Sancionará a dependencias que incumplan su compromiso de transparencia, dice el ITAIG

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

A partir de la segunda quincena de enero se aplicarán sanciones a los entes que reciben recursos públicos, informó el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (ITAIG).
Precisó que el próximo 15 de enero se cumple el plazo para que las dependencias publiquen en sus páginas de internet la información que por ley debe estar accesible para los ciudadanos, informó la consejera presidenta María Antonia Cárcamo Cortez.
Lo anterior lo informó después del arranque de la campaña del ITAIG en el transporte público de Chilpancingo, que consiste en informar a los ciudadanos que tienen derecho a preguntar a las autoridades o a los sujetos obligados por la ley.
Del estudio que realizó el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra), en el que califica al Congreso local con cero en transparencia y varios municipios como el de Iguala como opaco, la presidenta del ITAIG afirmó que realizaron un estudio similar pero que no pudieron presentarlo por la contingencia generada tras el paso de la tormenta Manuel.
Afirmó que las dependencias estatales y los ayuntamientos no trasparentan la información pública y a finales de noviembre se les dio un plazo que termina el 15 de enero, fecha para la que ya deben estar actualizadas sus páginas de internet con la información, y se les notificó que serían amonestados en caso de que no cumplan la recomendación.
Dijo que en el estudio del ITAIG  coincidieron con los resultados que presentó Cimtra respecto a la opacidad de los entes que ejercen recursos públicos, y recordó que el municipio de Chilpancingo es de los más opacos.
Comentó que en 2013 recibieron 85 recursos contra los ayuntamientos porque no contestan las solicitudes de información de los ciudadanos, de los cuales dijo que han resuelto 84.
La presidenta del instituto respondió también a la opinión de Marcos Méndez Lara, en su columna “Monitor Guerrero” que se publica en este medio, en el sentido de que tienen avances “sustanciales en materia de acceso a la información pública”.
A través de un escrito, la consejera presidenta respondió argumentando que la página del ITAIG está “al cien por ciento actualizada” en materia de información, en la que se detalla el destino de cada uno de los recursos públicos que ha recibido el órgano.
Reconoció que en la evaluación realizada en el mes de octubre “efectivamente se detectó un alarmante incumplimiento por parte de los denominados sujetos obligados” y que en respuesta giraron una circular para que cumplan con su obligación y que de lo contrario serán objeto de sanción.
Dijo que en enero el ITAIG hará públicos los sujetos obligados que serán sancionados por negarse a cumplir con este mandato.
Informó que en materia de archivos no se ha avanzado y justificó que se requiere la constitución del Consejo General de Archivos.
Señaló que solicitó por escrito al gobernador Angel Aguirre Rivero “que se aboque a la constitución del mismo para establecer las bases y lineamientos y criterios que habrán de regir en esta materia”, y que continúan en espera de su conformación.
En cuanto a los recursos de revisión informó que en un cien por ciento fueron resueltos a favor de los ciudadanos, y que en el transcurso de este año han sido resueltos 85 recursos de revisión, “de los cuales algunos fueron interpuestos por el señor Marcos Méndez”.
E informó que los sujetos obligados sancionados este año con apercibimientos y amonestaciones fueron las secretaría de Educación, Salud, Desarrollo Social, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del estado, la Unidad de Transparencia de Zihuatanejo, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo, la Secretaría de Finanzas y Administración del ayuntamiento de Chilpancingo y el Congreso local.
Justificó que por las limitantes presupuestales (este año tuvo un presupuesto de 9 millones 910 pesos), el ITAIG sólo cuenta con una plantilla de 13 personas, incluyendo los consejeros,??y resulta “insuficiente para poder poner en marcha más programas tendientes??a la promoción del acceso a la información pública, por lo que hemos tenido que acudir a la figura de los convenios para realizar acciones coordinadas en esa materia”.