derechos humanos que integran la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, por las denuncias que han venido haciendo sobre el asesinato de Arturo Hernández Cardona.
Lo anterior luego de que el lunes en la ciudad de México dieron a conocer el testimonio de uno de los sobrevivientes de Unidad Popular, Nicolás Mendoza Villa, quien acusa directamente al alcalde de Iguala, Abarca Velázquez, del levantón de los ocho miembros de UP y de haber matado él mismo a Arturo Hernández Cardona, antes de que sicarios mataran a otros dos activistas.
Asimismo, le pidieron que haga efectiva la recomendación que suscribe la organización internacional Human Rights Watch, con la finalidad de que servidores públicos, militares y policías no continúen cometiendo violaciones a los derechos humanos y violentando la convencionalidad.
La carta, enviada 10 minutos antes de las 8 de la noche, está firmada además por la secretaria ejecutiva de la agrupación, por Magdalena López Paulino, participante en la mencionada conferencia de prensa del lunes .
En el documento enviado anoche al gobernador Aguirre Rivero, la Red Solidaria expresa que “le escribimos en relación al caso del Ing. Arturo Hernández Cardona, su familia y la del sobreviviente Nicolás Mendoza Villa y su familia, en este tenor solicitamos respetuosamente a usted, que como un acto de voluntad política, gestione de manera inmediata y pública ante el H. Congreso del Estado de Guerrero, la revocación del mandato de manera inmediata del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez”.
Otra de las peticiones al gobernador es que haga efectiva la recomendación que suscribe la organización internacional Human Rights Watch, “con la finalidad de que servidores públicos, militares y policías no continúen cometiendo violaciones a los derechos humanos y violentando la convencionalidad”.
Los representantes de Década contra la Impunidad exigen, por otra parte, el cese “de manera inmediata a la criminalización de la labor de las y los activistas sociales así como de defensores de derechos humanos y periodistas”, así como el cese del hostigamiento y amenazas a las y los integrantes de la Unidad Popular.
En otro de los puntos pide al gobernador la seguridad física y psicológica de la familia de Arturo Hernández Cardona.
Agrega que es responsabilidad del gobierno del estado frenar, investigar y sancionar los allanamientos a los domicilios de las familias de las víctimas, “específicamente nos referimos al allanamiento realizado el día martes 26 de noviembre del año en curso al domicilio del activista sobreviviente de este caso, Nicolás Mendoza Villa”, de lo que no da más detalles.

Se comprometió Aguirre a investigar las acusaciones, dice Carlos Reyes

*El dirigente del PRD se reunió ayer con el gobernador para tratar el señalamiento de Nicolás Mendoza contra el alcalde de Iguala José Luis Abarca

