Silvia Romero, responsable de negligencia e intolerancia ante las demandas de normalistas

Lourdes Chávez / Chilpancingo

El informe final de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señala que por las violaciones a los derechos humanos de los alumnos de la Normal de Ayotzinapa, existe responsabilidad institucional de la titular de la Secretaría de Educación Guerrero, Silvia Romero Suárez y de los directores y personal encomendado a la atención de la problemática prevaleciente en la escuela, por atención inadecuada, negligencia e intolerancia a la demanda de atención de los estudiantes.
Asimismo, señala que la convocatoria pública para el concurso de elección de aspirantes, ciclo escolar 2012-2013, es insuficiente para acreditar la atención integral a las demandas colectivas de los normalistas.
En el principio del apartado “K” del documento, sobre la “inadecuada atención a la problemática prevaleciente en la Normal Raúl Isidro Burgos”, se destacan las razones que motivaron las manifestaciones y protestas de normalistas el 12 de diciembre de 2011, cuando fueron desalojados a balazos de la Autopista del Sol por policías federales, estatales y ministeriales.
Aunque se menciona el informe que entregó el gobierno del estado para atender las demandas estudiantiles antes de la movilización de diciembre, éste contrastó con las observaciones de los enviados de la CNDH a la normal rural.
Tras la inspección de los visitadores de la CNDH, señalaron que encontraron abandono institucional en la institución, pues “a pesar de existir ciertas acciones, las políticas públicas implementadas para atender la problemática prevaleciente, han sido insuficientes y en algunos casos omisas para garantizar cualquier tipo de derecho humano referido a la educación, protección a la salud, desarrollo y vivienda digna”.
Se agrega que “la falta de evidencias que permitieran acreditar acciones eficaces y una política pública integral para atender con la debida diligencia y cuidado la citada problemática social, cultural, económica y política que presenta la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, aunado a la forma en que se decidió contener la manifestación que se generó por ese motivo el 12 de diciembre de 2011, en Chilpancingo, criminalizándola, representó para este organismo una muestra de negligencia e intolerancia institucional por parte del gobierno del estado de Guerrero en la atención de reclamos colectivos”.
En el documento se plasmó que la atención a las demandas estudiantiles por el gobierno fue un paliativo que no contribuyó a resolver de forma definitiva “la problemática que padece la institución desde hace décadas”.
Finalmente, el informe afirma que “lo anterior implicó la existencia de responsabilidad institucional en materia de derechos humanos atribuible a los servidores públicos del gobierno del estado de  Guerrero, particularmente de AR19, titular de la Secretaría de Educación, y de los  directores y personal encomendado en la atención de la problemática prevaleciente en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, respectivamente, convalidándose con ello la relación causa-efecto entre la inadecuada atención de las demandas colectivas y los agravios planteados por los estudiantes”.
Y concluye que la convocatoria pública para el concurso de elección de aspirantes, ciclo escolar 2012-2013, es insuficiente para acreditar la atención integral a las demandas colectivas de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.