Tlachinollan

Doce días por la defensa de nuestra vida y nuestra libertad

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Mientras varias organizaciones sociales y civiles del estado nos reuníamos en el monumento a los caídos para dar inicio a la campaña Doce días por la defensa de nuestra vida y nuestra libertad, para exigir la liberación de 11 compañeros y una compañera de la Policía Comunitaria que  han sido encarcelados en los penales de Acapulco, Chilpancingo, Nayarit y Oaxaca, las autoridades del estado urdían su plan para aprehender al promotor de la Policía Comunitaria de Ayutla, Arturo Campos Herrera.
Este acto de solidaridad con las esposas de los detenidos resultó ser el momento más oportuno para que las autoridades mostraran  toda su aversión y maledicencia contra los promotores más visibles  de la policía comunitaria de Olinalá, Tixtla y Ayutla. Es clara la postura de confrontación y persecución del gobierno contra los ciudadanos y ciudadanas que se organizan a contrapelo de las instancias de gobierno y que apelan a la protesta para visibilizar sus demandas.
Desde el 21 de agosto hasta este primero de diciembre, la embestida de los gobiernos federal y estatal no se detiene, más bien continúan obcecados en meter a la cárcel a todos los que alzan la voz y se atreven a disentir y a increparlos. La decisión está tomada desde las más altas esferas del poder. El mensaje es claro: se trata de desmantelar a determinados grupos de la policía comunitaria y de  la policía ciudadana que han desenmascarado varios hechos delictivos que han cometido autoridades de los tres niveles de gobierno. Este atrevimiento ha orillado a los mandos militares a cercarlos, desarmarlos, desmovilizarlos y encarcelarlos. La Procuraduría se ha prestado para hacer efectiva esta estrategia belicista, utilizando figuras delictivas extremas, como el secuestro y el terrorismo, con el fin avieso de refundir en penales de alta seguridad el mayor número de años a quienes son tratados como enemigos por parte de los que ostentan el poder
Es tal la obsesión de la clase gobernante de parar a cualquier costo  el movimiento de los pueblos que luchan por sus derechos y que han constituido sus grupos de policías comunitarios o policías ciudadanos, que todo el aparato represivo se ha abocado a asediar los territorios comunitarios para impedir su crecimiento. No solo opera el frente militar y policiaco, sino también hay una trama política y jurídica para conculcar burdamente derechos conquistados. En el ámbito del poder judicial hay la consigna de darles un trato de delincuentes a las autoridades comunitarias y de ignorar la ley 701. No reconocen los derechos de los pueblos indígenas, sus formas de gobierno comunitario, sus normas, mucho menos a sus autoridades. La formación eurocentrista y racista de los jueces les impide respetar el derecho indígena como un derecho legítimo y válido con alcance internacional.
Recientemente la legislatura local recibió línea del ejecutivo estatal para hacer al vapor y de espaldas a la sociedad, una nueva Ley que crea  la Policía Rural que contraviene  al espíritu de la Ley 701 que reconoce a cabalidad el sistema de seguridad y justicia comunitaria. Los representantes de los partidos políticos lo que pretenden con esta ley es dar un golpe de timón a la Ley 701,  creando nuevos cuerpos policiacos que sean funcionales a un sistema de seguridad diseñado para cuidar los intereses económicos de las grandes empresas y  de las cúpulas políticas. Se pretende crear una policía rural reducida a su mínima expresión. Quieren transformar en topiles a policías de comunidades indígenas y campesinas, que para los pueblos tienen un alto rango, por su prestigio y porque en verdad son policías que se han ganado la confianza de la población. Esta ley busca reforzar un sistema de seguridad obsoleto donde imperan los intereses más obscuros de los grupos de poder que están muy lejos de trabajar bajo el modelo de la seguridad ciudadana. Es una ley que atenta contra los derechos de  los pueblos indígenas. Quienes la aprobaron, no tienen la calidad moral para decidir por sí solos qué modelo de seguridad y qué tipo de policía pretenden imponerles a los pueblos indígenas y campesinos, quienes han instaurado sus propios sistemas de seguridad ciudadana. Los legisladores, que nunca han mostrado cercanía ni respeto hacia los pueblos originarios, ni siquiera en los momentos más críticos que enfrentaron con las tormentas, siguen tratando a las comunidades rurales como incapaces y menores de edad, como meros entes pasivos y objetos de conmiseración, por eso determinaron crear un tipo de policía de rancho, para que no le disputen el control de la seguridad pública a las corporaciones policiacas y a sus jefes, que saben muy bien que en este campo se gestan los grandes negocios que crecen al amparo de la delincuencia organizada.