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El dirigente estatal del PRD, Carlos Reyes Torres, y el coordinador de los alcaldes de ese partido, Crisóforo Heredia Otero, advirtieron que no protegerán a ultranza al alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, acusado por un sobreviviente de ser el asesino del dirigente de la Unidad Popular (UP), Arturo Hernández Cardona.
También se pronunciaron por que la investigación la atraiga la Procuraduría General de la República (PGR).
Ayer a medio día se reunió en privado el gobernador Ángel Aguirre Rivero con Reyes Torres y Heredia Otero en la residencia oficial Casa Guerrero.
Ahí los perredistas solicitaron una reunión al Ejecutivo, en la que estarán presentes los 41 alcaldes y el Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD, y plantearon que los temas serán la crisis de seguridad que golpea a los municipios y los avances en las investigaciones de los asesinatos de perredistas y luchadores sociales.
Pero también hablarán de los problemas que generó la tormenta Manuel y nuevamente del avance de las obras que el gobernador ha prometido en todo el estado en sus visitas y que no se han realizado.
En declaraciones posteriores a la reunión, el dirigente del PRD comentó que la “mesa de trabajo” que propusieron fue aceptada “de buen ánimo”, y que hablaron del testimonio de Nicolás Mendoza Villa, uno de los sobrevivientes de la UP que presenció el homicidio de Hernández Cardona y que responsabiliza directamente al alcalde perredista de asesinarlo.
En ese caso, Carlos Reyes dijo que pidieron al gobernador que instruya al procurador Iñaki Blanco Cabrera para que no descarte ninguna línea de investigación de los tres homicidios, “le manifestamos la exigencia de justicia del PRD, queremos que se conozca cuáles fueron los asesinos, porque mataron a los tres activistas, entre ellos Cardona, que fue fundador del partido, que siempre apoyó al partido y a la izquierda”.
Afirmó que el gobernador está “comprometido, al menos así nos lo dijo”, a continuar con las investigaciones y llegar “al fondo del caso de Iguala”, y dijo que “sin importar que se acuse al alcalde perredista”.
Pero llamó al gobierno del estado a dar las garantías de seguridad al testigo para que rinda su declaración ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), e incluso dijo que el PRD podría solicitar medidas cautelares en caso de que se le niegue al sobreviviente, pero que el testimonio debe ser parte de la investigación del caso.
Dijo que el interés de partido por que se esclarezca el homicidio es porque asesinaron a un perredista y se acusa a un presidente municipal? también del PRD, y consideró que no es necesario que el alcalde se separe de su cargo mientras duran las investigaciones.
Dijo que el tema de la inseguridad será abordado, principalmente en el caso de los alcaldes que públicamente han denunciado que son hostigados, amenazados y hostigados, como el de Cuetzala, donde el alcalde Feliciano Álvarez Mesino despacha fuera de su demarcación tras varios atentados en su contra y demanda seguridad personal, y el de Apaxtla, donde el cabildo aprobó un toque de queda ante la inseguridad.
Reyes Torres dijo que “hay posibilidades de que se le dé seguridad”.
El dirigente perredista dijo que preguntarán por el caso específico de “nuestro compañero Arturo Hernández Cardona” y de los 41 perredistas asesinados, como quien fuera presidente del Congreso local, Armando Chavarría Barrera.
Comentó que pidieron la presencia del procurador para que les informe “de cómo van las investigaciones y qué estado guardan”.
De la postura de integrantes del CEE en el sentido de que el alcalde de Iguala es inocente de la acusación de uno de los sobrevivientes, Reyes Torres dijo que no pueden afirmar nada hasta que la PGJE o en su caso la PGR concluyan las investigaciones.
El presidente municipal de Tecpan y coordinador de los alcaldes del PRD, Crisóforo Heredia Otero, dijo que en el caso de Cuetzala el edil ha tenido acercamiento con el gabinete de seguridad, “que no se pueden dar a conocer por cuestiones de seguridad, se comenta que ya se está viendo el tema de otorgarle seguridad al presidente municipal”.
De las acusaciones del sobreviviente contra el alcalde de Iguala afirmó que es un tema delicado del que “no podemos decir que es culpable o inocente mientras no se investigue y se demuestre lo contrario”.
También se pronunció porque la PGR atraiga el caso y que lo resuelva y consideró que el caso estará “resuelto hasta que exista conformidad de la familia”.
Heredia Otero dijo que en la reunión con el gobernador “exigimos que se haga justicia, porque Cardona era un militante activo del PRD y ex dirigente, esto no puede ni debe quedar impune”.
Informó que ha tenido comunicación con el acalde de Iguala vía telefónica, quien le ha manifestado su disposición de que el caso lo investigue la PGJE o la PGR.
Y adelantó que exigirán al procurador que haga justicia “caiga quien caiga, porque la ley no se puede violar, si están cometiendo algo ilícito debe salir a flote, aunque sea de uno de nuestros compañeros”.
Crisóforo Heredia habló de que hay por lo menos 12 municipios que tienen problemas graves de inseguridad, pero que esos son sólo los públicos, “pero hay muchos otros que no han salido a la luz pública pero ahí están los problemas latentes, a esos les hemos pedido que se acerquen a las autoridades policíacas”, dijo el perredista.
Recordó que “hay por lo menos 41 asesinatos de perredistas de los que ya es hora que nos den resultados o avances que nos digan qué es lo que se ha investigado”.
Ayer durante la sesión del CEE, los delegados al Congreso Nacional de ese partido, que se realizó el fin de semana pasado en Morelos, informaron a los integrantes de la dirigencia sobre los acuerdos que se aprobaron.
También se informó de la reunión que tuvieron con el gobernador y el encuentro que acordaron para el 5 de diciembre y la agenda que le planearon al gobernador.

