12 Días por la Defensa de Nuestra Vida y Libertad

Ángel García García

Primer comandante de la Casa de Justicia de Ayutla de los Libres, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC).

Los sistemas normativos de los pueblos originarios del estado de Guerrero están basados en su cosmovisión que integra su forma de organización social, política y cultural propia; como sujetos de derechos, los pueblos y las comunidades deben ser respetados en una sociedad multicultural, pluralista y democrática.
Desde antes de la conformación del Estado Nacional, los pueblos indígenas ya contaban con un sistema de justicia propio, que hoy pervive en las comunidades como sistemas normativos internos, sin que esto implique desde luego sostener que se trata de sistemas inmutables e idealizados.
Los sistemas normativos internos comprenden instituciones, procedimientos, principios y lineamientos para garantizar la seguridad y justicia comunitaria. La defensa de estos sistemas hoy es reconocida como un derecho de los pueblos y comunidades, en instrumentos como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
En este marco se insertan experiencias como la CRAC-PC que en medio de la crisis de violencia que azota al país destaca como una alternativa de justicia y seguridad, regida por los sistemas normativos internos de los pueblos indígenas.
Al hablar de justicia indígena, la CRAC es y seguirá siendo el referente nacional y estatal en la materia, sin embargo, la respuesta del Estado ha sido la de criminalizar a quienes se han organizado por salvaguardar la integridad y seguridad de sus comunidades y defender los derechos colectivos de sus pueblos.
Tal es el caso de Ángel García García, indígena na savi de 24 de años, originario de la comunidad de El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero.
Ángel, el sexto de diez hermanos y hermanas, está casado y tiene un pequeño niño de tres años, concluyó sus estudios básicos hasta la preparatoria. Entusiasmado por poder continuar sus estudios y alcanzar su objetivo de ser maestro, Ángel buscó diversas oportunidades para solventar sus estudios; en el 2006 cruzó la frontera y trabajó en el país vecino en un viñedo, y del 2009 al 2010 fue capacitador de la Comisión Nacional de Fomento Educativo (Conafe), en la comunidad de Tlacotepec, municipio de Heliodoro Castillo.
En el 2011 decidió regresar a Ayutla e inscribirse en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN); sin embargo, no pudo concluir sus estudios por falta de recursos económicos, aún y cuando se encontraba trabajando paralelamente en una panadería en la cabecera municipal. Ante las dificultades para poder solventar sus gastos regresó a su comunidad de origen a finales del 2011.
Lamentablemente, su situación económica en la comunidad no es mejor; Ángel no cuenta con tierras propias, por lo que tiene que compartir las parcelas que su padre trabaja para toda la familia.
Desde el momento de su regreso, Ángel se integró a las tareas de la comunidad. A los pocos meses fue nombrado secretario de la Comisaría municipal y debido a su vocación de servicio, en 2012 fue nombrado comandante de la Policía Comunitaria.
Ángel fue detenido durante los operativos del 21 de agosto pasado en la comunidad de El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres, durante el cual fueron aprehendidos 12 integrantes de la Policía Comunitaria de la Casa de Justicia de El Paraíso.
Se encuentra privado de su libertad en el reclusorio de Acapulco, acusado del delito de secuestro, dentro de la causa penal 191/2013 que se instruye en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en Acapulco.
Ángel, como muchos otros indígenas de la región, ha dedicado parte de su vida a la promoción y defensa del derecho de los pueblos indígenas a conservar y mantener sus propios sistemas normativos.
En contraste, el Estado gobierna bajo la óptica del Código Penal y pretende controlar coercitivamente la justicia comunitaria generando mayores conflictos y polarización; así lo demuestra la detención del activista y consejero de la Casa de Justicia de El Paraíso, Arturo Campos Herrera, ayer al terminar el acto público en el que se presentó esta campaña.