Bloquea PRI reforma para la alerta de violencia de género porque perjudica al estado de México

Agencia Reforma

Ciudad de México

El Pleno de la Cámara de Diputados pidió a la Secretaría de Gobernación que se modifiquen los criterios con los que se define la alerta de género en las entidades, a fin de evitar la politización del tema.
Tal punto de acuerdo se aprobó luego de un acalorado debate en la sesión de la semana pasada, donde legisladoras del PAN, PRD, PT y Movimiento Ciudadano condenaron el aumento de feminicidios en el estado de México, señalamiento que los priistas rechazaron como un hecho grave en su entidad.
A propuesta inicial de la perredista Teresa Incháustegui, se propuso un punto de acuerdo para obtener elementos objetivos para determinar la gravedad de la violencia feminicida.
“La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de las Mujeres, para que se reforme el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a fin de integrar elementos objetivos y técnicos para contar con un sistema de indicadores que permita dar seguimiento a la violencia feminicida en todo el país y perfeccionen el mecanismo de la Alerta de Violencia de Género para su eficaz funcionamiento”, se cita en el acuerdo aprobado.
En el cuerpo de la propuesta se establece que de acuerdo con los datos de investigaciones realizadas por la propia Cámara de Diputados y organismos nacionales e internacionales, se ha producido un total de 36 mil 606 asesinatos de mujeres, equivalente al homicidio de 20 mujeres al día, en los últimos 25 años.
“Sin embargo, el incremento de la violencia social que ha venido de la mano de la operación de organizaciones criminales y de la llamada guerra contra el narcotráfico se ha volcado en un crecimiento exponencial de los feminicidios en todo el país, haciendo que en sólo 5 años, de 2005 a 2010 se concentre una cuarta parte de todos estos homicidios”, se cita en el acuerdo suscrito por Alejandro Encinas, del PRD; Adriana Terrazas Porras y José Ramón Martel López, del PRI; María Antonieta Pérez Reyes, del PAN, y Caritina Sáenz Vargas, del PVEM.
“El feminicidio ha crecido relativamente más que los homicidios femeninos. Hay once entidades donde los feminicidio han crecido de 90 a 483 por ciento en sólo dos años, los cuales se concentran en 24 localidades de 13 entidades del país, buena parte de los cuales se encuentran en situaciones de altísima violencia armada por la presencia de organizaciones del crimen organizado y fuerzas militares y policiales”.
En el texto también se advierte que según dichas investigaciones, el crecimiento de feminicidios en las entidades donde se verifica trata de personas ha registrado un crecimiento de entre 300 y 450 por ciento, y otro tanto hace a localidades conocidas como de “turismo sexual”, donde la tasa de los feminicidios ha crecido más que la tasa de los homicidios masculinos.
“Que considerando la gravedad del fenómeno descrito, es impostergable definir un conjunto de indicadores y criterios técnicos que despoliticen el mecanismo de Alerta de Género, considerado en la Ley de General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. De suerte que se establezca un monitoreo general y permanente en todas las entidades, a fin de dar seguimiento a la situación que guarda la violencia feminicida en el país y que se pueda evaluar lo que las autoridades locales, estatales y federales, hacen a favor de garantizar los derechos humanos de las mujeres, especialmente el derecho a una vida libre de violencia”, se expone en el escrito.
Para conseguir lo anterior, se agrega, es necesaria la modificación del reglamento de la ley antes citada en el que se incorporen elementos y criterios objetivos y estandarizados para establecer un Sistema Nacional de Indicadores de Monitoreo para la Alerta de Género.
Con ello, el Gobierno federal y las instancias que conforman el sistema nacional contarán con elementos claros, pertinentes, objetivos y contundentes para llevar a cabo el procedimiento de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género, que permita enfrentar y erradicar el contexto que impide el ejercicio pleno de los derechos humanos y, con ello, garantizar el derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia.