Indemnización, disculpa pública y juicios políticos demanda la CNDH por el asesinato de los normalistas

Zacarías Cervantes / Chilpancingo

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recomendó ayer que se abra juicio político a varios funcionarios,  indemnizar a las víctimas y sus familiares y ofrecer una disculpa pública por los hechos del 12 de diciembre de 2011, en los que los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino fueron asesinados a balazos durante el violento desalojo de su protesta en la Autopista del Sol.
La CNDH hizo público su informe final sobre la represión gubernamental de aquel día y emitió 30 recomendaciones al gobernador Angel Aguirre Rive-ro, al secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, y al presidente de la mesa directiva del Congreso local, Efraín Ramos Ramírez.
En su recomendación 1VG/2012, de 125 páginas, la CNDH reitera que en el desalojo se produjeron “violaciones graves” a los derechos humanos.
El organismo nacional emite 13 recomendaciones generales tanto para el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, como para el gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Asimismo, otras cuatro recomendaciones son particularizadas para el secretario de Seguridad Pública federal, 11 para el gobernador y dos para el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local.
La CNDH reitera que en el desalojo de normalistas se cometieron “graves violaciones” a los derechos humanos y cita entre ellos la privación de la vida; lesiones con arma de fuego; tortura e imputación indebida de hechos; detención arbitraria y tratos crueles; criminalización de la protesta social, y uso de la fuerza y empleo excesivo de armas de fuego en una manifestación.
Además, la CNDH encontró en sus investigaciones una indebida preservación y alteración del lugar de los hechos; inadecuada atención a las víctimas; indebida atención a la problemática prevaleciente en la Escuela Normal de Ayotzinapa, y “obstáculos” para el esclarecimiento de los hechos.

Indemnización a las familias

En la primera recomendación el organismo pide al secretario de Seguridad Pública federal y al gobernador que instruyan a quien corresponda para que se implementen las acciones necesarias para indemnizar a las víctimas y a sus familiares por los daños causados, elaborando un registro que permita identificar adecuadamente a cada una de ellas.
También les pide que tomen las medidas pertinentes a fin de que a las víctimas y sus familiares se les reconozca el derecho a intervenir y conocer el trámite de las investigaciones, así como aportar los elementos que estimen convenientes para el esclarecimiento de los hechos, garantizando la protección y salvaguarda de sus derechos.
Recomienda, por otra parte, que diseñen e impartan un programa integral de capacitación y formación en materia de derechos humanos, dirigido a los servidores públicos de sus instituciones encargados de las áreas de seguridad pública y procuración de justicia.
Asimismo, les recomienda la protección del escenario del crimen y el material sensible significativo que se genere en intervenciones policiales, con el propósito de garantizar a la institución del Ministerio Público una eficaz investigación de los acontecimientos.
La quinta recomendación es para que implementen acciones eficaces de coordinación institucional para el tratamiento de manifestaciones públicas, “con especial atención en sus características, a fin de diferenciar si su naturaleza es pacífica o violenta, y en función de ello, determinar qué tipo de operativo, personal, equipo y otros elementos a utilizar para afrontarla”.
En la sexta, recomienda la realización de una disculpa institucional en un acto público en Guerrero, “lo cual implique el reconocimiento de las violaciones a derechos humanos en que incurrieron los servidores públicos de las dependencia a su cargo” y donde además deberán dar a conocer las medidas y garantías para la no repetición de ese tipo de hechos.
Les pide, asimismo, que instruyan a quien corresponda para que se homologuen las acciones policiacas que hagan posible su formación, con similar capacidad táctica y operativa, “para que en casos similares a los que dieron origen a la presente recomendación se respeten, sobre todo, los derechos humanos de las personas”.
En la octava recomienda el desarrollo profesional de las corporaciones policiales con base en técnicas modernas y en la formación de valores cívicos, el conocimiento de los ordenamientos jurídicos inherentes a su función, la vocación de servicio y de comportamiento ético. Asimismo que se transformen cualitativa y cuantitativamente los sistemas operativos, el marco jurídico, la capacitación y la profesionalización policial.
La CNDH también les pide que las corporaciones policiales de sus respectivos ámbitos de competencia, que intervengan en casos como los que dieron origen a la recomendación, “hagan efectivos, en favor de los menores de edad y de las mujeres, los derechos protegidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y en la Convención para Eliminar todo tipo de Discriminación a las Mujeres”.
También les recomienda que debido a la información que no han hecho llegar a ese organismo, “se les solicita que giren sus atentas instrucciones a quien corresponda, a fin de que con toda oportunidad se informe a este organismo nacional, los avances e incluso los resultados obtenidos en dichas investigaciones”.
En la recomendación undécima, la CNDH les pide que se investigue si dentro de la lista de funcionarios o servidores públicos que han sido sometidos a su jurisdicción para ser investigados administrativamente, se encuentran aquellos que no solamente ejecutaron, sino también los que conocieron, autorizaron, convalidaron o consintieron los hechos del 12 de diciembre de 2011.
Advierte que “de no ser así, se solicita que requieran a dichas autoridades, que de manera inmediata regularicen los procedimientos administrativos correspondientes, a fin de que se investiguen las acciones u omisiones o incluso la corresponsabilidad que les resulte en el desempeño de sus funciones a los citados funcionarios o servidores públicos y resuelvan lo que en derecho corresponda”.
La CNDH les pide también que giren instrucciones a quien corresponda, para que de manera coordinada y sin excepción alguna, se les brinde a todos y cada uno de ellos, o en su caso a sus familiares, como medida de rehabilitación, la atención médica, psicológica o psiquiátrica gratuita, de forma inmediata, adecuada y efectiva, a través de instituciones estatales de salud especializadas.
Además les recomienda que instruyan a los servidores públicos de sus respectivas instancias de gobierno, que proporcionen en forma oportuna y veraz “toda la información y datos que solicite esta Comisión Nacional, y se fomente en ellos la cultura de la legalidad; debiendo comunicar a esta Comisión Nacional, los avances, así como los resultados obtenidos en tales gestiones”.

