A dos años, total impunidad en el asesinato de normalistas

*Fueron exonerados y liberados los dos policías ministeriales acusados de matar a Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino. El juicio político contra Alberto López Rosas y Ramón Almonte, estancado en el Congreso local. El doble homicidio será llevado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, anuncia el abogado Vidulfo Rosales

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La investigación por el desalojo violento de estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, que desembocó en el asesinato de Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, en el plano local está definitivamente agotada y se dejó en la impunidad a los responsables, por lo que el caso será trasladado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, anunció el abogado que le da seguimiento, Vidulfo Rosales Sierra.
Al cumplirse hoy dos años de la represión estudiantil, calificada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como una “grave violación a los derechos humanos”, el abogado  del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan declaró que en el plano interno ya no hay nada que hacer, “se hicieron las investigaciones que se tenían que hacer y hay una total impunidad. No hay responsables, los que había fueron exonerados”, dijo.
Y luego agregó: “o sea, estamos ante la hipótesis de la ineficacia de los recursos, y la Convención establece que cuando hay una ineficacia de los recursos para remediar la violación que se plantea, entonces se actualiza una causal para que el caso vaya al Sistema Interamericano, y es lo que estamos haciendo en estos días”, explicó.
En el estado en que se encuentra el caso, la justicia local dejó tres aspectos que atender, la investigación por el homicidio de los dos estudiantes por el cual ya fueron exonerados los agentes ministeriales Rey David Cortés Flores e Ismael Matadama Salinas; una denuncia por tortura contra 8 jóvenes estudiantes, que no se investigó, y un juicio político contra el procurador de Justicia del estado, Alberto López Rosas, y el secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, Ramón Almonte Borja, que está estancado en el Congreso local.
En un breve recuento, Rosales Sierra explicó que el más grave de los tres es “la ejecución extrajudicial” de Echeverría de Jesús y Herrera Pino, por el que únicamente fueron detenidos los dos agentes ministeriales pero ya fueron exonerados, “y no se ve que la Procuraduría tenga la intención de buscar otras líneas de investigación, de buscar otros elementos de prueba en el desglose del expediente y responsabilizar a otras personas u otros funcionarios a los que pudieran fincárseles responsabilidad penal”.

Ministeriales exonerados

Cortés Flores y Matadama Salinas fueron detenidos el 25 de enero del 2012 como presuntos responsables materiales del asesinato de los dos estudiantes durante el desalojo. Ambos aparecieron en varias fotografías y videos disparando armas AR-15 en posición de tiro frente al bloque de manifestantes.

Los dos agentes fueron sacados ese día de la Procuraduría junto con 17 funcionarios, entre ellos el ex subprocurador César de los Santos, Alejandro Paz y Puente; los ex fiscales regionales Esteban Maldonado Palacios, María Severiana Flores Peña y Pablo Alejandro Jasso Barrera; el director de Averiguaciones Previas, José Vélez Zapata, y la agente del Ministerio Público María Eugenia Salgado Guzmán.
Sin embargo los 17 funcionarios sólo fueron presentados para declarar en torno a los hechos ante el Ministerio Público federal y sólo se quedaron detenidos Matadama Salinas y Cortés Flores.

