El primer día de la campaña por la libertad de 12 policías comunitarios, hay un preso más

Se reúnen en Chilpancingo familiares de los detenidos y representantes de la CETEG, la normal de Ayotzinapa y defensores de derechos humanos

Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos arrancaron la mañana de ayer la campaña Doce días por nuestra vida y nuestra libertad con la que se exige a los tres niveles de gobierno la excarcelación de los 12 policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) que han sido detenidos de desde agosto de este año.
La campaña inició con un mitin en la Alameda Francisco Granados Maldonado y ahí Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), la Red Guerrerense de Defensa de los Derechos Humanos, los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, así como el Centro de Defensa Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan se manifestaron para exigir la excarcelación de los policías comunitarios.
Poco después de que acabó el acto, alrededor de 2:10 de la tarde, un grupo de policías ministeriales detuvieron al promotor de la CRAC, Arturo Campos Herrera quien durante el evento había denunciado la infiltración de la delincuencia organizada en las corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno. También había alertado de las órdenes de aprehensión que pasan en contra de los líderes de la Policía Comunitaria.
Serán 12 días en los que las organizaciones habrán de exigir la liberación de los 12 detenidos, el capítulo de esta lucha que emprenden las organizaciones culminará el 12 de diciembre, fecha en que fueron asesinados durante una protesta los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Gabriel Echeverría de Jesús, y Alexis Herrera Pino. Con la detención de Arturo Campos, ahora la lucha será por la liberación de 13 detenidos.
Los activistas y defensores de los derechos humanos exigieron la liberación de la emblemática coordinadora regional de la CRAC en el municipio de Olinalá, Nestora Salgado la cuál fue detenida en ese municipio de la región Montaña el 21 de agosto en una operación en la que participaron unos 150 efectivos del Ejército, la Marina y corporaciones de los tres niveles de gobierno.
Nestora Salgado permanece recluida en la cárcel de máxima seguridad de El Rincón, Nayarit, acusada de secuestro y tortura.
El mismo día de la detención de Nestora, un convoy formado por unos 35 vehículos del Ejército, la Marina, así como las policías federales, estatales y ministeriales con alrededor de??600 de sus elementos sitiaron y asaltaron el pueblo de Tlatlauquitepec, perteneciente al municipio indígena??de Atlixtac, para rescatar al síndico de Armando Patrón, quien estaba detenido para su reeducación.
Los asistentes al acto de la Alameda también exigieron a las autoridades la liberación de los policías comunitarios que fueron detenidos el 21 de agosto en la Casa de Justicia del Paraíso del municipio de Ayutla, y que están recluidos en el penal de Acapulco.
Ellos son Bernardino García Francisco, coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso; y adscritos a esa misma comunidad, Ángel García García, quien fungía como primer comandante; el policía comunitario,??Florentino García Castro, así como los consejeros comunitarios,??Eleuterio García Carmen, Abad Francisco y el primer comandante de la colonia Nuevo Horizonte, Benito Morales Justo. Todos están acusados de secuestro agravado.
Se exigió la excarcelación de los policías comunitarios de Ayutla Rafael García Guadalupe, de la comunidad de Tepuente; José Leobardo Maximino, de la localidad de Chalacachapa; así como Cano Morales Antonio presos en la cárcel de Acapulco.
El 27 de agosto los tres policías comunitarios participaron en una marcha de la Ayutla a Cruz Grande para exigir la liberación de sus compañeros cuando elementos del Ejército golpearon a mujeres y niños que se encontraban en las protesta.  En ese contexto fueron detenidos 10 policías comunitarios, de los cuales quedan tres en prisión.
Gonzalo Molina fue detenido por la Policía Investigadora Ministerial el 6 de noviembre en el municipio de Tixtla y sigue detenido en un penal de mediana seguridad del estado de Oaxaca.
Se manifestaron por la liberación de Samuel??Ramírez Gálvez policía comunitario de la Casa d Justicia de Zitlaltepec, recluido en la cárcel de Chilpancingo, quien fue detenido el 7 de octubre en Cochoapa, cuando acudió a ese municipio junto con otros comunitarios a detener a una persona.

Estamos rodeados de delincuentes

La hermana de Gonzalo Molina, Teresa Molina denunció que “estamos rodeados de delincuentes, y las autoridades no hacen nada, no los encierran, ahí está claro el caso de los muchachos de Ayotzinapa ahí está claro que los que los mataron andan sueltos, y los premian con mejores trabajos y otros puestos”.
“Pero vamos a luchar, vamos a luchar porque no nos han dejado otra opción más que la de reorganizarnos, ojalá que todos los sectores de la sociedad, esos gobiernos que el pueblo ha llevado hacia arriba y ahora lo que hacen es pisotearnos, ahí están??los diputados, están aprobando leyes para los empresarios, desde aquí les decimos ningún voto a los partidos políticos”, agregó.
La hermana de Gonzalo Molina enfiló sus críticas hacia el PRD y les cuestionó, a sus dirigentes, que no han sostenido un solo pronunciamiento fuerte por la detención de los policías comunitarios porque en este momento están incrustados en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero.
“Antes eran de izquierda, ahora no, se quedan callados y ponen oídos sordos, por eso observamos que ahora no hay izquierda hay pura derecha ahí están las alianzas para que sigan enriqueciéndose. Para eso son las alianzas”, acotó.
Dijo: “desde aquí les decimos a las autoridades que pedimos las presencia de los organismos defensores de derechos humanos internacionales, porque los derechos humanos estatales (en alusión a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) son parte de ellos, y no van a hacer nada”.
El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, sostuvo que la seguridad que ofrece la Policía Comunitaria es precisamente, “la que no quieren los empresarios, y esa paz que hay” en las carreteras en las que tiene presencia es esa la que no quieren “los grupos delincuenciales coludidos con los cuerpos represivos del estado”.
“Por eso no quieren, quieren un estado crispado, un estado colapsado porque solamente así pueden mantener sus privilegios, un estado marginado y hundido en la miseria, y la violencia”, acotó.
Agregó: “eso es lo que quieren los caciques, por eso estamos atrasados porque arriba están atrasados en términos de democracia, de libertad y de justicia. Por eso esta campaña y esta lucha por la libertad”.
Estuvieron el dirigente de la CETEG, Minervino Morán, el abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra; el coordinador de la Red Guerrerense de Derechos Humanos Manuel Olivares así como una delegación de la Normal Rural de Ayotzinapa, familiares de los detenido y el académico de la UAG, Arturo Miranda. (Fernando Hernández / Chilpancingo).