Demanda el obispo Raúl Vera a la PGR atraer el caso

* Pide al Estado una señal de voluntad para cumplir con las recomendaciones de derechos humanos

* El gobierno de Aguirre es “juez y parte”, dice en conferencia de prensa en el DF

* Suástegui y Bruno Plácido, en riesgo de ser atacados, advierte Marcos Matías

Demanda el obispo Raúl Vera a la PGR atraer el caso Hernández Cardona

Sería una buena señal por parte del Estado mexicano de su voluntad de cumplir con las recomendaciones de derechos humanos, dice. El gobierno de Ángel Aguirre no debe investigarlo porque es “juez y parte”. En conferencia de prensa en la ciudad de México, Bertoldo Martínez alude a los presuntos nexos del alcalde José Luis Abarca con el narcotráfico

Aurelio Peláez

Ciudad de México

La Red Solidaria Década Contra la Impunidad, que preside el obispo Raúl Vera López, demandó a la Procuraduría General de la República (PGR) que atraiga la investigación del asesinato de Arturo Hernández Cardona, quien con otros ocho activistas de la organización Unidad Popular, fue plagiado el 30 de mayo de este año tras encabezar una protesta en la caseta de peaje de Iguala contra la falta de entrega de fertilizante por parte de la presidencia municipal de ese lugar.
“La atracción inmediata por parte de la PGR de este caso sería buena señal por parte del Estado mexicano de su voluntad de cumplir con las recomendaciones de derechos humanos”, dijo.
El cuerpo de Hernández Cardona, junto con el de sus compañeros Ángel Román Ramírez y Rafael Banderas Román, fue encontrado posteriormente el 3 de junio.
De esos hechos lograron escapar cinco de los plagiados, uno de los cuales, Nicolás Mendoza Villa, entregó un testimonio que fue presentado el pasado 25 de noviembre, en donde señaló directamente al actual presidente municipal de Iguala, el perredista José Luis Abarca Velázquez, de haberlo ejecutado.
En conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), la Red Solidaria insistió en que el gobernador Ángel Aguirre y el Congreso local inicien el proceso de desafuero del alcalde Abarca Velázquez, no obstante que criticó el hecho de que la Procuraduría de Justicia del estado desestimara el testimonio de Nicolás Mendoza.
El obispo Raúl Vera denunció el acoso a la familia de Hernández Cardona y al propio testigo en Iguala, y lamentó el clima de impunidad que prevalece en Guerrero ante los crímenes contra los  dirigentes sociales.
En un comunicado, la Red responsabiliza al gobierno de Guerrero de la integridad del entorno de Hernández Cardona: su familia y los activistas de la Unidad Popular de Iguala.
El obispo Vera López sentenció que el gobierno de Ángel Aguirre no debe investigar este caso porque es “juez y parte”.

“Hay evidencias de nexos del alcalde con el narco”

El dirigente del Frente de Organizaciones Democráticas de Guerrero (FODEG), Bertoldo Martínez Cruz, cercano a Hernández Cardona, reiteró que “nosotros responsabilizamos al presidente municipal” del asesinato del dirigente, y señaló que “es un secreto a voces” la relación que éste tiene con esas “fuentes oscuras”, así como es evidente su enriquecimiento ilícito, en aparente referencia al narcotráfico.
Denunció que la Procuraduría del estado trata de “revolver” el testimonio de Nicolás Mendoza y más bien parece actuar en defensa del presidente municipal.
Afirmó que en Guerrero la Procuraduría sólo actúa contra los luchadores sociales, como es el caso del encarcelamiento de los dirigentes de la Policía Comunitaria, y apuntó que “si en el caso de Arturo no hay justicia (los dirigentes sociales) quedaríamos en desventaja”.
Una de las hijas de Hernández Cardona, María Soledad Hernández, recordó que “lamentablemente desde que mi papá puso la denuncia (contra las amenazas de muerte del alcalde en su contra), la Procuraduría estatal le dio carpetazo a este asunto”, y dijo que en los hechos las autoridades tienen miedo a actuar contra el edil.
Incluso, contó, el mismo procurador Iñaki Blanco les confió que ese era un caso difícil y les sugirió promover que lo investigaran “fuera del estado”, porque parece que “también tienen miedo por su vida”.
Contó que la misma Procuraduría, tras desestimar el testimonio notariado de Nicolás Mendoza, pidió que éste ratificara su denuncia ante el Ministerio Público, ofreciendo garantías de seguridad, lo que ella desestimó, recordando que se han dado crímenes en el mismo centro de Iguala.
Apuntó que los ciudadanos se encuentran indefensos ante el crimen organizado, quienes fueron “los asesinos de mi padre”, pero atendiendo las instrucciones de un político. En su caso, incluso reveló que tuvo que salir de Iguala ante el acoso de que es objeto, pese a tener resguardo policiaco.
Sin nombrar al alcalde, dijo que detrás del homicidio de su padre está “un casi psicópata”, y demandó al presidente Enrique Peña Nieto atender el caso para establecer un procedimiento contra los políticos aliados con el crimen organizado.
Sofía Mendoza Martínez, la esposa de Hernández Cardona, reprochó que el gobernador Ángel Aguirre haya dicho que no es su responsabilidad pedir el desafuero de Abarca Velázquez.
La también regidora de Iguala dijo que la PGR debe atraer el caso, porque se trató de una ejecución extrajudicial, en donde el crimen organizado atendió una orden de una autoridad política, tal como lo declaró el sobreviviente Nicolás Mendoza, cuyo testimonio desacreditan las autoridades estatales.

