El aval para el Centro Cultural Cristo Rey es sólo de carácter administrativo: Conaculta

En caso de existir alguna inconformidad sería con la Cámara de Diputados, en el área que otorgó los recursos, dice el director de Prensa del Consejo, Roberto Perea

Óscar Ricardo Muñoz Cano

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), luego de conocer el documento publicado en este diario y firmado por el diputado federal Manuel Añorve Baños, respecto a que los más de 20 millones de pesos entregados al Centro Cultural Cristo Rey, administrado por la iglesia católica, sí contaron con su aval. Reiteró que el supuesto aval del que se habla  “es únicamente en el sentido de que el expediente cumpla con los requisitos que marca la ley, que cumpla con lo administrativo”.
Así declaró el director de Prensa de Conaculta, Roberto Perea, quien agregó que en ese proceso el Conaculta está obligada por ley, y recordó que  “la Cámara de Diputados etiqueta un recurso para un proyecto X, hasta ese momento Conaculta ni conoce el proyecto ni sabe a quién se le va a entregar, simplemente que, toda una lista de expedientes de proyectos etiquetados que asigna en el tema cultural la Cámara, a través de la Comisión de Cultura, llegan a Conaculta, al área correspondiente de acuerdo al tema de que se trate, y lo que se hace es una revisión para saber que cumplan los requisitos que marcan las convocatorias”.
En ese sentido, recalcó que en principio la revisión que se hace en Conaculta es de carácter documental, “ya después de que se aplica el recurso el que lo recibe tiene la obligación de comprobar los gastos y de demostrar documentalmente que el trabajo que se hizo corresponde a lo que describía el proyecto”.
Puntualizó que en primera instancia desconocen el proyecto del Centro Cultural Cristo Rey, pero que si Conaculta dio su visto bueno fue “porque al menos en el papel es un asunto de carácter cultural”.
No obstante, advirtió que si no corresponde a un asunto cultural, se tendría que realizar una revisión posterior y de ser necesario trasladar el caso al terreno de lo legal.
Precisamente, recordó que hay un caso que se encuentra en ese terreno: el “de una asociación de los amigos de la catedral”, en la ciudad de México, donde efectivamente, dijo Perea, “no se presentaron las comprobaciones de los gastos realizados y todo parece indicar que los recursos no se usaron de manera correcta”.
Y es que dijo, “Conaculta actúa de buena fe, confía en lo que se está presentando, pero el expediente no se cierra con la entrega de los recursos, viene un proceso de comprobación tanto de carácter económico como físico de los trabajos que se hicieron y si no se cumple este requisito esto ya es motivo de un requerimiento de carácter legal procediéndose a las sanciones correspondientes”. Agregó que en caso de existir alguna inconformidad sería para con la Cámara de Diputados, en el área que otorgó los recursos.
Respecto a las reuniones sostenidas entre el arzobispo de Acapulco y empleados de Conaculta, Perea informó que fueron simplemente de orientación para la integración de expedientes, debido que ya estaban etiquetados los recursos. “Estas reuniones fueron para eso, para explicarles si es que tenían alguna duda y son reuniones que se tienen con todos los que presentan proyectos ya aprobados”, por lo que se negó a aceptar que con las reuniones se estuviera violando el principio de separación entre Iglesia y Estado estipulado en la Constitución del país en sus artículos 40 y 130 y recalcando que los recusos fueron asignados por la Cámara de Diputados.