Por criterios políticos llevan fuera del estado a los detenidos, reconoce funcionaria de Seguridad Pública

Por criterios políticos, llevan fuera de Guerrero a los detenidos, reconoce Seguridad Pública

*Desestima la directora de Reinserción Social el informe de la CNDH que reprueba al sistema penitenciario de la entidad, “en ocasiones mandan cuestionarios para que se llenen. No van a todos los estados”, dice

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La directora general de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil (SSPPC), María Josefina Jaime Quiroz reconoció ayer que los detenidos que son trasladados a otros penales del país es por criterios políticos, no porque no haya garantías de seguridad en los de Guerrero.
En declaraciones al inaugurar la Feria Estatal Artesanal 3013 en la plaza Primer Congreso de Anáhuac de esta capital, la funcionaria dijo que es difícil superar las condiciones de los centros penitenciarios del estado, en referencia al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2012 que dio a conocer la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el 19 de noviembre pasado, en el que reprobó a Guerrero en materia penitenciaria  con una calificación de 5.7.
Agregó que le gustaría saber si para elaborar ese informe la CNDH revisó los penales, “porque luego mandan cuestionarios solamente para que se los regresen ya elaborados”, y añadió que de ser así, sería un “tanto aventurado” el informe.
En cuanto al traslado de los reos a otros penales del país, que el gobierno del estado ha dicho que es por la inseguridad de los de Guerrero en los casos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), expresó que “en ocasiones esas son determinaciones dependiendo del delito, quienes están a disposición del gobierno federal, se puede llevar a sus internos en el momento que ellos decidan”.
-Pero estos son del fuero común, ­-le recordó el reportero.
-Pues ya saben, son situaciones con criterios políticos.
En cuanto al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2012 dela CNDH que calificó a Guerrero con 5.7 y ubicó al estado en el lugar 21 de las 32 entidades federativas y el Distrito Federal, en cuanto a los aspectos de garantía de la integridad física y moral del interno, garantía a una estancia digna, condiciones de gobernabilidad, reinserción social del interno y grupos de internos con requerimientos específicos, la funcionaria dudó que haya venido el personal del organismo a revisar físicamente los penales, aunque la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) informó que acudió.
De las observaciones graves que el organismo nacional detectó en los penales de la entidad dijo que hay áreas de privilegios, objetos y sustancias prohibidas e internos que ejercen violencia o control sobre el resto de la población”.
La CNDH destacó, por otra parte, que hay cobros de los internos para el mantenimiento de los dormitorios, uso del teléfono y no realizar labores de limpieza.
Al respecto la directora de Reinserción Social dijo, “no a todos los estados van, si no que en ocasiones mandan cuestionarios para que se llenen. No van a todos los estados. Yo quisiera saber si ellos vinieron personalmente a hacer la supervisión”, dijo.
Aclaró que cuando se realizó la revisión ella aún no estaba a cargo del Sistema Penitenciario del estado, “y no puedo decir si vinieron, en ocasiones sí considero que sea un tanto aventurado el informe, si es que no vinieron”.
-En el informe se dice que realizaron la revisión en los penales de Acapulco, Chilpancingo e Iguala, -le mencionó el reportero.
-Desconocía, yo no estaba incorporada acá, pero es cuestión de ver si efectivamente vinieron porque en ocasiones no van a visitar los centros, sino que solicitan que uno llene los diferentes cuestionarios y se los envían, pero se debe verificar si en verdad asistieron.
Reconoció que  “debemos de entender que es difícil, porque estamos bajos en infraestructura y se requiere de tener los suficientes espacios, pues ahorita estamos con sobrepoblación, situación que resulta difícil de solucionar de momento, pero no somos el único estado, son más, aunque hay que decir que eso no es ningún consuelo”.
Aseguró que la dependencia trabaja en la revisión de los expedientes de los internos que se encuentran en tiempo de recibir un beneficio de libertad, para “despresurizar” los penales.
Explicó que los internos que recibirán en este diciembre la libertad son aquellos que han cumplido con el 50 por ciento de su condena, que estén acusados por delitos no graves, que hayan estudiado o trabajado, o que participen en actividades culturales y deportivas.
Jaime Quiroz explicó que ella viene del Sistema Penitenciario del Distrito Federal, en donde sí hay infraestructura, personal y recursos, lo que dijo que no encontró en Guerrero.
Informó que se están estableciendo los perfiles de peligrosidad de los internos y la separación entre líderes y seguidores, lo que implica una clasificación para ubicarlos dentro de áreas especiales dentro de los penales, y para eso dijo que ya están trabajando en la infraestructura para albergarlos.
La funcionaria informó que la sobrepoblación penitenciaria, que es otro de los problemas que detectó la CNDH, es de aproximadamente el 30 por ciento, que implica mil internos más de la capacidad de los penales.

