Ineficiencia, corrupción y liga de autoridades con el narco dieron origen a las autodefensas: CNDH

*Guerrero enfrenta un momento sensible y delicado” en materia de violencia e inseguridad, advierte el organismo nacional. Da a conocer el “Informe especial sobe los grupos de autodefensa y la seguridad pública en el estado de Guerrero”, donde indica que están presentes en 46 de los 81 municipios. Pide al gobierno “realizar acciones inmediatas” para que “recobre y ejerza las funciones que le corresponden”

Fernando Hernández

Chilpancingo

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló que la existencia de grupos de autodefensa en Guerrero obedece a la incapacidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno para garantizar la seguridad de los habitantes en 46 de los 81 municipios de la entidad.
Asimismo, la CNDH afirma que la corrupción de los funcionarios responsables de la procuración y administración de la justicia y su involucramiento con los grupos de la delincuencia organizada y común ha causado el surgimiento de los grupos ciudadanos.
Lo anterior de acuerdo con el “Informe especial sobe los grupos de autodefensa y la seguridad pública en el estado de Guerrero”, de 116 páginas, el cual fue presentado ayer por el presidente de la comisión, Raúl Plascencia Villanueva.
Tras la recopilación de cientos de testimonios de habitantes de territorios en los que han irrumpido grupos de autodefensas, en un capítulo denominado “propuestas” la comisión nacional plantea al gobernador Ángel Aguirre Rivero “establecer las condiciones para asumir el ejercicio de la función de gobierno y abonar a la plena vigencia del Estado de derecho en las comunidades y municipios” de Guerrero.
Además, también sugiere al gobierno de Guerrero “girar instrucciones a quien corresponda para la implementación de un programa especial para la presentación de las denuncias por parte de los miembros de las comunidades afectadas de los municipios del estado de Guerrero contemplados en este informe, que se traduzcan en la efectiva y diligente integración de las averiguaciones previas correspondientes, además de los procedimientos administrativos y penales a los que haya lugar en contra de los servidores públicos que señalen los denunciantes”.
“Es un hecho innegable que la seguridad pública en el estado de Guerrero enfrenta un momento sensible y delicado, no sólo por el número de delitos que diariamente se cometen”, en esta entidad federativa, sino también por? la violencia presente en su comisión y por “las estrategias ineficaces para el combate a la inseguridad, lo cual ha conllevado que los derechos humanos de los guerrerenses se vulneren día con día”, agrega el documento.
Las propuestas de la CNDH alcanzan a 46 municipios en los que se registra violencia e inseguridad pública, lo que ha dado paso a la formación de grupos de autodefensa; en ellos la dependencia hizo recorridos y recibió testimonios de las víctimas.
Los municipios son: Acapulco, Acatepec, Ahuacuotzingo, Alcozauca, Alpoyeca, Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac, Atoyac, Ayutla, Azoyú, Chilapa, Chilpancingo, Coahuayutla, Cochoapa el Grande, Copala, Copanatoyac, Coyuca de Benítez, Cuajinicuilapa, Cuálac, Cuautepec, Eduardo Neri, Florencio Villarreal, General Heliodoro Castillo, Huamuxtitlán, Igualapa, Iliatenco, Zihuatanejo, José Joaquín de Herrera, Juan R. Escudero, Juchitán, La Unión, Leonardo Bravo, Malinaltepec, Marquelia, Mártir de Cuilapan, Metlatónoc, Mochitlán, Olinalá, Ometepec, Petatlán, Quechultenango, San Luis Acatlán, San Marcos, Tecoanapa, Tecpan, Tixtla, Tlacoachistlahuaca, Tlacoapa, Tlalixtaquilla, Tlapa, Xalpatlahuac, Xochihuehuetán, Xochistlahuaca, Zapotitlán Tablas y Zitlala.

