Denuncian empresarios más secuestros y casos de extorsión en Chilpancingo

*Tenemos temor no sólo por la delincuencia, sino por el gobierno”, afirma una afiliada a la Coparmex

*Hay hasta 20 plagios al mes en la capital y el gobernador no hace caso, se queja el presidente del organismo patronal

*Siguen secuestrados dos ex alcaldes, informa el presidente municipal de Ajuchitlán

Denuncian empresarios más secuestros y casos de extorsión en Chilpancingo

*Tenemos temor no sólo por la delincuencia, sino por el gobierno”, afirma una empresaria. Pagó 900 mil pesos a un grupo de sicarios para que su empresa pudiera trabajar, relata un industrial. “El gobernador nada más nos cotorrea, es una gente muy amable, muy cordial y muy simpático, pero no da resultados”. Se reúnen con el diputado Rubén Figueroa Smutny, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso

Fernando Hernández

Chilpancingo

Empresarios aglutinados en el capítulo Chilpancingo de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) denunciaron ayer nuevos casos de extorsiones y secuestros en su contra por parte del crimen organizado.
Durante un desayuno al cual asistió como invitado el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del estado, Rubén Figueroa Smutny, los empresarios dijeron que este año habrá de ser recordado por el incremento en los hechos de violencia, secuestros, levantones y el cobro de piso que para este sector se ha convertido en una suerte de un impuesto más que tienen que pagar so pena de ser asesinados.
Figueroa fue cuestionado por los empresarios sobre las actividades de grupos de autodefensas en el estado, así como por los alcances de la recién creada Policía Rural y en torno a la infiltración de la delincuencia organizada en los cuerpos de seguridad pública como las policías municipales y la Policía Estatal, además del surgimiento de un grupo de guerrilleros en la Montaña autollamado Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo (FAR-LP).
A las preguntas?de los empresarios, Figueroa dijo que el nacimiento de grupos de autodefensa en los municipios del estado este año se debió a la incapacidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno para brindar seguridad, pero “no podíamos tolerarlas por mucho tiempo”, por lo que fueron aprobadas las reformas a la Ley General de Seguridad Pública del Estado de Guerrero mediante las cuales se creó la Policía Rural.
Reconoció un incremento en la escalada de violencia en el municipio de Chilpancingo y que las acciones del Operativo Guerrero Seguro (OGS) destinadas a combatir de la inseguridad han fracasado.
Relacionó la aparición de la nueva guerrilla, de la que no se tienen antecedentes, con grupos que abiertamente se han opuesto a la creación de la Policía Rural: “Nos quisieron presionar y al no conseguirlo sale que nace un nuevo grupo armado, yo no creo en las casualidades”.
Al inicio de la reunión, la coordinadora de la Comisión de Seguridad Pública en el Coparmex Chilpancingo, María Luisa Vargas Mejía contextualizó que particularmente este año habrá de ser recordado por los empresarios de la capital por el incremento en los hechos de violencia, secuestros, levantones así como el cobro de piso que para este sector se ha convertido en una suerte de un impuesto más que tienen que pagar a los grupos del narco so pena de ser asesinados.
La propia empresaria relató que su hija fue víctima de un intento de secuestro, y a pesar de que ha llevado ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) retratos hablados de los atacantes, no se ha avanzado en las investigaciones.
Agregó que lo único que han encontrado ante los llamados que han hecho a las autoridades ha sido “desilusión”.
“Tenemos temor no sólo por la delincuencia, sino por el gobierno. El acoso ha sido fuerte también por parte del gobierno”, agregó María Luis Vargas, quien también es una de las dirigentes del sector de las maquiladoras en el estado.
El empresario de la industria de la masa y la tortilla, Abdón Hernández, hizo el reclamo de que en el pasado mes de mayo fue secuestrado y todavía sigue pagando el dinero que se vio obligado a pedir prestado para pagar su rescate.
Y el industrial de la extracción de material pétreo, Adrián Alarcón, le reclamó que en la “Coparmex y otras organizaciones tenemos simpatía con quienes defienden su familia, pero no la tenemos por quienes por omisión nos tienen en este estado de indefensión”.

