A dos años del asesinato de los normalistas, el procurador sólo dice que trabaja en el caso

*Reconoce Iñaki Blanco que sí hay probables responsables, “servidores públicos federales y estatales”, y promete un informe. Confirma que están suspendidas las órdenes de aprehensión contra dirigentes sociales, pero advierte que eso no lo acordó él. Pasan de 136 en el 2011 a 215 las denuncias por secuestro en lo que va del año. Da a conocer que hasta agentes de la Procuraduría del estado participan en el robo de vehículos

Daniel Velázquez

El procurador Iñaki Blanco Cabrera dijo ayer en conferencia de prensa que “en próximos días” presentará un “informe puntual” sobre la investigación del asesinato de los dos estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Gabriel Echeverría de Jesús y Alexis Herrera Pino, que hoy cumplen dos años de haber sido acribillados por policías ministeriales y federales.
Confirmó que las órdenes de aprehensión contra luchadores sociales están suspendidas, pero dijo que él no acordó nada con los integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) porque la ley no se negocia.
El lunes 2 de diciembre, después de una multitudinaria marcha del MPG, en una reunión en la residencia oficial Casa Guerrero, en la que estuvo presente el procurador, el gobernador Ángel Aguirre Rivero ofreció a las organizaciones sociales y se comprometió a no ejecutar más órdenes de aprehensión contra sus dirigentes.
Ayer, en conferencia de prensa en las oficinas de la Promotora Turística (Protur) de Acapulco y a pregunta expresa sobre el acuerdo del gobernador con las organizaciones sociales, el procurador respondió que “yo no acordé nada”.
—Cuándo dice que usted no acordó nada, quiere decir que el impasse ¿no está vigente? —se le preguntó.
—Por supuesto que está vigente, lo que te puedo decir, en tanto titular de la Procuraduría General de Justicia, lo he dicho una y otra vez, la justicia no se negocia, la justicia se procura y se imparte. Hay un acuerdo de carácter político y entiendo que habrá mesas de diálogo, mesas de negociación para alcanzar distintos acuerdos que indudablemente tienen que ver en mucho con la situación jurídica de diversas personas, en ese sentido nosotros somos respetuosos de los acuerdos alcanzados en esas reuniones y desde luego atendemos la instrucción, la indicación del señor gobernador.
Al preguntarle si cumpliría las órdenes de aprehensión, dijo que “por el momento, no”.
Iñaki Blanco mantuvo su postura de no revelar cuántas órdenes de aprehensión están pendientes por ejecutar ni contra quiénes. Dijo que esas son emitidas por un juez y el Ministerio Público lo que hace es cumplirlas.
“La Procuraduría no inventa, no persigue a nadie de manera injusta, lo hace siempre a partir de denuncias y detrás de las denuncias hay víctimas”, expresó.
Insistió en que las acusaciones de secuestro contra los integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) fueron porque sometieron a reeducación a menores de edad y mujeres que fueron sometidos “a tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
Blanco Cabrera adelantó que “en próximos días” presentará un “informe puntual” sobre la investigación sobre el asesinato de los dos estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Gabriel Echeverría de Jesús y Alexis Herrera Pino, que hoy cumplen dos años de haber sido asesinados.
“Estamos consientes de que hay un reclamo de justicia, es por demás legítimo, lo compartimos y en tal sentido estamos trabajando”, dijo el procurador.
Indicó que en el informe que presentará está el reporte de distintas pruebas periciales, “particularmente las que tienen que ver con la posición victima-victimario”.
Agregó que sí hay probables responsables, “servidores públicos federales y estatales estuvieron o están sujetos a proceso como probables responsables de los delitos de abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público, encubrimiento, uso excesivo de la fuerza”.
Sobre la participación del actual secretario de Seguridad Pública de Acapulco, Alfredo Álvarez Valenzuela, en el asesinato de los dos estudiantes normalistas, el procurador dijo que la PGR investigó a 18 o 19  policías federales que participaron en la represión contra los estudiantes, pero dijo que no sabía si en ese grupo estuvo Álvarez Valenzuela, quien en 2011 fungía como comisario de la Policía Federal en la entidad.
Blanco Cabrera, quien era delegado de la PGR en la entidad en ese entonces, dijo que no fue él quien consignó el expediente.
Sobre la detención de Felipe Viveros alias El F, Iñaki Blanco dijo que trabajarán en coordinación con las autoridades ministeriales de Jalisco y con la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), porque en Guerrero hay varias averiguaciones previas en las que está acusado por los delitos de secuestro, extorsión y homicidio.
Del asesinato del director de Tránsito, el subdirector y dos funcionarios más del ayuntamiento de Arcelia el pasado viernes, el procurador informó que el caso fue atraído por la Procuraduría General de la República (PGR) y los cuatro probables responsables están presos en una cárcel del Ejército.
Sobre la versión que se conoció de los hechos, de que el multihomicidio se debió a una confusión, Blanco Cabrera dijo que eso será determinado por el juez que lleva el caso.

