Después de dos años está impune el asesinato de los dos estudiantes de Ayotzinapa, denuncian

*Acuden organizaciones sociales y familiares de los normalistas asesinados al foro en memoria del desalojo de 2011. Hablan del hostigamiento y asesinato de dirigentes sociales en dos años de gobierno de Ángel Aguirre y del abandono institucional a las comunidades desplazadas por la violencia

Lourdes Chávez

Tixtla

En memoria de los dos normalistas asesinados el 12 de diciembre de 2011, representantes de organizaciones sociales y familiares de las víctimas acudieron al foro de la Normal Rural de Ayotzinapa, para denunciar la impunidad en el caso, el hostigamiento y asesinato de dirigentes sociales en dos años de gobierno de Ángel Aguirre Rivero; y el abandono institucional a las comunidades desplazadas por la violencia.
En el auditorio de la normal rural, los deudos de los estudiantes muertos exigieron justicia; el papá de Alexis Herrera Pino responsabilizó al gobernador del homicidio de los jóvenes, y la hermana de Gabriel Echeverría de Jesús exigió que dejen de investigar a su familia, porque identificaron a un policía ministerial tomando fotos en su domicilio, luego de una marcha pacífica en Tixtla, el domingo 8 de diciembre.
En la actividad también estuvieron desplazados por la violencia de La Laguna, del municipio de Coyuca de Catalán, refugiados en Tepango, Ayutla de los Libres; representantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), la Policía Comunitaria de la Casa de El Paraíso perteneciente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), y activistas de organizaciones sociales y campesinas, cuyos dirigentes fueron asesinados en los últimos meses.
Ahí, la regidora del PRD en Iguala, Sofía Lorena Mendoza Martínez, militante de Unidad Popular, reiteró que el gobierno estatal tiene que ver el en asesinado del dirigente de la organización, Arturo Hernández Cardona, hace seis meses, o al menos es cómplice de su muerte.
El coordinador general de la Policía Comunitaria de Olinalá, Gustavo Patrón Coronel, recordó cómo inició el movimiento de autodefensa, liderado, entre otros, por Nestora Salgado García, que en un principio fue bien visto por el gobernador, pero después detuvieron a la dirigente que ahora se encuentra en un penal de máxima seguridad, por un proceso por secuestro agravado.
A nombre de la Policía Comunitaria de Tixtla, habló la esposa del promotor Gonzalo Molina González, Ausencia Honorato Vázquez, para denunciar que su marido, detenido hace un mes por la Policía Ministerial, no es un secuestrador ni un terrorista, delitos que se adjudicaron por la toma del Ayuntamiento. Afirmó que lo único que hizo fue luchar para que la gente se organizara para defenderse en un clima de violencia.
También la señora Juana Alonso, madre de Rubén Santana Alonso, y suegra de Juventiva Mojica Villa, esposos asesinados en 2007 y 2012 en el poblado de La Laguna, respectivamente, denunció que como desplazados no tienen oportunidades de vida.
Denunció que el gobierno estatal con algunas despensas hace tontas a las familias que no tienen dónde sembrar, porque están lejos de sus tierras. Señaló que estando en la Laguna no le pedían nada a las autoridades para vivir, pero ahora necesitan del apoyo total, o en su defecto, que les hagan justicia para que puedan volver a su lugar de origen.