Nosotros hacemos leyes

En sus primeras intervenciones, Figueroa Smutny mencionó que en el Congreso local “lo que hacemos es crear las condiciones, por medio de leyes, para que las instancias puedan hacer su trabajo”.
Explicó lo que para él generó el surgimiento y reactivación del fenómeno de las autodefensas que se registró desde el mes de octubre del año 2012: “Las autodefensas surgen ante la desesperación de la gente y ante la incapacidad de las autoridades” para garantizarle seguridad.
Agregó que “antes –este fenómeno— no se había visto y como todos los cuerpos que surgen sin orden, estos ?estaban infiltrados por la delincuencia”.
En alusión a la Casa de Justicia de El Paraíso, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, mencionó que “estaban violando varias de las garantías, en Ayutla se detuvo a 30 personas y las tuvieron retenidas por tres semanas, por casi un mes”.
Entonces recordó que la CRAC entregó a sus detenidos de la Casa de Justicia de El Paraíso al Ministerio Público y “pasó que todos ellos se ampararon porque se violaron sus garantías individuales, así como sus derechos a un debido proceso, y con estos elementos y con un amparo todos fueron liberados a pesar de ser delincuentes confesos”.
Por eso “en el Congreso sacamos la ley con la que estos grupos se van a agrupar en la Policía Rural. Y ahora vamos a saber quiénes son y en dónde están y se les va a meter a la capacitación y no se van a poder mover armados más allá de los límites” de las comunidades a las que estarán adscritos, manifestó.
El diputado dijo a los empresarios que la creación de la Policía Rural “va a traer orden y al ser este cuerpo formado por vecinos y encabezados por sus comisarios, ellos van a tener la información de quienes podrían estar relacionados con la delincuencia, y de esta manera –los presuntos delincuentes— serán entregados ?al MP y será más difícil que puedan salir bajo el argumento de un amparo y de que fueron violados sus derechos”.
“A muchos no les gustó que se aprobara la creación de la Policía Rural, a la CRAC y la UPOEG (Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero), y decidieron que no iban a acogerse a la ley 281, pero sacamos la ley a pesar de las presiones”, sostuvo
Entonces manifestó que “nos quisieron presionar y al no conseguirlo, sale que nace un nuevo grupo armado. Yo no creo en las casualidades”.
Figueroa aludió al fracaso del Operativo Guerrero Seguro y a la ineficacia de otras estrategias de seguridad impulsadas por los tres niveles de gobierno en el estado, al señalar que “hay cosas que no han funcionado, como el Operativo Guerrero Seguro. En Chilpancingo se desató una ola de delincuencia que ha afectado a todos, sobre todo a los sectores empresariales”.
Y abundó que uno de los principales delitos que están afectando en Chilpancingo al sector productivo y comercial son las extorsiones.
“Los negocios apenas van saliendo adelante y se le agrega un costo adicional como” el cobro de piso, además del “hecho de que las corporaciones están infiltradas” por los grupos de la delincuencia organizada.
El priista criticó la iniciativa del gobernador Ángel Aguirre Rivero para implementar un mando único policial y en este sentido ironizó que la idea que tiene el Ejecutivo local es la de montar en una misma patrulla a un comandante de una policía municipal junto a otro de la Policía Estatal.
A decir del diputado el problema es básicamente presupuestal y los alcaldes no están dispuestos a que se les quiten los recursos, ya que en muchos municipios los recursos son mínimos.
Sostuvo que los procesos de evaluación y certificación de las policías municipales y corporaciones estatales no ha funcionado debido a que los elementos que han reprobado los exámenes de control, calidad y confianza, “de todas maneras están ahí porque no hay forma de liquidarlos, si esto no se resuelve en el ámbito presupuestal ¿para que siguen haciendo los procesos de certificaciones?”
“Esperamos que para el próximo año venga una partida para liquidar a los agentes que no han pasado las evaluaciones de control de calidad y confianza”, puntualizó.
Porque si esto “no se resuelve, no vamos a poder caminar hacia la conformación de una policía que restablezca la seguridad y que tenga confianza entre la ciudadanía”, dijo.