El gobierno federal ante una oportunidad “ejemplar”

El obispo de Saltillo y presidente de la Red Solidaria, Raúl Vera López, afirmó que el de Hernández Cardona es un caso representativo, en el cual ocho dirigentes y luchadores sociales fueron secuestrados cuando protestaban contra los abusos del presidente municipal, y donde existe el testimonio de un sobreviviente, de quien “sabemos que está sano y salvo hasta este momento”, pero “en una situación difícil”, lo mismo que la familia de Hernández Cardona.
“Esto se convierte en un caso emblemático, porque sabemos todo el tipo de nexos que existen entre autoridades políticas en México y el crimen organizado. A nosotros nos están diciendo ‘las cosas van a cambiar’, aquí hay un caso en que el Estado mexicano nos puede demostrar, de quitarnos ese flagelo a la ciudadanía, el flagelo del crimen organizado, que comete todo tipo de delitos de la ciudadanía, impunemente”, dijo.
Agregó que “hemos dicho varias veces que (no vamos a creer en el discurso) hasta que no veamos que se renueve a los políticos corruptos, que son los que los apoyan, los que les dan poder, hasta que no veamos que esos mismos políticos son llamados a dar cuentas ante la justicia y son puestos en donde tienen que estar y no en los puestos públicos, sino en la cárcel, hasta que no veamos que los que le lavan el dinero impunemente, entre los empresarios y los financieros inmorales, hasta que no veamos que verdaderamente están quitándoles el poder, que los mantiene y también tiene que echar mano en los capos y en todos sus brazos armados, pero sobre todo se les tiene que quitar el dinero y el poder que tienen detrás de ellos, que es un poder político de funcionarios, como hay evidencias en este caso”, donde el propio presidente municipal encabezó la ejecución del dirigente, e incluso la camioneta donde se realizó el plagio apareció en un estacionamiento municipal.
“Este es un caso emblemático, y donde queremos ver los mexicanos que nos van a quitar de encima este problema… porque hay las acusaciones que el señor utilizó el brazo del crimen organizado para cometer este atropello”, enfatizó el obispo.
“Repito, es un caso inédito, son ocho luchadores sociales, y nosotros decimos, cuando veas las barbas de tu vecino, a remojar… Si estas son las tácticas que se le van a pedir, se las van a permitir, a los políticos, de que pueden contratar, servirse y pagar sus servicios de complicidad (con el crimen organizado), ahora corren peligro las vidas de quienes estamos defendiendo los derechos humanos, ahora estas personas sin ningún recato al ver que estos permanecen impunes, y que no pueden comparecer, actuarían contra los activistas”, advirtió.
Añadió: “el estado de Guerrero es juez y parte, entonces urge que la PGR por pulcritud, como una muestra ante la ciudadanía de que quiere el Estado quitarnos este flagelo, haga justicia en este caso”.

