Usa Aguirre la justicia para criminalizar a grupos sociales, señala el ombudsman nacional

*Hay un vacío de poder y violencia incontenible en el estado, dice el organismo nacional en su informe sobre las autodefensas. Cita como un ejemplo la detención de la líder de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado

Agencia Reforma

Ciudad de México

El gobierno de Angel Aguirre Rivero ha utilizado dos caras en el tema de las autodefensas, advirtió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Al rendir un informe especial sobre el tema, el ombudsman Raúl Plascencia Villanueva señaló que, por un lado, estos grupos armados fueron y siguen financiados por la autoridad estatal, pero al mismo tiempo se encarcela a sus integrantes.
Reprochó que en Guerrero existe un vacío de poder y una grave situación de violencia que sigue sin contenerse.
De acuerdo con un documento leído por Plascencia Villanueva, de enero a junio del presente año la autoridad estatal transfirió 11 millones 615 mil 914 pesos a los grupos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarios (CRAC) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Asimismo, les otorgó credencialización, ambulancias, camionetas, vehículos con blindaje, uniformes, despensas, equipos de comunicación, playeras y gorras.
Todo ello, dijo Plascencia, sin contar el financiamiento que se les ha dado directamente a localidades como San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec y El Paraíso, sedes de las casas de justicia de la CRAC.
“Se observa con preocupación la postura del gobierno del estado de Guerrero, que en un primer momento apoyó a estos grupos, incluso económicamente los reconoció y realizó diversas acciones para alentar su surgimiento, pero más recientemente se han realizado hechos, como la detención de integrantes de estos grupos, sin que hasta el momento se adviertan acciones a fin de atender las causas de fondo que originaron su surgimiento”, manifestó.
Indicó que las autoridades han realizado acciones que aparentan un uso sesgado de la justicia, con la finalidad de criminalizar la actuación de ciertos grupos y personas.
Un ejemplo de ello, añadió, es la detención de la líder de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado que se encuentra recluida en un penal federal de mediana seguridad en Tepic, Nayarit.
En su discurso, el ombudsman explicó que la CRAC opera en 15 municipios de Guerrero; la UPOEG, en 21; la Unión de Pueblos de la Costa Grande, en 4; la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia Policía Ciudadana y Popular, en 3; la Policía Ciudadana de Olinalá, en uno; el Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón, en uno, y otros grupos no identificados que tienen presencia en 11 comunidades.
Para revertir esta situación, la CNDH hizo una serie de propuestas al Senado, al gobierno y al Congreso estatales, así como a sus ayuntamientos, entre ellas medidas inmediatas para recobrar las funciones de seguridad pública, garantizar la paz y el orden público, basándose en estrategias efectivas de prevención del delito y de combate a la impunidad.