Debe la CNDH volver a intervenir en el caso Ayotzinapa: Serapaz

*No se ha cumplido su recomendación, señala Miguel Álvarez

*Aún no hay justicia por el asesinato de los normalistas, dice el ombudsman nacional

*Sí hay probables responsables, “servidores públicos federales y estatales”, dice el procurador y promete un informe

*Demanda el Comité Estudiantil juicio político a Aguirre y a Humberto Salgado como responsables del desalojo

Debe volver la CNDH al caso Ayotzinapa; su recomendación no se ha cumplido: Serapaz
*Demanda el Comité Estudiantil juicio político a Aguirre y a Humberto Salgado como responsables del desalojo policiaco del 12 de diciembre en el que fueron asesinados dos normalistas

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Servicios Profesionales para la Paz (Serapaz) manifestó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) debe reconocer que en  Guerrero “hay una labor no cumplida” y debe volver a intervenir en el seguimiento de su recomendación por las violaciones graves contra estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en el desalojo policiaco del 12 de diciembre de 2011.
Con la dirigencia estudiantil de la Normal Rural y representantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el director de Serapaz, Miguel Ángel Álvarez Gándara, afirmó que van a exigir que el organismo actualice los términos de su recomendación,  para tener mejores condiciones de justicia.
Mientras, el secretario técnico del Comité Estudiantil, Guillermo Hernández Castro, insistió en la demanda de justicia por el homicidio de sus compañeros, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, y en el juicio político del gobernador Ángel Aguirre Rivero y el  coordinador del Ejecutivo, Humberto Salgado Gómez, a quienes responsabilizan de la agresión a estudiantes donde asesinaron a los dos normalistas.
Los defensores de derechos humanos fueron consultados afuera de Casa Guerrero, al salir de una reunión con funcionarios, a la que acompañaron a representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC). Momentos después, llegaron en un camión los normalistas que se manifestaron por unos minutos con féretros en la puerta tres de la residencia oficial.
En una conferencia improvisada, Álvarez Gándara recordó que a petición de la sociedad de alumnos de la Normal Rural, se instaló una comisión de interlocución para que los normalistas pudieran comenzar dos procesos de diálogo, para la atención de los asuntos de su agenda educativa y por su demanda de justicia.
Sin embargo, añadió que en dos años de acompañamiento, Serapaz es testigo de que no hay cumplimiento cabal de la justicia, y las autoridades estatales y federales aún tienen un reto pendiente por el esclarecimiento de los hechos, “porque todavía no hay un reconocimiento público de lo que pasó, qué fuerzas actuaron, quiénes son los responsables intelectuales y operativos del desalojo, el derecho a la justicia”.
Explicó que la justicia no sólo implica el castigo a los perpetradores, incluye el derecho a la reparación del daño, en este caso de las familias que están de luto, y el derecho a la no repetición, que consiste en el establecimiento de medidas, programas y hacer ajustes institucionales para que esto no vuelva a suceder y la impunidad no sea la respuesta por  inercia se dé.
Asimismo, indicó que en el segundo aniversario luctuoso de Gabriel y Alexis, son testigos de la diversificación de asesinatos de dirigentes populares, sociales y campesinos en distintos lugares del estado, y en esta insistencia de justicia de Ayotzinapa, es pertinente incluir la planteamiento de justicia para estos casos que tampoco han recibido una justicia plena.
Añadió que el diálogo siempre será la mejor ruta para las diferencias, y estarán en la expectativa y la exigencia para que la propia CNDH reconozca que hay una labor no complica y vuelva a intervenir en el seguimiento de su recomendación.
Puntualizó que este caso es un problema que se resuelva haciendo votos, es necesario hacer algo para que se puedan vivir sin necesidad de la presión social y de la violencia.
Sobre las declaraciones del gobernador, de que ya no hay pretexto para que los estudiantes salgan a marchar o hacer bloqueos, el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, señaló que sólo fue una forma de justificar sus acciones y decir que los estudiantes de Ayotzinapa están fuera de la ley.
Sin embargo, aclaró que para hablar, el Ejecutivo debió detener y procesar a los autores materiales e intelectuales a los responsables del asesinato de los estudiantes, por lo tanto desestimó su mensaje, mientras no haya cumplido con la justicia.
Ratificó que las autoridades estatales tienen un alta responsabilidad de hacer justicia, en lugar de hacer pronunciamientos mediáticos de supuesto cumplimiento de las demandas sociales y estudiantiles.
También lamentó que se siga negando el derecho a la educación a jóvenes campesinos que han dado todo para poder alcanzar la meta de ser algún día maestros.
Por su lado, el abogado de Tlachinollán, Vidulfo Rosales Sierra, ratificó que el organismo civil de derechos humanos no va a cejar en los esfuerzos para que el caso de Ayotzinapa no quede en la impunidad, aunque los mecanismos de justicia internos en México se agotaron.
Pero recordó que existe la obligación del Estado mexicano de esclarecer la verdad, la justicia, porque la estela de impunidad no puede seguir así.
“Nos preocupa que todos los asesinatos queden en la impunidad, es un mensaje de que los crímenes políticos contra luchadores sociales se pueden seguir repitiendo sin que haya castigo a los responsables”.
Indicó que después de la muerte de los estudiantes, se pueden contabilizar decenas de asesinatos a representantes de movimientos sociales, “justamente porque no hay justicia, porque los culpables no han sido sancionados como es debido”.

