Jesús Mendoza Zaragoza

Armas, política y empresas. Para entender y combatir a la delincuencia organizada

Vacíos de poder en México. Cómo combatir la delincuencia organizada, es el título de un reciente libro de Edgardo Buscaglia, un reconocido experto en el ámbito internacional, quien ha realizado estudios focalizados y comparativos sobre la trama de la delincuencia organizada que se ha globalizado en múltiples expresiones. El objeto de este libro es analizar el comportamiento de este fenómeno en relación con las instituciones públicas del Estado mexicano y proponer respuestas proporcionales e integrales.
Señala Buscaglia que la delincuencia organizada está conformada por tres dimensiones. La primera es la operativa armada mediante la cual las organizaciones criminales actúan para promover sus intereses, para defenderse y para ampliar sus áreas de negocios, mientras que la segunda, la dimensión política, está orientada a proteger estos intereses desde el ámbito de los poderes públicos y de la sociedad mediante su infiltración. La tercera dimensión es la empresarial que le sirve para lavar su patrimonio y para operar la producción, el tráfico y la distribución de sus bienes en un marco de ilegalidad.
Se conjugan así, tres elementos que tienen que ser identificados de manera muy precisa si se quiere hablar del combate a la delincuencia: armas, política y empresas. Son, pues, tres componentes que construyen el poder destructor del crimen organizado: bélico, político y empresarial. Desde esta perspectiva, Buscaglia señala que la estrategia gubernamental desde el gobierno de Calderón hasta el de Peña Nieto ha sido sólo cosmética pues se ha reducido a la perspectiva policial, judicial y militar, dejando intocados los componentes político y empresarial.
Otro aspecto que aborda Buscaglia en su análisis del caso mexicano es el enfoque de seguridad que se ha promovido en la lucha contra la delincuencia organizada, que se ha focalizado a la seguridad pública, al que considera incompleto y frágil y a una restringida comprensión de la prevención del delito. Este enfoque no aborda las causas de las diversas violencias, sobre todo la que es generada por la delincuencia organizada. Al respecto propone el concepto de seguridad humana entendida como el ejercicio integral, individual y colectivo de los 58 derechos humanos plasmados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en nueve tratados internacionales de la Organización de las Naciones Unidas. La seguridad humana, centrada en el ser humano implica, al mismo tiempo, aplicar políticas punitivas a través del sistema judicial en el marco de un Estado de derecho que garantice todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente y, por otra parte, un desarrollo integral que incluya el marco de la seguridad económica, alimentaria, ambiental, sanitaria, individual, comunitaria y política, impactando en una aceptable calidad de vida para todos.
Es aquí donde se manifiestan los vacíos del Estado mexicano que no ha mostrado la capacidad de garantizar todos los derechos humanos, que permiten a las organizaciones criminales satisfacer distintas necesidades básicas de los ciudadanos, por ejemplo, en los aspectos laborales y sanitarios. Aprovechando estos vacíos institucionales, crece la delincuencia organizada y se alimenta de las fallas regulatorias del Estado. En algunas regiones de Guerrero, son los delincuentes quienes han ido sustituyendo a policías, ministerios públicos y jueces, pues se encargan de dar seguridad y de impartir justicia, muchas veces, a solicitud de los mismos ciudadanos que no encuentran respuestas satisfactorias de las instituciones oficiales destinadas a ello.
Buscaglia propone dos cosas: Una, corregir esas fallas estructurales del Estado, cuyas instituciones se han vuelto disfuncionales y no responden a las necesidades de los ciudadanos y de los pueblos y, segunda, fortalecer la seguridad humana como condición para poner en marcha una política realmente preventiva de la delincuencia organizada. Esto hace necesaria una “nueva arquitectura institucional del Estado” y el fortalecimiento de la sociedad civil con capacidad para monitorear las actividades gubernamentales. Se necesitan acuerdos políticos socialmente legitimados que permitan empezar a atacar, primero, el cáncer de la corrupción política –hermana gemela del crimen organizado– y luego, crear políticas públicas para sanear el tejido social y empoderar a las comunidades.
Buscaglia habla de la necesidad de construir controles institucionales preventivos y punitivos para que ya no se cometan los delitos y señala cuatro tipos de controles institucionales del Estado y de la sociedad civil. Comienza por los controles judiciales que en un Estado de derecho prevea el ejercicio práctico de los 58 derechos humanos a los que ya nos hemos referido anteriormente. Policías, fiscales, jueces y sistemas penitenciarios tienen que estar plenamente sometidos al Estado de derecho  mediante controles para evitar todas las formas de discrecionalidad y de corrupción en la administración de la justicia. En segundo lugar, habla de los controles patrimoniales, que debieran ser autónomos de los poderes ejecutivos y supervisados por los congresos, diseñados para desmantelar el patrimonio de la delincuencia organizada que les da amplio margen de financiamiento operativo.
En tercer lugar, hay que ponerle controles a la corrupción, limitando y controlando la discrecionalidad de los poderes públicos que generan impunidad política y económica. Y, por último, hay que diseñar controles sociales que prevean redes de la sociedad civil, técnicamente especializadas para monitorear el financiamiento de las instituciones públicas y para construir mecanismos de control social donde el Estado no llega, de manera que la delincuencia organizada no llene esos vacíos.
Un ejemplo de esos múltiples controles es el que se refiere a la prevención de la corrupción política al más alto nivel, generando un pacto político –muy distinto al Pacto por México, que no cuenta con consenso social– que permita la elaboración abierta  de listas de precandidatos y candidatos de cada partido a cualquier cargo de elección popular mediante reformas a la ley de partidos políticos y a la legislación electoral federal. De esta manera se evitaría la intromisión de las organizaciones criminales en la selección de candidatos.
El texto de Buscaglia nos pone frente a la complejidad de las instituciones públicas que, por omisión o por complicidad, tienen deficiencias sustanciales que permiten a la delincuencia organizada contar con espacios de poder dentro del mismo Estado. Con un Estado tan acotado por vacíos legales e institucionales, y tan atrapado por la corrupción, y con una sociedad civil tan retraída y desarmada no se puede avanzar, en la práctica hacia un verdadero Estado de derecho.
En este contexto, la estrategia gubernamental de combate a la delincuencia organizada, no deja de ser sino una simulación que propone falsas esperanzas y que nos va a obligar a pagar un alto precio en todo, en desarrollo, en democracia y en bienestar social.