Debe imperar la legalidad sobre la política, dice la Codehum de los presos de la CRAC

El coordinador regional de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno opinó que en la detención de dirigentes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) debe imperar la integración de una averiguación previa por encima de una cuestión política.
Consultado por reporteros durante la toma de protesta del nuevo comandante de la Novena Región Militar, Martín Cordero, declaró que la Comisión está en contra que a un presunto delincuente lo califiquen de alta peligrosidad si todavía no hay una sentencia de un juez.
“Esperamos que todas las detenciones se ajusten a la ley, el debido proceso debe imperar por encima de cualquier cuestión o de acciones políticas y esperemos que el debido proceso impere y que detrás de cada detención haya una integración de averiguación previa que reúna todos los requisitos que marca la ley y la propia Constitución”, dijo.
Cuando se le preguntó respecto a que el dirigente de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Arturo Campos Herrera haya sido trasladado a un penal de máxima seguridad respondió que el gobierno federal tiene esa facultad, la de designar un penal de internamiento.
Atajó que el organismo que representa está en contra de “adjudicar a un presunto delincuente la alta peligrosidad, sobre todo cuando está pendiente la definición de un juez en una sentencia, si es responsable o no”.
Dijo que desconoce el caso de la dirigente de la CRAC, Nestora Salgado porque no ha visto los expedientes, que sabe de los hechos por lo que se ha publicado en los medios de comunicación, por eso es que “existe la posibilidad de promover un amparo en cuanto hay una ley violada”.
Al respecto, el esposo de la comandanta encarcelada en Tepic Nayarit denunció que la obligan a dormir en una habitación en la que siempre está encendida la luz, le dan agua sucia para beber, no le permiten hablar con las demás reclusas y la hacen vestir con ropa de varón.
Ayer, el coordinador del organismo, agregó que los reclusorios deben estar equipados para tener a mujeres en un espacio y a los hombres en otro, así como a los sentenciados con los que están en proceso, “lamentablemente todavía está en proceso en el estado y la Comisión Nacional ha hecho pronunciamientos respecto a esa carencia y es violatorio a los derechos todo lo que este contrario a la ley”.  (Aurora Harrison).

El Jurídico de CAPAMA presentó la  demanda contra él y opositores: Suástegui Muñoz

Mariana Labastida

El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, dijo que el alcalde Luis Walton Aburto maneja un doble discurso porque ya comprobaron que fue el jefe del Departamento Jurídico de la CAPAMA, Fidel Gutiérrez, quien puso la denuncia contra él y otros opositores.
El vocero indicó que los integrantes del Cecop aceptarían el diálogo con el alcalde sin represión, y lo convocó a cumplir con la reconstrucción de los pueblos.
Consultado vía telefónica con respeto a la postura del gobierno municipal, que negó que pretenda desactivar o confrontar al Cecop, así como que haya puesto una averiguación previa contra los opositores, Suástegui Muñoz dijo que, sin precisar quién, les confirmaron que a través de la CAPAMA, el encargado del despacho jurídico Fidel Gutiérrez Acevedo, puso la averiguación previa y que fue comprobado ayer cuando se realizaron los primeros alegatos.
Aunque no precisó el delito y sólo indicó que abogados del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlalchinollan, fueron a la diligencia y le confirmaron de la denuncia.
Indicó que les extraña “la hipocresía, el doble discurso que maneja el alcalde, yo creo que ya lo desenmascaramos, ya no puede negar que él también está a favor de la presa La Parota”.
Reiteró que aceptarían el diálogo con el gobierno municipal si es sin represión, “primero tiene que retirar la orden de aprehensión, cumplir con la reconstrucción de los pueblos y dejar el doble discurso”.
Dijo que a Walton Aburto “parece que se ha pegado mucho con (Ángel) Aguirre Rivero, manejan el mismo lenguaje, el mismo discurso, aparenta ser una persona cuando son represores los dos”.
Suástegui Muñoz insistió en que es mentira que se lleve ayuda a las comunidades, son “migajas”, que cuando visitó Salsipuedes el propio alcalde manifestó que llevaban ayuda que llegó del gobierno federal pero no del municipio.
Puntualizó que el alcalde se reúne con los comisarios para entregarles obras gestionadas con anterioridad a la contingencia por la lluvia, pero que no son para solucionar los daños provocados por el desfogue de la presa La Venta, además de condicionar a los comisarios.
Dijo que la secretaria general Magdalena Camacho Díaz los ha condicionado “a cambio de que no hagan protestas ni se quejen ni hagan pasar rídiculo al alcalde y eso sí se llama chantaje, no son políticas de izquierda para apoyar a los Bienes Comunales de Cacahuatepec”.
Agregó el opositor que les han pedido a los comisarios que no acudan a las reuniones del Cecop, por lo que insistió que “se tiene un claro interés en desintegrar nuestra organización”.