Aún no hay justicia por el asesinato de los normalistas, dice la CNDH

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, lamentó ayer que, a dos años del desalojo de estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, el asesinato de dos estudiantes y la muerte de un trabajador de la gasolinera Eva 11, los familiares de las víctimas “de violaciones graves a derechos humanos” aún no hayan tenido un acceso efectivo a la justicia.
En un comunicado de tres párrafos, el organismo nacional expresó que después de dos años de los hechos ocurridos el 12 de diciembre del 2011 “en Ayotzinapa” (fue al sur de Chilpancingo), en  donde perecieron Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, así como Gonzalo Miguel Rivas Cámara, trabajador de una gasolinera, los familiares de éstos no han tenido acceso a la justicia.
Agrega que “este organismo nacional reconoce haber recibido pruebas de cumplimiento por parte de las autoridades recomendadas, respecto a la Recomendación 1VG/2012, la entonces denominada Secretaría de Seguridad Pública Federal (hoy Comisión Nacional de Seguridad); el Gobierno del estado de Guerrero, así como la mesa directiva de la LIX Legislatura del Congreso local, han remitido a esta Comisión Nacional diversas pruebas de cumplimiento, pero a la fecha las víctimas no han tenido acceso efectivo a la justicia”.
En este sentido, el comunicado informa que el presidente de la CNDH lamentó esta situación y agrega que “la CNDH continúa haciendo seguimiento a las recomendaciones y seguirá atenta a los elementos de prueba que las autoridades aporten, con el propósito de que sean respetados los derechos humanos de los agraviados”. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).

A dos años del asesinato de los normalistas, el procurador sólo dice que trabaja en el caso

*Reconoce Iñaki Blanco que sí hay probables responsables, “servidores públicos federales y estatales”, y promete un informe. Confirma que están suspendidas las órdenes de aprehensión contra dirigentes sociales, pero advierte que eso no lo acordó él. Pasan de 136 en el 2011 a 215 las denuncias por secuestro en lo que va del año. Da a conocer que hasta agentes de la Procuraduría del estado participan en el robo de vehículos

