Dictan prisión a Arturo Campos; el juez actuó por consigna, dice Tlachinollan

El juez cuarto de lo penal dictó auto de formal prisión al promotor de la Casa de Justicia de El Paraíso, Arturo Campos Herrera, el sábado por la tarde, a pesar de que una de las personas que lo señaló por secuestro, estaba acusado ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por lesiones con arma de fuego, denunció el abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra.
Precisó que por el mismo delito ante la PGJE, Pedro Gil Apreza Salmerón, fue detenido por la Policía Comunitaria en Olinalá y sometido a un proceso de reeducación en la Casa de Justicia de El Paraíso en Ayutla de los Libres, pero después de la intervención del Ejército para liberar a los detenidos que tenía en proceso de reeducación la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), se integraron averiguaciones contra los representantes comunitarios.
Consideró que ante un juez imparcial, el auto de formal prisión tendría que echarse abajo en una apelación o un proceso de amparo, porque los argumentos contra Campos Herrera son muy débiles.
Señaló que el juez cuarto, Jacobo Gorostieta Pérez, no analizó los elementos de prueba con objetividad, imparcialidad y responsabilidad, ni los documentos que la misma PGJE el envió. Reiteró que actuó por consigna política del Ejecutivo estatal.
Entre las pruebas, indicó que están los antecedentes de la CRAC, las actas que dan cuenta de su integración, conformación y fundación, el cargo que ocupaba Campos Herrera, para evidenciar que es una  institución indígena de seguridad y justicia, y que las personas detenidas estaban sometidas a un proceso de reeducación.
También incluyeron la Ley 701 que los reconoce y les da facultades, “entonces, no puede hablarse de delito de secuestro, porque eso exige que la detención sea ilegal, y que tenga el fin de lucro o causar un daño a la víctima”.
Asimismo, el informe de la Dirección de Criminalística e Informática de la PGJE, del 22 de agosto de 2013, donde señala dos averiguaciones previas con el nombre de Pedro Gil Apreza Salmerón, como inculpado por de lesiones con arma de fuego en agravio de Eterberto Cabañas Francos, en la causa penal 205/2012-1 y en la MOR/OLI/01/0036/2012.
Indicó que precisamente por ese delito, Apreza Salmerón fue detenido, porque el lesionado presentó su denuncia ante la Policía Comunitaria, y estando internado en el hospital, los médicos dieron vista al Ministerio Público que de oficio abrió la averiguación previa.
Del caso contra Herrera Campos, indicó que Pedro Gil Apreza Salmerón y Tapia Espinoso Bolaños, implicados en el delito de lesiones, denunciaron que fueron secuestrados cuando fueron enviados a la Casa de Justicia de El Paraíso, y que Herrera Campos les pidió dinero a cambio de su libertad.
Pero el abogado Vidulfo Rosales subrayó que en el expediente no dice cuándo les pidieron dinero o en qué momento lo entregaron, por lo tanto, el cuerpo de delito no está probado, y un requisito para configurar el secuestro es que la privación tenga como fin obtener un lucro o causar un daño.
Dijo que hay un patrón en la actuación de los jueces contra los integrantes de la CRAC-PC, porque evaden hacer un análisis exhaustivo de los casos, y permitiendo impunemente los traslados ilegales de tres integrantes a penales de máxima seguridad fuera del estado.
Señaló que todos los que se dicen agraviados reconocieron que fueron detenidos por la Policía Comunitaria, y no por una banda de secuestradores.
Consideró que las pruebas de cargo en contra de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, del promotor de Tixtla, Gonzalo Molina González y de Arturo Campos Herrera, “son muy débiles, tan pobres que no va a resistir un juicio de amparo, donde un juez de manera imparcial, valiente, y de forma independiente, haga un análisis de elementos probatorios”.
Llamó a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, donde están en proceso las apelaciones contra los autos de prisión contra Nestora y Gonzalo Molina, que estén a la altura que demandan los nuevos tiempos, de un Poder Judicial independiente.
Los convocó a ser un contrapeso real ante el autoritarismo, como lo demandan las nuevas reformas de derechos humanos, “no es posible que en Colombia y Costa Rica los jueces estén fortalecidos y caminen en una dirección diferente a la del dirección Ejecutivo,  y en Guerrero, el sistema judicial sea utilizado a  para perseguir a luchadores sociales”. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).