Y para el gobernador Aguirre

En las recomendaciones exclusivas al gobernador, le pide que instruya a quien corresponda para que se revisen las políticas públicas que en materia educativa existen en esta entidad, “con el objetivo de que los alcances de éstas beneficien a todos los habitantes del estado de Guerrero, y se instrumente un programa emergente que atienda las necesidades de las escuelas normales rurales en el estado de Guerrero, especialmente la “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa”.
Igualmente que gire instrucciones a quien corresponda para que con la participación de los estudiantes de esa normal se implemente un programa que garantice la seguridad de esa institución educativa y salvaguarde la integridad de su personal.
Además, que instruya a quien corresponda “para que se colabore con esta Comisión Nacio-nal en los trámites tanto de la queja que se promueva ante la Contraloría General del estado de Guerrero, la Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero, y en la Unidad de la Contraloría y Asuntos Internos en la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del estado de Guerrero; así como de la denuncia de juicio político que se promueva ante el Congreso del estado de Guerrero, todas en contra de los servidores públicos que intervinieron en los hechos”.
Además le pide que colabore con la CNDH en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que se formule ante la Procuraduría General de la República, en contra de los servidores públicos involucrados.
Y con respecto a los actos de tortura “que se acreditaron en la presente recomendación”, le pide que gire sus instrucciones, a fin de que la institución del Ministerio Público a la que corresponda investigar el caso, sea oportunamente proveída de la información necesaria, que permita en su momento encausar al o los probables responsables “hasta lograr obtener de parte del órgano jurisdiccional una sanción”.
Otra recomendación es para que el órgano de procuración de justicia de esta entidad lleve a cabo programas permanentes “y establezca procedimientos encaminados a lograr, la orientación y asistencia de la población con la finalidad de vigilar la exacta observancia de los derechos humanos de aquellas personas involucradas en la comisión de algún ilícito penal”.
Le demanda, en este mismo punto, la organización de cursos de capacitación de su personal para fomentar el respeto de los derechos humanos; la profesionalización de sus cuerpos policiales, así como la profesionalización de los servidores públicos que participan en la custodia y tratamiento de toda persona sometida a arresto, detención o prisión.

Por otra parte, en el caso “muy particular” de AR4 (el ex subsecretario de Prevención y Operación Policial, Ramón Miguel Arreola), AR5 (el ex procurador Alberto López Rosas) y AR7 (el ex secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, Ramón Almonte Borja), así como de sus colaboradores directos “que convalidaron, consintieron o toleraron las acciones y omisiones de los elementos de la Policía Ministerial y de la Policía Estatal, que actualizaron las violaciones a derechos humanos que se describen en la presente Recomendación, se solicita que comisione un grupo especial que esté atento en todo momento, a la secuela procesal o procedimental que se encuentra siendo instaurada en su contra”.
Igualmente pide que se aporten los elementos de prueba necesarios ante el órgano jurisdiccional que le permitan emitir una sentencia encaminada a resarcir a las víctimas del delito y del abuso del poder, así como a sus familiares, el pleno goce de los derechos humanos que les fueron conculcados.
Y en la cláusula novena le recomienda que gire las instrucciones para que se conforme un equipo interdisciplinario integrado por un agente del Ministerio Público y del personal necesario en las diversas materias de servicios periciales, para que conjuntamente con elementos de la Policía Ministerial a su mando, y en su caso, con la colaboración que previamente se solicite a la Procuraduría General de la República, agilicen las investigaciones que permitan esclarecer el homicidio de V48 (el empleado de la gasolinera 4033, Gonzalo Rivas Cámara).
Además le pide que instruya al titular del órgano de procuración de justicia para que conjuntamente con el agente del Ministerio Público, aporten los elementos de prueba necesarios ante el órgano jurisdiccional que corresponda, “a fin de lograr que se emita una sentencia encaminada a resarcir a las victimas del delito y del abuso del poder, o a sus familiares, el pleno goce de los derechos humanos que les fueron conculcados”.
Finalmente le recomienda que instruya a quien corresponda, que se tomen las medidas y providencias para proteger la vida, integridad física y derechos de “V6”, víctima de tortura, así como de sus familiares directos, “a efecto de evitar todo daño, acto de intimidación, derivado de los hechos materia de la presente recomendación”.
Al presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Efraín Ramos Ramírez, le recomienda tomar las medidas adecuadas para garantizar que se atiendan de manera oportuna las necesidades de las escuelas normales rurales en el estado, especialmente la Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Y en la segunda le pide que gire sus instrucciones a quien corresponda “para que a partir de que se haga pública esta recomendación por violaciones graves a los derechos humanos, colabore en el trámite de la denuncia de juicio político que se inicie, en su caso, en contra del ex procurador general de Justicia (Alberto López Rosas) y del ex secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (Ramón Almonte Borja), “con motivo de los hechos ocurridos el 12 de diciembre de 2011”.