Coincide Tlachinollan con el informe de la CNDH, pero desaprueba que desconozca a la CRAC

*El organismo nacional debe hacer un análisis más progresista y con respeto a los derechos indígenas, dice el abogado Vidulfo Rosales

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Monataña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, coincidió con el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero consideró riesgoso y regresivo que el organismo desconozca a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), la organización de los grupos de autodefensa integrados a la Unión de Pueblos del Estado de Guerrero (UPOEG) y otras comunidades organizadas.
Opinó que el organismo debe hacer un análisis más progresista, de respeto a los derechos indígenas, porque hay muchos estudios de universidades de prestigio de México y del extranjero sobre la CRAC, que confirman su legitimidad.
En entrevista telefónica, indicó que coincide en que existe un vacío de gobierno, que llevó a los pueblos a organizarse por su seguridad, y en este proceso los ciudadanos retomaron las estructuras de los pueblos originarios que representa una organización histórica, anterior al Estado de derecho.
De acuerdo con la CNDH no hay Estado de derecho en los grupos de autodefensa, porque los gobiernos estatal y municipales delegaron funciones indelegables a ciudadanos, aun a la CRAC que tiene 18 años de operación en la Costa Chica y Montaña de Guerrero.
Rosales Sierra precisó que aún debe hacer una revisión minuciosa del documento, pero por lo difundido en la prensa opinó que el informe de la CNDH es parcialmente objetivo, porque puso el acento en la disfuncionalidad de los aparatos de justicia y en la seguridad comunitaria.
Confirmó que hay un vacío de autoridad, denunciado hace mucho por organizaciones sociales, por la colusión de los aparatos de justicia con el crimen organizado.
Consideró positivo que la CNDH pusiera énfasis en este problema y lamentó que algunos diputados y alcaldes, lejos de reconocer la realidad, se conviertan en cortesanos del gobernador para poner en tela de juicio el informe del organismo público, que se basó en testimonios.
Sin embargo, dijo que le preocupa un elemento del informe. Señaló que académicos han realizado tesis y libros sobre la CRAC, incluso la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas del gobierno federal hizo estudios antropológicos de lo que representa la Policía Comunitaria.
Dichos estudios se inscriben en el marco de los derechos históricos que tienen los pueblos indígenas, que los hacen diferentes del resto de  la población, dijo.
Añadió que en un país tolerante, democrático y plural se deben respetar las diferencias de los pueblos originarios como un ente que tiene historia antes del Estado nacional, con cultura, territorio y organización propia, donde está la seguridad y la justicia que los pueblos de antaño.
Consideró que la CNDH tiene que hacer una diferenciación de las comunidades de los pueblos  indígenas que han rescatado sus sistemas de seguridad por el incremento de la violencia, y que luego ampliaron a los municipios.
Señaló que la CRAC tiene presencia en 11 municipios, y la diferencia es que están rescatando la justicia de los pueblos originarios.
Asimismo, indicó que las autodefensas de la UPOEG surgieron de forma espontánea ante el hartazgo de la población, pero se organizaron de acuerdo con la formas de las poblaciones indígenas, y sus policías ciudadanos son electos mediante asambleas comunitarias.
Reconoció que genera tensión el derecho indígena de seguridad y justicia con el sistema positivo del sistema mexicano, pero esas tensiones se tienen que dirimir con mecanismos de coordinación y validación.
“No se puede trivializar un sistema de justicia de esta naturaleza, porque esa posición es regresiva, desconoce de un plomazo los derechos indígenas ya reconocidas en la propia Constitución y la Ley 701”, expresó.
Consideró que desconocer los derechos históricamente ganados es ignorar 500 años de  discriminación y sufrimiento, “es como decir que no tienen derecho a una cultura propia, a su propia organización”.
Señaló que también hay tensión entre el sistema jurídico y la seguridad privada que no se cuestiona porque es útil a la clase empresarial de México, pero se escandalizan cuando la policía de los pueblos hace uso legítimo de sus derechos.
Sobre el doble discurso del gobierno estatal, que primero financia y luego detiene a los comunitarios, Vidulfo opinó que la CRAC es quien tiene que decidir su relación con las autoridades estatales.
Pero consideró que para establecer una relación sana, el gobierno debe regresar a todos los líderes y autoridades comunitarias que fueron llevadas a penales federales en otras entidades de la República.
Luego, instalar una mesa seria y objetiva, tendiente a la liberación de todos los detenidos, y ampliar la discusión a los temas que causan tensión entre el derecho positivo y la justicia indígena, para generar puntos de acuerdo de validación del sistema de justicia indígena con el occidental.
Señaló que sólo en esa dirección se puede avanzar.