Daniel Velázquez

El procurador Iñaki Blanco Cabrera dijo ayer en conferencia de prensa que “en próximos días” presentará un “informe puntual” sobre la investigación del asesinato de los dos estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Gabriel Echeverría de Jesús y Alexis Herrera Pino, que hoy cumplen dos años de haber sido acribillados por policías ministeriales y federales.
Confirmó que las órdenes de aprehensión contra luchadores sociales están suspendidas, pero dijo que él no acordó nada con los integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) porque la ley no se negocia.
El lunes 2 de diciembre, después de una multitudinaria marcha del MPG, en una reunión en la residencia oficial Casa Guerrero, en la que estuvo presente el procurador, el gobernador Ángel Aguirre Rivero ofreció a las organizaciones sociales y se comprometió a no ejecutar más órdenes de aprehensión contra sus dirigentes.
Ayer, en conferencia de prensa en las oficinas de la Promotora Turística (Protur) de Acapulco y a pregunta expresa sobre el acuerdo del gobernador con las organizaciones sociales, el procurador respondió que “yo no acordé nada”.
—Cuándo dice que usted no acordó nada, quiere decir que el impasse ¿no está vigente? —se le preguntó.
—Por supuesto que está vigente, lo que te puedo decir, en tanto titular de la Procuraduría General de Justicia, lo he dicho una y otra vez, la justicia no se negocia, la justicia se procura y se imparte. Hay un acuerdo de carácter político y entiendo que habrá mesas de diálogo, mesas de negociación para alcanzar distintos acuerdos que indudablemente tienen que ver en mucho con la situación jurídica de diversas personas, en ese sentido nosotros somos respetuosos de los acuerdos alcanzados en esas reuniones y desde luego atendemos la instrucción, la indicación del señor gobernador.
Al preguntarle si cumpliría las órdenes de aprehensión, dijo que “por el momento, no”.
Iñaki Blanco mantuvo su postura de no revelar cuántas órdenes de aprehensión están pendientes por ejecutar ni contra quiénes. Dijo que esas son emitidas por un juez y el Ministerio Público lo que hace es cumplirlas.
“La Procuraduría no inventa, no persigue a nadie de manera injusta, lo hace siempre a partir de denuncias y detrás de las denuncias hay víctimas”, expresó.
Insistió en que las acusaciones de secuestro contra los integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) fueron porque sometieron a reeducación a menores de edad y mujeres que fueron sometidos “a tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
Blanco Cabrera adelantó que “en próximos días” presentará un “informe puntual” sobre la investigación sobre el asesinato de los dos estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Gabriel Echeverría de Jesús y Alexis Herrera Pino, que hoy cumplen dos años de haber sido asesinados.
“Estamos consientes de que hay un reclamo de justicia, es por demás legítimo, lo compartimos y en tal sentido estamos trabajando”, dijo el procurador.
Indicó que en el informe que presentará está el reporte de distintas pruebas periciales, “particularmente las que tienen que ver con la posición victima-victimario”.
Agregó que sí hay probables responsables, “servidores públicos federales y estatales estuvieron o están sujetos a proceso como probables responsables de los delitos de abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público, encubrimiento, uso excesivo de la fuerza”.
Sobre la participación del actual secretario de Seguridad Pública de Acapulco, Alfredo Álvarez Valenzuela, en el asesinato de los dos estudiantes normalistas, el procurador dijo que la PGR investigó a 18 o 19  policías federales que participaron en la represión contra los estudiantes, pero dijo que no sabía si en ese grupo estuvo Álvarez Valenzuela, quien en 2011 fungía como comisario de la Policía Federal en la entidad.
Blanco Cabrera, quien era delegado de la PGR en la entidad en ese entonces, dijo que no fue él quien consignó el expediente.
Sobre la detención de Felipe Viveros alias El F, Iñaki Blanco dijo que trabajarán en coordinación con las autoridades ministeriales de Jalisco y con la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), porque en Guerrero hay varias averiguaciones previas en las que está acusado por los delitos de secuestro, extorsión y homicidio.
Del asesinato del director de Tránsito, el subdirector y dos funcionarios más del ayuntamiento de Arcelia el pasado viernes, el procurador informó que el caso fue atraído por la Procuraduría General de la República (PGR) y los cuatro probables responsables están presos en una cárcel del Ejército.
Sobre la versión que se conoció de los hechos, de que el multihomicidio se debió a una confusión, Blanco Cabrera dijo que eso será determinado por el juez que lleva el caso.

