La intervención de la CNDH no frena abusos de marinos en Nuevo Laredo

“No hay avances en las investigaciones”, señala el presidente de un organismo local de defensa de los derechos humanos

Agencia Proceso

Ciudad de México

El incremento de quejas recabadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) respecto de abusos cometidos por miembros de la Secretaría de la Marina (Semar) –aunado al hecho de que algunos hayan sido atraídos por la Procuraduría General de la República (PGR)–, no ha modificado el manto de impunidad que cubre a los perpetradores de los agravios, acusó el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), Raymundo Ramos Vázquez
Esto se suma a la reciente declaración del secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sáenz, quien aseguró que grupos del crimen “filtran” información a la CNDH para provocar la salida de las fuerzas armadas en estados como Tamaulipas, donde reconoció un aumento de quejas contra sus miembros.
Ramos Vázquez recordó que los abusos de los miembros de la Marina no son nuevos. “Se mantiene la misma política de protección a los marinos, incluso en abusos tan graves como las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales”.
El pasado lunes 9, en conferencia de prensa para informar sobre la aceptación de recomendaciones hechas por la CNDH a la Semar, Soberón Sáenz dijo que la delincuencia organizada utiliza las denuncias por abusos para presionar mediáticamente y obligar a la dependencia a salir de las zonas de operación, lo que ha ocurrido en Nuevo Laredo tras la aprehensión de Miguel Treviño Morales El Z-40, el 15 de julio pasado. “No quiero decir que no son ciertas, simplemente que llama la atención de que a partir de esa fecha aumentaron estas quejas”, dijo el funcionario.
Como lo documentó el semanario Proceso en agosto pasado, la presencia de las fuerzas armadas en la región de Nuevo Laredo ha derivado en un incremento sustancial de quejas ciudadanas por abusos que han sido documentadas por la CDHNL: mientras durante el sexenio de Felipe Calderón esa organización registró 432 quejas, en los primeros ocho meses del sexenio de Enrique Peña Nieto documentó 95 casos, lo que representa 22% de los reportes del anterior gobierno.
Entre los casos documentados por el CDHNL está la desaparición en Nuevo Laredo de José Martínez Chigo, Diana Laura Hernández Acosta y David Raúl Álvarez Gutiérrez, y en Colombia, Nuevo León, de Humberto del Bosque Villareal, hechos atribuidos a tres diferentes actuaciones de los marinos ocurridas entre el 30 de julio y el 3 de agosto pasados
El cuerpo de Del Bosque Villarreal, en estado de descomposición y con un impacto de bala en la nuca, fue descubierto el 3 de octubre en un paraje cercano al campamento de la Semar en Colombia, Nuevo León, municipio cercano a Nuevo Laredo.
En entrevista con Apro, Raymundo Ramos lamentó que la presentación de quejas ante la CNDH, y que de ellas tengan conocimiento dependencias como la Secretaría de Gobernación, la propia Semar y la PGR, e intervengan instancias internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OANUDH), “no hay avances en las investigaciones”.
Ramos destacó que de nada ha servido la atracción de la PGR, por lo menos en el caso de Del Bosque Villarreal, que supuestamente permitiría la imparcialidad en las indagatorias, pues la dependencia “no tiene ningún interés en encontrar a los responsables, en sancionarlos y consignar el expediente a un juez, estamos hablando de una impunidad total”.
En el caso de Del Bosque Villarreal, donde un caso de desaparición forzada se convirtió en una ejecución extrajudicial, apuntó, la CDHNL y los abogados de la familia cuentan con “ocho testigos ellos dos policías locales que presenciaron cuando los marinos detuvieron al muchacho, un parte informativo oficial en el que los policías municipales dan cuenta de los hechos, los números de los vehículos en los que viajaban los marinos, entre otros elementos, que hemos puesto disposición de la PGR pero no han querido terminar la averiguación ni menos consignar a un juez”.
En los otros casos, añadió, se tienen varios testimonios de personas que fueron testigos de que marinos realizaron las detenciones, y en el caso de Martínez Chigo y Hernández Acosta, quienes estaban juntos, hay quienes vieron como fueron introducidos a un campamento militar en Nuevo Laredo, mientras que en el caso de Álvarez Gutiérrez, “hay un video de una cámara de seguridad de una gasolinera, en el que se ve que cómo los marinos detienen al muchacho”.
Sin embargo, acusó Ramos Vázquez, “sin variar todas los casos la SEMAR envió documento a la PGR que dice que ellos no fueron, que fueron delincuentes que portaban uniformes apócrifos, y de ahí no se mueve la investigación”.