La PGJE debe tomar en cuenta el testimonio del sobreviviente, afirma Martínez Garnelo

*Con las organizaciones sociales el gobierno tiene una relación de “hermandad y solidaridad”, asegura el secretario de Gobierno

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El secretario General de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, afirmó que el procurador del estado, Iñaki Blanco Cabrera, investiga el asesinato de Arturo Hernández Cardona y que se debe tomar en cuenta y respetar el testimonio del sobreviviente que responsabiliza del crimen al alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.
Afirmó también que él afirmó que el gobierno del estado tiene “una relación completamente de hermandad y solidaridad” con las organizaciones sociales.
En declaraciones a reporteros después de que el funcionario estatal intentó en varias ocasiones evitar las preguntas, se le preguntó por el caso del homicidio de tres integrantes de la Unidad Popular (UP) de Iguala, entre ellos el dirigente y perredista Arturo Hernández Cardona, y dijo que hay dependencias e instituciones en la estructura del estado a las que les corresponde investigar y que es función de la Procuraduría y del Poder Judicial.
Dijo estar “convencido que el señor procurador, que es un experto en materia penal, es un maestro en derecho penal, estará muy atento de concluir todas las investigaciones”.
Del señalamiento contra el alcalde, hecho por el sobreviviente e integrante de la UP, Nicolás Mendoza Villa, en el sentido de que fue el alcalde perredista de Iguala quien asesinó a Hernández Cardona, el secretario General de Gobierno dijo que “hay que respetar el testimonio como tal, nada más que para eso hay instancias y dependencias donde tienen que establecer su acción formal de imputación o señalamiento”.
Afirmó que las autoridades correspondientes tendrán que intervenir “para que ese indicador, señalamiento, acción o imputación sea valorada ante las instancias correspondientes”.
Se le recordó que organizaciones y partidos políticos como el PRD demandan el esclarecimiento de crímenes de sus integrantes, de los que la Procuraduría General de Justica del Estado (PGJE) no ha dado respuesta, y entonces cambió el tono de sus respuestas y sugirió que esas dudas se le planteen al procurador, “porque es una función trascendental que parece sencilla, pero llevar a cabo investigaciones, en otros países y en otros sistemas una investigación no se resuelve en un mes,? se resuelve en años”, justificó.
Un reportero preguntó por la relación del gobierno del estado con las organizaciones sociales, y respondió que es completamente de “hermandad y solidaridad” y que se está trabajando.
Dijo que diariamente se reúne con tres organizaciones o con sus dirigentes, y que la relación es “excelente” con todas las agrupaciones.
En ese momento molesto intentó terminar la entrevista cuando se le preguntaba por el proyecto de Policía Rural que se espera que hoy apruebe el Congreso local, y la negativa de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) a integrarse, y dijo que en cuanto sea ley empezarán a trabajar con los comisarios “en todo el estado”.
“Es respetable si la CRAC y la UPOEG no se van a unir al proyecto de Policía Rural, nosotros tenemos que seguir trabajando desde un punto de vista institucional, hay una Constitución y hay que respetarla”, dijo.
El funcionario fue entrevistado al concluir un acto de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) al que acudió en representación del gobernador Ángel Aguirre Rivero, donde entregó mobiliario y equipo para las unidades académicas y casas de estudiantes.
En las canchas de la UAG entregó literas, colchones, enseres domésticos y equipo de cómputo, adquiridos con el 5 por ciento del incremento que dio el gobierno del estado a la universidad en el presupuesto del 2013.

