Octavio Klimek Alcaraz

Consulta a la sociedad guerrerense

Como consecuencia de la tragedia humana provocada por las tormentas Manuel e Ingrid, ante su magnitud, el gobierno Federal de manera conjunta con el gobierno de Guerrero instaló de manera formal el Consejo Estatal para la Restauración de Guerrero. Reconociendo que el texto del decreto no lo logré encontrar en las páginas electrónicas oficiales, me guiaré para este comentario por las informaciones vertidas en diversos medios de comunicación.
La reflexión se realiza en el contexto de la información de que el jueves 28 de noviembre se realizó en el puerto de Acapulco –supongo que es la sede oficial del Consejo– la primera reunión ordinaria del citado Consejo. En lo particular preferiría que las reuniones formalmente fueran de manera itinerante en las regiones de Guerrero, para mandar el mensaje a la sociedad de que se busca restaurar a todo Guerrero, y no sólo a Acapulco, más allá de su clara importancia. De hecho algunos consejeros manifiestan públicamente su único interés en Acapulco. Por eso, pueden por lo menos intentar reunirse de vez en vez, de mes en mes, fuera del puerto.
Algo interesante es que no se usa en el nombre del Consejo el término “reconstrucción”, ya que es muy diferente el reconstruir, volver a construir lo mismo. Imagínense, volver a construir puentes iguales a muchos de los que se cayeron, canalizaciones como el Huacapa, que no sirven, mantener asentamientos humanos en riesgo por inundación o deslave, entre otras posibles reconstrucciones. Aunque en las notas informativas existe el uso constante del término “reconstrucción” por quienes intervienen en la sesión del Consejo.
Sin embargo, los consejeros del Consejo deben atender claramente el mandato de la definición, que expresamente la Ley da al concepto de “restauración”. Conforme al artículo 3er. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, restauración se define de la siguiente forma:
“Artículo 3.- …
I. a XXXIII. …
XXXIV.- Restauración: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales;”
Es decir, todas las recomendaciones a los proyectos y acciones que se realicen deben cumplir ese mandato: “recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales”. De hecho, existe el concepto de restauración ecológica, que busca recuperar ecosistemas degradados. Si no sería un buen argumento para impulsar una controversia legal e intelectual sobre lo que se está comprendiendo por el término restauración. No vaya ser que alguien quiera restaurar en Guerrero a la casa de los Borbón a través de la llamada restauración borbónica.
De su forma de organización se informa que el Consejo lo integran 33 consejeros y 18 vocales, que representan a diferentes dependencias del gobierno del estado. No quisiera entrar en la discusión sobre el grado de representatividad y pluralidad de los consejeros que integran el Consejo, la formación y trayectoria de muchos de ellos es conocida. Lo que importa es lograr que todas las consejeras y todos los consejeros comprendan la responsabilidad y oportunidad que tienen al haber aceptado tal distinción ante la tragedia de Guerrero –no sólo el puerto de Acapulco–. Lo que debe importar es finalmente sus formas de trabajo en el seno del Consejo, de eso dependen que se legitimen ante la sociedad guerrerense, sería triste que acabaran los consejeros asistiendo a reuniones meramente protocolarias para aprobar proyectos y acciones ya tomadas en otros espacios.
Por eso, el Consejo debe atender las reglas de la transparencia y el derecho a la información, sesionando de manera pública, grabando y transmitiendo sus sesiones en televisión y radio. Además, debe publicar las versiones estenográficas de sus sesiones en la página electrónica, así como publicar en ella las actas de sus sesiones, entre otras cosas.
Se trata de que trabajen sobre las bases de la inclusión, la transparencia y la tolerancia, consultando en lo posible a la sociedad, en especial a los sectores que representan, a los especialistas de la academia, a aquellos actores sociales que por cualquier circunstancia no tenga voz en el Consejo, en los temas relacionados al quehacer del mismo, para lograr aconsejar al gobierno de manera fundada y razonada. Debe siempre recordarse que un Consejo aconseja, no es una instancia ejecutora, no es responsable de ejercer los recursos.
Lo normal en el ámbito de los diversos órdenes de gobierno es considerar las consultas, simplemente como un proceso más en la gestión pública, que hay que atender, los gobiernos recuérdese tienen tiempos de ejecución presupuestal muy acotados, les es difícil construir junto con los consultados este proceso. Ahora bien, al parecer se informa habrá recursos depositados en un fideicomiso, por lo que los tiempos de ejecución será multianuales, así que pueden hacerse las cosas razonadamente sin tanta prisa.
Se informó en la sesión del Consejo que las instancias de gobierno ya tienen un primer paquete de proyectos a realizar por un monto de 22 mil 284 millones de pesos provenientes del Fondo Nacional de Desastres (Fonden), que por cierto primeramente debe revisarse en sus Reglas de Operación, para que no se aplique el gasto a reconstruir, sino a restaurar. Los gastos identificados son 10 mil millones de pesos para el sector carretero; 5 mil 576 millones de pesos para el hidráulico; 4 mil millones para la educación, mil 200 millones para vivienda; 600 millones para el sector urbano; 230 millones para recursos naturales; para salud 30 millones de pesos, y un millón para turismo.
La primera tarea del Consejo entonces es revisar que esos recursos cumplan plenamente el mandato de restauración y no de reconstrucción, sino se debe aconsejar reorientar el gasto público para dar cumplimiento a este mandato.