Los secuestros se han incrementado

Blanco Cabrera informó que en lo que va del año han sido detenidos 225 probables responsables del delito de secuestro, se han desarticulado 36 bandas de secuestradores y han sido rescatadas 120 personas víctimas de ese delito.
Indicó que en la entidad durante este año se presentaron 215 denuncias por secuestro y destacó que Guerrero se ubica entre las tres entidades del país que más detenciones por secuestro han realizado.
De las personas rescatadas han iniciado 76 averiguaciones previas y presumió que “en las consignaciones” tienen 99 por ciento de efectividad, porque han obtenido los autos de formal prisión en contra de los probables responsables.
Producto de las investigaciones del delito de secuestro encontraron 17 fosas clandestinas en las que ubicaron 20 cuerpos, 7 de los cuales habían sido secuestrados y después asesinados y los otros 13 cadáveres la Procuraduría sólo los registró como homicidios.
En el desglose por regiones indicó que en Acapulco han rescatado a 37 víctimas, desarticularon 12 bandas de secuestradores y capturaron a 63 probables responsables.
En la región Centro que comprende los municipios de Ahuacuotzingo, Chilapa, Chilpancingo, Eduardo Neri (Zumpango), Heliodoro Castillo (Tlacotepec), José Joaquín de Herrera, Juan R. Escudero (Tierra Colorada), Leonardo Bravo (Chichihualco), Mártir de Cuilapa (Apango), Mochitlán, Quechultenango, Tixtla y Zitlala, el procurador dijo que han  desarticulado ocho bandas de secuestradores, capturaron a 47 probables responsables y rescataron a 33 víctimas.
En el caso de Chilpancingo precisó que han detenido a 29 probables responsables, quienes secuestraban a comerciantes del mercado Baltazar R. Leyva Mancilla.
En el reporte presentado por Iñaki Blanco se informa que en la zona Norte que integran los municipios de Apaxtla, Atenango, Buenavista, Cocula, Copalillo, Cuetzala, Huitzuco, Iguala, General Canuto Neri, Ixcateopan, Pedro Ascencio de Alquisiras, Pilcaya, Taxco, Teloloapan, Tepecoacuilco y Tetipac??desarticularon tres bandas, detuvieron a 27 probables responsables  y rescataron 14 personas.
En la región Costa Grande integrada por los municipios de Coyuca de Benítez, Atoyac, San Jerónimo, Tecpan, Petatlán, Zihuatanejo, La Unión y Coahuayutla han desarticulado cinco bandas, detuvieron a 28 personas como probables responsables y rescataron a 15 víctimas.
En la región Costa Chica que integran los municipios de San Marcos, Ayutla, Azoyú, Copala, Cuautepec, Cuajinicuilapa, Cruz Grande, Juchitán, Igualapa, Marquelia, Ometepec, San Luis Acatlán, Tecoanapa, Tlacoachistlahuaca y Xochistlahuaca, desarticularon tres bandas, capturaron a 24 probables responsables y rescataron a siete víctimas.
En la región de Tierra Caliente que integran los municipios de Ajuchitlán, Arcelia, Coyuca de Catalán, Pungarabato, Cutzamala, Tlapehuala, San Miguel Totolapan, Tlalchapa y Zirándaro desarticularon una banda de secuestradores, capturaron a seis probables responsables y rescataron a cinco personas.
En la región Montaña que integran los municipio de Malinaltepec, Metlatónoc, Olinalá, Tlacoapa, Tlalixtaquilla, Tlapa, Xalpatláhuac, Xochihuehuetlán, Zapotitlán, Iliatenco, Huamuxtitlán, Cualac, Copanatoyac, Cochoapa, Atlixtac, Atlamajalcingo, Alpoyeca, Alcozauca y Acatepec desarticularon cuatro bandas dedicadas al secuestro, capturaron a 30 probables responsables y rescataron a 9 víctimas.
En la conferencia señaló que algunas de las bandas desarticuladas son las de El Cepillo,  El Chino, Los Carrasco y Los Cahori.
También dijo que desarticularon tres organizaciones de la delincuencia organizada: “Caballeros Templarios, Guerreros Unidos y Cartel de Jalisco Nueva Generación”.
Cuando se le preguntó por los pobres resultados en Tierra Caliente, donde en los últimos días los secuestros han sido constantes, el procurador dijo que esa es una visión sesgada de las cosas porque como presentó resultados de detenciones en Acapulco y Chilpancingo por eso le preguntan de los escasos resultados en Tierra Caliente.
“Efectivamente el problema de Tierra Caliente no es algo que debamos soslayar, que debemos atender”, dijo.
De la cifra de secuestros que no se denuncian, el procurador aceptó que hay casos que no se denuncian, “estoy consciente de que hay una cifra muy alta”.
Dijo que ONG’s y el INEGI estiman que el 98 por ciento de las víctimas de secuestro no lo denuncian, pero la Procuraduría confía en recuperar la confianza de los ciudadanos para que las víctimas denuncien ese ilícito.
Señaló que en 2011 recibieron 136 denuncias por secuestro, mientras que en el 2013 se recibieron 215 denuncias, lo cual dijo quiere verlo desde una óptica positiva, “no tanto que se haya incrementado el ilícito como tal, que si hay un incremento pero también verlo de esa manera que hay mayor confianza en la Procuraduría”.
Blanco Cabrera admitió que en hay funcionarios federales, estatales y municipales “que participan o que son parte de organizaciones que se dedican al robo de vehículos”, y hay algunos que forman parte de la Procuraduría, contra quienes tienen averiguaciones previas.