Tras marcha de 5 mil, Aguirre dice que no habrá más detenidos

*Manifestación de maestros, organizaciones sociales y activistas para “contener la hostilidad” gubernamental

*Se deben esclarecer los crímenes y castigar a los culpables de los asesinatos de dirigentes sociales, plantean la CRAC, la CETEG, la OCSS y el Cecop al gobernador en una reunión

*Por la mañana el procurador había anunciado que hay más órdenes de aprehensión contra policías comunitarios por homicidio, secuestro y delitos contra la salud

*Piden dinero a cambio de liberar a sus detenidos a quienes además aplican “tratos crueles, inhumanos y degradantes”, señala Iñaki Blanco

Marchan 5 mil maestros y activistas en la capital; buscan “contener la hostilidad” del gobierno

*Se deben esclarecer los crímenes y castigar a los culpables de los asesinatos de dirigentes sociales, plantean al gobernador en una reunión. No habrá más detenciones de dirigentes, acuerda Aguirre con la CRAC, la CETEG, la OCSS y el Cecop, que tienen órdenes de aprehensión. Conmemora el Movimiento Popular Guerrerense el 39 aniversario luctuoso de Lucio Cabañas

Lourdes Chávez

Chilpancingo

En el 39 aniversario luctuoso del líder guerrillero Lucio Cabañas Barrientos marcharon alrededor de 5 mil personas entre maestros, estudiantes, colonos y campesinos que exigieron el cese a la represión a organizaciones sociales, contra la detención de integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y por que se haga justicia en los asesinatos recientes de líderes y defensores de derechos humanos.
Después de la protesta, una comisión de 26 fue recibida por el gobernador Ángel Aguirre Rivero para hablar de esos planteamientos.
El dirigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), Gonzálo Juárez Ocampo dijo que quizá en otro momento se lleven a la mesa de interlocución demandas centrales como el rechazo a las concesiones mineras, al proyecto hidroeléctrico La Parota y a las reformas estructurales del gobierno federal.
Llamó a fortalecer la unidad de las organizaciones sociales que se reagruparon en esta  marcha después de las acciones magisteriales contra la reforma educativa de marzo a mayo de este año, cuando conformaron el Movimiento Popular Guerrerense (MPG), en donde están integradas las organizaciones.
La manifestación pacífica que encabezaron los dirigentes y movimientos sindicales, sociales, políticos y estudiantiles partió a las 11 de la mañana de la glorieta Vicente Guerrero, que recién nombraron plaza Bicentenario por una nueva escultura alusiva a esos festejos.
El contingente, principalmente de maestros, avanzó por la avenida Juárez y siguió por la Lázaro Cárdenas durante poco más de dos horas, cruzó frente al Congreso del estado donde gritaron consignas contra los diputados (no hubo pintas ni agresiones al edificio) y concluyeron con un mitin en el acceso principal del Palacio de Gobierno.
En el trayecto se sumaron manifestantes, como los familiares del promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla, Gonzalo Molina González en la glorieta de Banderas e integrantes de la Organización Campesina de la Sierra Sur (OCSS) junto museo La Avispa quienes llevaban fotografías de la dirigente Rocío Mesino Mesino, ejecutada hace un mes, con la leyenda “verdad y justicia. Todos somos Rocío”. Estos se retrasaron por un incidente con la Policía Federal Preventiva en Paso Morelos.
El mayor de los bloques entre los manifestantes era de maestros que se identificaron como del ala institucional de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que se conformaron con diferentes expresiones políticas en un nuevo frente contra el secretario general, Hilario Ruiz Estrada. Se pronunciaron por la defensa de sus derechos laborales y sindicales.
La primera intervención en el mitin político fue de la Casa de justicia de El Paraíso para denunciar el “intento por descabezar a la CRAC” de los gobiernos municipales, estatal y federal que han detenido a sus representantes. Dos días antes al asesor de la Policía Comunitaria de Ayutla de los Libres, Arturo Campos Herrera, de los más activos en la demanda de libertad de sus compañeros, fue encarcelado.
Repudiaron “la política represiva del Estado”, cuyo saldo estimaron en más de 30 dirigentes sociales y estudiantes asesinados, 13 integrantes  de la CRAC en prisión y el hostigamiento permanente a las organizaciones y ciudadanos organizados.
La líder de la OCSS, Norma Mesino Mesino recriminó que ante la incapacidad de gobernar  las autoridades emprendieron una estrategia militar para contener la protesta social, cuando los problemas tienen su origen justamente en el Estado “autoritario y facista, que no ve por el empleo, la salud, el abasto y la distribución equitativa de la riqueza”.
Acusó que el gobierno tiene una lógica de guerra para contener la inconformidad social y reprime a las organizaciones sociales con estrategias de contrainsurgencia.
Del Frente de Defensa Popular (FDP), Clemencia Guevara Tejedor dijo que la marcha de unidad fue por la libertad de los presos políticos y justicia para los líderes asesinados.
De la normal rural de Ayotzinapa, que marcharon con un cuadro de Lucio Cabañas Barrientos, denunciaron que a 39 años de la muerte del guerrillero no se puede permitir que el gobierno siga callando y matando a los dirigentes y líderes sociales. Advirtieron que en adelante, “si golpean a uno nos golpean a todos”.
Del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) un enviado advirtió que así como hicieron hace 15 años con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), el cual sirvió para salvar a los bancos de la quiebra con dinero de los contribuyentes, la madrugada del 12 de diciembre los diputados federales van a aprobar las últimas reformas estructurales al artículo 27 y 18 de la Constitución. Recordó que ningún candidato en 2012, diputado, senador ni presidente dijo en campaña que iban a reformar artículos históricos que tutelan los bienes de la nación, es decir la tierra y los hidrocarburos, lo que afectará a Petroleos Mexicanos (Pemex).
Un representante del Movimiento Democrático Sindical de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) manifestó su inconformidad con la política del gobernador Ángel Aguirre y del rector Javier Saldaña Almazán, “que sigue las mismas mañas, las mismas políticas excluyentes que no vamos a tolerar”.

