Se reagrupa el Movimiento Popular contra la represión y los asesinatos

*Participan 27 organizaciones sociales en un foro de reunificación y en rechazo a las reformas federales

*Anuncian marchas para mañana y el día 12 para conmemorar el segundo aniversario del asesinato de los estudiantes normalistas

*La Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero se reincorpora a la coalición

*Empieza hoy campaña por la liberación de los policías comunitarios presos

Se reagrupa el Movimiento Popular Guerrerense contra la represión y los asesinatos de activistas

*Anuncia una marcha para mañana y otra para el 12 para conmemorar el segundo aniversario del asesinato de los estudiantes normalistas. Participan 27 organizaciones sociales en un foro sobre la unidad y el rechazo a las reformas. Se reincorpora la Asamblea Popular de Pueblos del Estado de Guerrero

Lourdes Chávez

Chilpancingo

En un reagrupamiento del Movimiento Popular Guerrerense (MPG), representantes de 27 organizaciones sociales, sindicales, de estudiantes y derechos humanos participaron ayer en el foro La unidad de los pueblos y el derecho a la vida, la libertad, la seguridad y contra las reformas, y ratificaron que el martes 2 de diciembre van a marchar al Palacio de Gobierno para exigir la instalación de una mesa de trabajo con el gobernador Ángel Aguirre Rivero.
En el encuentro se presentaron los posicionamientos políticos de las organizaciones agrupadas en el MPG, y todas coincidieron en que deben mantenerse unidas para detener la represión, los asesinatos y el encarcelamiento de activistas sociales, que está ocurriendo con particular saña en Guerrero.
En referencia al PRD, también señalaron su decepción de los partidos políticos, principalmente de aquellos que se llaman de izquierda y que luego de la “imposición” de Enrique Peña Nieto como presidente de la República firmaron un pacto político para dar entrada a todas las reformas estructurales, la mayoría aprobada en un año de administración.
En el encuentro estuvieron los familiares de la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, Rocío Mesino Mesino, asesinada hace un mes; el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Felipe Flores, y el dirigente estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), César Núñez Ramos.
Asimismo, el comité directivo estudiantil de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, que convocó a las organizaciones a marchar el 12 de diciembre para recordar a los jóvenes asesinados a balazos en 2011, en el desalojo de la Autopista del Sol, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.
Se reincorporó la Asamblea Popular de Pueblos del Estado de Guerrero (APPG), que se había distanciado del movimiento, y se unieron otras organizaciones que no habían participado en ejercicios anteriores, como la Coalición de Comerciantes y Prestadores de Servicios Turísticos del Estado de Guerrero, cuyos dirigentes tienen órdenes de aprehensión por una marcha realizada en la Costera Miguel Alemán de Acapulco.
El dirigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), Minervino Morán Hernández, reconoció que hubo un distanciamiento de las organizaciones que se concentraron en el Movimiento Popular Guerrerense (MPG), que se conformó durante las protestas magisteriales contra la reforma educativa de marzo a mayo pasado, sin embargo, ante el hostigamiento es necesaria la unidad con todas las fuerzas, dijo.
Indicó que se registraron 27 organizaciones, pero habían confirmado más que no se presentaron.
No obstante, consideró que el proceso comenzó bien, “nos vamos a volver a reunir y no vamos a soltar el proceso de unidad, porque nos está afectando mucho la pérdida de dirigentes y la imposición de reformas. Si esta unidad se fortalece puede ser una esperanza para los pueblos del estado”.
Destacó que las inquietudes de cada organización son diferentes, por la defensa de sus derechos, de sus territorios, por la justicia, y aunque la dirigencia de la CETEG, que encabeza esta iniciativa, va de salida (se renovará en el Congreso del 13, 14 y 15 de diciembre), los que siguen van a continuar estos esfuerzos.
Reconoció que construir un proceso de unidad no es fácil, y varios esfuerzos se quebrantaron “por la relación con el gobierno”.
Recordó que en el MPG hubo diferencias cuando unos pidieron juicio político del gobernador por el asesinato de dos normalistas el 12 de diciembre, pero hay asuntos comunes a los que van a apostarle.
De la movilización del lunes 2 de diciembre, indicó que van a exigir el diálogo con el gobernador para decirle que en su administración hay violaciones graves a los derechos humanos, que cese la represión, el homicidio y que haya justicia para dirigentes asesinados.
Asimismo, que haga valer la autonomía estatal y frene las reformas y proyectos de privatización en Guerrero, como las mineras, de lo contrario van a continuar las acciones de protesta.
Reconoció que aún hay mucho que hacer como organización, y el miércoles 4 de diciembre se va a realizar otra asamblea para comenzar un plan de acción y establecer reglas claras que eviten los problemas internos.