Pero los dos agentes fueron puestos en libertad el 23 de abril de este año, presuntamente al no encontrar el juez de la causa elementos probatorios para incriminarlos en el asesinato de los estudiantes.
Seis meses después –el 5 de julio— serían detenidos el ex subprocurador Alejandro Hernández Paz y Puente y la agente del Ministerio Público, Gloria Rocío Cruz Méndez, pero esta vez no como presuntos responsables del desalojo y doble homicidio, sino por delitos de encubrimiento y contra la administración de justicia, presuntamente cometidos  por la liberación de los 24 estudiantes que fueron detenidos durante el desalojo.
Pero Paz y Puente salió libre el 27 de julio de este año, luego de que la Procuraduría General de la República decidió no presentar conclusiones acusatorias en su contra por el delito de contra la administración de justicia, y un mes después el juez lo absolvió del delito de encubrimiento que todavía enfrentaba en libertad. Por los mismos delitos sólo sigue detenida la agente del Ministerio Público Gloria Rocío Cruz Méndez.
A pesar de que solamente los dos agentes ministeriales fueron detenidos pero después liberados, los 17 funcionarios que sólo fueron presentados a declarar y el ex subprocurador Alejandro Hernández y la Ministerio Público Rocío Cruz Méndez que fueron detenidos pero no por su implicación directa en el caso del homicidio y desalojo, el gobierno del estado informó mediante un boletín el 30 de abril pasado que fueron sancionados 101 servidores públicos por su “posible” responsabilidad en los hechos del 12 de diciembre de 2011.
Sin embargo, el gobierno estatal en su comunicado no dio a conocer los nombres de los presuntos sancionados ni informó qué tipo de sanción se les aplicó.
Entre los exonerados también está el ex procurador de Justicia, Alberto López Rosas, quien fue acusado por el delito de contra la administración de justicia y encubrimiento, por su presunta implicación en los hechos.
Sin embargo, el 24 de enero de este año el Primer Tribunal Colegiado de Circuito con residencia en Acapulco resolvió por unanimidad modificar la resolución de la Jueza Séptima, amparando a López Rosas.
El Juzgado Séptimo de Distrito había ordenado el 24 de febrero de 2012 la detención del ex procurador y 50 elementos federales pretendieron ejecutar la orden de aprehensión rodeando su domicilio particular en el Fraccionamiento Mozimba de Acapulco, pero la detención, inexplicablemente, no se ejecutó.
En este sentido, Rosales Sierra reiteró que, en los hechos, todos los funcionarios señalados por su responsabilidad fueron exonerados, “efectivamente hubo señalamientos contra varios funcionarios que se ubicaron en la escena del crimen y otros porque hicieron investigaciones parciales.
Por ejemplo, denunció que todos los ministerios públicos, directores de área y fiscales que estuvieron a cargo de la investigación trataron de torcerlas y darles otro cauce”, dijo.
“Recordemos que ellos fueron los que alteraron la escena del crimen, ellos fueron los que fabricaron un culpable, Gerardo Torres Pérez, a quien torturaron y pretendieron inculparlo, al presentarlo como el responsable de los hechos y de haber disparado un arma AK-47, cuando después se descubrió que no fue así”, dijo.
Insistió que todos esos funcionarios, a pesar de que se les instruyó procedimientos judiciales y administrativos, quedaron sin efecto y fueron exonerados y nadie tiene responsabilidad. Incluso dijo que la mayoría de esos funcionarios hasta ya regresaron a sus trabajos en la Procuraduría.
Dijo que en estas circunstancias quedó en la impunidad, también, la denuncia por el delito de tortura en agravio de 8 de los estudiantes de los 24 que fueron detenidos tras el desalojo, entre ellos Gerardo Torres Pérez.

