Denuncian empresarios más secuestros y casos de extorsión en Chilpancingo

*Tenemos temor no sólo por la delincuencia, sino por el gobierno”, afirma una empresaria. Pagó 900 mil pesos a un grupo de sicarios para que su empresa pudiera trabajar, relata un industrial. “El gobernador nada más nos cotorrea, es una gente muy amable, muy cordial y muy simpático, pero no da resultados”. Se reúnen con el diputado Rubén Figueroa Smutny, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso

Fernando Hernández

Chilpancingo

Empresarios aglutinados en el capítulo Chilpancingo de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) denunciaron ayer nuevos casos de extorsiones y secuestros en su contra por parte del crimen organizado.
Durante un desayuno al cual asistió como invitado el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del estado, Rubén Figueroa Smutny, los empresarios dijeron que este año habrá de ser recordado por el incremento en los hechos de violencia, secuestros, levantones y el cobro de piso que para este sector se ha convertido en una suerte de un impuesto más que tienen que pagar so pena de ser asesinados.
Figueroa fue cuestionado por los empresarios sobre las actividades de grupos de autodefensas en el estado, así como por los alcances de la recién creada Policía Rural y en torno a la infiltración de la delincuencia organizada en los cuerpos de seguridad pública como las policías municipales y la Policía Estatal, además del surgimiento de un grupo de guerrilleros en la Montaña autollamado Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo (FAR-LP).
A las preguntas?de los empresarios, Figueroa dijo que el nacimiento de grupos de autodefensa en los municipios del estado este año se debió a la incapacidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno para brindar seguridad, pero “no podíamos tolerarlas por mucho tiempo”, por lo que fueron aprobadas las reformas a la Ley General de Seguridad Pública del Estado de Guerrero mediante las cuales se creó la Policía Rural.
Reconoció un incremento en la escalada de violencia en el municipio de Chilpancingo y que las acciones del Operativo Guerrero Seguro (OGS) destinadas a combatir de la inseguridad han fracasado.
Relacionó la aparición de la nueva guerrilla, de la que no se tienen antecedentes, con grupos que abiertamente se han opuesto a la creación de la Policía Rural: “Nos quisieron presionar y al no conseguirlo sale que nace un nuevo grupo armado, yo no creo en las casualidades”.
Al inicio de la reunión, la coordinadora de la Comisión de Seguridad Pública en el Coparmex Chilpancingo, María Luisa Vargas Mejía contextualizó que particularmente este año habrá de ser recordado por los empresarios de la capital por el incremento en los hechos de violencia, secuestros, levantones así como el cobro de piso que para este sector se ha convertido en una suerte de un impuesto más que tienen que pagar a los grupos del narco so pena de ser asesinados.
La propia empresaria relató que su hija fue víctima de un intento de secuestro, y a pesar de que ha llevado ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) retratos hablados de los atacantes, no se ha avanzado en las investigaciones.
Agregó que lo único que han encontrado ante los llamados que han hecho a las autoridades ha sido “desilusión”.
“Tenemos temor no sólo por la delincuencia, sino por el gobierno. El acoso ha sido fuerte también por parte del gobierno”, agregó María Luis Vargas, quien también es una de las dirigentes del sector de las maquiladoras en el estado.
El empresario de la industria de la masa y la tortilla, Abdón Hernández, hizo el reclamo de que en el pasado mes de mayo fue secuestrado y todavía sigue pagando el dinero que se vio obligado a pedir prestado para pagar su rescate.
Y el industrial de la extracción de material pétreo, Adrián Alarcón, le reclamó que en la “Coparmex y otras organizaciones tenemos simpatía con quienes defienden su familia, pero no la tenemos por quienes por omisión nos tienen en este estado de indefensión”.

