Confirma lo dicho por Peña Nieto que la reforma educativa sí infringe la Constitución: CETEG

*El vocero de la organización considera que la nueva normatividad de la SEP será reducida, como está ocurriendo en otras entidades de la República

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El traslado hacia los estados de la aplicación de la reforma educativa, confirma que la federación se entrampó en un marco de ilegalidad, porque infringe derechos consagrados en la Constitución, como el contrato base, el derecho al empleo, de inamovilidad y el escalafón, denunció vocero de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), Román Meynardo López Pachuca.
En consulta telefónica sobre el convenio que firmó el presidente Enrique Peña Nieto con los gobernadores, entre ellos Ángel Aguirre Rivero, para asumir las disposiciones de la Ley General del Servicio Profesional Docente, que incluye las sanciones por tres ausencias injustificadas a los centros de trabajo, dijo que lo importante ahora es garantizar la permanencia de las prestaciones.
Consideró que la nueva normatividad de la Secretaría de Educación Publica (SEP) será reducida, como está ocurriendo en otras entidades de la República. En tanto, la CETEG y el movimiento nacional contra las reformas estructurales, llamaron a la desobediencia de las leyes que consideran injustas.
Sobres las prestaciones, indicó que en Guerrero los maestros tienen 90 días de aguinaldo (la federación sólo cubre 40), un bono a la constancia el 15 de mayo, otro para el personal de apoyo, entre otros, que se deben conservar.
Pero aclaró que los 50 días adicionales de aguinaldo que reciben los trabajadores de la educación, se toman de un fideicomiso de los trabajadores que ahora se llama Plan Flexible de Rendimientos, antes Plan del Previsión Social (PPS), “por eso no se ventilan a los cuatro vientos los resultados de las auditorías que supuestamente están aplicando”.
En este sentido, denunció que es mentira que todo el dinero de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) se va en salarios y prestaciones, “son como los coliseos de política privatizadora, que ahora pretende echarle la culpa al maestro de todos los males del país”.
Insistió en que los maestros de México son los más mal pagados entre los países de la  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y si las autoridades realmente tuvieran voluntad de mejorar la educación, aumentarían la inversión en este rubro, pero es el equivalente de un país tan pobre como Vietnam, sin recurrir a medidas de premio y castigo.
De la nueva normal del Servicio Profesional Docente, indicó que en Yucatán, el primer estado que modificó su ley estatal de educación después de la publicación de las reformas, se preservaron todos los derechos señalados en la Constitución.
Dijo que contrario a lo que dice la ley General de Servicio Docente en un artículo transitorio, que serán removidos los trabajadores que no aprueben las evaluaciones a otras áreas del servicio público, en Yucatán dice que si hay cambios, serán dentro del dentro del servicio educativo.
Asimismo, se conserva el derecho al trabajo, en y caso de que se remueva una persona, será respetada su categoría y salario. Destacó que eso fue resultado de la oposición y las movilizaciones contra la reforma educativa, que tuvo menos difusión que la de Guerrero, pero que generó una gran efervescencia de inconformidad.
Indicó que la posición de la CETEG siguen siendo de inconformidad, “independiente si el charrismo sindical dice que está dando la cara por los trabajadores”.
Consideró que de alguna manera el gobierno federal “trata de lavarse la cara, diciendo ya hicimos las reformas, y nosotros apoyamos a gobiernos locales para el buen funcionamiento en eficiencia y cumplimiento de las leyes”.
No obstante, señaló en los estados tienden a hacer ajustes a esa legislación, para que se apeguen a las condiciones de sociales, económicas y geográficas en la entidad.
Consideró que en Guerrero, “las deficiencias” de la Ley Estatal de Educación que reformó endurante el movimiento magisterial, deben superar incluso a la legislación de Yucatán, sobre el respeto a derechos fundamentales y universales, en especial al trabajo y a un ingreso económico para el sustento de las familias.
Insistió en que la Ley de Educación de Guerrero, dejó en tela de juicio la gratuidad de este derecho, porque los diputados no tuvieron alcance para legislar de acuerdo con las necesidades del estado.
Indicó que la Ley Estatal de Educación no refleja un avance sustancial de infraestructura y equipamiento, de formación continua de los maestros, ni desarrolla una política de cobertura a los sectores más desprotegidos. Insistió en que los docentes deben estar dedicados al trabajo académico de los alumnos, no en los trámites de servicios con los padres de familia, que llaman autonomía de gestión.
Sobre la separación del trabajo por tres faltas injustificadas a los centros de trabajo, aclaró que aún está en la discusión nacional y en el movimiento de Guerrero, “y veremos de qué manera, y con qué estrategias de luchas podamos revertir esos efectos”, ya que la organización convoca a la movilización como método de lucha.
Pero, estimó que ese punto quedará en segundo termino, cuando con los gobiernos se incluya un acuerdo de mejora sistemática de la educación.