Los secuestros se han incrementado

Blanco Cabrera informó que en lo que va del año han sido detenidos 225 probables responsables del delito de secuestro, se han desarticulado 36 bandas de secuestradores y han sido rescatadas 120 personas víctimas de ese delito.
Indicó que en la entidad durante este año se presentaron 215 denuncias por secuestro y destacó que Guerrero se ubica entre las tres entidades del país que más detenciones por secuestro han realizado.
De las personas rescatadas han iniciado 76 averiguaciones previas y presumió que “en las consignaciones” tienen 99 por ciento de efectividad, porque han obtenido los autos de formal prisión en contra de los probables responsables.
Producto de las investigaciones del delito de secuestro encontraron 17 fosas clandestinas en las que ubicaron 20 cuerpos, 7 de los cuales habían sido secuestrados y después asesinados y los otros 13 cadáveres la Procuraduría sólo los registró como homicidios.
En el desglose por regiones indicó que en Acapulco han rescatado a 37 víctimas, desarticularon 12 bandas de secuestradores y capturaron a 63 probables responsables.
En la región Centro que comprende los municipios de Ahuacuotzingo, Chilapa, Chilpancingo, Eduardo Neri (Zumpango), Heliodoro Castillo (Tlacotepec), José Joaquín de Herrera, Juan R. Escudero (Tierra Colorada), Leonardo Bravo (Chichihualco), Mártir de Cuilapa (Apango), Mochitlán, Quechultenango, Tixtla y Zitlala, el procurador dijo que han  desarticulado ocho bandas de secuestradores, capturaron a 47 probables responsables y rescataron a 33 víctimas.
En el caso de Chilpancingo precisó que han detenido a 29 probables responsables, quienes secuestraban a comerciantes del mercado Baltazar R. Leyva Mancilla.
En el reporte presentado por Iñaki Blanco se informa que en la zona Norte que integran los municipios de Apaxtla, Atenango, Buenavista, Cocula, Copalillo, Cuetzala, Huitzuco, Iguala, General Canuto Neri, Ixcateopan, Pedro Ascencio de Alquisiras, Pilcaya, Taxco, Teloloapan, Tepecoacuilco y Tetipac??desarticularon tres bandas, detuvieron a 27 probables responsables  y rescataron 14 personas.
En la región Costa Grande integrada por los municipios de Coyuca de Benítez, Atoyac, San Jerónimo, Tecpan, Petatlán, Zihuatanejo, La Unión y Coahuayutla han desarticulado cinco bandas, detuvieron a 28 personas como probables responsables y rescataron a 15 víctimas.
En la región Costa Chica que integran los municipios de San Marcos, Ayutla, Azoyú, Copala, Cuautepec, Cuajinicuilapa, Cruz Grande, Juchitán, Igualapa, Marquelia, Ometepec, San Luis Acatlán, Tecoanapa, Tlacoachistlahuaca y Xochistlahuaca, desarticularon tres bandas, capturaron a 24 probables responsables y rescataron a siete víctimas.
En la región de Tierra Caliente que integran los municipios de Ajuchitlán, Arcelia, Coyuca de Catalán, Pungarabato, Cutzamala, Tlapehuala, San Miguel Totolapan, Tlalchapa y Zirándaro desarticularon una banda de secuestradores, capturaron a seis probables responsables y rescataron a cinco personas.
En la región Montaña que integran los municipio de Malinaltepec, Metlatónoc, Olinalá, Tlacoapa, Tlalixtaquilla, Tlapa, Xalpatláhuac, Xochihuehuetlán, Zapotitlán, Iliatenco, Huamuxtitlán, Cualac, Copanatoyac, Cochoapa, Atlixtac, Atlamajalcingo, Alpoyeca, Alcozauca y Acatepec desarticularon cuatro bandas dedicadas al secuestro, capturaron a 30 probables responsables y rescataron a 9 víctimas.
En la conferencia señaló que algunas de las bandas desarticuladas son las de El Cepillo,  El Chino, Los Carrasco y Los Cahori.
También dijo que desarticularon tres organizaciones de la delincuencia organizada: “Caballeros Templarios, Guerreros Unidos y Cartel de Jalisco Nueva Generación”.
Cuando se le preguntó por los pobres resultados en Tierra Caliente, donde en los últimos días los secuestros han sido constantes, el procurador dijo que esa es una visión sesgada de las cosas porque como presentó resultados de detenciones en Acapulco y Chilpancingo por eso le preguntan de los escasos resultados en Tierra Caliente.
“Efectivamente el problema de Tierra Caliente no es algo que debamos soslayar, que debemos atender”, dijo.
De la cifra de secuestros que no se denuncian, el procurador aceptó que hay casos que no se denuncian, “estoy consciente de que hay una cifra muy alta”.
Dijo que ONG’s y el INEGI estiman que el 98 por ciento de las víctimas de secuestro no lo denuncian, pero la Procuraduría confía en recuperar la confianza de los ciudadanos para que las víctimas denuncien ese ilícito.
Señaló que en 2011 recibieron 136 denuncias por secuestro, mientras que en el 2013 se recibieron 215 denuncias, lo cual dijo quiere verlo desde una óptica positiva, “no tanto que se haya incrementado el ilícito como tal, que si hay un incremento pero también verlo de esa manera que hay mayor confianza en la Procuraduría”.
Blanco Cabrera admitió que en hay funcionarios federales, estatales y municipales “que participan o que son parte de organizaciones que se dedican al robo de vehículos”, y hay algunos que forman parte de la Procuraduría, contra quienes tienen averiguaciones previas.

