En Tixtla la CRAC se comportó como una guerrilla, acusa el procurador Iñaki Blanco

*Anuncia que dará respuesta a los señalamientos que la CNDH hizo en su informe contra la PGJE

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El procurador Iñaki Blanco Cabrera afirmó que  el 26 de agosto los integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Tixtla se comportaron como si fueran una guerrilla, durante la toma del ayuntamiento de ese municipio, en exigencia de la liberación de su compañera de Olinalá, Nestora Salgado García.
Lo anterior lo dijo en declaraciones a reporteros después de un acto público en el que el Estado mexicano a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) y del propio procurador Blanco Cabrera, pidió disculpas y reconoció su responsabilidad en el caso de la desaparición forzada de Faustino Jiménez Álvarez, ocurrida el 17 de junio de 2001 a manos de la extinta Policía Judicial de Guerrero.
Al procurador se le preguntó por las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a la dependencia estatal y la afirmación de un doble discurso del gobierno en referencia a las policías comunitarias.
Iñaki Blanco afirmó que la Procuraduría no inventó nada y que hay videos donde se observa lo que sucedió el día en que la Policía Comunitaria tomó el ayuntamiento y desarmó a uniformados municipales; recordó que los integrantes de la CRAC portaban armas de uso exclusivo del Ejército.
Además afirmó que los policías comunitarios de la CRAC, que como parte de sus manifestaciones tomaron el ayuntamiento en exigencia de la liberación de Nestora Salgado, “asumieron posiciones, actitudes propias de la guerrilla”, argumento con  el que justificó que se les imputara el delito de terrorismo.
Un reportero preguntó si eso significaba que los policías comunitarios forman parte de la guerrilla, pero evadió responder gritando “¿me dejas terminar?”
Recordó que la Procuraduría General de la República (PGR) los consignó por el mismo delito, “jueces del fuero común y del federal estimaron que se dan los elementos y por eso se obsequiaron las órdenes de aprehensión”.
Se le insistió por el “Informe especial sobe los grupos de autodefensa y la seguridad pública en el estado de Guerrero”, de la CNDH, y dijo que todavía lo está revisando y “daremos respuesta a todos y cada uno de los puntos que ahí se plantean, porque hay varios que se dirigen? la Procuraduría”.
Se le preguntó por la afirmación de la CNDH de que los funcionarios responsables de la procuración y administración de la justicia están involucrados con los grupos de la delincuencia organizada, lo que ha causado el surgimiento de los grupos ciudadanos de autodefensa.
Pero respondió que “el delito de la delincuencia organizada es un delito federal, hay una ley federal, y en todo caso le corresponde a la PGR”.
Se le preguntó si entonces era incorrecto el informe, pero evadió la pregunta.
En otros temas dijo que por el asesinato del dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), Raymundo Velázquez Flores, hay cinco personas sujetas a proceso y que ninguno fue torturado.
Del caso de los ecologistas Marcial Bautista y Eva Alarcón dijo que hay dos procesados y órdenes de aprehensión contra los autores intelectuales, por lo que el asunto “está resuelto en la averiguación previa”, y del asesinato de Juventina Villa Mojica y su hijo dijo que hay cuatro probables responsables, de los cuales uno ya murió.
De la detención de Nestora Salgado, presa en el penal federal femenil de Tepic, reiteró que fue consignada por “el secuestro cometido en agravio de seis personas”.
Dijo que “cuatro de las víctimas fueron menores de edad; la Ley 701 y la Ley 281 en ninguno de sus artículos contempla que las autoridades comunitarias puedan solicitar dinero para que las personas sujetas a reeducación recuperen su libertad. En el momento en que lo hacen, su conducta deriva en la comisión de un delito”.
El hecho de que se sometiera a reeducación a menores de edad va contra el espíritu del artículo 18 constitucional, que establece el sistema judicial de justicia para adolescentes, por lo que aseveró que lo cometido contra las adolescentes fue un secuestro.