En Guerrero ahora los viejos caciques están en desgracia

Raúl Vera, considerado uno de los obispos progresistas en el país, presidió la diócesis de Ciudad Altamirano de 1987 a 1995, y un año antes de que Ángel Aguirre ocupara de manera interina el gobierno estatal fue enviado a Chiapas como obispo coadjutor de San Cristóbal de las Casas, junto al obispo Samuel Ruiz y tras el levantamiento zapatista.
—Usted estuvo hace unos lustros en Guerrero, ¿qué ha cambiado en estas relaciones entre el crimen organizado y los políticos, no lo vio desde entonces?
—Bueno, en ese tiempo existía sobre todo la siembra, que se exportaba, y sí, evidentemente, que había cacicazgos famosos en Guerrero que contaban con protección, en ese momento no hablábamos de cárteles. Este proceso de la droga ha venido evolucionando de manera negativa para nosotros los ciudadanos y de manera positiva para ellos. Porque lo que antes eran unos caciques de manera aislada que ahora están en desgracia muchos de esos, están en la cárcel, están pidiendo clemencia para que los saquen. Entonces esas personas que no tenían propiamente una organización de ese tamaño, porque en ese momento la droga se producía y pasaba sin problema porque era un acuerdo México-Estados Unidos, porque la droga la necesitaban para sus soldados que los tenían en campañas, allá terribles, como la de Vietnam. Esto era lo que prevalecía allí, era la impunidad, impunidad con la que se sembraba y con la que sacaba en avioneta todo eso. Pero ahora esto de cárteles organizados y con unos nexos con las autoridades, porque las necesitan, esto era pues más evidente pero menos complicado, era hasta cierto punto menos peligroso.
—¿Esto es resultado de la omisión de todos estos años?
—Por supuesto que esto es resultado de la omisión, y esto es resultado de la ambición, y de la ambición de dinero fácil.
—¿Ya se le salió de control a los políticos?
—Pues yo creo  que no es que se les haya salido del control. Lo que pasa es que también nosotros estamos viendo también una generación de políticos que no están allí por el bien de la nación. Tenemos nosotros lo que están haciendo, la reforma energética sigue siendo una muestra para que nosotros veamos qué cosa es lo que los mueve: por supuesto que va a tener un resultado atroz. En este momento está fuera de la conciencia política el sentido ético. Ahorita tenemos una escuela política que ha dominado el nuevo  capitalismo neoliberal, para hacer dinero a pasto. Es una generación que es una degeneración donde ha decaído la dimensión ética. Esto también le facilita a los criminales hacerlos sus cómplices. Y así empezaron, en las campañas de los municipios, y allí los partidos tienen una responsabilidad. En esta reforma política que acaban de aprobar no hay fija una causa cuando los topes de campaña son rebasados. Todo esto es para proteger todo este comercio que tienen, con la carne humana. Ese señor (el alcalde de Iguala), el que está acusado con los nexos con esa gente, en este momento, su negocito es con la carne humana, este caso de líderes sociales que le afectan. No hay medida. Entonces esta complicidad con la clase política que encontramos, con el narcotráfico, es una consecuencia de la falta de ética.

Marco Antonio Suástegui y Bruno Plácido, en riesgo de ser atacados, advierte Marcos Matías

*Alude el perredista al encontronazo del dirigente del Cecop con el gobernador Angel Aguirre. Rubén Figueroa Smutny está “calentando el comal” al vincular a organizaciones sociales con la guerrilla, dice