A dos años, total impunidad en el asesinato de normalistas

*Fueron exonerados y liberados los dos policías ministeriales acusados de matar a Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino. El juicio político contra Alberto López Rosas y Ramón Almonte, estancado en el Congreso local. El doble homicidio será llevado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, anuncia el abogado Vidulfo Rosales

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La investigación por el desalojo violento de estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, que desembocó en el asesinato de Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, en el plano local está definitivamente agotada y se dejó en la impunidad a los responsables, por lo que el caso será trasladado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, anunció el abogado que le da seguimiento, Vidulfo Rosales Sierra.
Al cumplirse hoy dos años de la represión estudiantil, calificada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como una “grave violación a los derechos humanos”, el abogado  del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan declaró que en el plano interno ya no hay nada que hacer, “se hicieron las investigaciones que se tenían que hacer y hay una total impunidad. No hay responsables, los que había fueron exonerados”, dijo.
Y luego agregó: “o sea, estamos ante la hipótesis de la ineficacia de los recursos, y la Convención establece que cuando hay una ineficacia de los recursos para remediar la violación que se plantea, entonces se actualiza una causal para que el caso vaya al Sistema Interamericano, y es lo que estamos haciendo en estos días”, explicó.
En el estado en que se encuentra el caso, la justicia local dejó tres aspectos que atender, la investigación por el homicidio de los dos estudiantes por el cual ya fueron exonerados los agentes ministeriales Rey David Cortés Flores e Ismael Matadama Salinas; una denuncia por tortura contra 8 jóvenes estudiantes, que no se investigó, y un juicio político contra el procurador de Justicia del estado, Alberto López Rosas, y el secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, Ramón Almonte Borja, que está estancado en el Congreso local.
En un breve recuento, Rosales Sierra explicó que el más grave de los tres es “la ejecución extrajudicial” de Echeverría de Jesús y Herrera Pino, por el que únicamente fueron detenidos los dos agentes ministeriales pero ya fueron exonerados, “y no se ve que la Procuraduría tenga la intención de buscar otras líneas de investigación, de buscar otros elementos de prueba en el desglose del expediente y responsabilizar a otras personas u otros funcionarios a los que pudieran fincárseles responsabilidad penal”.

Ministeriales exonerados

Cortés Flores y Matadama Salinas fueron detenidos el 25 de enero del 2012 como presuntos responsables materiales del asesinato de los dos estudiantes durante el desalojo. Ambos aparecieron en varias fotografías y videos disparando armas AR-15 en posición de tiro frente al bloque de manifestantes.