Testimonio de una víctima

El vicepresidente de la Coparmex en Chilpancingo, Adrián Alarcón, denunció que se vio obligado a pagar 900 mil pesos a un grupo de sicarios para que su empresa de extracción de material pétreo pudiera seguir laborando en esta capital.
El empresario relató que hace alrededor de tres meses un grupo de hombres armados se presentó a su negocio y después de golpear a uno de sus empleados lo citó en una casa de esta capital.
Alarcón acudió al lugar que fue citado y ahí se encontraban al menos dos hombres armados con rifles de alto poder, quienes le exigieron la entrega de 900 mil pesos a cambio de poder continuar con sus actividades empresariales, bajo la amenaza de que él y uno de sus hermanos serían “levantados”, acotó.
El industrial reconoció ayer en declaraciones a los medios después del desayuno mensual de la Coparmex, que tuvo que entregar esa cantidad de dinero por temor a un ataque en contra de él o de su familia.
Puntualizó que desde ese tiempo no ha dejado de ser acosado con llamadas telefónicas para intimidarlo y amenazarlo de muerte.
“El gobernador nada más nos cotorrea, es una gente muy amable, muy cordial y muy simpático, pero no da resultados”, ironizó.
Y a pregunta expresa mencionó que no ha levantado denuncias tras los hechos porque “me sale peor, hay testimonios de compañeros míos que han hecho denuncias y los han levantado o les han desaparecido a uno de sus familiares”.
Agregó que cuando llegan a hacer algún tipo de denuncia las hacen en la ciudad de México y directamente ante la PGR, pero “aquí no, aquí ya no las hacemos”.

Hay hasta?20 secuestros al mes en la capital y el gobernador no hace caso, se queja el presidente de la Coparmex

Fernando Hernández

Chilpancingo

El presidente del capítulo Chilpancingo de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Jaime Nava, denunció que el gobernador Angel Aguirre Rivero no ha dado seguimiento a las demandas ni tampoco ha cumplido con el compromiso de garantizar la seguridad a los empresarios de la capital que están siendo azotados por el incremento de la violencia.
En declaraciones a los reporteros después de su reunión mensual a la que asistió el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local, mencionó que?“no ha habido ninguna atención” a la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la que se otorgan medidas cautelares para los empresarios de la Coparmex.
Recordó que en la última reunión que sostuvieron con el gobernador, el pasado 21 de noviembre, “él frente a nosotros se comunicó con el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y le dijo que llegaba la fuerza federal a tomar el mando en la capital, estuvo a nuestro lado el alcalde Mario Moreno Arcos, él estuvo de acuerdo en que la federación tomara el mando. Sin embargo no llegó, no ha llegado”.
Abundó que ese encuentro “fue una reunión de unas dos horas y ahí es donde tratamos todos los temas de inseguridad, fue para eso por lo que le pedimos la reunión de forma urgente. Pero no ha habido respuesta”.
Agregó que otra de las cosas en la que se solicitó la intervención del gobernador fue la llegada del delegado de la Procuraduría General de la República, espacio que a decir del empresario está vacío.
“En esta reunión precisamente el gobernador instruyó al secretario de Finanzas (Jorge Salgado Leyva) que aplicara las medidas cautelares, y es la hora en que no se han aplicado a pesar de las llamadas insistentes”, dijo.
“Por eso ha ocurrido que hemos venido bajando la voz, porque la salvaguarda de nuestra integridad es más importante que cualquier tipo de protagonismo. Y no tenemos otra más que esperar”, se quejó.
Mencionó que entre las propuestas que ellos le han hecho al secretario de Seguridad Pública, Javier Lara Montellanos, está la de la implementación de un sistema de vigilancia en los principales puntos de la ciudad y en los establecimientos afiliados a la Coparmex, “para que nuestros negocios se pudieran incluso convertir en puntos de información”, pero sólo han quedado para las autoridades como buenas propuestas a pesar de que se las hicimos por escrito y presentamos presupuestos, le dijimos al gobernador que nosotros mismos estábamos dispuestos a pagar las cámaras de video vigilancia, y un sistema de circuito cerrado conectado a internet, y sistema de alerta”.
Indicó que a estas propuestas el gobernador les dijo que “ustedes no tienen porqué pagar, lo va a pagar el gobierno del estado, lo cual sonó muy bonito pero quedó ahí en una buena reunión”.
Nava agregó que “en este momento se han venido reflejando hasta? 20 secuestros por mes en esta capital”.
“Las extorsiones son un asunto muy grave, lo que incluso se ha convertido en un impuesto más que hemos tenido que contemplar para nuestros negocios, porque de lo contrario ya no se nos permite”, acotó.
Las razones anteriormente expuestas han sido el motivo por el cual diversos negocios en Chilpancingo “han tenido que cerrar, y esto no es una cantaleta que tenemos para las ruedas de prensa, es una realidad, el cierre de cortinas”.
“Hagamos un recorrido por las calles de la ciudad y veamos cuántas cortinas están cerradas con letreros de renta, porque ya no hay sólo circulante, sino seguridad”, explicó.
Indicó que de acuerdo con los reportes de otros empresarios, tienen conocimiento de que en Chilpancingo se ha incrementado la presencia de personas que circulan armados, pero se tiene un desconocimiento de su origen o procedencia.
“No sabemos quiénes son, si son grupos antisecuestros, si son parte de las policías comunitarias, o si son parte de un levantamiento armado, debido a que se trasladan en vehículos sin rotulación, lo que dificulta su identificación”, expresó.
Por eso necesitamos que “se aplique sin distinciones la Ley General de Armas de Fuego y Explosivos y se hagan operativos constantes y permanentes. Esto va a mitigar los índices de la delincuencia”.
“No estamos a favor de levantarnos en armas, pedimos que no se soslayen las necesidades en materia de seguridad”, planteó el empresario.

