Tlachinollan

   Los renglones torcidos del sistema de justicia penal

Centro de Derechos Humanos de La Montaña,

A dos años de las desapariciones de Eva Alarcón y Marcial Bautista, defensores ecologistas de la Sierra de Petatlán, seguimos exigiendo con sus familiares y amigos, su presentación con vida y el castigo a los responsables.
En memoria de Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría, estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, quienes fueron ultimados por miembros de las corporaciones policiacas del estado y la federación, cuando se manifestaban en la Autopista del Sol para demandar una audiencia con el gobernador.

La mala fama que Guerrero ha alcanzado a nivel internacional (de ser un estado violento e inseguro) la han labrado desde hace décadas los que mal gobiernan nuestra entidad, con el viejo estilo caciquil y con los modos rudimentarios del patrón que tiene bajo su mando un feudo. El señalamiento que se ha hecho de Guerrero como uno de los estados más peligrosos para periodistas, activistas, defensores, defensoras de derechos humanos y hasta para turistas, no provienen sólo de las y los guerrerenses, sino de diversos organismos de la sociedad civil del país y del extranjero, de varios institutos académicos y de investigación de gran prestigio, de recomendaciones que han emitido diferentes gobiernos a sus conciudadanos y por la misma Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos (OACNUDH). El pasado 4 de julio la OACNUDH presentó en Chilpancingo su Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México. Actualización y balance, en el que coloca a Guerrero como uno de los tres estados con más agresiones a defensores y defensoras, prevaleciendo en todos los casos la impunidad. Ahondando en su análisis nos muestra una radiografía de los diferentes tipos de agresiones que se han dado contra defensores y defensoras en el país. La calamidad es que Guerrero condensa todo este catálogo de agresiones; desde los asesinatos, las amenazas, la persecución, los encarcelamientos injustos, las campañas de desprestigio, la estigmatización y la descalificación pública por parte de los mismos gobernantes.
Este ambiente hostil, alentado por las cúpulas del poder, han creado las condiciones propicias para atentar contra cualquier activista social que asume el compromiso de promover los derechos humanos y las libertades fundamentales al interior de sus comunidades y de sus mismas organizaciones. Las consecuencias han sido letales para las ciudadanas y ciudadanos de a pie que, amparados en nuestra Carta Magna, se han organizado para reclamar sus derechos.
En lo que va de la presente administración, han sido privados y privadas de la vida Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, el 12 de diciembre de 2011; Fabiola Osorio Bernáldes, defensora ecologista y miembro de la organización Guerreros Verdes, asesinada el 31 de junio de 2012; Juventina Villa Mojica, dirigente de las familias desplazadas de la Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, que fue acribillada el 28 de noviembre de 2012; Arturo Hernández Cardona, Felix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez, líder e integrantes de la organización Unidad Popular (UP) de Iguala, desaparecidos y ejecutados el 30 de mayo de 2013. Raymundo Velázquez Flores, Samuel Vargas Ramírez y Miguel Ángel Solano Barrera, dirigente e integrantes de la Liga Agraria Re-volucionaria del Sur Emiliano Za-pata (LARSEZ), cuyos cuerpos fueron encontrados el 5 de agosto. El artero asesinato de Rocío Mesino Mesino, dirigente de la Organiza-ción Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) acaecido el 19 de octubre de 2013. El doble homicidio de Luis Olivares Enríquez y Ana Lilia Gatica, integrantes de la Organiza-ción Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG), consumado el 10 de noviembre. Además, desde el 7 de diciembre de 2011 (hace exactamente dos años y dos días) se encuentran desaparecidos Eva Alar-cón y Marcial Bautista, dirigentes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán (OCESP), sin que hasta la fecha las autoridades hayan cumplido con el compromiso de dar con su paradero.
A este oprobioso listado de activistas asesinados y desaparecidos, se suman los casos de Lorenzo Fernández Ortega, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, defensores comunitarios que fueron asesinados en el 2008 y el 2009, en un contexto de persecución y encarcelamiento contra los dirigentes y varios  miembros de la Organización del Pueblo Indígena Me Phaa (OPIM) y de amenazas contra Obtilia Eugenio Manuel, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.
Este breve recuento, al que se suman los miles de homicidios que han hecho de Guerrero uno de los estados más peligrosos del país, ponen en evidencia que el verdadero problema que enfrentamos es la incapacidad del Estado para garantizar la vida de las y los guerrerenses. Tratándose de activistas, defensores y defensoras de derechos humanos, esta incapacidad e indolencia se agrava más por la impunidad que impera en todos los casos, y cuyo mensaje fatídico es que dichos crímenes son aceptables. Que forman parte de las frías estadísticas del atraso y la barbarie y que, fuera de eso, no tienen mayor trascendencia.