La intervención de Peña Nieto y que la PGR atraiga el caso, demanda Sofía Mendoza

*El asesinato, peor de como se lo imaginaba, dice la regidora tras el testimonio. “Todo está muy claro ahora”, asegura, y pide a la Comisión Instructora del Congreso tomar en cuenta la declaración

La regidora del PRD y viuda de Arturo Hernández Cardona, Sofía Mendoza Martínez, dijo que las acusaciones contenidas en el testimonio de Nicolás Mendoza Villa “son verdad, porque eso no se inventa, es de alguien que vivió esa pesadilla”.
En sus primeras declaraciones hechas  luego de que se diera a conocer el testimonio del chofer de Hernández Cardona, Mendoza Martínez afirmó que “es peor de cómo nos habíamos imaginado, como sucedieron los hechos”.
Pidió que la PGR atraiga el caso y demandó a la Comisión Instructora del Congreso local que tome en cuenta este testimonio de uno de los sobrevivientes del secuestro y asesinato de integrantes de la organización Unidad Popular, para emitir sus conclusiones sobre el juicio de revocación de mandato que promueve en contra del alcalde de su mismo partido, José Luis Abarca Velázquez, señalado directamente de haberle dado muerte a Hernández Cardona.
En declaraciones hechas ayer vía telefónica poco después de mediodía, Sofía Mendoza dijo estar consternada por la forma en que su pareja Arturo Hernández fue privado de la vida, “nosotros imaginábamos que su muerte había ocurrido de otra forma, me sorprende qué capacidad tienen para cometer ese tipo de hechos tan cobardes, porque esa es una cobardía”.
Consideró que tras hacer pública la versión de los hechos por parte de uno de los sobrevivientes –en referencia a Nicolás Mendoza Villa—, el asesinato de los activistas de la Unidad Popular es un asunto nacional y confió en que la Procuraduría General de la República atraiga el caso, “espero que el país dé muestras de querer recomponer las cosas”.
Señaló que en Guerrero sólo se quiere “despedazar al estado” con los asesinatos de los luchadores sociales, “ya Guerrero ya no aguanta más”. Citó que este es un buen momento en que la PGR debe atraer el caso de los tres activistas de la UP asesinados.
Celebró la intervención de la organización internacional Human Rights Watch para solicitar al presidente Enrique Peña Nieto resultados de las investigaciones para esclarecer la privación de la libertad de los ocho activistas de Unidad Popular (UP) de Iguala, y la posterior ejecución de tres de ellos.
Sofía Mendoza afirmó que “no puede haber tanto cinismo” en este caso en el que están claramente involucradas autoridades municipales.
Dijo que en este caso debe intervenir el presidente Enrique Peña Nieto, “porque hay un llamado internacional de la Human Rights Watch por lo que está pasando en Guerrero”.
Consideró que Peña Nieto debe arreglar esta situación, “porque no por algunas personas que son autoridades locales –José Luis abarca Velázquez y Felipe Flores Velázquez— va a echar a perder o manchar su mandato, él (Peña Nieto) no tiene nada que ver y por lo mismo no debe permitir que haya factores de menor rango que manchen su gobierno”.
Con la voz entrecortada, al referirse en la forma en que se dio muerte al líder perredista y padre de su menor hijo, expresó que “es peor de lo que nosotros nos imaginábamos, de cómo sucedieron los hechos, de verdad estoy consternada”.
