Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

* ¡A la guerrilla, a la guerrilla…!

* Las FARLP, ¿un pretexto para la represión?

Como por ensalmo, desde el lunes pasado el problema principal de Guerrero es la guerrilla. La presentación pública de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Liberación del Pueblo (FARLP) desplazó a un segundo plano la violencia y la inseguridad, y distrajo la atención de la pobreza y la marginación, de la hambruna de La Montaña y de la campaña gubernamental contra los movimientos sociales.
Los voceros oficiosos del gobierno federal empezaron ya a señalar los presuntos vínculos y la similitud de las demandas de las FARLP con las de los maestros de la Ceteg y los movimientos de autodefensa creados en el estado, y a declarar horrorizados cómo unos y otros se proponen la “insurgencia” armada.
Por ello, y al margen de lo que haya dicho el grupo guerrillero en su proclama, la explicación de su presencia se halla en el contexto social y político del estado. Mueve a la suspicacia la oportuna y casi perfecta coincidencia entre las declaraciones previas de generales del Ejército, del gobernador y de la familia Figueroa, que en los meses recientes difundieron la versión de que detrás de las autodefensas y policías comunitarias estaban la guerrilla y el narcotráfico, y la aparición de la organización armada.
En un discurso atípico que ahora cobra sentido, el propio gobernador Angel Aguirre ofreció hace cinco meses una explicación histórica y prácticamente justificó la existencia de la guerrilla en el estado. “Hace muchos años en Guerrero surgió la primera expresión guerrillera con Genaro Vázquez Rojas, de San Luis Acatlán, su lucha la continuó Lucio Cabañas Barrientos y más recientemente el EPR y el ERPI hicieron presencia en Guerrero, en Chiapas y en Oaxaca. ¿Acaso se debió a que somos entidades proclives a la violencia? De ninguna manera, eso se dio porque somos los más pobres del país y es algo que no se ha querido entender”, dijo Aguirre el 17 de julio pasado. Y para sustentar sus palabras recordó ahí mismo que “71 de los 81 municipios están clasificados como de alta y muy alta marginación, cerca de 400 mil guerrerenses no saben leer ni escribir, hay más de un millón 300 mil guerrerenses que padecen pobreza alimentaria, más de 300 mil niños sólo tienen derecho a la alimentación una vez al día, su dieta consiste en tortillas, frijoles y chile”. Todo lo cual es cierto.
El peso, la dimensión o el propósito de ese discurso puede apreciarse si se recuerda que fue dicho en presencia del presidente Enrique Peña Nieto, durante el lanzamiento de la Cruzada Nacional Contra el Hambre en el municipio de Apango. En retrospectiva, es inevitable formular algunas preguntas. ¿Por qué el gobernador justificó entonces y reconoció el origen y la base social de las guerrillas? ¿Quería impresionar a Peña Nieto con el fin de presionarlo para obtener más recursos federales? En todo caso, el mensaje que envió es que en cualquier momento podía darse en Guerrero un nuevo brote guerrillero.
Si se hubiera tratado de un pronunciamiento genuino, la postura del gobierno sería ahora congruente con aquel discurso, pero no es así. Al contrario, Aguirre Rivero ya olvidó que las guerrillas surgen por la pobreza y la injusticia social, y sin dilación declaró mediante un comunicado oficial que en el estado no hay motivos para un levantamiento armado, pues existen “los cauces legales para la resolución de conflictos” y se “respeta el Estado de derecho”. Y porque “se respeta el Estado de derecho”, ha anunciado y hecho anunciar a funcionarios de su gobierno, que ante el surgimiento del grupo guerrillero simplemente se aplicará la ley. De considerar a las guerrillas como grupos nobles preocupados por el bienestar social, pasó a estigmatizarlas como grupos fuera de la ley.
En el lenguaje gubernamental, y en las actuales circunstancias, aplicar la ley significa el uso indiscriminado del poder contra la inconformidad y la protesta social. Exactamente como lo ha venido haciendo el gobierno de Aguirre contra los policías comunitarios de la CRAC, que han sido detenidos en condiciones jurídicamente insostenibles. O en la vertiente subterránea de la que las autoridades no pueden desvincularse, mediante el asesinato y la desaparición, como ha ocurrido con muchos dirigentes sociales.
Por esas razones, resulta sospechosa la súbita aparición de las FARLP, pues responde a la visión y sirve con asombrosa oportunidad a los intereses de todos aquellos que en los meses anteriores estuvieron clamando por una guerrilla. Era el pretexto que parecía faltarle al gobierno de Aguirre y al gobierno federal para desatar sin disimulo la persecución contra las organizaciones sociales.

Florencio, de las cañerías a las letras

Florencio Salazar Adame adquirió relevancia y se hizo conocer como servicial operador electoral del PRI. Al PAN le prestó su talento en las artes de la mapachería electoral en los comicios que ganó Vicente Fox en el 2000, y en el 2006 estuvo a las órdenes de Felipe Calderón. Esa es la reputación que carga sobre sus espaldas, aunque también se hace pasar por poeta y culto diplomático. De vez en cuando también trata de sorprender con artículos periodísticos, como el que coló en las páginas de El Sur el martes pasado, donde se cubrió con la máscara de crítico de Peña Nieto. Pero este intento de sorprender a los lectores y a El Sur mismo dista mucho de ser un ejercicio de opinión, y tiene como finalidad establecer una cabeza de playa del proyecto que acarician Florencio y Zeferino Torreblanca Galindo, de hacer gobernador a Armando Ríos Piter vía el PRD o vía el partido que sea. No es el primer político que usurpa la letra impresa para aparentar una imagen distinta de la real. En una manifestación rupestre de la teoría del poder indirecto que Salazar Adame describió en ese texto, es perceptible que abriga la esperanza de jugar a ser una especie de Calles tras el poder, pues ha sido el principal impulsor de la artificiosa carrera política de Ríos Piter, a quien hizo subsecretario de la Reforma Agraria cuando Fox lo hizo a él secretario, y después en alianza con Zeferino lo envió al estado a forjarse una imagen como “perredista”.

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