López Rosas y Almonte Borja, juicio detenido

El abogado Rosales Sierra dijo que López Rosas no solamente fue exonerado por la justicia federal por su implicación en los hechos, sino que también por el Congreso local, pues recordó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en un punto de su recomendación sobre el caso Ayotzinapa, pide al Congreso local juicio político para él y para el ex secretario de Seguridad Pública y Protección Civil (SSPYPC), Ramón Almonte Rojas.
Al respecto, el 5 de octubre del 2012, la Comisión Instructora del Congreso local notificó a la CNDH el inicio de un proceso de juicio político contra los dos ex funcionarios, pero éste, en los hechos, no se realizó, o no tuvo la mayor trascendencia.
El juicio político a López Rosas y a Almonte Borja es uno de los puntos de la recomendación IVG/2012 bajo el expediente CNDH/1/2011/VG sobre la “violación grave” de los derechos humanos.
Con respecto a esta recomendación, el abogado mencionó que también está pendiente de cumplirse el aspecto de justicia, “pues en cuanto a la sanción de los responsables no se ha dado cumplimiento”.
Reconoció que en lo que se refiere a la reparación del daño se ha avanzado de manera parcial, “porque se ha reparado parcialmente el daño a los familiares de los ejecutados extrajudicialmente”.
Pero dijo que está pendiente la reparación del daño a la escuela de Ayotzinapa, sobre todo en lo que se refiere a la infraestructura y al mejoramiento de las instalaciones. “Por eso decimos que hay un cumplimiento parcial en el tema de la reparación. En conclusión, no se ha cumplido con la recomendación, o cuando menos, dista mucho de cumplirse”.
En la recomendación IVG/2012, en la que la CNDH calificó los hechos del 12 de diciembre del 2011 como de “graves violaciones a los derechos humanos”, emitió en total 30 recomendaciones; 13 para la Secretaría de Seguridad Pública Federal y el gobernador Ángel Aguirre Rivero de manera conjunta; 11 sólo para el gobernador Aguirre Rivero; 4 sólo para la Secretaría de Seguridad Pública Federal y dos para la Mesa Directiva del de la 59 Legislatura del Congreso local.
El expediente contiene, además, 11 observaciones que son: criminalización de la protesta social, uso de la fuerza y empleo excesivo de las armas de fuego en una manifestación; privación de la vida (2); lesiones por arma de fuego (3); tortura e imputación indebida de hechos; detención arbitraria y tratos crueles; violación a los derechos del niño y la mujer; indebida preservación y alteración del lugar de los hechos; hubo víctimas ajenas a la manifestación; inadecuada atención a las víctimas; inadecuada atención a la problemática prevaleciente en la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa; y finalmente, que se incumplió con el deber de investigar efectivamente los hechos.
Del total de las recomendaciones, según el abogado de Tlachinollan, Rosales Sierra, sólo algunas se cumplieron pero de manera parcial.
Mencionó, por ejemplo,  que en la recomendación sexta que se envía de manera conjunta a la Secretaría de Seguridad Pública federal y al gobernador Aguirre Rivero, la CNDH pide que “instruyan a quien corresponda, para que en un acto público en el estado de Guerrero, ante la presencia de las víctimas y sus familiares, se les ofrezca una disculpa institucional, lo cual implique el reconocimiento de las violaciones a derechos humanos en que incurrieron los servidores públicos de las dependencia a su cargo, dando a conocer las medidas y garantías para la no repetición de actos como los que dieron origen a esta investigación, informando a esta Comisión Nacional, sobre las acciones que se lleven a cabo para tal efecto”.
En respuesta a este punto, el gobierno federal y estatal organizaron un acto público el 21 de noviembre del 2012, con el que, supuestamente, dieron cumplimiento a dicho punto, pero la “disculpa institucional” se realizó sin la coordinación ni la presencia de los familiares de las víctimas.
Ese día a través de un boletín el gobierno estatal aseguró que se estaba dando cumplimiento a dicha recomendación, y que en cuanto a la sanción de los probables responsables, “se sigue proceso penal a dos policías ministeriales, de acuerdo con los estudios periciales realizados por la PGJE, CNDH y Procuraduría General de la República”, pero agregó que  corresponde al Poder Judicial determinar su situación jurídica.
También dijo que  la PGJE “integra diversas averiguaciones previas por la probable comisión de distintos delitos, entre otros el de tortura, imputados a servidores públicos durante los acontecimientos del 12 de diciembre de 2011”. Además, dijo que se conformó un equipo de especialistas externos para que aporten sus conocimientos jurídicos, a fin de fortalecer las investigaciones.
Aseguró que 12 servidores públicos de primer nivel fueron separados de sus cargos, “y están sujetos a investigación administrativa o penal, y 101 han sido sancionados administrativamente, en función de su grado de responsabilidad”.
Y, aseguró: “en una acción sin precedente, el Gobierno de Guerrero ha destinado más de 50 millones de pesos para mejorar la infraestructura de la Escuela Normal de Ayotzinapa, y optimizar las condiciones de los estudiantes, con el compromiso de que se mantendrá el apoyo”.
Pero para el abogado Rosales Sierra, “todos los recursos son ineficaces, hay impunidad, y ante la impunidad no queda otro recurso que ir al plano internacional, definitivamente, para que sean los organismos internacionales quienes juzguen al gobierno mexicano y al gobierno de Ángel Aguirre Rivero por las violaciones graves que cometieron en el caso de Ayotzinapa. Hubo ejecuciones extrajudiciales, tortura, uso excesivo de la fuerza y todas esas violaciones no pueden permanecer en la impunidad”.