Ineficiencia gubernamental, origen de las autodefensas

Para el organismo nacional, “el surgimiento de los grupos de autodefensa permite observar un sistema de seguridad pública ineficiente, así como cuerpos policiacos y autoridades de procuración de justicia que no ofrecen respuestas en la prevención del delito y el combate a la delincuencia. También se observa que las personas excluidas de la protección estatal han tenido que organizarse e intentar restablecer el orden en sus comunidades”.
En el documento se indica que “esta delicada situación por la que atraviesa el estado de Guerrero, pero que se replica cada vez con mayor frecuencia en otras entidades federativas, hace recordar la existencia de una especie de estado de naturaleza en el que prevalece la contingencia y la imposición de la fuerza más allá de las reglas básicas de convivencia”.
La comisión critica: “Una muestra clara de este aumento de la violencia y la falta de una respuesta eficaz de las autoridades del estado de Guerrero para combatirla es el control que han decidido tomar varios grupos para defenderse de la violencia e inseguridad que invaden sus comunidades”.
Lo anterior “ante el vacío que han generado las autoridades estatales y municipales. En efecto, las lamentables condiciones sociales que imperan en dicha entidad, provocadas por el abandono y la ausencia del ejercicio de las funciones de seguridad pública a cargo de los gobiernos estatal y municipales, explican el surgimiento de los grupos de autodefensa, sin soslayar que existan adicionalmente condiciones históricas y regionales, propias de cada una de las comunidades”, dice la CNDH.
En el texto se argumenta que las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en las últimas décadas de la historia de? Guerrero han creado las condiciones? para un “nuevo escenario de la inseguridad pública, que se ve reflejado en fuertes espirales de violencia, ante las cuales grupos de la sociedad toman lo que entienden como “justicia por propia mano”, alimentados por la impunidad y el abandono del ejercicio de la función de seguridad pública a cargo del gobierno estatal y los municipales”.
Lo anterior “no solamente han puesto en riesgo los valores de la convivencia social, atentando contra la vigencia del Estado de derecho, sino que también han generado una percepción generalizada de inseguridad y dificultado la posibilidad de que los guerrerenses puedan desarrollarse libremente”, refiere el informe. Y recomienda que “corresponde a las autoridades del estado de Guerrero reconocer esta realidad y realizar acciones inmediatas para que a través del ejercicio de gobierno recobren y ejerzan las funciones que les corresponden, a través de políticas adecuadas para solucionar la problemática que enfrentan esas comunidades”.

Las víctimas del narco hablaron sobre las autodefensas

En los antecedentes del informe se menciona que en un expediente hay testimonios que “dan cuenta de 300 víctimas del delito, siendo estas 210 víctimas directas y 90 víctimas indirectas, en las que se relató el impacto que ha tenido en sus vidas la ineficiencia de diversas instancias del gobierno guerrerense encargadas de las tareas relacionadas con la seguridad pública”.
Recuerda que algunos de los testimonios “fueron escuchados por el presidente de este organismo nacional –Raúl Plascencia Villanueva- el 7 de marzo de 2013, en la comunidad de Ahuacachahue, municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, además de otros que fueron recabados por personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con motivo de los trabajos de campo realizados en las comunidades de Ayutla de los Libres, Tierra Colorada, Marquelia, Xatianguis y Chilpancingo”.
De acuerdo con la publicación de la comisión los testimonios fueron recabados “los días 5 y 25 de febrero, 7 y 27 de marzo, 23 y 24 de abril, 30 de mayo, 27 de junio y 8 de julio de 2013”.
Y se? destaca que “del total de víctimas antes referido, se advierte que la mayoría de ellas han sido o tienen un familiar que ha sido víctima del delito de homicidio, secuestro y extorsión, lo cual es especialmente delicado, porque se trata de delitos que, por su naturaleza y gravedad, destruyen el tejido social de las comunidades, ya que pueden provocar efectos como desplazamientos internos y la destrucción de núcleos familiares y sociales”.
A manera de contexto la CNDH expone que durante la realización del informe se pudo constatar que la población del estado de Guerrero, particularmente la que habita en territorios en la que hay presencia de grupos de autodefensa, tiene que “lidiar día con día con otro factor que socava de manera grave el pleno goce de sus derechos humanos: una elevada criminalidad, directamente relacionada con el deficiente ejercicio de la función de seguridad pública, y una denegación de justicia”.
Las personas que fueron entrevistadas por la comisión nacional para la realización del informe manifestaron en su mayoría su preocupación o incluso casos de vínculos de la delincuencia organizada con las autoridades responsables de la procuración y administración de la justicia.
Explica que “una gran parte de ellos refirió haber sido víctima de casos de colusión entre las autoridades y la delincuencia; en esos testimonios se demuestran ejemplos de participación conjunta en la comisión de delitos, así como la negativa de las primeras en llevar a cabo la investigación por los hechos denunciados. Asimismo, destacan los relatos en los que las víctimas identifican a las autoridades como los responsables de la comisión de delitos graves como el secuestro, así como la crueldad y el alto grado de violencia con que fueron cometidos esos delitos en su contra”.
Los testimonios que han servido de base para la realización del informe apuntaron que la violencia se ha internalizado en las comunidades del 2007 a la fecha: “existen muchos casos de familias que han sido víctimas de más de un delito, o que tienen más de un familiar que ha sido afectado (…) aumentando la incidencia en aquellos ocurridos durante años recientes, especialmente en 2011 y 2012”.
Las razones anteriormente expuestas son los argumentos que justificaron el levantamiento en armas contra la inseguridad que protagonizaron más de 800 personas el pasado 5 de enero, en el municipio de Ayutla, Tecoanapa, Florencio Villareal (Cruz Grande) y Copala.
“Tomaron las armas e instalaron retenes en la localidad de Ayutla con el objetivo de brindar seguridad a sus comunidades, bajo el argumento de luchar en contra de la delincuencia”, se puntualiza en el numeral 23 del informe.
Y se abunda en que “los días 14 y 15 de agosto del presente año se realizaron visitas a diversas comunidades de los municipios de Chilpancingo, San Miguel Totolapan, Ciudad Altamirano, Coyuca de Benítez, Tlapehuala, Arcelia, Teloloapan, Cocula e Iguala de la Independencia. Posteriormente, los días 22 y 23 del mismo mes mencionado, a fin de conocer la situación en la región Costa Grande, personal de este organismo nacional se trasladó a San Jerónimo de Juárez, que es la cabecera municipal de Benito Juárez, a los municipios de Petatlán, Zihuatanejo y Tecpan de Galeana”.
En la presentación del informe la CNDH se puntualiza que se “conoció de la conformación de grupos de autodefensa en diversos municipios del estado de Guerrero, los cuales decidieron encargarse de la seguridad de la población frente a la creciente delincuencia, inseguridad y violencia en la que se vieron inmersas sus comunidades, ante el abandono y la omisión de las autoridades estatales y municipales de ejercer de manera eficiente sus obligaciones en materia de seguridad pública”.
La defensoría recuerda que “la función de la seguridad pública, tal y como se desprende del artículo 21 constitucional, corre a cargo de la Federación, el Distrito Federal y los estados así como los municipios, y contempla la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la imposición de sanciones”.
El pliego de recomendaciones de la CNDH alcanza al Congreso del estado, al que se le pide “girar instrucciones para que, de manera inmediata, se lleven a cabo los trabajos legislativos a que haya lugar para que, en coordinación con el Poder Ejecutivo estatal y previa consulta con las comunidades, se genere la normativa para la armonización de los sistemas normativos indígenas con el estatal, en los aspectos de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, que expliciten claramente la competencia de cada ámbito y los mecanismos para la efectiva inclusión de las normas, procedimientos y autoridades indígenas en una dinámica de colaboración y coordinación con las instituciones estatales”.