Las demandas

Previo a la reunión con el gobernador, Juárez Ocampo denunció que hay una política del gobierno federal, aceptada por el estatal, para contener, reprimir y sancionar la lucha social. Por eso pidieron una entrevista con Aguirre, para que se sensibilice con todo lo que está pasando y cumpla con su responsabilidad de dar tranquilidad al pueblo sin reprimir la lucha social y sin el asesinato de sus dirigentes.
Afirmó que no se iban a plantear demandas de ninguna organización, “sólo la de contener la hostilidad, esclarecer los crímenes y castigo a los culpables de los asesinatos de dirigentes sociales”.
Recordó que las autoridades envían mensajes contradictorios porque, por un lado, reciben una llamada del asesor Ernesto Aguirre Cámara de que se va a abrir el diálogo, pero un día antes detienen al asesor de la Casa da Justicia de El Paraíso, Arturo Campos Herrera para decir, “cálmense, ya no se muevan, dejen de luchar pero están muy equivocados, Guerrero tiene una historia de rebeldía y dignidad, pudieran a todos los que estamos aquí encarcelarnos, pero el movimiento del pueblo no lo van a detener”.
Independientemente de los resultados de la reunión con el gobernador, ratificó que van a marchar el 12 de diciembre con los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y el 15 de diciembre se tiene que conformar un plan de acción con las organizaciones para llevarlo al Congreso seccional de la CETEG y los maestros movilizados lo hagan suyo.