Los dos agentes fueron sacados ese día de la Procuraduría junto con 17 funcionarios, entre ellos el ex subprocurador César de los Santos, Alejandro Paz y Puente; los ex fiscales regionales Esteban Maldonado Palacios, María Severiana Flores Peña y Pablo Alejandro Jasso Barrera; el director de Averiguaciones Previas, José Vélez Zapata, y la agente del Ministerio Público María Eugenia Salgado Guzmán.
Sin embargo los 17 funcionarios sólo fueron presentados para declarar en torno a los hechos ante el Ministerio Público federal y sólo se quedaron detenidos Matadama Salinas y Cortés Flores.
Pero los dos agentes fueron puestos en libertad el 23 de abril de este año, presuntamente al no encontrar el juez de la causa elementos probatorios para incriminarlos en el asesinato de los estudiantes.
Seis meses después –el 5 de julio— serían detenidos el ex subprocurador Alejandro Hernández Paz y Puente y la agente del Ministerio Público, Gloria Rocío Cruz Méndez, pero esta vez no como presuntos responsables del desalojo y doble homicidio, sino por delitos de encubrimiento y contra la administración de justicia, presuntamente cometidos  por la liberación de los 24 estudiantes que fueron detenidos durante el desalojo.
Pero Paz y Puente salió libre el 27 de julio de este año, luego de que la Procuraduría General de la República decidió no presentar conclusiones acusatorias en su contra por el delito de contra la administración de justicia, y un mes después el juez lo absolvió del delito de encubrimiento que todavía enfrentaba en libertad. Por los mismos delitos sólo sigue detenida la agente del Ministerio Público Gloria Rocío Cruz Méndez.
A pesar de que solamente los dos agentes ministeriales fueron detenidos pero después liberados, los 17 funcionarios que sólo fueron presentados a declarar y el ex subprocurador Alejandro Hernández y la Ministerio Público Rocío Cruz Méndez que fueron detenidos pero no por su implicación directa en el caso del homicidio y desalojo, el gobierno del estado informó mediante un boletín el 30 de abril pasado que fueron sancionados 101 servidores públicos por su “posible” responsabilidad en los hechos del 12 de diciembre de 2011.
Sin embargo, el gobierno estatal en su comunicado no dio a conocer los nombres de los presuntos sancionados ni informó qué tipo de sanción se les aplicó.
Entre los exonerados también está el ex procurador de Justicia, Alberto López Rosas, quien fue acusado por el delito de contra la administración de justicia y encubrimiento, por su presunta implicación en los hechos.
Sin embargo, el 24 de enero de este año el Primer Tribunal Colegiado de Circuito con residencia en Acapulco resolvió por unanimidad modificar la resolución de la Jueza Séptima, amparando a López Rosas.
El Juzgado Séptimo de Distrito había ordenado el 24 de febrero de 2012 la detención del ex procurador y 50 elementos federales pretendieron ejecutar la orden de aprehensión rodeando su domicilio particular en el Fraccionamiento Mozimba de Acapulco, pero la detención, inexplicablemente, no se ejecutó.
En este sentido, Rosales Sierra reiteró que, en los hechos, todos los funcionarios señalados por su responsabilidad fueron exonerados, “efectivamente hubo señalamientos contra varios funcionarios que se ubicaron en la escena del crimen y otros porque hicieron investigaciones parciales.
Por ejemplo, denunció que todos los ministerios públicos, directores de área y fiscales que estuvieron a cargo de la investigación trataron de torcerlas y darles otro cauce”, dijo.
“Recordemos que ellos fueron los que alteraron la escena del crimen, ellos fueron los que fabricaron un culpable, Gerardo Torres Pérez, a quien torturaron y pretendieron inculparlo, al presentarlo como el responsable de los hechos y de haber disparado un arma AK-47, cuando después se descubrió que no fue así”, dijo.
Insistió que todos esos funcionarios, a pesar de que se les instruyó procedimientos judiciales y administrativos, quedaron sin efecto y fueron exonerados y nadie tiene responsabilidad. Incluso dijo que la mayoría de esos funcionarios hasta ya regresaron a sus trabajos en la Procuraduría.
Dijo que en estas circunstancias quedó en la impunidad, también, la denuncia por el delito de tortura en agravio de 8 de los estudiantes de los 24 que fueron detenidos tras el desalojo, entre ellos Gerardo Torres Pérez.