Nosotros hacemos leyes

En sus primeras intervenciones, Figueroa Smutny mencionó que en el Congreso local “lo que hacemos es crear las condiciones, por medio de leyes, para que las instancias puedan hacer su trabajo”.
Explicó lo que para él generó el surgimiento y reactivación del fenómeno de las autodefensas que se registró desde el mes de octubre del año 2012: “Las autodefensas surgen ante la desesperación de la gente y ante la incapacidad de las autoridades” para garantizarle seguridad.
Agregó que “antes –este fenómeno— no se había visto y como todos los cuerpos que surgen sin orden, estos ?estaban infiltrados por la delincuencia”.
En alusión a la Casa de Justicia de El Paraíso, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, mencionó que “estaban violando varias de las garantías, en Ayutla se detuvo a 30 personas y las tuvieron retenidas por tres semanas, por casi un mes”.
Entonces recordó que la CRAC entregó a sus detenidos de la Casa de Justicia de El Paraíso al Ministerio Público y “pasó que todos ellos se ampararon porque se violaron sus garantías individuales, así como sus derechos a un debido proceso, y con estos elementos y con un amparo todos fueron liberados a pesar de ser delincuentes confesos”.
Por eso “en el Congreso sacamos la ley con la que estos grupos se van a agrupar en la Policía Rural. Y ahora vamos a saber quiénes son y en dónde están y se les va a meter a la capacitación y no se van a poder mover armados más allá de los límites” de las comunidades a las que estarán adscritos, manifestó.
El diputado dijo a los empresarios que la creación de la Policía Rural “va a traer orden y al ser este cuerpo formado por vecinos y encabezados por sus comisarios, ellos van a tener la información de quienes podrían estar relacionados con la delincuencia, y de esta manera –los presuntos delincuentes— serán entregados ?al MP y será más difícil que puedan salir bajo el argumento de un amparo y de que fueron violados sus derechos”.
“A muchos no les gustó que se aprobara la creación de la Policía Rural, a la CRAC y la UPOEG (Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero), y decidieron que no iban a acogerse a la ley 281, pero sacamos la ley a pesar de las presiones”, sostuvo
Entonces manifestó que “nos quisieron presionar y al no conseguirlo, sale que nace un nuevo grupo armado. Yo no creo en las casualidades”.
Figueroa aludió al fracaso del Operativo Guerrero Seguro y a la ineficacia de otras estrategias de seguridad impulsadas por los tres niveles de gobierno en el estado, al señalar que “hay cosas que no han funcionado, como el Operativo Guerrero Seguro. En Chilpancingo se desató una ola de delincuencia que ha afectado a todos, sobre todo a los sectores empresariales”.
Y abundó que uno de los principales delitos que están afectando en Chilpancingo al sector productivo y comercial son las extorsiones.
“Los negocios apenas van saliendo adelante y se le agrega un costo adicional como” el cobro de piso, además del “hecho de que las corporaciones están infiltradas” por los?grupos de la delincuencia organizada.
El priista criticó la iniciativa del gobernador Ángel Aguirre Rivero para implementar un mando único policial y en este sentido ironizó que la idea que tiene el Ejecutivo local es la de montar en una misma patrulla a un comandante de una policía municipal junto a otro de la Policía Estatal.
A decir del diputado el problema es básicamente presupuestal y los alcaldes no están dispuestos a que se les quiten los recursos, ya que en muchos municipios los recursos son mínimos.
Sostuvo que los procesos de evaluación y certificación de las policías municipales y corporaciones estatales no ha funcionado debido a que los elementos que han reprobado los exámenes de control, calidad y confianza, “de todas maneras están ahí porque no hay forma de liquidarlos, si esto no se resuelve en el ámbito presupuestal ¿para que siguen haciendo los procesos de certificaciones?”
“Esperamos que para el próximo año venga una partida para liquidar a los agentes que no han pasado las evaluaciones de control de calidad y confianza”, puntualizó.
Porque si esto “no se resuelve, no vamos a poder caminar hacia la conformación de una policía que restablezca la seguridad y que tenga confianza entre la ciudadanía”, dijo.

Testimonio de una víctima

El vicepresidente de la Coparmex en Chilpancingo, Adrián Alarcón, denunció que se vio obligado a pagar 900 mil pesos a un grupo de sicarios para que su empresa de extracción de material pétreo pudiera seguir laborando en esta capital.
El empresario relató que hace alrededor de tres meses un grupo de hombres armados se presentó a su negocio y después de golpear a uno de sus empleados lo citó en una casa de esta capital.
Alarcón acudió al lugar que fue citado y ahí se encontraban al menos dos hombres armados con rifles de alto poder, quienes le exigieron la entrega de 900 mil pesos a cambio de poder continuar con sus actividades empresariales, bajo la amenaza de que él y uno de sus hermanos serían “levantados”, acotó.
El industrial reconoció ayer en declaraciones a los medios después del desayuno mensual de la Coparmex, que tuvo que entregar esa cantidad de dinero por temor a un ataque en contra de él o de su familia.
Puntualizó que desde ese tiempo no ha dejado de ser acosado con llamadas telefónicas para intimidarlo y amenazarlo de muerte.
“El gobernador nada más nos cotorrea, es una gente muy amable, muy cordial y muy simpático, pero no da resultados”, ironizó.
Y a pregunta expresa mencionó que no ha levantado denuncias tras los hechos porque “me sale peor, hay testimonios de compañeros míos que han hecho denuncias y los han levantado o les han desaparecido a uno de sus familiares”.
Agregó que cuando llegan a hacer algún tipo de denuncia las hacen en la ciudad de México y directamente ante la PGR, pero “aquí no, aquí ya no las hacemos”.