Chile y Colombia aplicaron con éxito policías comunitarias, sostiene un informe del IFE

*La violencia y la inseguridad fueron combatidas por la población con el apoyo del gobierno. Los casos, recogidos en el “Catálogo de Buenas Prácticas de Política Pública para la Construcción de Ciudadanía”, presentado ayer

Fernando Hernández

Chilpancingo

El Catálogo de Buenas Prácticas de Política Pública para la Construcción de Ciudadanía, del Instituto Federal Electoral, incluye el modelo comunitario aplicado en Chile a partir del año 2000 para combatir a la delincuencia.
El documento del IFE, presentado ayer, explica que el gobierno chileno financió la participación de la comunidad con el apoyo de los gobiernos municipales en los planes desplegados contra la inseguridad.
El catálogo fue presentado ayer por el personal de la junta local del IFE que encabeza David Delgado Arroyo.
Las experiencias que se recogen son diversas y en todas ellas se hace énfasis en lo que no han hecho las autoridades del estado de Guerrero: la inclusión de la sociedad civil en los asuntos relacionados con la seguridad pública, evitando así que la toma de decisiones quede en manos sólo de los mandos policiacos, de cualquiera de los tres niveles de gobierno, y desde hace unos años a la fecha al arbitrio de los militares.
El informe incluye además experiencias en materia de equidad de género y de inclusión política de las mujeres.
A la presentación asistió el consejero del Instituto Electoral del Estado de Guerrero (IEEG), Alfonso Lara, el presidente del Tribunal Electoral del Estado (TEE), Arturo Pacheco Bedolla, el presidente de la junta local Ejecutiva del IFE y el subsecretario para Asuntos Políticos del gobierno del estado, Misael Medrano Baza.
“Al final del decenio de 1980, la delincuencia había aumentado considerablemente lo que la convirtió un tema central en la agenda pública, a tal grado que era la fuente principal de crítica de la oposición al régimen militar” de Chile, se indica en el documento.
Y se agrega que “después de la instalación, en 1990, del régimen civil democráticamente electo, la lucha contra la delincuencia se volvió un asunto público prioritario. Sin embargo, en el Ministerio del Interior del Gobierno Central no existía una política pública clara de seguridad”.
El informe, hecho por Consultores en Gerencia Pública, señala que “los dos cuerpos de policía existentes, ambos adscritos al Gobierno Central, eran renuente a recibir órdenes de un gobierno civil, pues estaban acostumbrados a apoyar a la estructura corporativa militar, y en los gobiernos municipales no existía una agrupación de policía local”.
Y el caso de éxito viene a partir del año 2000 cuando “se creó una unidad responsable de orientar y dar solidez técnica, desde el Gobierno Central, a las políticas en materia de seguridad. Así inició el Programa de Comuna Segura”.
“El Programa Comuna Segura está inspirado en el esquema de Safer Cities (comunidades más seguras) surgido en el Reino Unido”, se abunda.
Y en este se contempla “la transferencia de fondos del Gobierno Central (Ministerio del Interior) a los gobiernos locales (municipios, comunas), para que enfrenten los problemas de seguridad ciudadana mediante el involucramiento de la comunidad en la ejecución de las acciones planificadas. En este sentido, el programa se define como una estrategia de prevención comunitaria del delito y la violencia; asimismo, se inscribe en la perspectiva de la descentralización de las políticas de seguridad ciudadana hacia las comunidades locales”.
El programa funciona de la siguiente manera: “al inicio del año se elige a un conjunto de municipios que van a recibir los recursos del Gobierno Central. Sin embargo, éstos se otorgan de manera escalonada: primero a unos municipios y luego a otros, en función de sus niveles de vulnerabilidad”, explica el catálogo.