La mesa de diálogo

A puerta cerrada en Casa guerrero, pero grabada por personal de la Dirección Comunicación Social se desarrolló la reunión de acercamiento con el gobernador, el procurador Iñaki Blanco Cabrera y el secretario de gobierno, Jesús Martínez Garnelo y se acordaron dos reuniones de seguimiento.
El dirigente de la CETEG Minervino Morán Hernández indicó que el 11 de diciembre -previo al segundo aniversario del asesinato de estudiantes en el 2011- se reunirían de nueva cuenta con Aguirre Rivero, y el 16 de diciembre les daría una respuesta de las agresiones de los dirigentes sociales, según se comprometió el mandatario.
En el primer punto de la sesión se establecieron los términos del diálogo para que no haya más detenciones de líderes, pues todavía hay órdenes de aprehensión sin ejecutar contra integrantes de la CRAC, la CETEG, la OCSS y el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa  La Parota (Cecop).
Pidieron que no haya más asesinatos de líderes sociales aunque las autoridades rechazaron que los homicidios tengan carácter político, pero aceptaron que no habría más detenciones y en ese tenor se establecieron los ejes de la siguiente reunión: el derecho a la vida, la libertad, la justicia, la seguridad. También trataran las reformas estructurales.
Así, desglosaron los asesinatos más recientes, el de la dirigente de los desplazados de La Laguna, Juventina Villa Mojica y su hijo, del líder de Unidad Popular Arturo Hernández Cardona, de la OCSS Rocío Mesino Mesino y de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG), Luis Olivares Enriquez.
Minervino Morán informó que el procurador dio su argumentación en cada caso y dijo que tienen algunos retratos hablados, pero no se profundizó en los temas, que serán discutidos en la segunda reunión.
En la reunión presentaron los casos de los ecologistas desaparecidos, Eva Alarcón Ortiz y Marcial Bautista Valle y el encarcelamiento de 13 coordinadores, comandantes, consejeros y policías comunitarios de la CRAC.
El gobierno del estado reiteró su posición sobre los presos políticos de la CRAC que fueron aprehendidos por delitos del fuero común y federal, y sobre la oposición a las reformas educativa, fiscal y energética, el gobernador insistió en que no es su competencia, pero se incluyeron en el formato de la mesa de diálogo.
La siguiente reunión será el miércoles de la siguiente semana a las 10 de la mañana en el Palacio de Gobierno con una mesa técnica y política, para analizar caso por caso de los detenidos y las órdenes de aprehensión contra los dirigentes sociales.
El 16 de septiembre, en Casa Guerrero se analizaría a profundidad cada punto de la agenda y ahí les darían alternativas de solución.
Morán Hernández dijo que también demandaron que no se diera un uso sesgado a las fotografías de las autoridades con los dirigentes sociales, porque se establecieron mesas de trabajo independientes con cada organización para atender las demandas particulares de cada sector.
Recordó que antes de esta marcha la CETEG comenzó un diálogo con las autoridades para tratar los asuntos de la organización magisterial, asimismo los sindicatos aglutinados en Frente Único Estatal de Representantes Sindicales Autónomos (FUERSA) y la OCSSS, “pero eso no quita la importancia de esta mesa, donde no tocamos ni vamos a tocar asuntos del orden particular, sino lo central”.
Agregó que este diálogo es parte de la lucha que comienza pero si no hay una respuesta favorable tendrán que venir las grandes movilizaciones. Reconoció que no sería válido que alguna organización se retirare del movimiento por presiones del gobierno, “se les ha pedido que no se dejen dividir ni condicionar, y cada organización tiene autonomía para acercarse al gobierno estatal”, que finalmente es el interlocutor en la entidad.

Hay más órdenes de aprehensión contra comunitarios, advierte el procurador

*Iñaki Blanco les atribuye delitos de homicidio, secuestro y contra la salud. No respetan el debido proceso para los detenidos y piden dinero a cambio de su liberación, acusa. Afirma que también aplican “tratos crueles, inhumanos y degradantes”. A Arturo Campos Herrera lo acusan sus propios compañeros, afirma. Quienes “bajo el supuesto de una lucha social han violentado la ley”, recibirán la aplicación de la ley, advierte el vocero del gobierno

