Exigen 97 organizaciones al gobernador seguridad para los defensores de los derechos humanos

*Piden el esclarecimiento de los asesinatos de dirigentes sociales que permanecen impunes

Jacob Morales

Chilpancingo

Organizaciones Nacionales e Internacionales defensoras de derechos humanos, demandaron al gobernador del estado garantizar la seguridad y protección de las y los activistas y personas defensoras de los derechos humanos en el estado y esclarecimiento de los asesinatos de dirigentes sociales que permanecen impunes.
En el manifiesto, las 97 organizaciones expresan una urgente preocupación a la situación “critica” que enfrentan los activistas y personas defensoras de los derechos humanos en el estado.
“La impunidad reinante en la gran mayoría de estos casos contrasta con el expedito encarcelamiento y el uso desmesurado de traslados a penales de alta seguridad, de personas promotoras de los sistemas de seguridad y justicia de los pueblos indígenas”.
“Le urgimos gire las instrucciones necesarias para garantizar la seguridad y protección de las y los activistas y personas defensoras de derechos humanos en el estado y demandamos que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero lleve a cabo investigaciones eficientes en los casos de agresiones y asesinatos de activistas y defensoras de derechos humanos en el estado”, se señala.
Se enfatiza que el estado ha sido señalado como una de las entidades más peligrosas para periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos, por instancias como la Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la impunidad de los casos registrados.
En el comunicado se indica que los registros de agresiones y asesinatos de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos en los últimos años dan cuenta de ello.
Como la desaparición forzada de Eva Alarcón y Marcial Bautista, registrada en diciembre del 2011, los asesinatos de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, el 12 de diciembre de 2011; de la integrante de la organización ecologista Guerreros Verdes, ocurrido el 31 de mayo de 2012; Fabiola Osorio Bernáldez, de Juventina Villa Mojica, el 28 de noviembre de 2012; de los integrantes de la organización Unidad Popular (UP) de Iguala, Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez quienes fueron desaparecidos el pasado 30 de mayo de 2013 y posteriormente ejecutados; del integrante de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), Raymundo Velásquez Flores, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 5 de agosto de 2013; de la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Rocío Mesino Mesino, quien fue asesinada el 19 de octubre de 2013; y de líder de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG) Luis Olivares Enríquez y su esposa de Ana Lilia Gatica Rómula el pasado 10 de noviembre.
Por otra parte se pronunciaron a favor de las demandas de las organizaciones civiles del estados en la campaña 12 Días por la Defensa de Nuestra Vida y Nuestra Libertad.
Firman, el Consejero del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas Michael W Chamberlin.; Casa del Migrante de Saltillo (Frontera con Justicia A.C.); Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.; Francisco de Vitoria OP. AC.; Miguel Agustín Pro Juárez AC.; Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios” AC.; Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC. (CEPAD);Centro Nacional de Comunicación Social AC (CENCOS);Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha AC. (Código D.H.);Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Oaxaca; Equis: Justicia para las Mujeres; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD); Jass, Asociadas por lo Justo; SMR, Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados; y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 74 organizaciones en 20 estados de la República mexicana).