Pide Sebastián no politizar la acusación contra el alcalde de Iguala, aunque no lo defiende

Se debieron hacer las consultas “necesarias”, para tomar la decisión de aprobar la PolicíaRural, asegura el diputado perredista

Rosalba Ramírez García / Salvador Serna / De la corresponsalía

Chilpancingo / Acapulco/ San Marcos

El diputado federal Sebastián de la Rosa Peláez, quien es dirigente estatal de Nueva Izquierda (NI), corriente política a la que pertenece el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, llamó a los actores políticos a no utilizar el asesinato del dirigente de Unidad Popular (UP), Arturo Hernández Cardona, con fines políticos para afectar al presidente municipal o al partido.
Sin embargo, no defendió al alcalde, y en respuesta a la pregunta no quiso afirmar que Abarca sea inocente.
Sobre la aprobación de la Policia Rural, consideró que el Congreso local debió hacer las consultas “necesarias” antes de tomar la decisión e indicó que es necesario abrir el diálogo entre la UPOEG y las autoridades estatales, para llegar a un acuerdo permanente.
De la Rosa estuvo en Chilpancingo, Acapulco y San Marcos, en los módulos que se instalaron para pedir al Congreso de la Unión que  realice una consulta para definir si los mexicanos quieren que Pemex se abra a la inversión privada.
Consultado después de las 9 de la mañana, durante la instalación de módulos en el centro de Chilpancingo, se le preguntó por el testimonio de Nicolás Mendoza Villa, uno de los sobrevivientes que fue testigo del asesinato de su compañero y dirigente Arturo Hernández, y quien señala directamente al alcalde de ser quien disparó al líder social de Iguala.
El dirigente de NI afirmó que no defiende a nadie, pero insistió en que “la corriente rechaza que haya negligencia, incluso ineptitud o incapacidad de las autoridades estatales encargadas de la investigación, porque eso permite que exista manoseo político”.
Exigió al gobernador Ángel Aguirre Rivero a instruir al procurador Iñaki Blanco Cabrera, para que haga una investigación “con imparcialidad y objetividad jurídica”.
Pero también llamó a los dirigentes de la UP a que presenten sus pruebas a la Procuraduría, para que el testimonio del sobreviviente “no quede sólo en declaraciones públicas” sin ningún sentido jurídico.
Se le preguntó si en Guerrero existen las condiciones para que un sobreviviente, que acusa directamente a un alcalde de asesinar a uno de sus compañeros, acuda ante un Ministerio Público a rendir su declaración, y respondió que puede declarar en otro lugar y que no necesariamente debe de acudir al estado, y en caso de que no lo hubiera, deberían de buscar los medios de seguridad.
Dijo que no ha hablado con el alcalde perredista después de que se dio a conocer el testimonio, que no es necesario porque ya hay un procedimiento de revocación de mandato en el Congreso local contra Abarca Velázquez.
Se le preguntó cuál era su opinión respecto al testimonio, pero se negó a hablar y en cambio afirmó que esperarán a que las autoridades investiguen y que ningún actor político utilice el tema para afectar a nadie.
En la tarde, en San Marcos, donde hubo unas 200 personas, dijo que “yo siempre manifesté el interés de consultar a los pueblos, no sólo en el caso de la UPOEG o la CRAC, sino de todo movimiento social que trabaje en temas de seguridad pública, en general yo siempre creí en la consulta, que es de mucha trascendencia en Guerrero, pero también en-tiendo que la Cámara tiene un proceso legislativo, donde debió haber hecho las consultas necesarias para tomar la decisión que tomó el pasado jueves”.
Indicó que espera que la UPOEG no se cierre al diálogo, sobre todo con la Cámara de Diputados y se ofreció como interlocutor para obtener una reunión.
En Acapulco, el diputado federal dio a conocer que PRI y PAN quieren dejar fuera de la reforma política a la ley reglamentaria de la consulta ciudadana, porque “esta ley prevé que la consulta ciudadana, el plebiscito, se haría el mismo día de la elección federal, el primer domingo de julio de 2015”, dijo en un acto con motivo del inicio de la consulta pública denominada Modernizar sin privatizar el petróleo, realizada en el zócalo. En dicha consulta, por dos semanas, los ciudadanos podrán emitir su opinión por escrito sobre el tema.
“Ese es el mandato de esta ley, que si en el plebiscito participa el 40 por ciento de los ciudadanos, entonces lo que resulte de ese plebiscito es mandato para el gobierno mexicano”, insistió.
Sostuvo que “está bien que participe la iniciativa privada, pero en la exploración del petróleo solamente. Que nos diga dónde está el petróleo y que nos ayuden a extraerlo con sus empresas. Pero ahí viene la diferencia entre el gobierno y nosotros los perredistas: Que no se queden con nuestros recursos energéticos”.
Subrayó que es indispensable “que paremos este intento de retorno” a antes de 1938, cuando Lázaro Cárdenas “tuvo que rescatar el patrimonio de las manos extranjeras”.
Precisó que para que se pueda llevar a cabo la consulta ciudadana, se necesita “mínimamente el 2 por ciento de los mexicanos empadronados, solicitando que se haga ese plebiscito. ¿A cuánto equivale el padrón en este momento? A un poquitito más de un millón 632 mil 500 ciudadanos”.
Agregó que llevan ya un millón 700 mil firmas, “es decir, ya rebasamos el 2 por ciento que la ley exige”, “pero si no hay ley reglamentaria, no se hace. Por eso sácame el asunto de la ley ahora en la reforma política, precisamente, el tema de habernos levantado de la mesa del pacto, porque a lo mejor no sale la reforma energética. No, es que ellos pretenden sacar su reforma energética con la mayoría del PAN y nos quieren impedir el derecho del plebiscito, porque ya tenemos el requisito cumplido para que lo hagan”.