Siguen secuestrados dos ex alcaldes, informa el presidente municipal de Ajuchitlán

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El alcalde de Ajuchitlán? del Progreso, el perredista Carmen Higuera Fuentes, confirmó que siguen secuestrados dos ex alcaldes, aunque sus familias no han presentado denuncias ante el Ministerio Público, y que él también toma ya sus precauciones de seguridad por temor a ser raptado.
El presidente municipal confirmó que son dos ex alcaldes los secuestrados, Esteban Vergara Chamú y Raymundo Flores Castañeda.
Los secuestros continúan en ese municipio a pesar de que hay un cuartel Ejército y presencia de la policía estatal, que afirmó que “nos ayudan mucho”, pero todavía no logran erradicar el delito y los secuestros son todavía una constante.
“Aunque si no estuvieran estaríamos un poco peor”, dijo el perredista, quien negó tener presiones de algún grupo de la delincuencia organizada.
La región de Tierra Caliente, a la que pertenece Ajuchitlán, registró este año uno de los índices de secuestros más altos en el estado.
Esteban Vergara Chamú está “desaparecido” desde hace dos meses; fue secuestrado cuando regresaba de la cancha de futbol a su casa, y hasta ayer no había pistas de su paradero.
El segundo caso es el del ex presidente municipal Raymundo Flores Castañeda, quien hace un mes regresaba a Ajuchitlán de Ciudad Altamirano y fue bajado de su camioneta por un grupo de hombres armados, que se lo llevó.
Sus familias no han presentado denuncias, comentó Higuera Fuentes, y dijo que a partir del secuestro de ambos ex presidentes municipales se reforzó la presencia del Ejército y las policías Federal y Estatal.
Dijo que al menos en su municipio no conoce de casos de cobro de piso o extorsión contra los campesinos y empresarios por parte del crimen organizado, como en Apaxtla en la zona Norte; “los campesinos están trabajando, la gente está retomando la confianza y yo veo que se está restableciendo el comercio”, comentó.
Explicó que ante los secuestros de los dos ex alcaldes, él está tomando medidas de seguridad, no con escolta pero sí evitando visitar centros nocturnos, pero no descartó que corra peligro por la situación de inseguridad en Tierra Caliente.