Reforma energética

En las instalaciones de la CETEG, el dirigente de Morena, César Núñez Ramos, afirmó que el problema más urgente es el despojo a la nación que representa la reforma energética que está por aprobarse.
Explicó que con esta reforma los particulares podrán participar de las utilidades de Pemex, que se estiman en 100 mil millones de dólares anuales; “se trata de entregar las rentas petroleras al capital privado y extranjero, pero con una propaganda engañosa (el presidente) Peña promete que se van a generar empleos y va disminuir el costo del gas”.
Advirtió que una vez que se apruebe en el Congreso de la Unión, lo mismo pasará en los congresos de los estados, particularmente en Guerrero, donde no hubo mayor oposición a la reforma “mal llamada” educativa.
“No somos ingenuos, pero estamos obligados a pedirles a los diputados (PRD, PT y Convergencia) que actúen a la altura de las circunstancias”, dijo.
Finalmente, se solidarizó con los movimientos sociales y de autodefensa, que surgieron por incapacidad del gobierno para atender sus necesidades de servicios y seguridad, y con el movimiento campesino contra la presa La Parota.
En su intervención, el vocero del Cecop, Felipe Flores Hernández, recordó que las autoridades hostigan o compran a los movimientos sociales, porque los considera sus enemigos, y si las contrarreformas del gobierno federal prosperaron fue por la falta de coordinación de la sociedad organizada, pero “ante la unidad de los pueblos hay una oportunidad”, dijo.
Sobre la Parota, informó que, pese a que los comuneros de Cacahuatepec ganaron en los tribunales la cancelación del proyecto, el gobierno federal se empeña en echarlo a andar otra vez.
Denunció que en esta nueva embestida, ya se emitieron 30 órdenes de aprehensión contra los integrantes del movimiento, sin embargo “piensan que inventando delitos nos van a cerrar la boca, pero los pueblos ya dijeron que no va a pasar”.
De la Casa de Justicia de El Paraíso, perteneciente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Arturo Campos Herrera denunció que los tres niveles de gobierno se encuentran coludidos con la delincuencia, de no ser así no tendría sentido que no tengan capacidad de contener el terror que imponen las bandas del crimen organizado en los territorios.
Aunque fue desconocido como representante en una asamblea que organizó la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Campos Herrera pidió a las organizaciones sociales que promuevan policías comunitarias en sus localidades, para restituir la paz de los pueblos.
Denunció que la Casa de Justicia ha sido perseguida porque presentó un proyecto diferente, más amplio e incluyente, pero no van a descansar hasta ver a todos sus compañeros en libertad.
Por la OCSS, que llegó cantando consignas de justicia para Rocío Mesino, su hermano Carlos Mesino recriminó que los partidos de izquierda están callados ante el homicidio de luchadores sociales. Incluso, señaló que algunos “hipócritamente” han condenado el asesinato de la luchadora y defensora de derechos humanos.
Denunció también que los ministerios públicos, en lugar de investigar, actuaron para distorsionar los hechos, y al gobernador ya le advirtieron que no van a aceptar dádivas, sólo justicia para los luchadores sociales, y la libertad de presos políticos.
La dirigente del Frente de Defensa Popular, Clemencia Guevara Tejedor, reconoció que ante el clima de hostigamiento tiene miedo, pero sería peor dejar de luchar y dejar a sus hijos sin herramientas para defenderse.
Recordó que en agosto pasado la Policía Federal, seguida de militares, llegó a su casa a buscar autos robados y armas, aunque entonces se aclaró que el único delito de los activistas es gestionar mejoras en las comunidades, carreteras, hospitales y que lleguen los programas de vivienda a la población.
En este marco, declaró que “nos preocupa cuando mueren luchadores y el mismo gobierno a través del procurador y el secretario de Gobierno, de la PGJE, dicen que están coludidos a la delincuencia organizada, es grave que manejen oficialmente esas versiones”.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Red Guerrerense de Derechos Humanos ratificaron que van a acompañar estos movimientos sociales.
Intervinieron representantes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), del Sindicato de Organismos Operadores de Agua en Guerrero, del magisterio movilizado del SUSPEG, de trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero (CECYTEG), de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, y del Colectivo por la Democracia y la Sociedad, entre otros.