Lamentó y se dijo sorprendida de la actitud y la opinión que están vertiendo sobre este caso ante los medios de comunicación personajes políticos como Bernardo Ortega Jiménez, presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso y miembro de la misma corriente política de Abarca Velázquez, Nueva Izquierda.
“Me da mucha tristeza y ahora confirmo mis sospechas de que no lo quería yo dentro de la Comisión Instructora para el juicio de renovación de mandato, porque obedece a los mismos intereses políticos que el presidente municipal de Iguala, ahí está la prueba del porqué no me querían escuchar ni atender, es la prueba más clara del porqué Bernardo Ortega no quiso salirse de la Comisión Instructora para influir en la votación del juicio de revocación de mandato”, dijo.
Señaló que ahora será el Congreso local el que tendrá que definir cuál va a ser el rumbo de lo que ya daban ellos como un caso concluido.
Exhortó a los legisladores locales a tomar en cuenta al momento de su decisión el testimonio de Nicolás Mendoza, pues “todo está muy claro ahora”.
Hizo un llamado al pueblo guerrerense “para que se fije bien en el próximo proceso electoral quiénes serán sus representantes y de quiénes son los que están en contra de la justicia en el estado, que revisen bien para que a la hora de votar se fijen bien a quiénes van a elegir como sus representantes, porque esos mismos pueden ser sus verdugos”.
Llorando, la regidora de Desarrollo Rural en Iguala agregó que “el sentimiento que me causa esta situación es que las personas que llegan al poder en Guerrero son gente sin escrúpulos, son gente sin vergüenza y cínicas, yo lo único que pido es que se haga justicia por el asunto de la Unidad Popular y no solamente de ellos sino de todos los luchadores sociales en el estado que han sido asesinados y encarcelados, porque son gente que se dedicaban a ayudar a los más necesitados”.
A una pregunta, Mendoza Martínez sostuvo que lo declarado por Nicolás Mendoza es verdad, “esos hechos tan atroces, tan horrendos y tan cobardes no son inventados, eso no se inventa, eso es de alguien que vivió en carne propia esa pesadilla”.
Pidió al gobierno federal que se capture con responsabilidad a los verdaderos responsables de este crimen, basados en las declaraciones de uno de los sobrevivientes, “que no vaya a ser que ahora en vez de buscar y castigar al que se señala como responsable (José Luis Abarca), que vayan a querer voltear las cosas e inculpar o pretender detener al señor Nicolás Mendoza, lo cual sería muy absurdo que ahora su delito sea decir lo que verdaderamente pasó”.
Sobre la protección que recibe del gobierno del estado, dijo que en la actualidad cuenta solamente con seguridad mínima de una patrulla de la policía del estado, la cual a veces trae cuatro efectivos, a veces dos y a veces sólo uno, que acude a verla sólo por la firma, “así que digamos que estamos seguros, pues no, además de que no confiamos mucho, si me la quieren quitar pues que me la quiten, es bajo su responsabilidad”.
Indicó que no ha pasado por su mente pedir licencia a su cargo como regidora, “porque yo no tengo nada de qué avergonzarme, yo no he hecho nada ilícito y no tendría por qué pedir licencia”.
Mendoza Martínez pidió a la Comisión Instructora del Congreso local que preside el priista Omar Jalil Flores Majúl, que tome en cuenta el testimonio de uno de los sobrevivientes de la UP, “porque es una prueba clara de que hubo una participación de Abarca Velázquez y que es el probable responsable del asesinato de Arturo Hernández, todo está muy claro”. (De la corresponsalía / Iguala).

