Exigen organizaciones que se integre al expediente el testimonio de Nicolás Mendoza contra Abarca

Por estar notariada, la denuncia es válida insisten. Instan a que también declaren los demás testigos del asesinato de Arturo Hernández Cardona

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Organizaciones de derechos humanos denunciaron que los gobiernos estatal y federal se niegan a deslindar responsabilidades en los homicidios del dirigente Arturo Hernández Cardona y dos activistas de Unidad Popular.
Mediante un boletín de prensa, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, y el Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), denunciaron que “los autores han gozado de impunidad, que sólo puede ser atribuida al Estado mexicano, quien tiene la responsabilidad de perseguir a los delincuentes y llevarlos ante los tribunales para ser juzgados”.
Esto, luego de que el sobreviviente de la agresión a Hernández Cardona, Nicolás Mendoza Villa, reveló que quien mató al líder social fue el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.
Los organismos demandaron que el Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Hidalgo, que ahora tiene a cargo la investigación, integre al expediente el testimonio del integrante de UP.
Argumentaron que el testimonio  se realizó ante un fedatario público como lo es el Notario Público número 47 del Distrito Federal, y dicha prueba tiene una envergadura fuerte ya que se trata de un testigo presencial de los hechos.
Reconocieron que el testimonio tiene que ser robustecido con otros medios de pruebas, “de ahí la importancia que por lo menos otro testigo presencial de los hechos declare ante el Ministerio Publico o ante cualquier otro fedatario público (notario o juez de paz), para que se le pueda ejercitar acción penal al presunto responsable”.
Luego de que varios dirigentes del PRD han pretendido desacreditar el testimonio de Mendoza Villa, quien  huyó del estado luego de escapar de sus captores, las organizaciones argumentaron que por ley, el notario tiene facultades para otorgar fe pública “con plenas garantías de imparcialidad, honradez, autonomía, legalidad y profesionalismo, con principios éticos y siempre de buena fe, tratando por igual a las partes en el asunto, sin preferencias, independientemente de quién lo haya solicitado o de quien paga sus servicios”.
Por lo tanto, el testimonio es válido, dijeron.
Consideraron que con el testimonio que lo incrimina es suficiente para que el Congreso del estado proceda al desafuero del alcalde José Luis Abarca Velázquez, para que enfrente a la justicia sin protección jurídica, pues “los diputados no van a determinar si existen elementos jurídicos que confirmen su probable responsabilidad”.
Insistieron en que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga las investigaciones del caso, porque de acuerdo con el testigo, participaron más de diez personas en la desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial de tres activistas y defensores de derechos humanos.
También pidieron, “debido a la gravedad de las acusaciones”, que las medidas cautelares que solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sean aceptadas a la brevedad, en favor de amigos y deudos de las víctimas, Sofía Lorena Mendoza Martínez, Arturo Hernández Mendoza, Carolina, Reyna y María Soledad, de apellidos Hernández Mena, del defensor de derechos humanos Bertoldo Martínez Cruz y también para las y los integrantes de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad.