Ofrecen regidores mediar en el conflicto entre el Ayuntamiento capitalino y los refugiados del Indeg

Anarsis Pacheco Pólito

Chilpancingo

Regidores de la oposición que integran el cabildo del Ayuntamiento capitalino se reunirán con damnificados que cumplen este domingo tres meses de refugiarse en las instalaciones del Instituto del Deporte de Guerrero (Indeg), a causa de la tormenta tropical Manuel.
Después de tres días de tensión al interior del albergue de Chilpancingo, los regidores de la oposición ofrecieron establecer una mesa de diálogo con las 64 familias que viven desde hace tres meses en el Indeg.
La damnificada, de nombre Rosa, explicó que el pasado viernes el alcalde Mario Moreno Arcos, visitaría las instalaciones para platicar con los damnificados, pero nunca llegó, a pesar de las continuas protestas de las familias por el anuncio del desalojo.
Hasta este sábado por la tarde, las 190 personas afectadas por la tormenta tropical Manuel no han sido informadas de algún plan de acciones por parte del gobierno municipal, para que puedan salir del albergue con una respuesta clara sobre su situación.
Los damnificados informaron que la situación sigue siendo tensa y que se sienten hostigados por los servidores públicos encargados de dicho albergue, quienes no han podido ser claros sobre como va el proceso para su reubicación.
Por otra parte, aseguraron que se establecerá una mesa de diálogo con regidores de oposición, Andrei Marmolejo Valle, perteneciente a Movimiento Ciudadano, y Reynalda Pablo de la Cruz, perteneciente a Acción Nacional.
“A nosotros no nos han informado sobre ningún plan para nuestra reubicación, no sabemos a donde iremos, tendremos que regresar a las mismas zonas de alto riesgo, donde perdimos todo”, agregó Rosa.
Explicaron que el diálogo con los regidores es con la finalidad de que sean mediadores entre el presidente municipal y ellos, ya que no han sido atendidos a pesar de solicitarlo.
“Ni nos atiende Mario y Denisse; sólo queremos que sean claros y se comprometan con lo que prometieron”, resaltó.
Los damnificados reiteraron que buscan que el gobierno deje de prometer lo que no puede cumplir y que mejor agilice los procesos para obtener el terreno que fue autorizado para comprar, junto con el recurso de los 60 millones de pesos que autorizó el gobierno del estado.