Debe volver la CNDH al caso Ayotzinapa; su recomendación no se ha cumplido: Serapaz

*Demanda el Comité Estudiantil juicio político a Aguirre y a Humberto Salgado como responsables del desalojo policiaco del 12 de diciembre en el que fueron asesinados dos normalistas

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Servicios Profesionales para la Paz (Serapaz) manifestó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) debe reconocer que en  Guerrero “hay una labor no cumplida” y debe volver a intervenir en el seguimiento de su recomendación por las violaciones graves contra estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en el desalojo policiaco del 12 de diciembre de 2011.
Con la dirigencia estudiantil de la Normal Rural y representantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el director de Serapaz, Miguel Ángel Álvarez Gándara, afirmó que van a exigir que el organismo actualice los términos de su recomendación,  para tener mejores condiciones de justicia.
Mientras, el secretario técnico del Comité Estudiantil, Guillermo Hernández Castro, insistió en la demanda de justicia por el homicidio de sus compañeros, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, y en el juicio político del gobernador Ángel Aguirre Rivero y el  coordinador del Ejecutivo, Humberto Salgado Gómez, a quienes responsabilizan de la agresión a estudiantes donde asesinaron a los dos normalistas.
Los defensores de derechos humanos fueron consultados afuera de Casa Guerrero, al salir de una reunión con funcionarios, a la que acompañaron a representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC). Momentos después, llegaron en un camión los normalistas que se manifestaron por unos minutos con féretros en la puerta tres de la residencia oficial.
En una conferencia improvisada, Álvarez Gándara recordó que a petición de la sociedad de alumnos de la Normal Rural, se instaló una comisión de interlocución para que los normalistas pudieran comenzar dos procesos de diálogo, para la atención de los asuntos de su agenda educativa y por su demanda de justicia.
Sin embargo, añadió que en dos años de acompañamiento, Serapaz es testigo de que no hay cumplimiento cabal de la justicia, y las autoridades estatales y federales aún tienen un reto pendiente por el esclarecimiento de los hechos, “porque todavía no hay un reconocimiento público de lo que pasó, qué fuerzas actuaron, quiénes son los responsables intelectuales y operativos del desalojo, el derecho a la justicia”.
Explicó que la justicia no sólo implica el castigo a los perpetradores, incluye el derecho a la reparación del daño, en este caso de las familias que están de luto, y el derecho a la no repetición, que consiste en el establecimiento de medidas, programas y hacer ajustes institucionales para que esto no vuelva a suceder y la impunidad no sea la respuesta por  inercia se dé.
Asimismo, indicó que en el segundo aniversario luctuoso de Gabriel y Alexis, son testigos de la diversificación de asesinatos de dirigentes populares, sociales y campesinos en distintos lugares del estado, y en esta insistencia de justicia de Ayotzinapa, es pertinente incluir la planteamiento de justicia para estos casos que tampoco han recibido una justicia plena.
Añadió que el diálogo siempre será la mejor ruta para las diferencias, y estarán en la expectativa y la exigencia para que la propia CNDH reconozca que hay una labor no complica y vuelva a intervenir en el seguimiento de su recomendación.
Puntualizó que este caso es un problema que se resuelva haciendo votos, es necesario hacer algo para que se puedan vivir sin necesidad de la presión social y de la violencia.
Sobre las declaraciones del gobernador, de que ya no hay pretexto para que los estudiantes salgan a marchar o hacer bloqueos, el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, señaló que sólo fue una forma de justificar sus acciones y decir que los estudiantes de Ayotzinapa están fuera de la ley.
Sin embargo, aclaró que para hablar, el Ejecutivo debió detener y procesar a los autores materiales e intelectuales a los responsables del asesinato de los estudiantes, por lo tanto desestimó su mensaje, mientras no haya cumplido con la justicia.
Ratificó que las autoridades estatales tienen un alta responsabilidad de hacer justicia, en lugar de hacer pronunciamientos mediáticos de supuesto cumplimiento de las demandas sociales y estudiantiles.
También lamentó que se siga negando el derecho a la educación a jóvenes campesinos que han dado todo para poder alcanzar la meta de ser algún día maestros.
Por su lado, el abogado de Tlachinollán, Vidulfo Rosales Sierra, ratificó que el organismo civil de derechos humanos no va a cejar en los esfuerzos para que el caso de Ayotzinapa no quede en la impunidad, aunque los mecanismos de justicia internos en México se agotaron.
Pero recordó que existe la obligación del Estado mexicano de esclarecer la verdad, la justicia, porque la estela de impunidad no puede seguir así.
“Nos preocupa que todos los asesinatos queden en la impunidad, es un mensaje de que los crímenes políticos contra luchadores sociales se pueden seguir repitiendo sin que haya castigo a los responsables”.
Indicó que después de la muerte de los estudiantes, se pueden contabilizar decenas de asesinatos a representantes de movimientos sociales, “justamente porque no hay justicia, porque los culpables no han sido sancionados como es debido”.