Aunado a este clima de violencia focalizado contra las y los defensores de derechos humanos, la crisis de inseguridad en nuestro estado continúa socavando nuestra endeble convivencia ante la colusión de las corporaciones policíacas con las bandas del crimen organizado. Esta situación que ha llegado al límite de la tolerancia, ha obligado a las comunidades indígenas y campesinas a organizarse en torno a sus sistemas normativos, para hacer efectivos sus derechos a la seguridad y  la justicia comunitarias.
Durante los últimos dos años varias comunidades de los municipios de Ayutla de los Libres, Huamuxtitlán, Tixtla y Olinalá, inspirados en el modelo de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) conocido como Policía Comunitaria (PC), se adhirieron al sistema de la CRAC, a través de la nueva casa de Justicia de El Paraíso, ubicada en el municipio de Ayutla, para coadyuvar en la defensa de los derechos del pueblo y hacer frente al embate del crimen organizado. La proliferación de grupos de policías comunitarios y policías ciudadanas en el estado, tiene como común denominador el hartazgo ciudadano ante la inseguridad y la corrupción de las instituciones de seguridad y justicia. Para la ciudadanía la sola presencia de la Policía Comunitaria le da tranquilidad y un respiro de paz. El respaldo comunitario de este modelo de seguridad es indudable. Los resultados son tangibles y su trabajo cercano con la gente la hace confiable.
A pesar de estos logros, que al final de cuentas los cosechan los mismos gobernantes, las autoridades optaron por emprender acciones legales contra varios de sus promotores más combativos. Emprendie-ron una embestida sin ningún miramiento, utilizando al Ejército y la Marina, logrando detener a más de 40 integrantes de la Policía Comunitaria desde agosto, cuando detuvieron a Nestora Salgado Gar-cía en Olinalá, hasta el pasado domingo primero de diciembre, cuando privaron de su libertad a Arturo Campos Herrera, en Chilpancingo, recluido en el penal de alta seguridad del Altiplano y que este fin de semana le declararon el auto de formal prisión.
Actualmente se encuentran 14 personas en prisión: tres están fuera del estado; Nestora Salgado en Tepic, Nayarit; Gonzalo Molina en el penal federal número 13 de Oaxaca y Arturo Campos en el penal del Altiplano. Otros nueve policías comunitarios de las casas de justicia de El Paraíso, se encuentran en el penal de Acapulco, uno más de la casa de Justicia de Zitlaltepec, se encuentra en el reclusorio de Chilpancingo y un menor de edad en el Centro para menores de edad en esta capital.
Las acciones penales emprendidas por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) se han efectuado en abierta violación del derecho al debido proceso, mediante la modificación arbitraria de las competencias judiciales, es decir que varios juzgados, sin competencia territorial respecto de los presuntos hechos delictivos, han librado órdenes de aprehensión y posteriormente han delegado en otros órganos jurisdiccionales el conocimiento de los procesos. El caso más emblemático es el de Nestora Salgado, cuya orden de aprehensión la emitió el juez penal de Chilpancingo y no el juez del distrito judicial de Tlapa, a quien le competía por suscitarse los presuntos hechos delictivos en Olinalá. Después de su aprehensión Nestora fue presentada ante un juzgado penal de Acapulco. Claramente se trató de una alteración discrecional de las competencias judiciales, impuesta de manera arbitraria por la PGJE.
En todos estos casos existe una deliberada obstaculización de la defensa de los detenidos, realizada tanto por la PGJE como los diversos órganos jurisdiccionales del Estado. Se ha impedido que las personas detenidas elijan libremente a sus defensores y se ha obstaculizado para que  puedan tener una entrevista previa con sus abogados de confianza. En el caso de Nestora se permitió que fuera asistida por una persona que no acreditó ser abogada.
Una de las constantes en los procesos iniciados contra los policías comunitarios ha sido la presentación de acusaciones carentes de toda proporción respecto de los hechos que se imputan a las y los detenidos. La mayoría de ellos, incluyendo a Nestora, son acusados de secuestro y con Gonzalo Molina se llegó al extremo de acusarlo de terrorista. Sólo de mala fe pueden equipararse las acciones de la Policía Comunitaria como plagios motivados con finalidades económicas o realizar acciones para generar pavor y atemorizar a la sociedad. Es todo lo contrario, la gente con la Policía Comunitaria se siente más segura y por ello le guardan respeto y le brindan respaldo.
Algo grave en estos casos son los traslados indebidos y el uso ilegítimo de los Centros Federales de media y máxima seguridad. Los traslados no han sido decididos por las y los jueces a cargo del proceso. Arbitrariamente, el Poder Ejecutivo del Estado ha decidido enviar a las y los detenidos a dichas cárceles, sin ningún control judicial. Los motivos aducidos se circunscriben a criterios políticos como ya lo manifestó públicamente una funcionaria del estado. Estos traslados tienen la finalidad aviesa de impedir que los detenidos tengan una defensa adecuada. Estos traslados desnaturalizan la misma finalidad de los centros federales de reclusión, pues terminan siendo usados no para recluir a los presuntos delincuentes que más dañan a la sociedad, sino a personas como Nestora, que hace unos meses era enaltecida por el propio gobernador por su “loable labor”. Sin embargo, por el poder omnímodo que ostenta,  es posible que el sistema de justicia penal se desvirtúe con tal de acallar y someter a miles de kilómetros de distancia, a los promotores más combativos de la Policía Comunitaria de Olinalá, Tixtla y Ayutla de los Libres.