Daniel Velázquez

El procurador Iñaki Blanco Cabrera confirmó que hay más órdenes de aprehensión contra otros integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
El funcionario acusó a la CRAC de no seguir el “debido proceso” en el caso de los detenidos que somete a proceso de reeducación, y sostuvo que la Ley 701 no la faculta para someter a menores de edad.
En conferencia de prensa en las oficinas de la Promotora Turística (Protur) en Acapulco, el procurador confirmó la aprehensión del promotor de la CRAC de la Casa de Justicia de El Paraíso, Arturo Campos Herrera.
Asimismo, presentó los retratos hablados de cuatro hombres señalados como los presuntos homicidas de Juventina Villa Mojica y su hijo Reynaldo Santana Villa, y dijo que las declaraciones notariadas del sobreviviente de la Unidad Popular, Nicolás Mendoza Villa, carecen de valor probatorio pleno.
Por primera vez la conferencia del procurador no estuvo limitada a un determinado número de preguntas ni a leer un informe sin permitir preguntas, como ocurría anteriormente, pero se concretó sólo a los casos que llevaba estructurados.
Cuando se le preguntó sobre el avance de las investigaciones del caso de la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Rocío Mesino Mesino, Iñaki Blanco dijo que se abordaría en una próxima conferencia pero no especificó una fecha.
Minutos después de las 9 de la mañana, dijo que el delito del que se acusa a Campos Herrera es el de secuestro agravado, que el representante de la CRAC está recluido en la cárcel de Acapulco y que ya había rendido su declaración ante el juez.
A esa misma hora expresó que no sabía si Arturo Campos sería trasladado a una prisión fuera del estado, porque esa decisión le correspondía a la Secretaría de Seguridad Pública del estado, pero el coordinador de Casa de Justicia de El Paraíso ya había sido trasladado desde la medianoche al penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el estado de México.
“El señor quedó a disposición del juez y ya rindió declaración preparatoria en el puerto de Acapulco, desconozco si la Secretaría de Seguridad Pública, que es la autoridad ante la cual queda en calidad de depósito, resguardo, vaya a solicitar su traslado y eso, bueno, tendrían que preguntárselo al titular de esa dependencia”, dijo Iñaki Blanco.
Sin precisar cuántas ni contra quiénes, el procurador confirmó que aún hay órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar contra integrantes de la CRAC por los delitos de homicidio, secuestro y delitos contra la salud, las cuales dijo no sólo son acusaciones de algunas víctimas sino que algunos de los policías comunitarios detenidos han confesado esos delitos.
Explicó que la detención de Arturo Campos fue porque la Procuraduría recibió “diversas denuncias interpuestas por familiares de personas que fueron víctimas de secuestro”, razón por la que iniciaron las investigaciones, y cuando consiguieron la “evidencia necesaria” para acreditar los delitos obtuvieron las órdenes de aprehensión y el domingo la Policía Investigadora Ministerial detuvo a Campos Herrera en Chilpancingo.
Dijo que la situación jurídica del promotor de la Casa de Justicia de El Paraíso la definiría el juez que lleva la causa.
Sin pregunta de por medio el procurador dijo que “los defensores” de los policías comunitarios lo acusan de “tirar linea” para que las víctimas señalen a los policías comunitarios, pero “las declaraciones que rindieron estas personas víctimas del delito fueron libres y espontáneas, que además de las declaraciones de víctimas del delito, esto es aquellos que resienten directamente una afectación en su persona, tenemos declaraciones de los propios integrantes de la Policia Comunitaria en la que se señala una serie de imputaciones en contra de distintas personas, entra otras del señor Arturo Campos Herrera”.
Agregó que durante los días que los policías comunitarios estuvieron arraigados no presentaron un solo elemento de prueba para justificar los procesos de reeducación en que se encontraban sus detenidos.
“No se presentaron los supuestos expedientes que se dice existían en su contra, y lo más importante, no se presentó una sola víctima de los delitos que dicen cometieron estas personas”, dijo el procurador.
Agregó que la Policía Comunitaria no respetó el debido proceso, porque a las personas en reeducación “no se (les) concedió la garantía de audiencia, no se desahogaron pruebas de descargo, no hubo oportunidad de que hicieran valer su derecho a la defensa, esto es ser oportuna, eficiente y razonablemente escuchados, antes, durante y después de un juicio no pudieron interponer en su caso un recurso de revisión, impugnación, contra la resolución que determinó fueran sujetos a una medida de reeducación”.
Añadió que ningún artículo de la Ley 701 ni del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo faculta a la Policía Comunitaria a “pedir dinero” a cambio de la liberación de las personas en proceso de reeducación, ni prevén “castigos que se traducen en tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
Al preguntarle por qué se les acusa de secuestro cuando ejercían la acción de reeducación que se prevé en la Ley 701, Blanco Cabrera reiteró que la Policía Comunitaria no respetó el debido proceso e incurrió en irregularidades, como no presentar los expedientes de las personas en proceso de reeducación.
“Esa ley (la 701), que se entiende está para resolver conflctos entre comunidades, entre pueblos indígenas y entre sus integrantes y terceros, en ningún momento se dice que no se puedan respetar sus derechos o desahogar pruebas de descargo, cosa que no se hizo, reitero, ¿dónde están los expedientes?, donde conste que sí se hizo esta situacion, no hubo derecho a que ellos se defendieran de manera oportuna, eficiente y razonablemente, y reitero, también la Ley 701 y si estoy en lo incorrecto corríjame, en ningún artículo prevé que se pueda solicitar dinero para que las personas sujetas a una medida de reeducación puedan recobrar su libertad, tampoco prevé que se les impongan castigos que se traducen en tratos crueles o degradantes, menos aún la Ley 701 prevé que se pueda detener o imponer una medida de reeducación a menores de edad”, dijo el funcionario.
Abundó que la Ley 701 no ampara a los policias comunitarios por los delitos cometidos.
“Lo hecho por estas personas constituye un delito en términos de lo que prevén los artículos 9 y 10 de la Ley General para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Secuestro, en el momento mismo en que estas personas solicitaron dinero para que quienes estaban sujetos a una supuesta medida de reeducación recobraran su libertad, se actualizan los supuestos previstos por esa ley y en consecuencia estamos en presencia de un delito que se llama secuestro agravado”, sostuvo.
­–¿Qué pruebas tiene la Procuraduría de que los policías comunitarios solicitaron dinero a cambio de la libertad de los detenidos, sólo las declaraciones de quienes estaban en proceso de reeducacion? —se le preguntó al procurador.
–No sólo son los testimonios de las víctimas, ellos mismos en tanto integrantes de la denominada Policía Comunitaria aceptan haber pedido dinero, aceptan que a algunos de ellos les daban instrucción para que se impusieran castigos a las víctimas, es más, algunos de ellos están confesos.
–¿Por que la Procuraduria pide a comunidades indígenas el debido proceso si la propia Procuraduría no lo cumple?
–Dice usted que la Procuraduría no lo cumple, bueno, si no lo cumple me gustaría que lo hicieran público, que lo denunciaran a efecto de que nosotros determinaramos lo que corresponde conforme a derecho.
–Los casos existen, las detenciones sin órdenes de aprehension, los allanamientos a casas sin órdenes de cateo.
–Dígame usted uno en particular, y bueno, damos información sobre ese asunto, no especulemos, no abonemos a la suspicacia, no descalifiquemos, estamos aquí para tratar un asunto en lo particular.