La experiencia de Colombia

Otra de las experiencias retomada es el de la ciudad colombiana de Bogotá, donde fueron creados los Frentes Locales de Seguridad, similares a los movimientos de autodefensa surgidos en Guerrero este año.
La historia es la siguiente: “A finales de 1994, la Policía Nacional, tomando en cuenta los delitos de mayor impacto social en Bogotá tales como robos de vehículos, a transeúntes, residencias y establecimientos comerciales, no contaba con estrategias policiales que, por un lado, contrarrestaran los problemas de inseguridad presentes en cuadras, sectores, barrios, conjuntos cerrados, edificios y localidades y, por otro lado, cumplieran con las expectativas de la población frente a la manera de combatir esos delitos”.
El objetivo principal de los frentes que nacieron en Bogotá cuando esta ciudad era el centro de una disputa entre los narcos fue el de “vigilar el entorno inmediato y reaccionar ante situaciones anómalas o sospechosas en coordinación con la policía del área”.
Los “Frentes Locales de Seguridad están basados en los programas de Neighborhood Watch (vigilancia vecinal) que tienen su origen en los países anglosajones y han sido ampliamente difundidos en Gran Bretaña y los Estados Unidos”, se sostiene en el documento del IFE.
“De hecho, son organizaciones cívicas voluntarias de carácter comunitario lideradas por la Policía Nacional, mediante las cuales se integra a vecinos por cuadras o sectores de barrios en redes de apoyo cívico-policial. En este caso, los vecinos asociados en los Frentes deciden organizarse para mejorar la seguridad de su cuadra, conjunto cerrado, edificio, sector o barrio, contribuyendo a la convivencia pacífica, solidaria y al bienestar personal”, se contextualiza.
“Además, mediante los Frentes Locales de Seguridad se busca integrar a la comunidad en proyectos cívicos, culturales, deportivos, ecológicos y de salud”, relata el informe.
Y como una experiencia de éxito se argumenta que “esta forma de organización cívico-policial establece una nueva concepción del servicio de policía, basado en la relación policía-comunidad que busca fortalecer los lazos entre estos dos actores, formando una cohesión comunitaria que impida actuar a la delincuencia”.
“En los hechos, los Frentes Locales de Seguridad funcionan como redes de información que se extienden en un barrio y llegan hasta la policía”, se destaca.
“Las personas encargadas de organizar los Frentes Locales de Seguridad deben participar en las Escuelas de Seguridad Ciudadana”, “que son espacios pedagógicos donde se capacitan a los ciudadanos para que sean promotores de seguridad en su propia comunidad”.
Y se sintetiza que “esta práctica se basa en un proceso de motivación que hace la policía casa por casa, cuadra por cuadra, invitando a los ciudadanos a que conozcan la estrategia policial previamente diseñada. Este procedimiento lleva a que los vecinos se conozcan, recuperando así el civismo y la solidaridad en su localidad”.

El caso de Santiago de Cali

Otra de las experiencias que fueron retomadas en el estudio fue la estrategia Desarrollo, Seguridad y Paz (DESEPAZ) en la ciudad de Santiago de Cali, ubicada en el Valle del Cauca, Colombia.
El contexto que se describe de la ciudad es que “los alarmantes índices de violencia homicida registrados en el año de 1992 señalaban a Santiago de Cali como una de las ciudades más violentas de América Latina”.
Y “entre 1983 y 1993, la tasa anual de homicidios en Cali aumentó 366 %, esto es, de 23 a 90 por cada 100,000 habitantes. Según los datos de la Secretaria de Salud de Cali, los homicidios se habían convertido en la primera causa de muerte en la población. Además, se presentaban altos índices de violencia juvenil, intrafamiliar, así como violencia y maltrato al menor”.
El documento evoca que “en 1992, todos los estratos sociales expresaron la necesidad de contener la violencia y la inseguridad como la prioridad más importante para la ciudad. Por esta razón, el municipio diseñó una política integral de acción-intervención, para dar atención a los graves problemas de violencia presentes en aquellos años”.
“El alcalde de la ciudad de Cali conformó un grupo de consejeros, para estudiar el problema de la seguridad en la ciudad y presentar una propuesta para atenderla. El grupo de consejeros incluía personas de diferentes vertientes ideológicas y políticas, a fin de generar un consenso general en torno a los diversos problemas y sus posibles soluciones”, se argumenta.
“Por esta razón, participaron como consejeros representantes de grupos guerrilleros reinsertados, miembros del Partido Comunista, de las centrales obreras, de los gremios industriales y de comercio y representantes de la jerarquía de la iglesia católica”, se manifiesta.
“Luego de varios meses de trabajo conjunto entre consejeros y funcionarios de la administración municipal se elaboró el Programa DESEPAZ, el cual fue aprobado por el Consejo de Gobierno Municipal (el conjunto de secretarios del despacho) y presentado al Consejo Municipal de la ciudad. Posteriormente recibió amplia difusión en los medios de comunicación de la ciudad”, abordan los estudios de la consultoría.
El informe retoma que “el Programa DESEPAZ se basa en los principios de la multi-causalidad, la investigación, la prevención, la participación, la tolerancia y la equidad. Durante su desarrollo se aplicaron una serie de actividades basadas en el trabajo de los vecinos, con una perspectiva de desarrollo social, educación pública y sensibilización sobre el cumplimiento de las leyes”.

Mujeres e indígenas

El catálogo incluye un apartado destinado a la inclusión y reconocimiento político de las mujeres.
El capítulo se titula “Aprendiendo Juntas: Catálogo Buenas Prácticas a Nivel Internacional para incrementar la Participación Política de las Mujeres”, el cual fue desarrollado por la sede en México de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
En la sección destinada a la participación política de las mujeres se destaca el caso de la Asociación de Mujeres de Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador (AMJUPRE).
“La escuela ha demostrado resultados particularmente positivos para que las mujeres rurales líderes y electas logren afirmación personal, adquieran conocimientos necesarios para cumplir sus funciones y adquieran mayor presencia pública. No sólo la presencia de mujeres rurales adquirió importancia sino que sus acciones tuvieron positivas incidencias en las Juntas Parroquiales, para lo cual la preparación que han recibido las miembro de AMJUPRE ha influenciado positivamente”, dice.
De Bolivia se recogen las experiencias de la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL), la cual es  una instancia política, reconocida a nivel internacional que representa intereses y derechos de las autoridades femeninas en el ámbito local. Su accionar se orienta al fortalecimiento de la participación política femenina en la toma de decisiones y en la gestión municipal.