En medio de protestas de la UPOEG, aprueba el Congreso la creación de la Policía Rural

*Se integrará con vecinos de las propias comunidades y estará supeditada en carácter de auxiliar a la Secretaría de Seguridad Pública. El diputado panista Jorge Camacho asegura que la Policía Comunitaria de la CRAC no será afectada por la reforma. La Policía Ciudadana de la UPOEG reprocha a los diputados no haber sido consultados. Hubo 27 votos a favor y ocho en contra
Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Por 27 votos a favor y ocho en contra, fue aprobada ayer en el Congreso local la propuesta del gobernador Angel Aguirre Rivero para la creación de la Policía Rural, que se integrará con vecinos de las comunidades y será auxiliar y estará supeditada a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado.
Durante la sesión, un centenar de integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) les reprochaban a los diputados por no tomarlos en cuenta y violar su derecho a ser consultados.
Los diputados perredistas, priistas, panistas, del PVEM, de Movimiento Ciudadano y del Panal aprobaron la propuesta del Poder Ejecutivo.
En el Congreso local estuvieron integrantes de la UPOEG, pero también una veintena de representantes de los 14 pueblos de la sierra de Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo; la primera organización demandaba ser tomada en cuenta en la creación de la nueva corporación para que ésta no limite sus funciones, pero los segundos son impulsores del decreto del gobernador.
En la sesión de ayer, en el punto cuatro de propuestas de leyes, decretos y acuerdos, se dispensó la segunda lectura del dictamen que presentaron al pleno las comisiones unidas de Justicia y Seguridad Pública, en las que se realizan adiciones a los artículos de la Ley 281 de Seguridad Pública para la creación de una nueva corporación.
Cuando iniciaba la sesión el diputado integrante de la Comi-sión de Asuntos Indígenas, del distrito XIV de la Costa Chica, Valentín Rafaela, pidió a la presidenta de la Mesa Directiva, la priista Verónica Muñoz Parra, que se sacara del orden del día la segunda lectura, discusión y aprobación en su caso de la creación de la nueva corporación, argumentando que es un tema que no estaba completamente discutido.
Pero el pleno del Congreso local votó por mayoría en contra de la propuesta del perredista (18 votos), y a favor votaron 11, entre ellos los perredistas Germán Farías Silvestre, Roger Arellano Sotelo, Antonio Gaspar Beltrán, Nicanor Adame Serrano, Daniel Esteban González, Abelina López Rodríguez, y el propio Rafaela; el del PT Jorge Salazar Marchán y de Movimiento Ciudadano (MC) Oliver Quiroz Vélez. Hubo también tres abstenciones.
Antes de la discusión, nuevamente el diputado Valentín Rafaela trató de sacar la propuesta y presentó por escrito una moción suspensiva para detener el trámite legislativo, pero fue votado en contra.
Ya en la discusión del tema, el diputado panista Jorge Camacho, presidente de una de las comisiones dictaminadora, la de Justicia, reiteró los argumentos con los que ha promovido la institucionalización de los grupos de policías ciudadanas, policías comunitarias y autodefensas: “no se puede estar por encima de la ley, hay instituciones encargadas de la impartición de justicia”, dijo.
Insistió en tribuna que la seguridad pública está a cargo de la federación, los estados y los municipios, la investigación y persecución de los delitos, y enfatizó que la creación de la Policía Rural no contraviene ninguna ley, y que lo que se pretende es “que no haya quien en su propia mano haga justicia”.
Afirmó que las “policías comunitarias acreditadas”, en referencia al grupo de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que se credencializó, no serán afectadas por la aprobación de la Policía Rural, “ellos podrán funcionar como han funcionado”.
Pero entonces una lluvia de reclamos se escuchó desde las galerías para el público en el recinto legislativo; “garantízanos la seguridad”, “no queremos ser auxiliares”, “hablan como si en Chilpancingo no pasara nada”, “fuera Camacho”, “exigimos consulta, o que Camacho garantice que ya no habrá crímenes”, decían las protestas.
La diputada secretaria de la Mesa Directiva, Laura Arizmendi Campos, recordó con tono de voz alto que “nadie puede interrumpir a un legislador cuando esté hablando”.
El diputado perredista Jesús Marcial Liborio pidió hacer uso de la palabra para argumentar su voto en contra, y reconoció que es justificable la molestia de la UPOEG, porque ni el gobernador ni los diputados los tomaron en cuenta para la creación de la Policía Rural.
Dijo que los tres poderes del estado y los tres niveles de gobierno han hecho muy poco para resolver el problema de la inseguridad y la población se ha tenido que defender.
Afirmó que sería un error el someter a las policías civiles a “un formato de policía rural que se tiene que coordinar con un esquema que de manera sobrada se conoce la corrupción que tienen”, y reclamó a los diputados integrantes de las comisiones unidas de Justicia y Seguridad Pública por negar a los ciudadanos su derecho a participar en la creación de leyes que los regirán.
“¿Se ha hecho la consulta?”, preguntó el diputado de la Costa Chica a los integrantes de la UPOEG, quienes en un solo grito respondieron que no; “estamos fallando, porque se va a tomar una decisión sin tomar en cuenta a nadie, faltando al compromiso de representar y ser la voz pueblo”, dijo.