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El ex diputado federal Marcos Matías Alonso denunció que el diputado local Rubén Figueroa Smutny está “calentando el comal” vinculando a los grupos de autodefensa y a organizaciones sociales con grupos guerrilleros, y advirtió que si los actores políticos siguen esta línea, 2014 será peor para la lucha social en la entidad.
Recordó que este año Guerrero rebasó a Oaxaca en número de dirigentes sociales desaparecidos y asesinados, y en este sentido los organismos civiles deben estar preocupados por el líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota, Marco Antonio Suástegui, el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, Bruno Plácido Valerio, y aquellos con el valor de hacer denuncias y encarar a las autoridades.
Aseguró que si no se instala una mesa de diálogo de alto nivel, si las autoridades estatales y federales mantienen su cerrazón ante el conflicto social de Guerrero, el tema se volverá más espinoso.
“Ya viste quiénes pueden ser los más próximos, hay una clara dedicatoria, por la sagacidad, el atrevimiento y el valor de (Marco Antonio) Suástegui, puede tener consecuencias próximas, y todos los organismos deberían estar preocupados por el destino de Suástegui, que ha tenido el valor de enfrentar cara a cara, el cuestionamiento, con el Poder Ejecutivo”, manifestó Matías Alonso.
Esto luego de que el dirigente de los opositores a la hidroeléctrica La Parota enfrentó al gobernador Ángel Aguirre Rivero en una gira por los Bienes  Comunales de Cacahuatepec y le recriminó que si lo quería llevar detenido o lo quería mandar a matar, que lo hiciera de una vez.
También mencionó al dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido, y “a los que tenemos el valor de hablar, de decir las cosas”.
En una visita a la redacción de El Sur, el ahora asesor en el Senado destacó que el informe anual de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) revela que México es el único país de la región donde la pobreza se agrava.
Añadió que esta situación es más delicada en Guerrero, donde varios municipios tienen altos indicadores de miseria y de bajo bienestar social.
Aunado a esto, México es el único país que termina el año con la aparición de un grupo que se radicaliza y rompe con el gobierno, las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias Liberación del Pueblo (FAR-LP).
Indicó que el grupo se presenta en Guerrero, precisamente donde ha ocurrido el mayor número de desapariciones forzadas y asesinato de dirigentes; el de la Liga Agraria de Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata, Raymundo Velázquez Flores; el de la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Rocío Mesino Mesino; el de la Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona; el de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande, Luis Olivares Enríquez, y la desaparición del político indígena Longino Vicente Morales.
Asimismo, señaló las detenciones de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, y del asesor de la Casa de Justicia de El Paraíso, Arturo Campos Herrera, pertenecientes a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Consideró que su detención y traslado a penales de máxima seguridad parece que en lugar de tener miedo a un levantamiento indígena, las autoridades quieren propiciar el rompimiento con los pueblos, porque los ven como un peligro.
Reveló que conoce personalmente a Campos Herrera y no es un guerrillero, “es un dirigente indígena de Ayutla, originario de una región compulsiva, pobre, y testigo cercano de lo que ocurrió en (la masacre de) El Charco, que siempre transitó en la vía pacífica como defensor de derechos humanos”.
Matías Alonso recordó que en el periodo de gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo se habló de 30 años de retroceso en derechos humanos, por el hostigamiento y encarcelamiento de dirigentes sociales, pero con Aguirre Rivero se repite este fenómeno.
Sin embargo, precisó que este retroceso lo sufren los pueblos más débiles, y es caldo de cultivo para el nacimiento del grupo guerrillero, con sus reivindicaciones nacionales, pero sobre todo de carácter estatal.
Consideró que este grupo vino a llenar el boquete que ha dejado abierto el PRD, y que medio ha cubierto el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, con la defensa de organizaciones y dirigentes sociales e indígenas.
Se reservó hablar de políticos que en otro momento han relacionado a los movimientos sociales con la guerrilla, pero detalló que Figueroa Smutny fue irresponsable al vincular a la UPOEG y a la CRAC con grupos subversivos, sin pruebas.
Reconoció que nadie puede descartarlos, pero tampoco han podido demostrar que estén vinculados a la guerrilla; por lo tanto, no es suficiente acusar y culpar a guerrilleros de los problemas sociales de la entidad, olvidando la estela de sangre del figueroísmo.
En este sentido, subrayó que todos los actores, sociales y políticos deben insistir en el diálogo, que incluya no sólo a los grupos de la CRAC y la UPOEG, sino a la Policía Ciudadana de Temalacatzingo, y demás que se han ramificado.
Añadió que de lo contrario, el 2014 comenzaría en condiciones muy lamentables y los actores sociales, orillados por el gobierno federal, van a quedar atrapados en una situación muy peligrosa y nada deseable para el estado.
Finalmente, demandó que se revisen las estrategias para reducir la pobreza, a un año del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y a tres de Aguirre Rivero, porque según los resultados del Cepal, la Cruzada Nacional Contra el Hambre “y toda la inversión que se dice que se ha hecho en el estado, es insuficiente o son equivocadas, porque los focos rojos siguen ahí”.