Impunidad y desplazados

En su intervención, el secretario técnico de la Red Guerrerense de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández, denunció que el Estado utiliza a la delincuencia organizada para hacer a un lado a la gente que le estorba.
Por ejemplo, señaló el caso de Hernández Cardona, quien fue privado de su libertad por un grupo delictivo, pero un testigo reveló que el mismo alcalde José Luis Abarca lo ejecutó con dos tiros de escopeta.
Asimismo, indicó que en el homicidio de la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Rocío Mesino Mesino, dos personas llegaron hasta dónde se encontraba, hicieron dos preguntas y la ejecutaron; o el líder de la Unión Popular de Productores de la Costa Grande (UPPCG), Luis Olivares Enríquez, asesinado por un homicida solitario, que llegó con toda impunidad a su domicilio.
Consideró que el gobierno es el responsable intelectual y directo de esas muertes, de lo contrario no se podría explicar porqué con tanta incursión militar y policiaca, fueron asesinados 27 pobladores de La Laguna, y tres se encuentran desaparecidos.
Además, que en donde la población se organizó como Policía Comunitaria, “sí llegue una fuerza desproporcionada de militares, ministeriales y policías federales, para hostigar a quienes, ante la incapacidad o complacencia del gobierno, se organizaron en un legítimo derecho de autoprotección”.
De las familias desplazadas de  La Laguna, subrayó que no pueden regresar a sus pueblos porque saben que si vuelven los van a liquidar.
Por ejemplo, señaló el caso de Juana Alonso, donde cuando la policía detuvo a un grupo de delincuentes con armas de alto poder en Altamirano, a pesar de que la mamá de Rubén Santana Alonso los señaló como los que mataron a su hijo, no le hicieron caso y los liberaron.
Informó que en esa parte de la sierra hay mucho oro, “deducimos que el gobierno le está pagando al narco para que despoblar la zona mediante el terror, porque son terrenos ejidales que requieren de la autorización de todos los dueños para explotar”.

El inicio de la CRAC en Olinalá

Patrón Coronel demandó justicia para los estudiantes asesinados y libertad a los presos de la CRAC. Recordó que el año pasado, los olinaltecos cansados de homicidios y secuestros, el día del sepelio de un taxista asesinado, y ante la versión de que otro chofer de la ruta Olinalá-Chilapa había sido privado de su libertad, la población se unió en el centro de la cabecera municipal al toque de las campanas de la iglesia.
Recordó que pidieron la ayuda de la policía municipal, que se negó a detener a los delincuentes que ya estaban ubicados, y los vecinos quemaron motocicletas y un automóvil que pertenecía a la banda delictiva.
Desde entonces, recordó que Nestora Salgado destacó entre los dirigentes que desarmaron a la policía municipal, y los ciudadanos comenzaron a hacer recorridos en las calles para resguardarse.
Indicó que al principio el mismo gobernador aceptó que el pueblo tomara en sus manos su defensa, pero luego comenzó la persecución y la detención de la coordinadora del movimiento, constituido en Policía Comunitaria.

Llama la CETEG a la unidad

De la CETEG, el representante de la zona Centro, Minervino Morán Hernández, denunció que es una burla que a dos años del asesinato de dos estudiantes, ninguno de los funcionarios  corresponsables fue castigado y todos siguen en cargos públicos.
Señaló que la organización magisterial mantendrá la exigencia de justicia y el llamado a la unidad del movimiento social, para que no queden impunes todos los asesinatos políticos.
Subrayó que los homicidios de dirigentes sociales, que se mencionaron en el encuentro, no son hechos aislados, “se han venido dando uno tras otro, y hay escalamiento de la represión del gobierno federal y estatal, así como de algunos gobierno municipales, pero a la fecha no ha habido forma de detenerlos”.
Por lo tanto, insistió en que deben estar unidos por el derecho a la vida, la libertad, justicia y seguridad, que se han puesto en el centro de las demandas de lucha.
Comparó el gobierno de Aguirre Rivero con el del gobernador Ulises Ruiz de Oaxaca en 2006, protegido por la Suprema Corte cuando se le llevó a juicio por los asesinatos políticos, cometidos en la represión del magisterio.
Añadió que el gobierno federal desmanteló la Constitución de 1917. Consideró que en el movimiento social tendrá que ir el cambio de la carta maga “parchada, violada, impuesta a través de la represión, asesinatos, particularmente en Guerrero. Por eso se ha criminalizado la protesta social, para imponer imponer las leyes del más fuerte, de la ganancia, rompiendo con el tejido social, lo colectivo, lo público, promoviendo lo privado, lo individual”.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlacnhinollán, Vidulfo Rosales Sierra, hizo un recuento de las políticas públicas destinadas al campo y a reducir la pobreza, desde el presidente Carlos Salinas de Gortari a Enrique Peña Nieto, todas fallidas.
Denunció que estas políticas a los únicos que han cambiado su situación económica es a los proveedores, con quien el gobierno hace jugosos contratos de distribución. Por lo tanto, afirmó que el sistema político sólo busca mercantilizarlo todo.
Esto, aunado a la violencia política que desde los años de 1960 padece el pueblo de Guerrero, y de la que aún no puede salir.