Separar del cargo e investigar a Abarca Velázquez, plantea Jiménez Rumbo

*Pide al PRD no protegerlo y que intervenga la SEIDO. Re-cuerda que Hernández Cardona fue un fiel perredista

Mariana Labastida

El dirigente de Grupo Guerrero (GG) y consejero del PRD, David Jiménez Rumbo, pidió a los dirigentes y a las diferentes organizaciones que se hagan a un lado para que se investigue al alcalde de Iguala, José Luis Abarca  Velázquez, a quien pidió se separe del cargo en lo que se comprueba si es inocente o no de las acusaciones en su contra por el homicidio del dirigente social Arturo Hernández Cardona.
El perredista exigió al presidente estatal del PRD, Carlos Reyes, y al secretario general, Evodio Velázquez, que fijen una postura oficial, y al Congreso local que le quite el fuero al alcalde para que se haga una investigación de los hechos sin “el ropaje que lo protege”.
Y a Abarca Velázquez le dijo que no se deje presionar por su familia “y ahora venga amenazarme a mí, David Jiménez Rumbo, él sabe a lo que me refiero, conmigo vamos a forcejear”, puntualizó.
En conferencia de prensa en Acapulco, a dos días de que se diera a conocer la declaración notariada de Nicolás Mendoza Villa, chofer de Arturo Hernández Cardona, en la cual señala como el asesino del dirigente de la Unidad Popular al alcalde de Iguala, y luego de que parte del Comité Ejecutivo Estatal del PRD saliera en defensa de José Luis Abarca, Jiménez Rumbo consideró “lamentables, cuestionables, reprobables y aborrecibles” las declaraciones de los perredistas, que dijo debieron de haber “señalado el inmediato esclarecimiento de las muertes de tanto líder”.
Resaltó que Hernández Cardona fue un líder de izquierda que siempre apoyó a los candidatos del PRD, por lo que “no es justo, no es humano y no es ser de izquierda esa falta de solidaridad que está sufriendo el caso”, por lo que dijo espera que se haga la investigación.
“Algo está pasando y no puede ser que vayamos a declarar  inocente al señor presidente municipal cuando hay una declaración notariada de uno de los testigos que presenció los hechos, no puede ser que organismos internacionales ya estén interviniendo y mi partido el PRD esté excluyendo el tema, y que el gobierno del estado no haga absolutamente nada”, dijo y pidió a Carlos Reyes y Evodio Velázquez una postura oficial “para ver si tenemos un encuentro o un desencuentro de una vez”.
Jiménez Rumbo enfatizó que algo está pasando en el ayuntamiento de Iguala, y recordó que antes del asesinato de Hernández Cardona fue asesinado el síndico Justino Carbajal Salgado, homicidio que tampoco ha sido aclarado, por lo que hizo un llamado a todas las organizaciones y corrientes del PRD, incluso a la que él pertenece para que se hagan a un lado y la investigación “continúe hasta donde tenga que continuar”, y aclaró que no por ello quiere chocar con alguna corriente.
El perredista pidió que se investigue la acusación contra el alcalde de Iguala, para lo cual dijo tiene que separarse del cargo porque tiene fuero, “no sólo que se investigue el homicidio de Hernández Cardona y Carbajal Salgado, también sería importante se investigue el origen de tan grande, cuantiosa e inexplicable fortuna” de Abarca.
También solicitó al Congreso local que se desafore a José Luis Abarca, que la Procuraduría investigue las  acusaciones y exigió al gobierno federal y estatal garantías para Nicolás Mendoza, quien dijo está en riesgo por su testimonio que señala al alcalde como el asesino de Hernández Cardona.
“Que intervenga la SEIDO, que se investigue qué está pasando en Iguala, algo muy podrido está pasando en el ayuntamiento y ya no puede ser, yo no tengo pruebas, no es mi papel, yo no investigo, tampoco es mi función; yo lo que digo es que debe de quitarse todo el ropaje que lo protege para que el señor pueda ser investigado con libertad como son investigados todos los ciudadanos, eso es lo que estoy planteando”, puntualizó Jiménez Rumbo, quien insistió a los integrantes de las diferentes corrientes del PRD a ser solidarios con un luchador social caído.
Pidió que se proceda conforme a derecho porque “ya basta de impunidades en Guerrero”.
También criticó la defensa del alcalde por parte de  Perfecto Rosas, quien dijo conoce lo que es sufrir la falta de justicia, luego de que no se aclaró el homicidio de su hermano.