La reglamentación de la Policía Rural le toca al gobierno, dice el panista Jorge Camacho

*Impulsa Marcos Parra una nueva ley de transparencia, que contenga sanciones para funcionarios

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Mientras el diputado del PAN, Jorge Camacho Peñaloza, dijo que el gobierno debe regular a la Policía Rural, su compañero Marcos Efrén Parra Gómez declaró que a los legisladores locales les corresponde hacer el reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Guerrero “como una ley reglamentaria”, en entrevista por separados después de su primer informe de labores.
Es decir, en un procedimiento similar, pero de temas distintos, dos de tres diputados de la misma fracción se contradijeron.
Parra Gómez y Camacho Peñaloza presentaron ante un público reducido, en las oficinas estatales del PAN, su primer informe de labores, y excusaron la ausencia de la diputada Delfina Oliva Hernández, porque se encontraba en un examen nacional como consejera de Acción Nacional en la ciudad de México.
Al final del acto, Parra Gómez destacó que estaba impulsando una ley de transparencia y rendición de cuentas, que sea abierta, para que se informe del gasto público a todo el mundo a través de internet.
Cuando se le recordó que esa ley ya existe, respondió con otra interrogante: “¿y se cumple?”
Aceptó que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Guerrero no se está aplicando ni en el Congreso local, y que por eso es necesario reglamentarla para castigar las faltas. “De nada sirve que haya una ley si no hay una sanción”, dijo.
Sobre la falta del Congreso del estado ante una ley que él mismo aprobó, argumentó que el PAN no tiene fuerza suficiente para hacerla cumplir, y afirmó que la elaboración de sus reglamentos les toca a los diputados, como leyes reglamentarias.
Sobre la Ley de la Policía Rural del Estado, que como iniciativa envió el gobernador Ángel Aguirre Rivero al Congreso, Camacho Peñaloza aseguró que los diputados ya no tienen nada que ver con su reglamentación.
Aclaró que ellos ya hicieron su labor, “se llevó a comisiones, se votó, se aprobó, el (gobierno del) estado tiene 90 días, es un trabajo de ellos la regulación y la implementación de la ley”, sostuvo.
Enfatizó que el Congreso ya no tenía nada que ver, salvo para saber cómo funciona, y que para eso llamarían a comparecer al secretario de Seguridad Pública.
Explicó que de la reglamentación y operación se encarga el Ejecutivo, “es un tema sólo de ellos, porque son los ejecutores”, y si el Ejecutivo envía el reglamento al Congreso será sólo para el conocimiento de los diputados.
También anunció que va a presentar al gobierno un exhorto para que convoque a todos los sectores políticos, económicos y sociales a la firma de un gran acuerdo por Guerrero, donde quepan todos.
Señaló que este acuerdo es necesario para que el tema de seguridad tenga mayor certidumbre, para caminar con la sociedad hacia un mismo objetivo, con el compromiso de que “todos trabajemos por el desarrollo del estado”.
Camacho indicó que la propuesta la haría él, de manera particular, pero quien tiene que aglutinarlos es el gobernador, “agruparnos y darnos la luz para ver cómo vamos a caminar”, dijo.
Incluso informó que ya están buscando una reunión como fracción con el gobernador para darle los elementos y que él sea el constructor de este gran acuerdo.
Ambos diputados destacaron la iniciativa para regular las manifestaciones en Guerrero.
Aunque Camacho dijo que no tenía dedicatoria, señaló que es necesario que no haya situaciones que entorpezcan la situación del estado, “necesitamos que los alumnos vayan a la escuela y para eso tiene que haber maestros y para que haya maestros no debe haber paros”.
Asimismo, Parra declaró que la idea no es limitar la libertad de manifestación, sino evitar daños a terceros, “si alguien quiere hacer manifestaciones, que lo haga en un solo carril y en la acera”.
Recordó que él presentó la iniciativa que se encuentra en comisiones, precisamente cuando estaban en su apogeo las protestas de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), para exigir a los municipios que reglamenten los lugares y las calles que pueden ser usadas para las marchas.
Indicó que tendría que haber sanciones, amonestaciones, cárcel o multas económicas, dependiendo de la gravedad, “porque no es lo mismo que dañes edificios públicos, y que en algunas partes, como en el DF, han quedado impunes, eso no queremos”.
Aseguró que la demanda del PAN contra la CETEG, cuando arremetió contra las oficinas centrales durante sus movilizaciones, sigue vigente, porque precisamente quieren que exista el Estado de derecho.
De su gestión, Parra también destacó la aprobación de la iniciativa de Ley Estatal de Educación enviada al Congreso, y de cuya comisión de dictaminación formó parte.
Destacó que los maestros pretendían tener algunas canonjías que contravenían la instrucción de la legislación federal, por ejemplo que las evaluaciones las hicieran ellos mismos y que no estuvieran sujetos a ceses en caso de que no pasaran los exámenes, entre otras situaciones, que revirtieron completamente.