Advertencia contra luchadores sociales

Al principio de la conferencia el vocero del gobierno del estado, José Villanueva Manzanarez, advirtió que “aquellos que bajo el supuesto de una lucha social han violentado la ley, el derecho de los demás, recibirán invariablemente la aplicación de la ley”.
El vocero acompañó al procurador a la conferencia de prensa las oficinas de la Promotora Turística (Protur), donde leyó un mensaje para justificar las aprehensiones contra los luchadores sociales.
Dijo que “el gobierno del estado ratifica que todas sus acciones están basadas en la ley, que como obligación fundamental para garantizar el Estado de derecho, es que gobernantes y gobernados nos rijamos por ordenamientos constitucionales”.
“Así lo ha venido haciendo el gobierno que encabeza Ángel Aguirre Rivero, pero hay quienes bajo el pretexto de salvaguardar la integridad de comunidades y aduciendo defender derechos colectivos de los pueblos, se alzan como policías comunitarias, portan armas, algunas veces de las prohibidas por la ley, sin registrarse ni portar la credencial que se les ha pedido y muchas veces buscando la confrontación con las autoridades legalmente constituidas”, señaló Villanueva.
“El gobierno de Ángel Aguirre no criminaliza ni persigue la lucha social, por el contrario, alienta a quienes la siguen con propósitos de desarrollo y de buscar el bien común para sus comunidades, el de buscar que sus formas comunitarias de organización contribuyan al desarrollo, a la paz y a la gobernabilidad, aquellos que bajo el supuesto de una lucha social han violentado la ley, el derecho de los demás, recibirán invariablemente la aplicación de la ley”, advirtió.