López Rosas y Almonte Borja, juicio detenido

El abogado Rosales Sierra dijo que López Rosas no solamente fue exonerado por la justicia federal por su implicación en los hechos, sino que también por el Congreso local, pues recordó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en un punto de su recomendación sobre el caso Ayotzinapa, pide al Congreso local juicio político para él y para el ex secretario de Seguridad Pública y Protección Civil (SSPYPC), Ramón Almonte Rojas.
Al respecto, el 5 de octubre del 2012, la Comisión Instructora del Congreso local notificó a la CNDH el inicio de un proceso de juicio político contra los dos ex funcionarios, pero éste, en los hechos, no se realizó, o no tuvo la mayor trascendencia.
El juicio político a López Rosas y a Almonte Borja es uno de los puntos de la recomendación IVG/2012 bajo el expediente CNDH/1/2011/VG sobre la “violación grave” de los derechos humanos.
Con respecto a esta recomendación, el abogado mencionó que también está pendiente de cumplirse el aspecto de justicia, “pues en cuanto a la sanción de los responsables no se ha dado cumplimiento”.
Reconoció que en lo que se refiere a la reparación del daño se ha avanzado de manera parcial, “porque se ha reparado parcialmente el daño a los familiares de los ejecutados extrajudicialmente”.
Pero dijo que está pendiente la reparación del daño a la escuela de Ayotzinapa, sobre todo en lo que se refiere a la infraestructura y al mejoramiento de las instalaciones. “Por eso decimos que hay un cumplimiento parcial en el tema de la reparación. En conclusión, no se ha cumplido con la recomendación, o cuando menos, dista mucho de cumplirse”.
En la recomendación IVG/2012, en la que la CNDH calificó los hechos del 12 de diciembre del 2011 como de “graves violaciones a los derechos humanos”, emitió en total 30 recomendaciones; 13 para la Secretaría de Seguridad Pública Federal y el gobernador Ángel Aguirre Rivero de manera conjunta; 11 sólo para el gobernador Aguirre Rivero; 4 sólo para la Secretaría de Seguridad Pública Federal y dos para la Mesa Directiva del de la 59 Legislatura del Congreso local.
El expediente contiene, además, 11 observaciones que son: criminalización de la protesta social, uso de la fuerza y empleo excesivo de las armas de fuego en una manifestación; privación de la vida (2); lesiones por arma de fuego (3); tortura e imputación indebida de hechos; detención arbitraria y tratos crueles; violación a los derechos del niño y la mujer; indebida preservación y alteración del lugar de los hechos; hubo víctimas ajenas a la manifestación; inadecuada atención a las víctimas; inadecuada atención a la problemática prevaleciente en la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa; y finalmente, que se incumplió con el deber de investigar efectivamente los hechos.
Del total de las recomendaciones, según el abogado de Tlachinollan, Rosales Sierra, sólo algunas se cumplieron pero de manera parcial.
Mencionó, por ejemplo,  que en la recomendación sexta que se envía de manera conjunta a la Secretaría de Seguridad Pública federal y al gobernador Aguirre Rivero, la CNDH pide que “instruyan a quien corresponda, para que en un acto público en el estado de Guerrero, ante la presencia de las víctimas y sus familiares, se les ofrezca una disculpa institucional, lo cual implique el reconocimiento de las violaciones a derechos humanos en que incurrieron los servidores públicos de las dependencia a su cargo, dando a conocer las medidas y garantías para la no repetición de actos como los que dieron origen a esta investigación, informando a esta Comisión Nacional, sobre las acciones que se lleven a cabo para tal efecto”.
En respuesta a este punto, el gobierno federal y estatal organizaron un acto público el 21 de noviembre del 2012, con el que, supuestamente, dieron cumplimiento a dicho punto, pero la “disculpa institucional” se realizó sin la coordinación ni la presencia de los familiares de las víctimas.
Ese día a través de un boletín el gobierno estatal aseguró que se estaba dando cumplimiento a dicha recomendación, y que en cuanto a la sanción de los probables responsables, “se sigue proceso penal a dos policías ministeriales, de acuerdo con los estudios periciales realizados por la PGJE, CNDH y Procuraduría General de la República”, pero agregó que  corresponde al Poder Judicial determinar su situación jurídica.
También dijo que  la PGJE “integra diversas averiguaciones previas por la probable comisión de distintos delitos, entre otros el de tortura, imputados a servidores públicos durante los acontecimientos del 12 de diciembre de 2011”. Además, dijo que se conformó un equipo de especialistas externos para que aporten sus conocimientos jurídicos, a fin de fortalecer las investigaciones.
Aseguró que 12 servidores públicos de primer nivel fueron separados de sus cargos, “y están sujetos a investigación administrativa o penal, y 101 han sido sancionados administrativamente, en función de su grado de responsabilidad”.
Y, aseguró: “en una acción sin precedente, el Gobierno de Guerrero ha destinado más de 50 millones de pesos para mejorar la infraestructura de la Escuela Normal de Ayotzinapa, y optimizar las condiciones de los estudiantes, con el compromiso de que se mantendrá el apoyo”.
Pero para el abogado Rosales Sierra, “todos los recursos son ineficaces, hay impunidad, y ante la impunidad no queda otro recurso que ir al plano internacional, definitivamente, para que sean los organismos internacionales quienes juzguen al gobierno mexicano y al gobierno de Ángel Aguirre Rivero por las violaciones graves que cometieron en el caso de Ayotzinapa. Hubo ejecuciones extrajudiciales, tortura, uso excesivo de la fuerza y todas esas violaciones no pueden permanecer en la impunidad”.