A una sola voz el corifeo legislativo se ciñó a los dictados de las Fuerzas Armadas, de poner candados a los pueblos, quienes ante la inoperancia y el fracaso del sistema de seguridad pública, se han visto obligados a organizarse para recuperar su poder como pueblos y ejercer a plenitud su derecho a contar con su sistema de justicia y seguridad. En el fondo de esta ley, subyace el interés de mantener intacto un sistema de seguridad pública que ha destrozado el tejido social y ha dejado crecer la telaraña del crimen organizado, que en la mayoría de las regiones del estado ha tomado el control de las instituciones gubernamentales. En lugar de darle mayor consistencia jurídica con la emisión de una ley secundaria que perfeccione la Ley 701, los legisladores, con una postura obcecada y perversa  pretenden abollar la Ley 701 para colocar fuera de la legalidad a todo el movimiento vigoroso de la policía comunitaria y la policía ciudadana.
Este acuerpamiento del poder Legislativo con el Ejecutivo, el Judicial es para arreciar la ofensiva contra los sistemas de seguridad de los pueblos. Todos a una voz y con el respaldo del Ejército y la Marina están a la ofensiva, buscando medrar la fuerza organizada de las policías  comunitarias. Para lograr el objetivo se ha utilizado la ley para  encarcelar a sus dirigentes y promotores más visibles.
Por otra parte, es evidente que a la clase política no le interesa la seguridad de los pueblos, más bien, ve como una amenaza que los pueblos se asuman como sujetos de derecho al construir su propio sistema de seguridad y justicia. Consideran que este modelo es un verdadero peligro para el sistema imperante plagado de corrupción, que se ha enquistado dentro de todos los espacios de la administración pública.
En este clima de violencia e inseguridad  ninguna autoridad civil ni militar es cuestionada por su actuar, mucho menos se le llama a cuentas por su colusión con la delincuencia organizada. Todos se protegen las espaldas y cuidan de sus bolsillos. La sociedad sabe cómo es el submundo de los políticos, conoce a detalle sus tropelías, sus actos delincuenciales, sus vínculos con el crimen organizado y la forma cómo actúan cuando las organizaciones sociales y sus líderes desenmascaran la perversidad de su poder y les impiden actuar con total impunidad. Esta iniquidad ha causado que varios dirigentes y luchadores o luchadoras sociales sean asesinados. Sintomáticamente las autoridades nunca logran dar con el paradero de los responsables, alentando a los mismos perpetradores a actuar con más virulencia, porque saben que en este sistema de justicia y seguridad persiste la animadversión, el sentimiento de venganza, el desprecio y hasta el odio contra los defensores y defensoras que han asumido la causa de los derechos humanos como el proyecto de su vida.
Para la sociedad guerrerense es inadmisible tolerar el alto índice de criminalidad que se ha arraigado en nuestra entidad contra los activistas sociales. Es inconcebible constatar que en lo que va de este gobierno se tengan registrados más 17 asesinatos de dirigentes sociales y que las autoridades se mantengan impasibles, sin que muestren compromiso y voluntad para investigar y contener esta escalada de ajusticiamiento. En contrapartida tenemos en menos de dos meses y medio el encarcelamiento de doce miembros de la policía comunitaria, catalogados como de alta peligrosidad. Se trata de hombres y mujeres indígenas, diez de ellos del pueblo na savi, dos de la población mestiza. Todos pertenecen al grueso de la población pobre y su delito es haber asumido el compromiso de servir a su pueblo en las tareas de seguridad y la defensa de los derechos de la colectividad.
A partir de este domingo se suma a la lista de los perseguidos y encarcelados Arturo Campos Herrera, perteneciente al pueblo na savi y promotor de la policía comunitaria de Ayutla. Las autoridades del estado, como ya es costumbre, impidieron que fuera asistido por abogados de su confianza, se negaron a proporcionar información veraz para confundir y retardar la presencia de los abogados en el momento que iba a declarar. Después de su declaración el secretario de Seguridad Pública, de manera arbitraria, impidió que se pudiera establecer comunicación directa con el acusado, violentando su derecho al debido proceso.
Nunca imaginamos, tanto la comunidad de defensores y defensoras como las organizaciones sociales y los familiares, que con el inicio de esta campaña por la libertad de los doce policías comunitarios privados de su libertad, despertaríamos la animadversión  de las autoridades del Estado. El mensaje es devastador: cárcel para todo aquél que se atreva a defender los derechos del pueblo; castigo ejemplar contra quienes defiendan y reivindiquen el sistema de seguridad y justicia comunitaria; confinamiento en penales de alta seguridad a los que asuman liderazgos comunitarios y pongan en tela de juicio el sistema de seguridad pública y el sistema de justicia del Estado. Hoy tendremos que incrementar un día más en nuestra campaña de 12 días por la defensa de nuestra vida y nuestra libertad. No sabemos cuántos días más faltarán para lo que resta del año.