El caso de Nestora Salgado y el doble discurso de Aguirre con la CRAC

En el informe, la CNDH critica el doble discurso que el gobierno de Aguirre Rivero ha sostenido con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), debido a que en algún momento el Ejecutivo estatal proveyó de insumos y recursos financieros para la organización de la que depende la Policía Comunitaria y desde agosto ha encarcelado a sus principales líderes.
“En efecto, este organismo nacional observa con preocupación la postura del gobierno del estado de Guerrero, quien en un primer momento apoyó a estos grupos, incluso económicamente, los reconoció y realizó diversas acciones para alentar su surgimiento y más recientemente se han realizado hechos, como la detención de integrantes de estos grupos, sin que al momento se adviertan acciones a fin de atender las causas de fondo que originaron su surgimiento”, acota el texto.
Y se hace hincapié en que “ejemplo de ello es la detención de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado, realizada el 21 de agosto del presente año”.
La CNDH retoma parte de una entrevista que sostuvo con Nestora Salgado el pasado 29 de agosto en el penal de Nayarit, en la que dijo a los visitadores del organismo que “entre el 6 y el 8 de noviembre de 2012 comunicó al gobierno del estado de Guerrero su intención de formar la policía ciudadana, quien le recomendó hacerlo por medio de la CRAC, para que fuera reconocida”.
Nestora Salgado dijo a la CNDH que “su nombramiento estuvo a cargo de los ocho barrios del pueblo, y que, tras realizar la solicitud de ingreso a la CRAC, se le tomó protesta el 21 de junio de 2013”.
Detenida en Nayarit, Nestora Salgado denunció a la CNDH que entre sus gestiones ante el gobierno del estado? destacaba la de 250 despensas para policías comunitarios registrados en la CRAC, así como 300 mil pesos para el mantenimiento de vehículos y la realización de varias actividades.
También denunció a los visitadores de la comisión que la visitaron en Nayarit que “el 15 de mayo de 2013 se llevó a cabo una reunión en la que estuvo presente su consejo, coordinadores de las policías comunitarias, personal de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero y demás personal del gobierno del estado, en la cual se acordó que los policías judiciales ingresarían uniformados a las poblaciones para diferenciarlos y las autoridades judiciales respetarían los procesos de la Policía Comunitaria con la condición de ser notificados de las detenciones y los lugares de resguardo de las personas detenidas”.