Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAIS

*Reforma energética, golpe brutal a la historia

Si un millón 672 mil firmas no conmovieron al PRI y al PAN en su determinación de modificar la Constitución para abrir el petróleo al interés privado, es iluso esperar que la vigilia de los simpatizantes de Morena afuera del Senado, o la argumentación del PRD dentro del recinto, susciten algún gesto atenuante de última hora en la ruta final de la reforma energética.
La maquinaria de la mayoría parlamentaria, que sin embargo no corresponde a una mayoría nacional, fue puesta en marcha formalmente el sábado pasado por las fracciones del PRI y del PAN, al dar a conocer el proyecto de dictamen que empezó a ser discutido ayer por las comisiones de Energía, de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.
Sorprende la transparencia con la que procedió el PAN en este tema, pues como había advertido, la iniciativa de reforma recoge con exactitud y satisface todos los planteamientos que ese partido ha defendido: una apertura total de la industria del petróleo a las empresas petroleras. Los panistas habían dicho que si el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y el PRI deseaban su apoyo, lo darían a cambio de que la apertura se produjera en sus términos, y así fue.
Es probable, en consecuencia, que mañana martes los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución amanezcan modificados para consagrar la privatización del petróleo, que como cualquier otra mercancía no tendrá más valor estratégico que los cacahuates.
El dictamen preparado a partir de los acuerdos del PRI y del PAN, y sobre el cual no existe esperanza alguna de que sea modificado en la discusión, establece con toda alevosía incluso más de lo que fue originalmente propuesto por Peña Nieto y el PRI, pues prevé la aplicación de contratos de utilidad o producción compartida y la entrega de licencias a las empresas “para llevar a cabo, por cuenta de la Nación, las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos”.
La redacción intenta esconder el alcance de las nuevas disposiciones y en lugar de concesiones –prohibidas constitucionalmente a raíz de la expropiación petrolera de 1938–habla de “asignaciones” y también de contratos de “licencia”, lo que viene a ser lo mismo que las concesiones. Es decir, la entrega del negocio del petróleo a las empresas es total y tan desmedida, que pierde sentido que se conserve en la Constitución la frase que afirma que los recursos del subsuelo son propiedad de la nación, pues en los hechos dejarán de serlo para ser propiedad privada.
Todo aquello que el gobierno, el PRI y el PAN dijeron que no sería la reforma energética, lo es, pues privatiza el petróleo y supedita el interés nacional al interés privado, mientras retóricamente dice defender el bienestar y el futuro de los mexicanos. En un ejercicio de culto al mercado y la empresa, toda la ingeniería parlamentaria, política y propagandística desplegada para impulsar la reforma energética tiene como objetivo último la transferencia de las ganancias petroleras hacia las arcas de las transnacionales, en el falso supuesto de que ello traerá consigo la creación de empleos, crecimiento económico y bienestar social (bajará el precio de la luz, el gas y la gasolina, prometieron, pero nadie responderá cuando se vea que no fue así).
En la monolítica actitud asumida por el PRI y el PAN se resume el autoritarismo histórico con el que el priísmo ha dirigido al país, y que el panismo reprodujo fielmente en el poder. No hay un solo momento que ese autoritarismo no haya estado presente durante la reforma petrolera. Por ejemplo, al mismo tiempo que entre el viernes y el sábado los priístas y los panistas elaboraban en el Senado el proyecto de dictamen, en la Cámara de Diputados impidieron que avanzara la reglamentación del derecho constitucional a la consulta pública, lo que más adelante permitiría hacer real el efecto de las firmas presentadas por el PRD en el Senado para solicitar que la reforma petrolera sea sometida a un referéndum nacional. El freno a la iniciativa de reglamentación del artículo 35 de la Constitución se produjo pese a que fue un acuerdo del Pacto por México en el contexto de la reforma política y electoral. De la misma forma, ya hicieron saber las fracciones priísta y panista en la Cámara que a más tardar el jueves 12 serán ratificadas las reformas aprobadas por el Senado, lo que por lo tanto tendría que suceder entre hoy mismo y mañana.
Así será, sin duda. No porque se imponga una mayoría, como dijo Peña Nieto la semana pasada, sino porque se impone el poder, que cerró la posibilidad de un debate democrático. Si las mayorías mandaran, como aseguró el presidente, la reforma energética no habría tenido ninguna oportunidad, pues no existe una sola encuesta, reciente o antigua, en la que la cesión del petróleo al interés privado sea respaldada por la población. Una muestra que confirma ese rechazo mayoritario a la privatización del petróleo es ofrecido por el caudal de firmas que el PRD pudo reunir para solicitar que la reforma sea sometida a consulta nacional, y que fueron brutalmente ignoradas por la nueva hegemonía PRI-PAN.
Estamos, pues, en vísperas de la consumación de un golpe artero a la historia. El hecho de que la discusión en las comisiones del Senado transcurriera ayer como un diálogo de sordos, pone de manifiesto el choque de dos formas de concebir el futuro de la nación. La izquierda dio contra un muro de cerrazón, y el bloque PRI-PAN se mantuvo inalterable en su objetivo. El sometimiento de la pluralidad que se advierte en ese avasallamiento podría dar lugar a un rompimiento fundamental, a un profundo desarreglo de la institucionalidad política y a un mayor enconamiento y división. Porque no es a la izquierda a la que hiere la pérfida alianza del PRI y del PAN para hacer del petróleo un negocio privado, sino al país y a la historia.
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