Después del perredista, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso local, Rubén Figueroa Smutny, pidió argumentar su voto a favor de la propuesta del gobernador, mientras los asistentes le recordaron que “tú también has pedido nuestra ayuda, te fuimos a rescatar, ya no te acuerdas”, pero sólo subió a tribuna a explicar el trámite que seguirá la creación de la nueva Policía Rural.
Con un visible gesto de molestia, el panista Jorge Camacho regresó a tribuna a reclamar a los asistentes que le reprochaban por no ser tomados en cuenta, y les dijo que “no tiene más razón el que más grita, eh, tiene la razón el que tiene los argumentos más solidos”, lo que le costó gritos de “fuera”, mientras que Verónica Muñoz pedía que se leyera el artículo 123, con el que se advirtió a los asistentes que no podrían interrumpir “los trabajos del Congreso”, y Camacho pidió la lectura del 124 que amenaza a quienes se manifiesten en el recinto “ordenando abandonar el salón” y que podrían ser detenidos, lo que calentó aún más los ánimos de los integrantes de la UPOEG.
Camacho afirmó que hay diputados “que no saben expresar el contenido de las leyes” e insistió en que lo que se aprobó no contraviene las leyes que protegen a las “policías comunitarias acreditadas”, porque dijo que “no serán vulneradas, no serán tocadas”.
“¿Dónde dice eso, diputado?”, interrumpió Germán Farías, y él mismo respondió: “tan no lo dice que no se aplica”.
Después tomó la palabra en tribuna la perredista Abelina López, que reprochó a sus compañeros la falta de voluntad para tomar en cuenta a los ciudadanos y les recordó que la Ley 701 de reconocimiento de derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas apunta en su artículo séptimo que “los poderes Ejecutivo y Legislativo así como los ayuntamientos deberán consultar a los pueblos interesados cuando hubiere alguna reforma que vaya en ese tema”, y dijo que la molestia es porque no realizaron foros, y entonces se escucharon aplausos de los asistentes.
Afirmó que el Congreso comete un error al seguir aprobando leyes sin consenso, “cuando allá afuera está lleno de gente que no cree en sus instituciones”, “¿por qué no sacarlo del orden del día y darles su derecho de audiencia y tratarlos con dignidad?”, preguntó.
Valentín Rafaela, de origen indígena, replicó a Camacho Peñaloza afirmando que conoce la ley, “también fuimos a la escuela”.
Los diputados que promovían el voto en contra de la propuesta del gobernador fue Valentín Rafaela y Daniel Estaban González, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, pero fueron regañados por su coordinador y presidente de la Comisión de Gobierno, el perredista Bernardo Ortega Jiménez, quien los llamó y con ademanes de molestia les hablaba y señalaba puntos del decreto que minutos más tarde se aprobó.
Durante la sesión, Bernardo Ortega recibió indicaciones del secretario particular del secretario General de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, un trabajador identificado por ser muy cercano al funcionario estatal, quien estaba dentro de la sala de plenos y durante la discusión del decreto que envió el gobernador se le observó dialogando en varios momentos con el perredista.
En Acapulco se debe crear una policía comunitaria
Germán Farías argumentó en contra de la propuesta de Ángel Aguirre que el Congreso local no debería someter con esa ley a las policías ciudadanas, cuando las autoridades constituidas han fallado, “tenemos un estado lleno de violencia, donde todos los días hay muerte, fallamos y por eso surgieron policías comunitarias y grupos de autodefensa”.
Afirmó que en municipios como Acapulco, “donde todos los días aparecen muertos, donde todos los días hay ejecuciones, extorsiones, pudieran estas policías comunitarias trabajar”.
Afirmó que el decreto del gobernador violenta la ley 701, y advirtió que quienes votaran a favor estarían afectando a esa ley y los derechos de los pueblos indígenas.
Recordó que las policías ciudadanas han dado mayor seguridad que las instituciones constituidas y mencionó el caso de los 13 policías federales detenidos en Acapulco por delincuencia organizada, homicidio, secuestro y delitos contra la salud, “los cuerpos policiacos con los que se tendrán que coordinar? están llenos de delincuentes”, afirmó.
Por mayoría de votos, con 27 votos a favor y sólo ocho en contra, fue aprobada en lo general la propuesta del gobernador.
También se aprobó que sólo se necesita para la celebración de asamblea y la toma de decisiones la mitad más uno de los integrantes de la comunidad.
También se aprobó un acuerdo parlamentario que presentó el priista Omar Jalil Flores Majul, en el que solicita a la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría General del Estado (AGE) del Congreso local que requiera al órgano fiscalizador una auditoría técnica de desempeño a la obra pública presupuestaria de las obras etiquetadas para el ejercicio fiscal 2013 en los municipios de Taxco, Pilcaya y Tetipac, porque argumentó que no se han realizado.
Por su parte el diputado perredista Antonio Gaspar Beltrán realizó un llamado a las dependencias como Sedatu y Sedesol federal y estatal para que atiendan a los afectados por la tormenta Manuel.