Acusa Figueroa Smutny al MPG, la CRAC y la UPOEG de estar detrás del nuevo grupo

*Su aparición es una reacción a la Policía Rural, sostiene el diputado local del PRI. Es consecuencia del atraso y abandono gubernamental, dice el perredista Bernardo Ortega

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local, Rubén Figueroa Smutny, afirmó que los integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) y la UPOEG están detrás de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Liberación del Pueblo (FARLP) y que son una reacción a la creación de la Policía Rural que el jueves pasado el Poder Legislativo aprobó a propuesta del gobernador Ángel Aguirre Rivero.
El grupo armado surgió el lunes pasado en la Costa Chica y Montaña y realizó un llamado a tomar las armas como respuesta a la violencia ejercida por el gobierno estatal federal y estatal contra la sociedad.
El diputado priista afirmó que el nuevo grupo guerrillero es una reacción de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), tras la aprobación de la nueva corporación auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, las FARLP son “una consecuencia”.
Además de que afirmó que el grupo tiene como objetivo “desestabilizar” al estado y evitar que los grupos de autodefensa “se encuadren en un marco jurídico”.
El diputado señaló que “son los mismos grupos anarquistas” los que están detrás de la nueva agrupación armada.
Se le preguntó quiénes eran esos “mismos” y el priista afirmó que son quienes “destrozaron los partidos”, en referencia al MPG, que arremetió contra las oficinas de los partidos políticos que se negaron a aprobar una reforma a la ley estatal de educación en la que se garantizara la educación gratuita.
Y afirmó que “hay miembros de todos, hay gente muy radical en esos movimientos, en política las casualidades no existen, se me hace muy raro que ocho días después de que se aprobó la ley para regular a las autodefensas salga un supuesto grupo armado para desestabilizar al estado y al gobierno de la República”.
El diputado priista, hijo y nieto de los ex gobernadores Rubén Figueroa Alcocer y Rubén Figueroa Figueroa, afirmó que en Guerrero ya no hay condiciones sociales que justifiquen la aparición de un grupo armado.
Argumentó que el gobierno federal realiza “una inversión importante en el ámbito social”, pero reconoció que esto fue a partir del paso de la tormenta tropical Manuel.
Dijo que “los grupos guerrilleros crean conflictos sociales donde no los hay, para desestabilizar al estado y provocar muertes y víctimas inocentes”.
Y continuó: “yo creo que el camino de las armas y de la desestabilización nunca será el correcto, porque ya en Guerrero hemos sufrido mucho por estos grupos y hay víctimas inocentes causadas por ellos”.
Inclusive Figueroa Smutny dijo que el nuevo grupo tiene similitudes con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), y los exhortó a “despojarse de las capuchas, dejar las armas y presentar formalmente sus demandas”.
En el mismo tema el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso, el perredista Bernardo Ortega Jiménez, justificó el surgimiento de las FARLP al considerar que existe atraso y abandono gubernamental en la entidad, y convocó al grupo al diálogo.
Pero argumentó a favor del gobierno estatal demandando más apoyo de la federación, pues “el surgimiento de este grupo armado no hace ver a Guerrero como un estado fallido, sino como un estado en el que hay pobreza y marginación, puede que ese sea el reclamo”.
Llamó al gobierno federal y estatal a escuchar y atender las demandas de las FARLP, porque reconoció que los programas federales nos son de impacto en las comunidades marginadas para combatir la pobreza y así evitar el surgimiento de expresiones populares de inconformidad.
“Este problema no es de ahorita, hace años que Guerrero vive un retraso enorme y más ahora con los daños que dejaron las tormentas Manuel e Ingrid, por eso pido que el gobierno federal voltee los ojos hacia este estado y traiga recursos que vayan directamente al desarrollo social, eso es lo que hace falta”, insistió.
Exhortó también a la federación y el estado a reforzar la seguridad, “que hagan lo que tengan que hacer, lo que les obliga la ley”.

Es un “chantaje” la demanda del aspirante a contralor del IEEG, dice Ortega

En otro problema, Bernardo Ortega Jiménez afirmó que al Poder Legislativo no le “asusta” la impugnación que el?jefe de la Unidad de Transparencia del Instituto Electoral del Estado de Guerrero (IEEG) y aspirante a contralor interno del órgano electoral, Luis Emilio Sarabia Castrejón, presentó ante el?Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), porque afirmó que es un asunto político.
La denuncia que interpuso el aspirante mantiene detenido el proceso de selección del nuevo contralor, sin embargo el diputado priista afirmó que Sarabia Castrejón fue dejado fuera porque “seguramente no cumplía con los requisitos”.
El jefe de la Unidad de Transparencia del Instituto Electoral del Estado de Guerrero (IEEG) y aspirante a contralor interno del órgano electoral, Luis Emilio Sarabia Castrejón, aseguró que la designación del nuevo contralor del organismo se ha detenido hasta que el Trife resuelva la denuncia que interpuso, en la que impugna este proceso.
Denunció que fue excluido de la lista de aspirantes que cumplieron los requisitos, a pesar de que los tiene todos en orden y no le notificaron en tiempo y forma cuál fue el requisito con el que no cumplió.
El diputado perredista dijo que “seguramente” el aspirante no cumplió con algún requisito, pero dijo desconocer cuál fue, pero que el Congreso local ya respondió a la impugnación.
Sostuvo que en realidad la impugnación tiene fines políticos, “si alguien lo está enviando ya ni modo, pero no vamos a aceptar chantajes de esa naturaleza”, pero se negó a especificar a quién se refería.
Argumentó que “hicimos de manera limpia y escrupulosa la selección de candidatos”, y dijo que nombrarán al nuevo contralor cuando “bajen las aguas a su nivel”.
Afirmó que no les asusta la impugnación porque al ser un caso político se solucionará.